22 / 02 / 2010. Obama pone coto a los abusos
Ojalá se copie en España. Una nueva normativa sobre el sector de tarjetas de crédito ha entrado en vigor en Estados Unidos con la intención de reducir las prácticas abusivas de las entidades emisoras y aclarar a los consumidores cuánto les cuesta vivir endeudados.
Desde ahora, y debido a las nuevas normas, las facturas deberán detallar cuántos años tardará el cliente en pagar su deuda si sigue abonando el mínimo establecido, así como cuánto debería cancelar al mes si quisiera librarse de sus números rojos en tres años.
Este es el resultado de las promesas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de tomar cartas en los abusos que, según su parecer, llevan cometiendo décadas las compañías de empresas de crédito.
Esta regulación, aprobada hace ya nueve meses, tendrá un fuerte impacto en un país donde casi la mitad de los consumidores acumula una deuda media de 7.000 dólares en sus tarjetas de crédito y uno de cada cinco paga por ello un tipo de interés del 20%, según la Administración General de Servicios.
Las compañías no podrán aumentar los intereses de manera retroactiva ni durante los primeros doce meses de contrato, y deberán avisar con 45 días de antelación de cualquier subida de tipos y tasas, o de otros cambios importantes en las condiciones. Además, el cliente podrá cancelar su cuenta si se producen esos cambios, y aumentar sus pagos mensuales mínimos para acelerar la liquidación de su deuda.
En EE.UU. muchas personas usan las tarjetas para crear o mejorar su historial de crédito, ya que éste se suele exigir a quienes realizan compras a plazos, por lo que es habitual que los ciudadanos se endeuden a propósito, incluso aunque puedan pagar al contado. Para revertir esta tendencia, las autoridades recomiendan pagar a tiempo y mantenerse por debajo del límite de crédito, así como estar pendientes de posibles cargos adicionales por parte de las entidades.
Esta medida tendrá también un impacto sobre las entidades financieras, que podrían dejar de ingresar unos 12.000 millones de dólares anuales, según la consultora Morrison & Foerster, por lo que ya buscan nuevas estrategias para tratar de compensar esas pérdidas.
