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El Tesoro español ha vuelto a superar con nota una nueva subasta. Ha colocado 4.560 millones, ligeramente por encima del máximo previsto, con una notable rebaja de las rentabilidades respecto a la última subasta.

La demanda duplicó holgadamente la colocación, con solicitudes que ascendieron a 10.469 millones.

En los bonos con vencimiento en 2015, el Tesoro colocó 2.522 millones de euros a un tipo medio del 2,861% frente al 3,384% de la subasta anterior. La demanda fue ligeramente inferior a la última colocación, al pasar de 1,8 veces a 1,6.

En títulos con vencimiento en 2016, se colocaron 984 millones. La rentabilidad descendió desde el 4,021% a al 3,455%, con una tasa de cobertura de 3,6 veces (3,2 en la última subasta).

Por último, la mayor caída en la rentabilidad ofertada correspondió a los bonos a cinco años con vencimiento en 2017. El tipo medio fue del 3,565, casi dos puntos porcentuales por debajo del 5,544% que pagó en la última subasta de este tipo de títulos. La demanda superó a la oferta en 2,7 veces, la misma ratio que la última vez.

En línea con las anteriores subastas, la deuda pública española volvió a beneficiarse de la liquidez barata a 3 años proporcionada por el Banco Central Europeo (BCE) al sistema bancario europeo el pasado mes de diciembre. A finales de febrero se celebrará otra colocación a tres años en el formato de barra libra (liquidez ilimitada al 1% a cambio de colateral admisible).

De todos modos, los analistas apuntan que los tipos colocados en la subasta están ligeramente por encima de los que marcaba esta mañana el mercado secundario, por lo que consideran que el rally de precios quizás debería tomarse un respiro.

En las tres subastas a medio y largo plazo realizadas este año, el Tesoro ha logrado colocar un total de 21.155 millones de euros, el 24,6% de las emisiones brutas previstas para este año en bonos y obligaciones.
Subasta en Francia

El Tesoro español acudía hoy martes a su primera cita después del recorte efectuado el viernes por S&P a la deuda española. Todos permanecían atentos a los resultados que finalmente han sido un éxito. España ha vendido 4.900 millones, el máximo previsto, en letras a 12 y 18 meses y ha bajado el interés considerablemente. Para el primer plazo el precio se sitúa en el 2,04% frente al 4,05% de la subasta del 16 de diciembre, y para el segundo pasa del 4,22% al 2,39%. Con esta nueva rebaja ya son cuatro las colocaciones consecutivas con intereses menores.

Del conjunto total de deuda vendida este martes, 3.010 millones corresponden a letras que vencen en un año y 1.870 en letras a 18 meses. El bit to cover se ha situado en el 3,54% para el primer plazo, ligermante superior a la anterior subasta (3,14%) mientras que en el caso del segundo venicimiento las veces que la oferta ha superado a la demanda pasa del 4,97% al 3,23%.

En los últimos tiempos la deuda española ha estado en el punto de mira de los inversores extranjeros debido a las fuertes fluctuaciones. La prima de riesgo ha experimentado grandes repuntes llevando a muchos a pensar que España presentaría problemas de financiación

Sin embargo, los resultados de las últimas colocaciones a corto y largo plazo han servido para ahuyentar los fantasmas. Las razones de esto hay que buscarlas en los elevados intereses ofertados por la deuda soberana que ha sido vista por muchos como una buena alternativa. Las rentabilidades han despertado el interés tanto de particulares como de grandes entidades.

La primera ronda para la subasta de Unnim Banc, que organiza el Fondo para la Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), acabará el próximo 13 de enero, una fase en la que se espera que se presenten media docena de entidades.

Fuentes financieras conocedoras del proceso apuestan por que en esta fase participarán los tres grandes de la banca española -Banco Santander, BBVA y La Caixa- además de algunas cajas saneadas como Ibercaja, Unicaja y Kutxabank -el banco en el que se agrupan las tres cajas vascas-.

En esta fase, las entidades han de presentar la oferta no vinculante y es a la que concurren un mayor número de ofertantes, siendo luego, en la segunda fase, cuando se presenta oferta vinculante, el momento en que se reduce la cantidad de grupos realmente interesados.

El Grupo Unnim ha cerrado el tercer trimestre de 2011 con unas pérdidas de 107 millones de euros, un resultado que deriva del deterioro de su cartera crediticia e inmobiliaria y del impacto del coste de la reestructuración de la entidad al no quedar ya fondos con los que cubrir las provisiones.

Se prevé que Unnim cuente también con un Esquema de Protección de Activos (EPA) que cubra el riesgo del comprador, pero que el mismo será mucho menos gravoso que el de CAM (Caja de Ahorros Mediterráneo) porque los problemas de Unnim no responden tanto a un gran deterioro de su cartera de activos inmobiliarios, sino a que el margen financiero y de negocio es muy débil.

La decisión de CaixaBank de no pujar por la Caja del Mediterráneo (CAM) ha roto la expectativa de que la gran banca, incluyendo al Santander y BBVA, presentaría ofertas para hacerse con la entidad, a la que sí que opta el Banco Sabadell.

Esta entidad, según fuentes financieras, podría ser la única que remitió esta tarde una propuesta vinculante para adquirir la caja alicantina con lo que se coloca como favorita, si bien surge el temor a que la subasta, ideada como competitiva, pueda quedar desierta.

En cualquier caso, ninguna de las cuatro entidades mencionadas ha querido desvelar su decisión, mientras el sector asegura que el resto de interesados inicialmente -Barclays, Ibercaja y el fondo JC Flowers- no remitió ninguna oferta.

Esto pone más difícil la labor del Banco de España y la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que tenían previsto decidir el ganador, entre varias opciones, en la primera quincena de diciembre.
Ahora las autoridades se pueden encontrar la sorpresa de tener muy pocas ofertas, incluso sólo una si el Santander y el BBVA finalmente no han pujado, lo que, a juicio de los expertos, forzaría al supervisor a estudiar la opción de trocear la caja, intervenida a finales de julio.

De esa forma se podrían vender sus activos por separado en un proceso de liquidación ordenada, algo que ha rechazado desde un primer momento el supervisor, pero a lo que se ha mostrado dispuesto hoy CaixaBank.

El grupo presidido por Isidro Fainé, según fuentes del sector, notificó al Banco de España que no quería pujar por el conjunto de la CAM, pero sí estaba dispuesto a negociar la compra de determinados activos. En las últimas semanas, los potenciales compradores estudiaron las cuentas de la CAM en profundidad para decidir si debían participar en la subasta de la caja alicantina, con una morosidad cercana al 21 % y que perdió 1.731 millones hasta septiembre.

El Tesoro público ha adjudicado 3.225 millones de euros en letras a tres y seis meses aunque ha tenido que subir el interés de ambas denominaciones por encima del aplicado en la anterior emisión de estas características.

En la subasta, el Tesoro ha adjudicado 1.604 millones de euros en letras a tres meses con un interés marginal del 1,749%, por encima del 1,388% anterior, lo que supone un 27% más.

Además, ha colocado 1.621 millones de euros en letras a seis meses con una rentabilidad del 2,73%, un 23,5% más alta que el 2,219% precedente.

La demanda de las entidades ha sido de 10.380 millones de euros, de nuevo muy elevada respecto al objetivo de colocación, que oscilaba entre 2.500 y 3.500 millones de euros. Sin embargo, la demanda fue mayor en la anterior subasta. En el plazo a tres meses, la demanda ha sido de 2,5 veces mayor que la colocación, frente a los 7,6 veces de la subasta previa.

En la anterior subasta de letras a tres y seis meses, celebrada a finales de agosto, el Tesoro adjudicó 2.941 millones de euros con menores intereses, gracias a las compras de deuda italiana y española emprendidas por el Banco Central Europeo (BCE), que adquirió la semana pasada deuda pública por valor de 3.952 millones de euros.

El Tesoro Público español espera colocar este jueves entre 3.000 y 4.000 millones de euros en bonos a cinco años, una subasta que se celebra después de dos pujas consecutivas con menores intereses.

En concreto, en la anterior subasta celebrada por el Tesoro, el pasado día 23 de agosto, se adjudicaron 2.941 millones de euros en letras a tres y seis meses, y se logró pagar un menor interés.

También, en la subasta del pasado 16 de agosto, en la que se adjudicaron 5.696,16 millones de euros en letras a doce y dieciocho meses, el Tesoro redujo el interés.

El Tesoro culminó con éxito estas dos operaciones aprovechando la calma que existía en el mercado por la intervención del Banco Central Europeo (BCE), que adquirió deuda soberana europea para frenar el acoso a Italia y España, cuyas primas de riesgo alcanzaron a principios de agosto máximos históricos.

En concreto, en la primera subasta que celebró el Tesoro en agosto, el día 4, se adjudicaron 3.300 millones de euros en bonos a tres años y tres años y medio, y se subió el interés hasta niveles que no se alcanzaban desde 2008.

Ese mismo día, el Tesoro Público decidía cancelar la subasta de obligaciones que tenía previsto celebrar el 18 de agosto, siguiendo su estrategia de años anteriores en los que la falta de demanda aconsejó no mantener el calendario fijado inicialmente.

El Ministerio de Economía rechazó que la decisión de no convocar oficialmente la subasta se debiera a las tensiones del mercado de deuda soberana que se registraban en ese momento.

Así, el Tesoro anunciaba que la próxima subasta de títulos de deuda pública española a medio y largo plazo se celebrará este jueves, 1 de septiembre, con la colocación de bonos a 5 años. En la anterior puja de estas características, celebrada el 7 de julio, se consiguieron colocar 1.496,66 millones de euros (en bonos a cinco años) a un interés del 4,891 %, el más elevado desde 2002.

El consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz, ha reconocido que el banco ha paralizado la salida a bolsa de su filial británica este año “las incertidumbres económicas y regulatorias”, en un encuentro con analistas.

El Reino Unido ha sido uno de los puntos negros de los resultados de Santander. El banco tuvo que dotar de manera extraordinaria 620 millones para cubrir los seguros de protección de impagos que ha comercializado. La filial dirigida por Ana Patricia Botín redujo el beneficio recurrente en un 4% hasta los 966 millones. Si se tiene en cuenta la provisión el descenso es del 65%.

El consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, se ha mostrado abierto a participar en la subasta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), nacionalizada por el Banco de España el pasado viernes 22 de julio, en función de los términos en que se plantee dicho proceso competitivo. "Ya veremos, a ver cómo se plantea la subasta", dijo Sáenz durante la presentación de los resultados semestrales del banco al ser preguntado sobre si el Santander tiene algún interés en comprar la entidad alicantina ahora gestionada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

"Ya llegaremos a ese rio y cruzaremos ese puente cuando toque", matizó. El número dos del Santander recordó que hace meses "ya se tocó todas las puertas" para buscar un socio a la CAM después de la ruptura de Banco Base, debido a que las asambleas de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria rechazaran integrarse con ella.

El Tesoro Público volverá a someterse a la prueba de los mercados la próxima semana con una emisión de letras a 3 y 6 meses el martes y una subasta de liquidez para entidades financieras el próximo jueves 28 de julio, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La última vez que el organismo público acudió al mercado para colocar letras a 3 y 6 meses fue el pasado 21 de junio, cuando colocó 2.988 millones, cerca del máximo previsto (3.250 millones), con tipos que subieron en el caso de las letras a más corto plazo y se moderaron ligeramente en la emisión a seis meses.

La subasta del martes será la primera emisión tras el acuerdo del Eurogrupo sobre el segundo rescate griego, aunque también la primera que podrá reflejar cómo han asimilado los inversores la nacionalización de la CAM por parte del Banco de España.

El jueves, el Tesoro celebrará la que será la séptima subasta de liquidez en lo que va de año, tras la del pasado 10 de enero, las dos celebradas en febrero (7 de febrero y 25 de febrero), la del 30 de marzo, la del 20 de abril y la del 20 de mayo.

La subasta de liquidez consiste en una operación de compraventa doble en la que se fijan la fecha en la que el Tesoro presta la cantidad a la entidad financiera, el tipo de interés y la fecha en la que la entidad se lo devuelve al organismo público.

Así, en la operación se determinan los requisitos que deben cumplir las entidades financieras para formular peticiones, el plazo al que se realizarán las operaciones y los valores de deuda del Estado que podrán ser objeto de las operaciones.

En este caso, las operaciones de compraventa tendrán un periodo de vigencia del 1 de agosto al 6 de septiembre, ambos días incluidos, lo que significa que las entidades recibirán la cifra subastada el 1 de agosto y la devolverán el 6 de septiembre con los intereses correspondientes.

El director general corporativo y de finanzas del Banco Popular, Jacobo González-Robatto, ha augurado que para finales de año habrá cajas subastadas.

En la presentación de los resultados del primer semestre, Robatto ha afirmado que "en el ultimo trimestre de este año, posiblemente, el Banco de España intervenga y busque la salida vía subasta pública. Esto no ha ocurrido y ese momento será el de mirar alguna caja".

El directivo de Popular ha alabado la reestructuración que se ha llevado a cabo en el sector financiero español, aunque ha afirmado que se ha actuado con cierto retraso. Considera que es positiva la evolución de las cajas hacia entidades cotizadas, como en el caso de Bankia y Banca Cívica.

De hecho, Popular ha invertido 40 millones de euros en la OPV de la mayor caja española. A pesar de que se haya dicho que el Gobierno haya presionado a los bancos para que ayudaran la salida a bolsa de Bankia, González-Robatto ha asegurado que Popular no ha sido presionado.

Sobre la posibilidad de que bancos y cajas empiecen a lanzar hipotecas que tengan sólo la vivienda como garantía, el director financiero de Popular ha afirmado que no se podría prestar más del 50% del valor de la vivienda.

PSOE, PP y CiU pactaron este jueves aumentar desde el actual 50 % el porcentaje de valoración de los inmuebles embargados que se quedan las entidades financieras cuando no se subastan, y también apoyaron la medida anunciada por el Gobierno de elevar la cantidad de sueldo no embargable por impago hipotecario.

Los afectados por embargo podrán así cancelar una mayor cantidad de su deuda con el banco una vez que se eleve el porcentaje “vergonzante” establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en palabras del diputado que anunció el acuerdo, Pere Macias (CiU), en el pleno en el que se votan las resoluciones consecuencia del debate sobre el estado de la nación.

El texto pide también acelerar la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que complementen las presenciales con pujas a través de internet “con el objetivo de aumentar el número potencial de licitadores, y por tanto las posibilidades de que la subasta no quede desierta”.

No obstante, no contempla la posibilidad de que la entrega de la vivienda sirva para saldar una deuda hipotecaria en su totalidad, la llamada “dación en pago”, como proponían CiU (a través de incentivos fiscales), IU-ICV-ERC y BNG.

La enmienda transaccional consecuencia del debate sobre el estado de la nación también insta al Gobierno a supervisar las condiciones para la concesión de créditos para evitar cláusulas abusivas, como las cláusulas suelo, que marca el interés mínimo que debe pagar el hipotecado incluso si el euribor se sitúa por debajo.