Blog

La Cámara alta alemana ha aprobado imponer una tasa a la banca del país, para crear un fondo de reservas que sirva para hacer frente futuras crisis. La nueva tasa que deberán abonar todos los institutos financieros, con excepción de algunos bancos de fomento y el banco de pensiones agrícolas, posibilitará la creación de un fondo de hasta 70.000 millones de euros para hacer frente a eventuales riesgos de quiebra.

La ley incluye igualmente un nuevo proceso de insolvencia bancaria a fin de facilitar y agilizar el saneamiento de aquellas entidades que se vean sumergidas en dificultades financieras.

El Bundesrat, al igual que el Bundestag -la Cámara baja- hace un mes, aprobó limitar a 500.000 euros el salario anual de los empleados de aquellos institutos que necesiten de apoyo estatal para su saneamiento. En aquellos bancos en los que el Estado participe con un 75 por ciento o más de su capital no se abonará bonificación alguna a sus empleados.

Los analistas estiman que este proyecto de ley se convertirá en un instrumento de garantía para el mundo bancario, que hasta el momento confiaba en que los estados nunca les dejarían caer en la bancarrota por su propia seguridad.

La cuantía de la tasa dependerá del volumen de negocio de las entidades así como de las ramificaciones que el banco tenga a través de las redes financieras. Según el Gobierno, el fondo contará con unos ingresos anuales de 1.300 millones de euros. Sólo en 2006, el año antes de la crisis, las entidades bancarias sumaron unos beneficios de 1.300 millones de euros.

La mayor parte de las aportaciones vendrá de grandes entidades como Deutsche Bank o el Commerzbank.

A José Luis Rodríguez Zapatero le parece peligroso hacer pagar a la banca sus errores de cálculo. Y es que mientras la canciller Angela Merkel mantiene que los costes de las crisis no debe caer exclusivamente sobre las espaldas de los ciudadanos, Zapatero se alinea con quienes piden extremar la precaución a la hora de involucrar al sector privado. El presidente del Gobierno secunda las reservas de Jean-Claude Trichet, presidente del BCE.

El objetivo último de los venideros reajustes institucionales pretende evitar la repetición de una crisis como la que ha puesto al euro contra las cuerdas. El reajuste supone crear una estructura equilibrada en el reparto del riesgo en la que la banca cargue con su parte de responsabilidad.

"Hay que escuchar atentamente al BCE y a todos los Gobiernos", comentó Zapatero en conferencia de prensa, antes de exponer su criterio: "Nosotros estamos más cerca de los que abogan por mucha precaución y mucha cautela a la hora de incorporar al sector privado. Este mensaje, sin más, tiene mucho riesgo".

La potencial implicación del sector privado en el mecanismo, el papel a jugar en él por el FMI y el establecimiento de estrictas condiciones para el préstamo de fondos a países necesitados son cuestiones pendientes sobre las que trabajarán mano a mano la Comisión y el presidente del Consejo Europeo dentro de un plan de acción que Zapatero ve como la culminación de su vieja idea, expresada en reuniones anteriores del Consejo Europeo y recogidas entonces con escepticismo, de que la Unión avanza hacia "el Gobierno económico común".

El Gobierno británico confía en recaudar 2.500 millones de libras (2.815 millones de euros) al año gracias a la nueva tasa a la banca que el Ejecutivo pretende introducir a partir del 1 de enero de 2011 para gravar los resultados de las entidades del sector financiero.

La nueva tasa, que según el Gobierno británico animará a los bancos a correr menos riesgos a la hora de financiarse, será aplicada tanto a los cuentas de resultados globales de los bancos del Reino Unido como a las operaciones de las entidades extranjeras en el país.

El secretario financiero del Tesoro del Reino Unido, Mark Hoban, recalcó que los bancos deben hacer una "contribución total y justa en lo que respecta a los riesgos potenciales que suponen para el sistema financiero del Reino Unido y de la economía en general". Asimismo, Hoban confió en que el nuevo impuesto incentive a los bancos a realizar un mayor uso de recursos financieros más estables, como la deuda a largo plazo y la equidad. "La tasa ha sido diseñada para animar a correr menor riesgos de financiación y complementa la amplia agenda para mejorar la regulación y la estabilidad financiera", añadió.

Por su parte, la Asociación de Banqueros Británicos (BBA por sus siglas en inglés) consideró que la tasa tendrá "inevitablemente un impacto significativo" en las alrededor de 200 entidades que operan en el país. Además, critica el "silencio" del Tesoro británico a la hora de aclarar si algunas entidades se van a ver obligadas a pagar este tipo de tasas en varios países del mundo.

El vicepresidente del grupo Santander, Matías Rodríguez Inciarte, ha asegurado que "no tendría sentido" imponer una tasa a los bancos españoles, porque el sistema financiero no ha recibido ayudas públicas. El directivo explicó durante su intervención en unas jornadas financieras en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que los bancos españoles no han percibido "absolutamente ninguna" ayuda, mientras que en las cajas de ahorro éstas han sido "muy limitadas" y se han concedido "con la obligación de devolución". No obstante, señaló que al final del proceso, "habrá que ver" si las cantidades con las que se ha ayudado a las cajas "se devuelven o no" para "hacer el balance en ese momento".

El sistema financiero español, explicó, cuenta con un fondo de garantía que todas las entidades deben dotar con un porcentaje de sus depósitos, práctica que no se da en otros países. Abogó por tener elementos que "prueben" a los organismos supervisores que una entidad "no está en situación de crear un problema" al sistema financiero internacional o la economía del país, incluso "en las condiciones más adversas del entorno".

"Lo que no es aceptable desde el punto de vista de la ciudadanía y de la consideración política es que una crisis financiera pueda significar unos costes al contribuyente tan elevados como hemos visto en algunos países", dijo.

El Grupo Socialista ha registrado quince propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación, con las que pretende lograr el aval del Congreso a la tasa que estudia la Unión Europea para garantizar la "adecuada contribución" de la banca a la salida de la crisis, así como al pacto energético, con especial hincapié en medidas para "reducir el impacto" de las primas a las renovables en los precios de la electricidad.

Los socialistas hacen hincapié en la necesidad de reforzar el marco de supervisión internacional de las entidades de crédito, la regulación de herramientas como los fondos de gestión alternativa -hedge funds- y "mantener el impulso" unas las políticas de retribución de directivos "alineadas con una gestión sana y eficaz del riesgo".

Por otro lado, los socialistas abogan por mantener la Renta Básica de Emancipación y garantizar, mediante un crédito ampliable los recursos que permitan su cobertura a todos aquellos jóvenes que la soliciten. Además, insta a que las líneas de actuación en política de vivienda se centren en el alquiler y la rehabilitación.

Los socialistas avalan el proceso de consolidación fiscal emprendido con los Presupuestos Generales del Estado en 2010 y la Estrategia de consolidación Fiscal, que "deberá reforzarse" en 2011 para reducir el déficit al 6%. Aunque no hacen ninguna mención a eventuales revisiones de figuras tributarias, sí aluden a la adopción de las medidas normativas que "puedan ser necesarias" para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

Los líderes de las 20 principales economías desarrolladas y emergentes (G-20) del mundo han acordado abrir diferentes vías destinadas a recobrar la recuperación económica y establecer un sistema bancario más seguro, según la declaración final aprobada al término de la cumbre celebrada este fin de semana en Toronto.

El texto final de la reunión recoge las diferentes prioridades establecidas por los países participantes en la cumbre, que se comprometen a reducir a la mitad sus déficits presupuestarios para 2013 -pero sin detener el crecimiento económico- y anuncian medidas dirigidas a evitar comportamientos arriesgados del sector bancario -pero que no provoquen una reducción del crédito-.

Así, los dirigentes del G-20 acordaron permitir que sea cada país el que decida su propia política para reducir el déficit, dejando en manos de cada gobierno la adopción de medidas polémicas como la imposición de una tasa a los bancos que se vieron beneficiados de los planes de rescate de finales de 2008 o la implementación de normas más duras para el sector bancario.

Los dirigentes del G-20 dejaron la puerta abierta a que cada país avance a su propio ritmo y adopte políticas "diferenciadas" y "a medida" que permitan alcanzar las prioridades políticas o económicas de cada nación, en lo que supone un fuerte revés frente a la unidad mostrada en las tres cumbres celebradas desde el estallido de la crisis financiera, en las que se acordó la puesta en marcha de varios billones de dólares para impulsar la recuperación.

El Ministro de Fomento, José Blanco, ha criticado la postura tomada por el presidente del PP, Mariano Rajoy, “en contra del impuesto de la banca”. “A mi juicio es grave que el líder de la oposición se oponga a lo que han decidido todos los líderes de la Unión Europea, que es precisamente poner una tasa a las entidades financieras, en gran parte el origen de la crisis”, indicó.

En el acto del inicio de las obras del tramo de Alta Velocidad Ourense-Lubián, el ministro acusó a Rajoy de ponerse “al lado de los banqueros”, al asegurar que son los que “han tenido responsabilidad directa en esta crisis”.

Preguntado por los medios acerca de la postura del número uno de los populares en materia económica, Blanco criticó a Rajoy por "creer que desde la ambigüedad puede llegarse a presidente del Gobierno". A su juicio, el presidente del PP "oculta cosas, porque no quiere decirlas o porque no tiene idea de como afrontar los problemas que tiene España".

Por ello, el número dos de los socialistas advirtió de que, "si oculta cosas que quiere hacer, le está negando el derecho a los ciudadanos" de conocer sus propuestas. Mientras que, puntualizó, "si no tiene ideas, poco dice de un líder de la oposición".

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defenderá este fin de semana en la reunión del G-20, que se celebrará en Toronto (Canadá), las medidas impulsadas para controlar el gasto público, la reforma laboral aprobada por decreto y el modelo español de supervisión financiera.

En la reunión entre las grandes economías mundiales está previsto que se debata sobre la conveniencia o no de retirar los estímulos fiscales para limitar su impacto en la aún incipiente recuperación, y que parece estar enfrentando las estrategias para salir de la crisis de la UE y EE.UU.

Desde Bruselas se aboga por la necesidad de acelerar la contención del gasto para reconducir el déficit al objetivo del 3% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que ha significado la paulatina retirada de los planes que ayudaron a mantener la actividad en los momentos más duros de la crisis.

España, Alemania, Francia, Grecia, Portugal y en última instancia Reino Unido han dirigido el recorte hacia la política social, con el fin de buscar el equilibrio en las cuentas públicas y a la vez frenar la presión de los mercados sobre la deuda soberana de varios miembros comunitarios. Sin embargo, EE.UU. insiste en mantener los estímulos, al considerar que su retirada prematura podría precipitar una recaída y poner en riesgo la vuelta al crecimiento.

Otro de los aspectos que más expectación está generando en torno a la próxima reunión del G-20 es la propuesta europea de fijar una tasa bancaria para sufragar futuras crisis y así evitar recurrir al erario público. Precisamente, Zapatero desveló el pasado martes en el Senado que esta tasa a la banca para sufragar el coste de eventuales crisis tendrá un "cierto parecido" al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del sistema español, que fija una devolución de hasta 100.000 euros en caso de quiebra de la entidad bancaria.

La presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, ha asegurado que la aplicación de una tasa a la banca perjudicará a las entidades bien gestionadas y no resolverá los problemas del sistema financiero, al tiempo que destacó la necesidad de impulsar reformas macroeconómicas porque la salida de la crisis "no depende sólo de los bancos".

Botín defendió que la crisis no es sólo financiera y que "los bancos no tienen la culpa de todo", por lo que, a su juicio, cualquier medida que se adopte para la banca no será suficiente si no se adoptan medidas macroeconómicas y se ajustan los desequilibrios internacionales.

En este sentido, Botín instó a extraer "lecciones" y a evitar los riesgos y los errores que se han cometido hasta ahora, y pidió una mayor coordinación entre los supervisores internacionales y que estas instituciones "entiendan" no sólo a los bancos de inversión, sino también a las entidades comerciales.

Entre los cambios que son necesarios, Botín destacó un nuevo diseño institucional del euro, ajustes de ciertas monedas y una mejor medición de los riesgos y de gestión de la liquidez, ya que, según recordó, los bancos que han tenido problemas son los mal gestionados y no los bancos más grandes.

La presidenta de Banesto también señaló que la banca quiere seguir concediendo créditos, pero abogó por adoptar una política prudente, ya que hay clientes que piden refinanciarse pero "no lo merecen" y aún debe desapalancarse.

La Comisión Europea propondrá el próximo miércoles 26 de mayo crear una red armonizada de fondos nacionales de todos los Estados miembros. Estos fondos se utilizarán para sufragar la liquidación ordenada de bancos quebrados para evitar que sean los contribuyentes los que asuman los costes.

La creación de esta tasa bancaria ya fue reclamada el pasado mes de marzo por el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, para facilitar la gestión de quiebras y evitar la inestabilidad en el sistema financiero. Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, pidió cautela a la hora de implantar este nuevo mecanismo para no poner en riesgo la recuperación.

El Ejecutivo comunitario defenderá que los Estados miembros adopten un enfoque común a la hora de crear estos fondos de resolución nacionales para evitar distorsiones de competencia y mejorar la capacidad de gestión de crisis transfronterizas. La tasa bancaria será examinada por los ministros de Economía de la UE en su reunión de junio y también por los líderes del G-20 en la cumbre que se celebrará en junio en Toronto.

"El objetivo es garantizar que las instituciones financieras sean las primeras en contribuir a los costes de futuras crisis", dijo el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, en un discurso reciente. "La prevención resulta menos cara que la reparación", resaltó. Barnier aclaró además que "en ningún caso se trata de crear un seguro para los bancos".