24 / 02 / 2010. Caja Madrid vuelve a enfrentar a Aguirre y Gallardón
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, han pedido investigar si existen pruebas de que el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, aprobó que la entidad financiara los recursos judiciales presentados por el Ayuntamiento de Madrid contra la Ley autonómica de Cajas, después de que el diario El Mundo publicara una información según la cual el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se sirvió del dinero de Caja Madrid para plantear una batalla política por el control de la entidad financiera contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La jefa del Ejecutivo madrileño ha afirmado que "la finalidad de la Caja no era de ninguna manera mantener a Blesa en la Presidencia transcurridos 13 años". Asimismo, ha insistido en que es necesario comprobar si hay pruebas sobre los hechos dado que, utilizar los fondos de Caja Madrid para fines distintos a los de la propia entidad sería un asunto "muy grave".
Por su parte, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, ha considerado que habrá que investigar y observar responsabilidades para verificar si se ha utilizado dinero de los ciudadanos para financiar los recursos judiciales presentados por el Ayuntamiento de Madrid.”Si se ha utilizado dinero de los ciudadanos, porque el dinero de Caja Madrid es dinero de los ciudadanos, para una cosa de éstas, evidentemente habrá que investigar y observar responsabilidades".
Según el mencionado diario, el ex presidente de Caja Madrid financió el pasado año los recursos judiciales presentados por el Ayuntamiento de Madrid contra la Ley de Cajas impulsada por Aguirre. Y es que el Ayuntamiento necesitaba apoyo para contar con los mejores abogados en el gran proceso legal necesario para desmontar la nueva Ley de Aguirre y que no fuera aplicada a las elecciones en la caja de 2009.
Y es que Gallardón y Blesa tenían intereses coincidentes. El alcalde quería evitar que la nueva normativa de la caja recortara de 70 a 24 el número de representantes del Ayuntamiento en la asamblea de la entidad y Blesa quería frenar a toda costa la nueva normativa, porque, en su opinión, perjudicaba sus posibilidades de reelección.