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Un grupo de expertos reunidos por el Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones ha reclamado una reforma fiscal íntegra para España que mejore el tratamiento del ahorro para la jubilación para equipararlo al de otros países más avanzados en la materia.

José Antonio Herce, socio director de Analistas Financieros Internacionales y miembro del foro de expertos del Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones, ha reclamado una fiscalidad diferente para cada tipo de ahorro “y el ahorro a largo plazo debe tener el mejor tratamiento posible”. Desde su punto de vista, los incentivos actuales a este tipo de ahorro en España son insuficientes.

Desde este foro de expertos, en el que figuran economistas de renombre como Guillermo de la Dehesa o Juan José Dolado, aseguran que la proporción de ahorro en planes de pensiones privados de los españoles es muy pequeña con respecto a otros países de nuestro entorno. “El ahorro a largo plazo en nuestro país se ha canalizado a través del ladrillo, pero este tipo de inversión no puede suplir las necesidades de la jubilación, puesto que se trata de un instrumento ilíquido”, asegura el doctor en economía César Molinas.

La ventaja principal de estos productos radica en la reducción de la base imponible del IRPF, mediante las aportaciones que se realicen de forma frecuente (actualmente, el límite de reducción para los menores de 52 años es de 8.000 euros y crece en 1.250 euros adicionales por cada año de edad superior).

Sin embargo, César Molinas asegura que la principal diferencia con respecto a otros países de nuestro entorno radica en la tributación en el momento de rescatar el fondo de pensiones. Actualmente, el dinero que se percibe de esta manera tributa como renta del trabajo dentro de la base imponible general, al tipo marginal (hasta el 45%, según la legislación estatal).

Molinas destaca la diferencia de esta tributación con la del Reino Unido, donde el 30% del capital ahorrado en fondos de pensiones se puede rescatar con una fiscalidad del 0%.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) está negociando con el Ministerio de Hacienda un tratamiento fiscal neutro para todos los Sistemas Institucionales de Protección en torno a los que se han articulado las fusiones, con el fin de alcanzar un acuerdo antes de Nochebuena.

La CECA desea sellar un acuerdo que no resulte gravoso para los nuevos grupos antes del 24 de diciembre, porque ésta es la fecha en que las cajas se han comprometido con el Gobierno a culminar su reestructuración con la puesta en marcha desde el punto de vista jurídico de las nuevas entidades financieras que surjan de los procesos de fusión en marcha.

Las cajas de ahorros consideran vital esta reivindicación porque en los SIP, nombre técnico para las 'fusiones frías', algunos servicios fundamentales son compartidos, como la gestión de riesgos, solvencia o liquidez, lo que implica que la entidad central tendrá una intensa relación de prestación de servicios y, por tanto, de facturación sometida al IVA.

La patronal que preside Isidro Fainé alega que en el régimen especial de grupos de entidades, las prestaciones de servicios que la entidad central realice a las cajas integradas o al revés, se grave por IVA únicamente el coste de los servicios adquiridos fuera del grupo, visión que no comparte Tributos.

Por otro lado, y respecto al impuesto de sociedades, Hacienda vincula el grado de neutralidad fiscal al grado de integración en los SIP, que varía de un caso a otro, y sostiene que éstos podrán beneficiarse del mismo régimen de consolidación fiscal de las empresas que se fusionan si cumplen los requisitos necesarios.

Tras la anunciada subida impositiva, ya tenemos los datos concretos. El tipo general del IVA subirá dos puntos desde el 1 de julio de 2010, hasta el 18%, y el tipo reducido un punto, hasta el 8%, y se mantendrá, en cambio, el tipo superreducido (del 4%) aplicable a los bienes de primera necesidad.

También en materia fiscal, el Gobierno ha aprobado la bajada de cinco puntos del Impuesto sobre Sociedades, hasta el 20%, para las pymes con menos de 25 trabajadores e ingresos menores a 5 millones de euros que mantengan o creen empleo y esta misma medida se trasladará también a los autónomos.

En cuanto a las rentas del ahorro, el tipo aplicable sobre los rendimientos de capital obtenidos por plusvalías de fondos, acciones, operaciones inmobiliarias o los intereses de cuentas, rentas fijas y depósitos se eleva al 19% desde el 18% anterior, para los primeros 6.000 euros y el resto, tributarán al 21%.

Estos cambios impositivos reportarán a la Hacienda Pública un total de 11.650 millones de euros, dado que la subida del IVA aportará 5.150 millones de euros, la supresión de la deducción de 400 euros otros 5.700 millones y el cambio en la tributación de las rentas del ahorro permitirá ingresar 800 millones adicionales.