Podría parecer otra cosa, pero según una información de Europa Press, el Gobierno no teme que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Xunta de Galicia contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y los que prevén presentar las comunidades de Madrid, Cataluña y Extremadura obstaculicen la reordenación financiera en España ni las fusiones entre cajas de ahorros.
El rechazo de estas comunidades autónomas al instrumento ideado por el Gobierno para apoyar la viabilidad de las entidades financieras con problemas de liquidez, financiación, deterioro de activos o morosidad, entre otros, radica en que consideran que el FROB invade sus competencias. No obstante, el Ministerio de Economía y Hacienda sostiene que todos los informes de que dispone avalan el respeto del FROB a la Constitución, mientras que dichas autonomías estiman que supone una injerencia a sus competencias, sobre todo a la hora de decidir sobre las uniones y fusiones de cajas de ahorros.
La mediación llevada a cabo desde hace meses por el Ministerio de Política Territorial que dirige Manuel Cháves con estas comunidades autónomas no ha dado fruto, tal y como pone de manifiesto su intención de recurrir el FROB ante el Constitucional.
Si el Tribunal Constitucional admitiese a trámite algún recurso de los que se presenten contra el FROB, éste instrumento no quedaría paralizado. Sólo los recursos de inconstitucionalidad que presenta el Gobierno tienen la potestad de impugnar las normas dictadas por las comunidades autónomas, como ha sucedido con la ley de cajas gallega. La impugnación produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.