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La Comisión Europea propondrá en septiembre un nuevo régimen fiscal para recaudar dinero de forma directa destinado al presupuesto del bloque, según ha informado el comisario europeo de Presupuesto, Janusz Lewandowski.

Tres cuartas partes del presupuesto de la Unión Europea (UE) proceden de pagos que hacen los países. El proyecto de la Comisión no es nuevo, sino que el gremio ejecutivo de los 27 lleva tiempo reclamando sus "propios recursos" sobre la base de una recaudación fiscal específica para aumentar su independencia. Hasta ahora los países miembro siempre se han opuesto.

Sin embargo, con el impacto de la crisis algunas naciones quieren "liberarse de la carga. Eso abre la puerta a pensar en recursos propios que no sean reclamados por los ministros de Finanzas", dijo Lewandowski. Así, el comisario propondrá una serie de opciones concretas de recaudación en septiembre, entre ellas un impuesto al transporte aéreo, una tasa a las transacciones financieras o la asignación de fondos de los permisos previstos para la subasta de emisiones de CO2.

Las tres opciones de recaudación ya han sido propuestas además para financiar otras prioridades: los permisos de emisiones para que la UE ayude a los países pobres a lucha contra el cambio climático; el impuesto a las aerolíneas para financiar la ayuda al desarrollo; y la tasa financiera para crear un fondo de rescate a los bancos de cara a una crisis futura. Es poco probable que los Estados miembros acepten ahora cambiar estos objetivos para que el dinero vaya a los bolsillos de la UE.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, cree en la "plena constitucionalidad" del nuevo impuesto sobre depósitos bancarios en las 70 entidades de crédito con sede en Andalucía, que establece un gravamen de entre un 0,3 y un 0,5 por ciento con el que la Junta prevé recaudar 130 millones anuales.

Griñán ha asegurado que desconoce si el Gobierno de la Nación tiene intención de recurrir este impuesto ante el Tribunal Constitucional (TC), como ya ocurrió en el caso de Extremadura, que la aprobó en 2001 bajo la presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, dio por hecho el pasado día 10 de junio que el Gobierno central recurriría ante el TC la creación del impuesto sobre depósitos bancarios en Andalucía por coherencia con la norma que mantiene recurrida en el caso de Extremadura, aunque no prevé que ello suponga problemas para su aplicación porque ya está en vigor en Andalucía.

Al día siguiente, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, marcó distancias con esta medida al advertir que hay que evitar la "segmentación" y "distorsión" del mercado financiero imponiendo tasas autonómicas a los depósitos en las entidades de crédito, si bien respaldó la competencia de las comunidades para "hacer lo que quieran" en materia fiscal siempre que cumplan con los objetivos de reducción del déficit público.

Por su parte, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, aseguró que el Gobierno "está plenamente de acuerdo" con el nuevo impuesto sobre los depósitos de las 70 entidades de crédito con sede en Andalucía y comparte el fondo de esta medida "al margen de la cuestión competencial" que, a su juicio, "es un tema menor".

Mensaje de optimismo desde Servired. Su presidente, José Manuel Gabeiras, sostiene en el informe anual de la firma de medios de pago que el uso de las tarjetas vuelve a crecer. El ejecutivo estima que los importes transferidos por los plásticos a través de compras en comercios crecerán en el futuro más inmediato entre el 5% y el 9%. Estas tasas son menores a las alzas de dos dígitos cosechadas durante buena parte de la década, pero suponen dejar atrás el batacazo del consumo del pasado ejercicio.

En el escrito, Gabeiras afirmó que la fusión de los procesadores de BBVA y Caja Madrid (Sermepa) con el de Santander y Popular (Redy) "va viento en popa". El directivo agrega que "veremos con alta probabilidad a la nueva compañía procesando 3.500 millones de transacciones en septiembre próximo". En Europa se está produciendo un proceso de consolidación de procesadores de pagos a raíz de la inminente llegada del área única de pagos del euro (SEPA) que fija unos estándares comunes para los pagos electrónicos. Además, las exigencias de la Comisión Europea de reducir las tasas de intercambio (el dinero que se cobran las entidades entre sí cuando la tarjeta de una pasa por un lector de otra) impone al sector financiero reducir su costes e incrementar su eficiencia.

Gabeiras apunta, en este sentido, que el sector afronta "una regulación agobiante e injusta" y vaticina que "frente a márgenes razonables en el pasado nos encontraremos mercados con márgenes negativos del lado de la adquisición y ligeramente positivos del lado de la emisión". Es decir, cambia el equilibrio de los sistemas de pago.

La ministra francesa de Economía y Finanzas, Christine Lagarde, ha señalado que su Gobierno estudia poner un impuesto a los bancos cuya recaudación se utilizaría en caso de quiebra de una entidad financiera.

Lagarde se ha declarado a favor del "principio" de ese tipo de tasa, pero "no necesariamente" como el caso de Alemania, cuyo Gobierno ha decidido que debería alimentar un fondo de alrededor de 1.000 millones de euros al año.

En Francia se barajan dos posibilidades: un fondo de garantía para intervenir en caso de bancarrota o la dedicación de la recaudación al presupuesto del Estado dado que son estos "los que están obligados" a acudir a salvar las entidades financieras en dificultad. La ministra ha indicado que "es una idea en la que trabajamos en Francia desde hace varios meses" y sobre la que se ha discutido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al que se ha pedido que haga "propuestas".

En concreto, añadió, el FMI debe dar a conocer una serie de recomendaciones que permitan "recuperar el dinero público que se ha empleado para ayudar a los bancos y a las otras entidades financieras durante la crisis".

Hay que recordar que el presidente estadounidense, Barack Obama, anunció el pasado 14 de enero un impuesto a medio centenar de grandes bancos para recuperar hasta 117.000 millones de dólares.

Francia, por su parte, de común acuerdo con el Reino Unido ha establecido una tasa que grava las primas de los operadores de mercados y los grandes directivos bancarios (sin carácter indefinido) que inicialmente debía financiar el fondo de garantía de depósitos, pero que al final irá a la financiación de pequeñas y medianas empresas.