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El primer ministro británico, David Cameron, está a favor de que los accionistas de las grandes empresas puedan vetar los altos salarios y las primas de los ejecutivos, sobre todo en momentos de crisis.

En una entrevista publicada en el dominical británico "The Sunday Telegraph", Cameron se mostró dispuesto a poner fin a las abultadas pagas que se aprueban los directivos entre ellos, incluso en casos en que las empresas terminan fracasando.

"El mercado para los altos directivos no está funcionando, tiene que ser resuelto. Demos poderes a los accionistas con la puesta en marcha de un voto directo sobre los paquetes salariales", dijo.

El primer ministro interviene así en la actual polémica por la diferencia salarial en las empresas en momentos en que se están recortando empleos y se congelan los sueldos.

El Gobierno de coalición entre conservadores y liberaldemócratas estudia esta situación y se espera que el titular de Empresas, Vince Cable, presente este año una serie de reformas.

Cameron, que ha aplicado fuertes medidas de austeridad para reducir el déficit, consideró injusto que los miembros de los consejos de administración reciban altos sueldos mientras el resto del país está obligado a ajustarse el cinturón por la crisis.

"Tenemos que redefinir la palabra 'justo'", subraya Cameron que insiste en la necesidad de transmitir a la población el propósito del gobierno de establecer "una más justa y mejor economía, una más justa y mejor sociedad".

Todos los partidos políticos han expresado la preocupación por los altos salarios de los directivos de empresa incluso cuando éstas no prosperan o registran pérdidas

El Gobierno ha decidido congelar en 2012 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 641,4 euros al mes. Los sindicatos ya han expresado su disconformidad.

Ésta es la propuesta que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha enviado a los agentes sociales, según han informado fuentes sindicales, y que será aprobada en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

UGT y CCOO pidieron por carta el pasado 15 de diciembre al Gobierno que elevara en 2012 el SMI por la pérdida de poder adquisitivo acumulado por esta renta en los ejercicios 2010 y 2011 y que, según los sindicatos, está cercana al 3 %. Y hoy los sindicatos han expresado hoy su rechazo a la congelación.

Este rechazo ha sido plasmado en una carta dirigida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social por los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer.

Los sindicatos aseguran que el SMI ha ido perdiendo peso sobre el salario medio desde 2007, cuando alcanzó su mayor peso relativo, 41,5 %, hasta caer al 41 % en 2010 y 2011.

Por ello, piden al Gobierno que el SMI recupere el poder de compra perdido estos dos últimos años y mantenga su capacidad adquisitiva en 2012

UGT ha acusado a la Asociación Española de la Banca (AEB) de "bloquear" la renovación de convenios colectivos en el sector por la crisis y ha amenazado con movilizaciones si en la nueva reunión que celebrarán el 14 de septiembre no se producen pasos "hacia el acuerdo".

"Esperaremos a la próxima reunión del 14 de septiembre para que la patronal concrete su propuesta en materia de salarios, retribuciones y pensiones, pero lamentablemente no podemos ser muy optimistas en la respuesta", explicó el sindicato en un comunicado.

Tras el encuentro entre las partes celebrado, UGT constató que la "estrategia" de la AEB es la misma que están siguiendo "miles de empresas": "bloquear" convenios a la espera de que puedan exigir sacrificios a los trabajadores.

Ante la negativa de la patronal a concretar el importe real de la masa salarial en banca y los conceptos que se corresponden con retribuciones extra-convenio (salario sin derechos), la central reprochó la propuesta de congelación salarial.

"Si vienen con propuestas de congelaciones salariales porque todo está muy mal, no entendemos que ni tan siquiera quieran darnos los datos sobre los que estamos hablando", lamentó el sindicato.

Un correo electrónico enviado por error reveló que algunos de los trabajadores temporales del banco intervenido Royal Bank of Scotland (RBS) cobran 2.000 libras al día (unos 2.290 euros), lo que ha provocado las críticas de los sindicatos y la oposición.

El documento adjuntado por error y enviado a más de 800 destinatarios por uno de los empleados de la empresa de trabajo temporal contenía los salarios de 3.000 trabajadores eventuales del banco británico, informó el diario "The Times".

Las cantidades cobradas por algunos de los contratados ascienden a las 2.000 libras diarias, lo que equivale a 500.000 libras (unos 530.000 euros) al año, lo que ha causado malestar entre los sindicatos y el Partido Laborista, ya que este banco fue intervenido por el Gobierno británico, que posee en este momento el 83 por ciento de sus acciones.

Los mayores honorarios corresponden a los trabajadores especializados en contabilidad, finanzas e información tecnológica, según "The Times".

El sindicato británico Unite recordó que el RBS anunció recientemente sus planes para despedir a 2.000 empleados en los próximos 18 meses.

El responsable del sindicato David Fleming criticó que el banco utilice contrataciones temporales en vez de invertir en la formación de sus trabajadores de plantilla.

El Portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, ha abogado por regular los altos salarios que cobran los directivos de la banca, porque "son un abuso" y "un insulto a la inteligencia de los ciudadanos".

"A mi no me parece que los directivos de las entidades financieras, algunas que están naciendo (en referencia a Bankia), se pongan salarios desproporcionados en una situación de enorme dificultad para el conjunto del país", afirmó. Así, Blanco se mostró partidario de someter estos salarios a algún tipo de control argumentando que "los abusos hay que reglarlos", a lo que añadió que "esto de que la crisis no va con ellos (los altos directivos) es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos".

Al mismo tiempo, el Portavoz del Gobierno apoyó el acuerdo de moderación de rentas propuesto por el candidato a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y argumentó que "no es mucho pedir" un pacto que signifique destinar una parte de "los beneficios y otras rentas" (en referencia a las rentas más altas) para crear empleo y garantizar una moderación salarial para mejorar la productividad. "No se trata de rebajar salarios, se trata de moderarlos", puntualizó.

Blanco se mostró seguro de que una medida en esta dirección tendrá una buena acogida en el conjunto de la sociedad, que quiere, a su juicio, "propuestas sensatas, aunque algunas le supongan alguna dificultad".

En cuanto a las jornadas de pánico viviendas en las Bolsas de todo el mundo desde finales de julio, el Portavoz del Ejecutivo apostó por una fuerte acción conjunta a escala multilateral para disipar la incertidumbre en los mercados y poner coto a los especuladores, como la aplicada por la autoridad bursátil europea de prohibir las ventas a corto en España, Francia, Italia y Bélgica durante 15 días.

La Comisión Europea ultima un drástico endurecimiento del régimen sancionador en el sector financiero que podría exponer a los ejecutivos a multas equivalentes al 10% de su salario anual y a las entidades a multas de hasta el 10% de su facturación anual.

Bruselas ya criticó a finales del año pasado las divergencias en los mecanismos de castigo que existen en los 27 países de la Unión y abogó por una armonización de mínimos para que todas las autoridades nacionales puedan imponer sanciones "efectivas, proporcionadas y disuasorias".

Las nuevas multas se aplicarán en primer lugar a las entidades que no proporcionen a los reguladores la información exacta sobre su situación financiera (reservas de capital, ratio de solvencia, endeudamiento, etc.)".

En esos casos, según la citada agencia, la legislación comunitaria establecerá una sanción mínima equivalente al 10% de la facturación de la entidad o de 5.000 euros en el caso de los ejecutivos responsables de la falta.

En la actualidad, algunos países prevén sanciones ilimitadas (como es el caso de Reino Unido o Dinamarca) mientras que otros castigan las mismas faltas con multas de menos de 150.000 euros.

En España, según un estudio reciente de la Comisión, las multas suelen calcularse en base a los fondos de la entidad castigada (hasta el 5%) o de los beneficios obtenidos con una práctica inadecuada.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha afirmado que la vinculación entre salarios y productividad debe ser el "fundamento" de la reforma de la negociación colectiva sobre la que están dialogando la patronal y los sindicatos.

En declaraciones a Onda Cero, Salgado incidió en que esto ya está sucediendo en los últimos años, en los que los salarios se están moderando, y añadió que no todos los convenios tienen como referencia la inflación y sí tienen en cuenta la productividad.

En este sentido, señaló que es la propia empresa, al ser más productiva o tener más beneficios, la que sabe si tiene capacidad para pagar mejor a sus trabajadores, un aspecto por el que abogó que se lleve a efecto "con carácter general".

Por ello, defendió que se incremente la flexibilidad en cada empresa, "que es la que conoce su situación económica", y subrayó que para competir con otra compañía es necesario tener mayor flexibilidad, tanto en el ámbito salarial como en el de los horarios. Salgado aseguró que hay que ponerse de acuerdo en cómo se arbitran estas ideas y que no se trata de suprimir los convenios colectivos, sino de adaptarlos.

Asimismo, la ministra de Economía afirmó que en el caso de que el BCE suba los tipos de interés, España lo podría absorber sin dificultades, si bien admitió que dependería del nivel del aumento. En su opinión, habría alguna complicación más, pero "muy en el corto plazo".

Las grandes empresas que operan en España -las que facturan más de seis millones de euros- lograron crear empleo en enero (0,3%) por primera vez desde mayo de 2008, mes en el que las empresas comenzaron a destruir empleo como consecuencia de la crisis. Según la estadística Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas elaborada por la Agencia Tributaria, las plantillas totales de las compañías que facturan más de seis millones de euros sumaron 4,5 millones de trabajadores.

La contracción de empleo se volvió a centrar durante enero en el sector de la construcción, donde se redujeron las plantillas un 7,7%, mientras que en la industria sin energía y agua la caída fue del 1,9%.

Mientras, el subsector de servicios a empresas escapó al ajuste de plantilla e incrementó su personal un 3,9%. Con todo, el mayor número de empleados en grandes empresas se siguió registrando en el sector servicios (3,2 millones de trabajadores).

Precisamente, el viernes pasado el Banco de España advertía de que si no se flexibilizan los salarios en el actual contexto de repunte de precios, el IPC continuará al alza socavando la competitividad y reduciendo la actividad económica y la creación de empleo.

Aún así, el sueldo medio cayó en los servicios a empresas, hasta un 2,8%, y en los transportes y comunicaciones (-0,8%), mientras que la construcción ajustó el sueldo un 0,1%. En la industria sin energía y agua, la retribución media aumentó todavía un 4,9% (2.402 euros brutos al año), en tanto que el comercio y la hostelería mejoró el poder adquisitivo de sus trabajadores un 1,2% (1.698 euros).

Desde el Gobierno se insiste en la moderación salarial como salida a la actual coyuntura económica. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado en más de una ocasión que España necesitará mantener durante "mucho tiempo" salarios moderados o "razonablemente moderados", de tal forma que los sueldos no crezcan nunca por encima de la productividad.

Además, la merma del poder adquisitivo de los trabajadores de las grandes empresas se haría más acuciante de confirmarse el dato adelantado del IPC de febrero, que sitúa el repunte de los precios hasta el 3,6%, y de proseguir las tensiones en el Norte de África que 'tiran' al alza del precio del petróleo.

Banca Cívica ha anunciado la firma de su acuerdo laboral, que supone la incorporación de Cajasol y establece las condiciones de reestructuración de la plantilla del grupo, que prevén 1.100 prejubilaciones en los próximos dos años, informó la entidad.

Según explica Banca Cívica, las prejubilaciones afectarán a aquellos empleados de 55 años o más, que conservarán el 83,5% de su salario bruto, aunque cada una de las cajas que integran el grupo -Navarra, Canarias, Burgos y Cajasol- pueden rebajar la edad mínima hasta los 54 años.

La firma del acuerdo, explica Banca Cívica, "refuerza las garantías de los trabajadores que pasan de las cajas al banco", de forma que garantiza las condiciones sociales de la caja de origen hasta el final del periodo negociador que debe desembocar en la firma de un convenio.

Asimismo, el acuerdo alcanzado minimiza la movilidad derivada de la reestructuración, que será "con carácter general" voluntaria, y fija las compensaciones en caso de que esa movilidad sea "necesaria", explica la nota.

En materia de armonización de los salarios en el grupo, el acuerdo fija un rango que toma como referencia el convenio nacional de cajas y que se irá aplicando progresivamente en el plazo de tres años.

Con este acuerdo, se emplaza a las partes a continuar la negociación durante el año 2011, cuando se negociarán el resto de aspectos laborales que terminarán de conformar el convenio laboral futuro de Banca Cívica

El ministro de Fomento, José Blanco, actual responsable de los temas de vivienda tras la remodelación del Gobierno, ha dicho que las entidades financieras tienen que ajustar "mucho más" los precios de los inmuebles para dar salida al 'stock' que han acumulado por impagados y para facilitar el acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquiler.

Blanco indicó que el ajuste del coste de la vivienda, que está evolucionando a la baja, tiene que ser aún "mayor" para que se acerquen "mucho más" salarios y precios, dado que ahora las diferencias son muy importantes.

"He puesto mucho énfasis en la accesibilidad a la vivienda. Hay una diferencia muy importante entre los salarios y lo que se paga, por tanto, tiene que haber todavía un ajuste mayor que acerque mucho más salarios y precios", subrayó Blanco, tras recuperar las competencias de Vivienda en la última remodelación del Gobierno.

El ministro, que atribuyó el incremento de los precios de los últimos años a la Ley del Suelo del PP --"que convirtió a España en un solar"-- y a los incentivos fiscales, señaló que la prioridad del Gobierno es la rehabilitación para dar salida a los desempleados del sector de la construcción