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El Gobierno ha decidido congelar en 2012 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 641,4 euros al mes. Los sindicatos ya han expresado su disconformidad.

Ésta es la propuesta que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha enviado a los agentes sociales, según han informado fuentes sindicales, y que será aprobada en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

UGT y CCOO pidieron por carta el pasado 15 de diciembre al Gobierno que elevara en 2012 el SMI por la pérdida de poder adquisitivo acumulado por esta renta en los ejercicios 2010 y 2011 y que, según los sindicatos, está cercana al 3 %. Y hoy los sindicatos han expresado hoy su rechazo a la congelación.

Este rechazo ha sido plasmado en una carta dirigida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social por los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer.

Los sindicatos aseguran que el SMI ha ido perdiendo peso sobre el salario medio desde 2007, cuando alcanzó su mayor peso relativo, 41,5 %, hasta caer al 41 % en 2010 y 2011.

Por ello, piden al Gobierno que el SMI recupere el poder de compra perdido estos dos últimos años y mantenga su capacidad adquisitiva en 2012

Los principales sindicatos con representación en Caja Mediterráneo (CAM) ven la opción de compra de la entidad por parte del Banco Sabadell como, en principio, la "menos traumática" debido al escaso solapamiento de oficinas.

Portavoces de los principales sindicatos en la entidad con sede en Alicante, SICAM, UGT, CCOO y CGT, han señalado a EFE que carecen de información oficial sobre cuándo el Banco de España cerrará el proceso de subasta a alguno de los postores, pero prevén que pueda ser el próximo viernes, toda vez que la pasada semana concluyó el plazo dado para recibir las propuestas de compra.

A excepción de CGT, que apuesta por que la entidad siga en manos del Banco de España como una entidad pública, el resto de sindicatos han coincidido que, "a priori", la oferta del Banco Sabadell podría ser la más conveniente para la plantilla de CAM.

Esto sería así por el "escaso solapamiento de las redes", lo que es visto por los sindicatos como un factor en principio favorable para el mantenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo.

Un portavoz de SICAM en la plataforma de unidad sindical ha señalado que, en todo caso, "la plantilla está a la expectativa, deseando saber qué va a pasar y confiando en dejar atrás el actual momento de incertidumbre con una solución favorable".

UGT y CCOO en Cantabria han denunciado el despido de un centenar de trabajadores del Banco de Santander en toda España, en lo que consideran el inicio de una "política sistemática" para reducir plantilla "por la puerta de atrás" e "introducir el miedo como un factor productivo".

Así lo ha asegurado hoy el delegado de CCOO en el Comité de Empresa a nivel provincial del Banco en Cantabria, Vicente Gutiérrez, durante la concentración celebrada por más de medio centenar de representantes y delegados de ambos sindicatos ante la sede central de la entidad en Santander.

En un encuentro con los medios, el jefe de la sección sindical de UGT en el Banco de Santander en Cantabria, Fernando Viorna, ha denunciado el inicio por parte de la entidad de "una cadena de despidos puntuales" por toda España, que ha situado en cerca de un centenar desde principios de año.

Viorna ha explicado que esos despidos se están produciendo entre los trabajadores cuya indemnización no supone "mucho desgaste económico" al banco o se "disfrazan" de bajas incentivas, "que no dejan de ser despidos".

Por su parte, el representante de CCOO ha opinado que con estos despidos justificados por "supuesta baja productividad", la entidad bancaria pretende "tensionar aún más a la plantilla" e instaurar el "miedo" entre los trabajadores.

Gutiérrez ha destacado que "hasta ahora" Cantabria "había quedado al margen de esta práctica de despidos no negociados y encubiertos, en ocasiones como baja incentivadas que ya era habitual en otros territorios". "Pero este mes esto se ha acabado y los despidos también han empezado en la región", ha recalcado.

En esta línea Viorna ha señalado el final del "veto" a estos despidos que parecía haber en Cantabria, comunidad autónoma que alberga la sede central del banco.

El portavoz del sindicato SICAM en Caja Mediterráneo, César Estrada, ha dicho que los nuevos gestores de la entidad alicantina "esperan" que en septiembre próximo esté finalizado el proceso de la "puesta en valor" de la caja para luego empezar a buscar un posible socio que pueda hacerse cargo de ella.

En declaraciones a Efe, Estrada ha calificado la reunión mantenida entre los nuevos gestores de la CAM y los sindicatos que representan a los trabajadores de la entidad como "positiva" debido a la "intención" de los nuevos directivos de "contar con la parte sindical".

El portavoz, que no ha asistido a la reunión mantenida, pero que, según ha dicho, ha sido informado por el secretario general de SICAM, Manuel Navarro, ha destacado la "positividad" de la posición que han acordado las organizaciones sindicales de "actuar de manera unida".

Así, ha explicado que la reunión ha sido una "puesta en común" sobre las posibles "problemáticas" que puedan surgir durante los siguientes meses. "Ha sido una toma de contacto, nada más, y una declaración de intenciones. No se ha llegado ningún acuerdo", ha indicado.

El portavoz de SICAM ha especificado que las organizaciones sindicales han acordado "ir todas juntas" y "no hacer ningún planteamiento individual", con el objetivo de buscar "el perjuicio mínimo o ninguno de la plantilla" de trabajadores.

"Ésa es la meta que se quiere conseguir", ha dicho Estrada, quien ha señalado que los nuevos gestores "tampoco tienen claras cuáles son las medidas a tomar" y en estos momentos están "viendo los numeros de CAM para ver qué hacer".

Preguntado por el posible despido de parte de la plantilla de trabajadores de CAM, ha adelantado que "todavía no se sabe si habrá despidos" y que las informaciones que puedan aparecer en los medios de comunicación al respecto son "especulaciones". "En el plan de recapitalización ya se adoptaron medidas que incluían la reducción de la plantilla y el cierre de oficinas, eso ya estaba hecho y me imagino que continuará", ha añadido.

El presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas y Afines (CSICA), Félix Torquemada, ha criticado la "precipitación" con la que se ha abordado la reconversión de las cajas, que ha provocado que algunos procesos de fusión e integración hayan "saltado por los aires".
Torquemada, que asiste al congreso nacional que celebra en Toledo, ha admitido que era necesario que hubiera un proceso la reconversión de las cajas, "porque no tenía sentido que se hubieran mantenido las cuarenta y tantas que había" pero no considera razonable "que se hayan quedado reducidas a las que hay ahora mismo o a las que puede haber".

Ha cuestionado la rapidez con la que se ha abordado el proceso porque "se han dado algunos pasos en falso". De hecho "estamos viendo como algunos de los procesos de integración y de fusión han saltado por los aires", ha apuntado el presidente de CSICA, quien ha agregado "unos se han ido, otros han venido y ahora parece que alguno incluso esta en peligro como puede ser el de Asturias".

Ha insistido "se han hecho las cosas con cierta precipitación y es un tema muy delicado que hay que hacer con mucha serenidad, con mucha prudencia y con mucha responsabilidad y en algunos casos yo creo que eso ha faltado".

En el caso concreto de la propuesta del presidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, de convertir a Cajastur en una fundación, Torquemada ha advertido que si se llevara a cabo la caja asturiana perdería "el 50 por ciento del control sobre el banco a través del cual realiza la actividad financiera".

Si se da este supuesto "la caja pierde el control, desaparece como tal y únicamente constituye una fundación que solamente haría obra social con los dividendos que obtuviera del banco", ha añadido.

A CSICA le preocupa que se produzcan este tipo de situaciones en el sector de cajas, aunque su mayor preocupación como sindicato son los trabajadores, que según Torquemada "se han visto tremendamente perjudicados".

Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, su homólogo de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y el presidente de la CEOE, Juan Rosell, se volverán a reunir mañana miércoles en uno de los últimos intentos para reconducir la reforma de la negociación colectiva, después del endurecimiento de las postura de la patronal, y así evitar que se acabe aprobando por decreto.

"Vamos a ir a hablar sobre temas en los que estamos en desacuerdo, los que nos separan, y de cómo se desarrolle la reunión dependerán nuevos encuentros", explicaron a Europa Press fuentes próximas a la negociación.

El Gobierno confiaba en que los agentes sociales limaran asperezas para salvar un acuerdo sobre convenios, pues ya se habían comprometido a redactar las reforma. Pero tras la última reunión de este lunes, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ya ha empezado a admitir que las conversaciones pueden derivar en un "fracaso final". "Mañana va a ser un día importante", afirman las mismas fuentes.

Ante un eventual fracaso de los contactos bilaterales, el ministro ha dejado claro que el Ejecutivo está dispuesto a legislar como muy tarde el próximo 10 de junio.

Después de intercambiar propuestas durante más de tres meses y superar en al menos dos ocasiones los plazos otorgados por el Gobierno, los sindicatos y los empresarios parecen desconfiar y no tienen claro un acuerdo. "Esto pinta mal", aseguraba el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.

Ferrer se mostró pesimista de cara a un pacto, al considerar que la CEOE había cedido a las pretensiones de la patronal madrileña, CEIM, y asegurar que "ha vuelto al principio" con peticiones de más discrecionalidad para el empresario en materias de flexibilidad interna, descuelgues generales en los convenios, eliminación de la ultractividad o la exclusión en los mismos de los directivos.

Pero las posiciones "inasumibles" de CEOE no se pusieron encima de la mesa hasta un "cuarto de hora" antes de sellar el acuerdo, según ha desvelado Toxo, quien llegó a decir que los agentes estuvieron "a punto" de llamar a Gómez para concretar la reforma.

El Ejecutivo, los sindicatos y la patronal han llegado a un principio de acuerdo en el ámbito del diálogo social, según ha informado el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

"En la madrugada de hoy (por el jueves) las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, las confederaciones sindicales CCOO y UGT, y el Gobierno han concretado los contenidos de un principio de acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones, determinadas políticas activas de empleo y los criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva", señala el Ministerio en un comunicado.

El texto añade que "en los próximos días, continuarán las negociaciones sobre el resto de las políticas de empleo, política industrial, política energética, política de ciencia e innovación así como otras relevantes cuestiones de índole laboral". "Asimismo", concluye el documento, "en la mesa general de la función pública se negociarán asuntos relativos a ese ámbito: clases pasivas, estatuto del empleado público, y evaluación de los acuerdos vigentes".

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ya había avanzado el pasado mes de diciembre que sería el 28 de enero cuando su Gabinete aprobaría la reforma de las pensiones, y el Ejecutivo había mantenido esa fecha pese a que no se lograra un acuerdo con los agentes sociales. La reforma de las pensiones recoge la posibilidad de jubilarse con 65 años y cobrar el cien por cien de la pensión si se han cotizado 38 años y medio, frente a los 35 actuales.

Incluye, además, el alargamiento de la edad legal de jubilación a los 67 años, con 37 de cotización para percibir la pensión máxima y la posibilidad de jubilarse anticipadamente con 63 años (ahora se exigen 61) pero aplicando coeficientes reductores a la pensión que variarían en función de los años cotizados por el trabajador.

Caixa Galicia y Caixanova han dado por cerrado el periodo de consultas a los sindicatos sobre el Expediente de Regulación Empleo (ERE), previsto para 1.230 empleados y que han aprobado con el apoyo de la mayoría sindical de CC.OO. y Csica que, conjuntamente, representan a un 65 por ciento de los 7.700 trabajadores.

Al respecto, el responsable de CC.OO. durante la negociación laboral con las dos entidades, Luis Mariño, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que el encuentro celebrado este lunes ha sido "de trámite", porque el acuerdo que avalan ambas centrales queda "como el del pasado 4 de octubre". Ese fue el día en que cajas, CC.OO. y Csica firmaron el pacto laboral que regirá la optimización y las condiciones de la plantilla de la caja fusionada, con el cálculo de que afectará a unos 760 trabajadores pertenecientes a la red de oficinas y a unos 470 de los servicios centrales, aunque, al ser voluntario, las cifras dependerán del número de empleados que se acojan al ERE.

"Es exactamente el mismo texto del 4 de octubre", ha recalcado su homólogo de Csica, Carlos Peso, a la salida de una reunión que se ha producido de manera paralela al acto de firma de la escritura de constitución de la nueva caja gallega. De este modo, el sindicato da por finalizada "su parte de responsabilidad" en un proceso en el que, ha subrayado, buscaron mantener la postura "más viable" y "rigurosa" en la defensa de sus compañeros.

Durante el transcurso del encuentro, los responsables de las entidades de crédito han animado al resto de organizaciones sindicales --UGT, CIG y CGT-- a adherirse al texto, petición que sólo ha recibido respuesta por parte de la primera de las centrales.

La reunión al más alto nivel convocada hoy lunes entre Gobierno, patronal y sindicatos para fijar la reforma laboral ha terminado sin acuerdo, pero los contactos proseguirán durante unos días más ya que "todavía hay margen" para alcanzar un pacto, según han adelantado las tres partes que participan en las negociaciones en un escueto comunicado conjunto hecho público.

El Ejecutivo había instado a las partes a alcanzar un consenso antes de junio, con lo que la de hoy era la última posibilidad para acercar posturas. Sin embargo, los contactos se retomarán a lo largo de la semana para agotar todas las posibilidades de un acuerdo antes de que el Gobierno decida imponer su propio proyecto. Precisamente la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha afirmado que si no hay reforma tras cuatro meses oficiales -y casi dos años extraoficiales- de negociación, el Ejecutivo pondrá en marcha los cambios "antes de terminar este mes de junio".

"Se ha constatado que persisten las diferencias entre las partes en torno a algunos de los aspectos de las relaciones de trabajo que vienen siendo tratados en la mesa de diálogo social", destaca la nota. Sin embargo, añaden que pese a la divergencia de opiniones, "todavía hay "margen para llegar a un acuerdo".

El comunicado no especifica cuándo volverán a reunirse, ni a qué nivel se seguirá negociando, es decir si el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y los máximos líderes empresariales y sindicatos seguirán llevando las conversaciones como ha tenido lugar en la cita de hoy. No obstante, sean quienes sean los responsables de seguir adelante con los contactos, Salgado ha advertido de que "si no hay resultados", el Gobierno pondrá en marcha la reforma del mercado de trabajo "en muy corto plazo". Además, ha defendido que el Ejecutivo "está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias" por muy impopulares que resulten.

BBVA y los sindicatos han llegado a un acuerdo que contempla el cierre de los sábados a partir del 2 de enero, y que tiene como objetivo otorgar "mayor flexibilidad en la organización del trabajo en la red de oficinas, prestar un mejor servicio y potenciar las labores de asesoramiento a los clientes", según ha informado la entidad.

El acuerdo contempla la libranza de todos los sábados del año, aunque sin modificación de la jornada anual de trabajo. Además, se establecen varias opciones de recuperación del tiempo no trabajado, que conjugan "la flexibilidad, las necesidades de servicio y las situaciones personales de cada empleado".

El acuerdo, firmado con Comisiones Obreras (CC.OO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación de Cuadros (ACB), da respuesta de "forma equilibrada" a los intereses del banco, a los de los empleados y, especialmente, a los de los clientes, ya que posibilita el establecimiento de distintas fórmulas más flexibles de atención y de prestación del servicio, según destacó la entidad.

El aspecto que diferencia este acuerdo de los alcanzados hasta ahora en el sector es una cláusula para poder modificar el horario habitual de las oficinas. El banco podrá establecer 'horarios especiales' en hasta un máximo del 5% de las oficinas, que afecten a un máximo del 5% de la plantilla de la entidad. Esta cláusula permitirá la apertura de oficinas en horarios distintos a los habituales en zonas en los que los usos y hábitos de los clientes así lo demanden.

Para la recuperación de la jornada de trabajo se incluyen varias fórmulas. En concreto, los empleados trabajarán las tardes del primer y último jueves de los meses de octubre a marzo.