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El Banco de España ha resuelto el expediente que abrió a CajaSur y a 40 exmiembros de su consejo de administración y exdirectores de la entidad, tras intervenirla en mayo de 2010, con sanciones para 38 de ellos que suman 2,5 millones de euros, siendo los expresidentes Santiago Gómez Sierra (obispo auxiliar de Sevilla) y Juan Moreno, los únicos a los que inhabilita.

Según han confirmado a Europa Press fuentes financieras, sólo dos de los cinco ex directores generales, José Arcenegui y Carlos Senent, han visto sobreseídos todas las causas que se les abrió con el expediente y no han sido sancionados.

En el otro extremo están los citados ex presidentes de la caja, siendo a Gómez Sierra al que se impone la mayor sanción de todas, 180.000 euros, además de inhabilitarlo por dos años para ejercer cualquier cargo directivo en una entidad financiera, mientras que a Juan Moreno se le sanciona con 50.000 euros y se le impone un año de inhabilitación.

El resto de 'patronos' de CajaSur, es decir, otros miembros del Cabildo Catedral de Córdoba presentes en los dos últimos consejos de administración de la desaparecida caja, que son a los que afecta el expediente, también han sido sancionados con dureza, en comparación con el resto.

Así, mientras que para la entidad en sí, que desde el pasado 1 de enero está en manos del Grupo BBK y se ha constituido en un banco (BBK Bank CajaSur), sólo ha previsto su amonestación pública, vía Boletín Oficial del Estado (BOE), para la mayoría de los citados 'patronos' de la entidad, el órgano supervisor ha decidido no archivar ninguna de las causas que les abrió.

Los casos en los que el Banco de España no ha archivado ninguna causa afectan a miembros del último consejo de administración de CajaSur que se opusieron a la fusión con Unicaja, lo que supuso la intervención de la caja, aunque otros miembros del consejo de administración de CajaSur, en minoría, sí expresaron su deseo de que se cerrase un acuerdo de fusión con la caja malagueña, como había instado el Banco de España.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) supervisará las agencias de calificación crediticia a partir del ejercicio 2011, según ha confirmado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha explicado que la iniciativa parte de la Unión Europea (UE) tras el cuestionado papel desempeñado por las agencias de rating en la crisis financiera. "Después de la crisis financiera la UE ha visto la necesidad de completar la regulación de las agencias de calificación, claves para la estabilidad del sistema financiero en tanto que evalúan la solvencia de una entidad o de un instrumento financiero", ha indicado.

La normativa establece la obligación para las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión de utilizar las calificaciones emitidas por agencias registradas o certificadas en virtud del reglamento para el cálculo de sus recursos propios.

España traspone así el reglamento europeo 1060/2009, que determina las condiciones organizativas y operativas que deben cumplir las agencias, así como su régimen de registro y supervisión. La reforma incluye además el régimen sancionador y el régimen de colaboración entre supervisores.

La CNMV ejercerá sus competencias de conformidad con lo que establezca la normativa de la UE y a partir de 2011 supervisará a estas entidades. Podrá imponer sanciones "sin perjuicio de la capacidad de otras autoridades competentes de la Unión Europea para imponer sanciones de acuerdo al reglamento 10/2009".

El Ministerio de Economía ha ratificado la sanción propuesta por el Banco de España al ex presidente de Caja Castilla La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó que establecía una inhabilitación de cinco años y una multa de 150.000 euros.

Las sanciones afectan a una veintena de consejeros de la entidad, a quienes el Banco de España propone multas superiores al millón de euros y que el ministerio de Economía también ha ratificado.

La decisión de Economía se conoce después de que el supervisor propusiera sancionar a los antiguos consejeros de CCM, que fueron cesados de sus funciones tras ser esta entidad intervenida el pasado 29 de marzo de 2009.

Las más elevadas corresponden al ex presidente de CCM y al ex director general Idelfonso Ortega al que demanda también 150.000 euros y cinco años de inhabilitación.

Los ex consejeros no se han tomado anda bien la decisión, sin embargo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, José Molina, ha subrayado como positivo el que las sanciones ratificadas por el Ministerio de Economía afecten tanto a los consejeros del PP como del PSOE.
En rueda de prensa, Molina insistió en que "todos y cada uno de los consejeros tiene responsabilidades administrativas similares y las sanciones tienen que ver exclusivamente con el tiempo que cada uno ha estado en los órganos de administración y los niveles de responsabilidad que han tenido".

Así, remarcó que esto "pone de manifiesto que todo lo que se ha hecho en el consejo de administración de CCM ha sido por unanimidad, y por lo tanto, los consejeros del PP tenían toda la información pero han hecho un cambio que tiene que ver con el día en que María Dolores de Cospedal decide que 'hay que ir a por Caja Castilla la Mancha'". En esta línea, insistió en que según el expediente del Banco de España "no hay ni un solo indicio de irregularidad ni administrativa, ni penal en el ámbito de la Junta de Comunidades".

El Banco de España impuso un total de 51 sanciones a entidades, siete más que en 2008, de las que nueve fueron muy graves, 24 graves y 18 leves, según la Memoria de Supervisión Bancaria 2009 publicada por la institución. Además, los órganos competentes resolvieron en 2009 los expedientes sancionadores tramitados contra 12 entidades y 43 miembros de sus órganos de administración. A ello se añade otro expediente tramitado a dos titulares de participaciones significativas de un sujeto supervisado.

Con dichas resoluciones se impusieron además 25 sanciones muy graves a administradores, directivos o titulares de participaciones significativas de una entidad supervisada y 85 de carácter grave a administradores.

Asimismo, durante 2009 el Banco de España decidió incoar expediente sancionador a 9 entidades y 43 de sus adminitradores y directivos, aunque estos expedientes no tienen carácter estrictamente sancionador. La relevancia de este tipo de procesos radica en que con ellos se evita que formen parte del sistema entidades que hayan cesado en su actividad o incurran en causa de pérdida de la autorización o de la homologación pertinente.

El Banco de España destacó que la actividad sancionadora de 2009 se ha mantenido dentro de los parámetros y tendencias de anteriores ejercicios en lo que respecta al número de expedientes tramitados y resueltos.

Durante el ejercicio se adoptó sólo una medida cautelar, consistente en la sustitución de los administradores de Caja Castilla-La Mancha. Además, en la cifra de actuaciones no se incluyen los seguimientos que se han realizado en los dos grandes grupos bancarios.

La memoria también dedica un epígrafe al análisis de las políticas supervisoras, en el que destaca la atención prestada a la política de remuneraciones de las entidades de crédito, como consecuencia de las iniciativas adoptadas en diferentes instancias internacionales, como el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS).

No obstante, resalta que debido al modelo de negocio que prevalece en España --banca comercial tradicional--, los bonus no representan un pordentaje elevado de los beneficios y no comprometen en ningún caso la solvencia de las entidades.

El Banco de España trata de encontrar la mejor opción para garantizar la continuidad de CajaSur después de intervenir la entidad y tras cesar al antiguo consejo de administración de la caja controlada por la Iglesia Católica, cuyas decisiones serán ahora investigadas y podrían derivar en sanciones.

Es la consecuencia directa de que la caja haya recibido una inyección de capital de unos 550 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para mantener su solvencia, lo que se produjo después de que la entidad no consiguiera cerrar su fusión con la malagueña Unicaja.

Una operación rechazada por el consejo de CajaSur pero que los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, piden al Banco de España que culmine como la mejor fórmula para la caja y el mantenimiento del empleo.

El supervisor cuenta con el respaldo de la patronal de cajas, la CECA, ya que el director general de esta organización, José Antonio Olavarrieta, respaldó la actuación del Banco de España y mostró su "plena confianza" en que el supervisor sabrá encontrar la mejor opción para la entidad cordobesa intervenida. Pero pese al cambio de administradores de CajaSur, las casi 500 oficinas de la entidad en España, principalmente en Andalucía, operaron hoy lunes con normalidad y, en general, con la confianza de sus clientes de que sus ahorros están mejor garantizados gracias a la intervención del supervisor.

El Banco de España ha propuesto una sanción de cinco años de inhabilitación para cargo público para el ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la caja, Ildefonso Ortega. Asimismo, propone multa de 150.000 euros para Hernández Moltó y entre 5.000 y 100.000 euros para el resto de ex consejeros. Los ex consejeros tendrán ahora que presentar las alegaciones que consideren oportunas ante esta propuesta de sanciones por parte del instructor del Banco de España.

Estas alegaciones serán estudiadas por el Consejo Ejecutivo del Banco de España que, a su vez, remitirá un informe al Ministerio de Economía y Hacienda, órgano encargado de establecer las sanciones definitivas. Está previsto que éstas se hagan públicas la próxima primavera.

El Banco de España decidió abrir el pasado mes de abril un expediente sancionador a los ex consejeros que formaron parte del consejo de administración de Caja Castilla La Mancha (CCM) entre 2005 y 2008, por la "deficiente gestión" que los responsables de la entidad llevaron a cabo, quienes no impusieron las medidas necesarias para evitar deficiencias. De ese expediente excluyó a Ángel Nicolás, Francisco Galán Polo y Emilio Loriente, nombrados miembros del consejo poco antes de la intervención.