La Comisión Europea ultima un drástico endurecimiento del régimen sancionador en el sector financiero que podría exponer a los ejecutivos a multas equivalentes al 10% de su salario anual y a las entidades a multas de hasta el 10% de su facturación anual.
Bruselas ya criticó a finales del año pasado las divergencias en los mecanismos de castigo que existen en los 27 países de la Unión y abogó por una armonización de mínimos para que todas las autoridades nacionales puedan imponer sanciones "efectivas, proporcionadas y disuasorias".
Las nuevas multas se aplicarán en primer lugar a las entidades que no proporcionen a los reguladores la información exacta sobre su situación financiera (reservas de capital, ratio de solvencia, endeudamiento, etc.)".
En esos casos, según la citada agencia, la legislación comunitaria establecerá una sanción mínima equivalente al 10% de la facturación de la entidad o de 5.000 euros en el caso de los ejecutivos responsables de la falta.
En la actualidad, algunos países prevén sanciones ilimitadas (como es el caso de Reino Unido o Dinamarca) mientras que otros castigan las mismas faltas con multas de menos de 150.000 euros.
En España, según un estudio reciente de la Comisión, las multas suelen calcularse en base a los fondos de la entidad castigada (hasta el 5%) o de los beneficios obtenidos con una práctica inadecuada.