Cinco meses después de la aprobación en Consejo de Ministros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el Gobierno sigue sin recibir el visto bueno de la Comisión Europea al instrumento que debe servir para acelerar las fusiones de las cajas de ahorros. Sin embargo, en plena campaña para que la Comisión Europea dé su visto bueno al Frob, la patronal de los bancos (AEB) se ha desmarcado de la postura española. El Ejecutivo comunitario quiere analizar cada fusión que emplee recursos del fondo. “Si esa es la versión oficial, yo estaría de acuerdo con Bruselas”, defendió recientemente Miguel Martín, presidente de la asociación.
El representante de los bancos hizo esta declaración en unas jornadas organizadas por los servicios jurídicos del Estado en la que compartió mesa con su homólogo de la patronal de las cajas (CECA), Juan Ramón Quintás, quien defendió justo lo contrario.
Efectivamente, el Ejecutivo considera que los bancos están desarrollando activamente su papel de grupo de presión ante la Comisión en un sentido contrario al que interesa al Gobierno, al Banco de España y a las cajas de ahorros. Mientras el Ejecutivo, el supervisor y las beneficiarias del Frob, que no son otras que las cajas, quieren que Bruselas apruebe con carácter general el instrumento, los bancos han reclamado a la Comisión Europea que no acepte esa posición, sino que cada uno de los procesos de entrega de ayudas deba ser analizado de forma individualizada.
El asunto tiene importancia porque resta un amplio margen de maniobra al Banco de España y multiplica la burocracia de la Comisión Europea, al tener que documentarse detalladamente cada una de las peticiones.
La Asociación Española de Banca (AEB), que es la que está desarrollando las tareas de lobby ante la Comisión Europea, persigue evitar que actuaciones como las que protagonizan bancos europeos ayudados por sus estados -el caso de la holandesa ING preocupa particularmente a las entidades nacionales-, se extiendan por España con las cajas ayudadas por el Frob.