El Gobierno ha aprobado presentar recurso de inconstitucionalidad de la ley de cajas de ahorros gallegas, según ha anunciado la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. El Ejecutivo recurre así su modificación, aprobada por la Xunta de Galicia, que abre la vía para que las dos principales entidades gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, puedan fusionarse. En caso de hacerlo, la entidad resultante sería la quinta de toda España.
En opinión de De la Vega, la norma va "más allá de las competencias" autonómicas "a la hora de determinar la solvencia y la naturaleza de las entidades de crédito", y cree que no se ajusta a la legislación básica estatal.
La semana pasada, el Gobierno solicitó un dictamen de carácter "urgente" al Consejo de Estado para ver si existían indicios de inconstitucionalidad sobre esa ley, al considerar que chocaban con la Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), ley estatal que regula esta actividad.
En ese sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ya advirtió la semana pasada que los indicios de inconstitucionalidad detectados en la norma gallega "van mucho más allá de las cuestiones que provocaron el recurso contra la ley de cajas madrileña", que finalmente fue modificada.
Entre los artículos más cuestionados está el que da al Gobierno autonómico poder para designar directamente a una cuarta parte de las entidades representativas en las Asambleas generales de las cajas gallegas. Otro de los puntos más polémicos sería el que señala que las corporaciones municipales, los sindicatos, las entidades de interés general o los impostores (clientes) tengan sólo un representante en los consejos de administración de las cajas gallegas, mientras que permite al Gobierno de la Xunta contar con más.
Por otro lado, varios representantes del Partido Popular, BNG, la patronal gallega y los sindicatos UGT, CCOO y CIG, han firmado un manifiesto conjunto bajo el título "Galicia tiene derecho", en el que defienden la modificación de la ley, la fusión entre Caixanova y Caixa Galicia, y piden "respeto" por el autogobierno gallego.