Los inspectores del Banco de España que gestionan Caja Castilla- La Mancha (CCM) siguen con su plan de ajuste al tiempo que esperan las ofertas para venderla al mejor postor. Hace unos días han salido de la entidad 80 empleados, que se prejubilan, a los que hay que sumar los 300 que ya han dejado el grupo. Estas bajas dejan la plantilla de CCM en unas 2.630 personas, cerca de 380 menos de las que conformaban el grupo a finales de 2008.
Los representantes de los trabajadores se han reunido en las últimas semanas con responsables del PSOE, el partido que gobernaba la entidad, con Juan Pedro Hernández-Moltó a la cabeza, y del PP, cuyos consejeros dimitieron en tropel en febrero antes de que se produjera la intervención del Banco de España, para que se les garantice el empleo tras la venta. Aunque los dos partidos mayoritarios les han mostrado su apoyo, es obvio que ninguno puede asegurarles el mantenimiento de la plantilla, más si se produce una integración con una entidad con la que haya duplicidades. Además, a nadie se les escapan los consejos generales que ha dado el organismo supervisor al aconsejar disminuir la red comercial y ajustar las plantillas de la banca española.
De hecho, en las fusiones que se están negociando en estos momentos, como las dos catalanas -Cataluña, Tarragona y Manresa por un lado y Sabadell, Tarrasa y Manlleu, por otro- y la castellana leonesa -Duero, España y Burgos- , en ambos casos Miguel Ángel Fernández Ordóñez les ha pedido un esfuerzo para recortar el número de oficinas para justificar que reciban ayudas públicas. En el primer caso se habla que podrían salir del nuevo grupo fusionado unas 1.400 personas de un total de 8.000.