El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), con el objetivo de "fortalecer el sistema financiero". La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que el Ejecutivo espera aprobar esta norma "con el máximo consenso", tanto con los partidos como con las comunidades autónomas.
Con la reforma, los políticos electos ya no podrán formar parte de los órganos de dirección aunque su salida tendrá un periodo de transición, no obstante los representantes de las comunidades autónomas seguirán presentes en una comisión de obra social sin influencia sobre la actividad financiera.
La reforma permite que las cajas puedan emitir cuotas participativas, valores similares a las acciones, con derechos políticos que no podrán superar el 50% del patrimonio de las cajas.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha explicado que la reforma es la segunda fase de la reestructuración del sector, cuyo primer estadio ha sido la concentración de las entidades en las que el FROB -fondo de ayuda para las fusiones- ha destinado 11.200 millones. A esa cifra habrá que añadir los 1.300 millones del Fondo de Garantía de Depósitos y 2.500 millones en garantías para el rescate de CCM y la cantidad que se acabe aportando para el saneamiento de Cajasur, intervenida por el Banco de España.
El texto también refuerza los requisitos de profesionalidad de los órganos de gobierno a través de exigencias especiales de cualificación y experiencia para al menos la mitad de los miembros del consejo de administración.