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Categoría: Hipotecas Autor/a: Vera_med
 

26 / 11 / 2012. El Código de Buenas Prácticas de la banca facilita solo ocho casos de dación en pago

El Código de Buenas Prácticas sobre Desahucios que aprobó el Gobierno en marzo pasado, asumido por la totalidad de la banca española facilitó, en sus tres primeros meses y medio de aplicación, solo ocho casos de dación en pago de la vivienda.

Además, en otros 44 casos se ha llevado a cabo una reestructuración de la deuda pendiente de pago, según los primeros datos de la Comisión de Control que evalúa la aplicación de este código, y que han sido publicados por el Ministerio de Economía.

El pasado mes de marzo, el Gobierno impulsó la aprobación de un código de buenas prácticas bancarias, al que la banca podía acogerse de manera voluntaria, para frenar el drama de los desahucios, que ha creado una gran alarma social. La aprobación del código - al que se acogieron un centenar de entidades - no evitó que en los meses siguientes se intensificara el problema, lo que llevó al Gobierno a aprobar hace unos días una nueva normativa y a proponer una reforma de los requisitos de aplicación del Código de Buenas Prácticas sobre Desahucios.

Según los datos publicados , entre el 11 de marzo y el 30 de junio, un tercio de las entidades adheridas recibieron un total de 568 peticiones para renegociar créditos o aceptar la dación en pago de la vivienda, con una deuda global de 69,5 millones de euros en ese periodo.

De las 568 solicitudes recibidas, se habían resuelto hasta junio 278 solicitudes, con una deuda pendiente de 36,5 millones de euros. En ocho casos se ha producido la dación en pago y la consiguiente extinción de la deuda, en 44 casos se ha llevado a cabo una reestructuración de la deuda pendiente de pago, y en el resto de solicitudes han sido rechazadas por la entidad porque el deudor no cumplía las condiciones requeridas.

El Ministerio de Economía ha explicado, ante el bajo número de casos resueltos, que los datos se corresponden solo con un trimestre de aplicación del Código y que se trata de una medida que hasta ahora no se había puesto en marcha nunca en España. También ha aludido al largo trámite burocrático en la gestión de la Comisión de Control de aplicación del código, que ha hecho que "en la práctica, la vigencia del Código haya sido inferior a los tres meses analizados".

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