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El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, aseguró que su banco se recapitalizará en los plazos fijados y con sus propios instrumentos, al tiempo que pidió estabilidad en la regulación de las entidades financieras para evitar el riesgo de reducir el flujo del crédito en la economía.

Creo que en este momento sería muy importante que todas las autoridades fueran conscientes de la necesidad de una estabilidad regulatoria", sobre todo porque "el crecimiento del crédito es cada vez más débil" en Europa, declaró Rato a la prensa en París, donde participó en un seminario del Instituto Nicolas Berggruen.

Preguntado sobre si eso significa que hay riesgo de un cierre del grifo del crédito, respondió que "todas las entidades somos conscientes de que tenemos una responsabilidad con la sociedad" y de que el negocio de los bancos es "dar créditos".

"Pero también es cierto que sin resolver los problemas de financiación de la economía y con los mercados globales mayoristas en condiciones muy difíciles, por no decir cerrados, la financiación de las entidades se hace muy compleja. Y medidas regulatorias pueden incidir en la misma dirección", advirtió.

Aseguró que en Bankia "tenemos recursos suficientes como para responder a este nuevo requerimiento de las autoridades regulatorias, en este caso europeas, y tomaremos nuestras medidas para hacerlo en el plazo que han establecido las autoridades, de aquí al 30 de junio, en beneficio de nuestros accionistas, así como de todos los intereses que representamos".

Italia introducirá un impuesto para gravar las transacciones financieras. El Gobierno italiano aprobará este jueves la instauración de una tasa del 0,15% sobre las transacciones financieras en el marco de su nuevo plan de austeridad, según fuentes gubernamentales.

El Gobierno debe aprobar también una subida del impuesto sobre los beneficios obtenidos por los bancos de sus actividades en los mercados financieros, según la misma fuente.

La Comisión Europea ha propuesto crear una tasa sobre las transacciones financieras, a imitación de la tasa Tobin, y un nuevo IVA comunitario para financiar el presupuesto de la UE del periodo 2014-2020 y reducir así las contribuciones directas de los Estados miembros, que en la actualidad representan casi dos tercios del total.

Los dos nuevos impuestos europeos podrían generar alrededor de 60.000 millones de euros a la altura de 2020, según ha explicado el comisario de Presupuestos, Janusz Lewandowski.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha asegurado que se trata de aumentar los recursos propios de la UE y evitar la percepción de países "ganadores y perdedores" en las negociaciones sobre el presupuesto comunitario. En paralelo, Bruselas propone "simplificar" las compensaciones que reciben algunos países contribuyentes, como el cheque británico, aunque no suprimirlas.

Las entidades han captado menos recursos, ya que en abril los nuevos depósitos descendieron en 7.000 millones de euros si se compara con abril del pasado año, y en 2.200 millones de euros en comparación con marzo de este año, según los últimos datos publicados por el Banco de España

En lo que va de 2011, el importe más alto se alcanzó en marzo, con casi 38.000 millones de euros en nuevos depósitos. No obstante, desde mediados de 2010 los recursos que las entidades son capaces de captar del mercado quedan muy lejos de los niveles que se registraban a comienzos de 2010, cuando se situaban en torno a los 45.000 millones de euros.

La entidades tendrán que echarle imaginación a sus campañas comerciales a partir del próximo mes de julio si desean seguir captando nuevos clientes, ante la entrada en vigor de la prohibición para elevar por encima de unos límites la remuneración de los depósitos.

En concreto, la remuneración no debe exceder en más de 150 puntos básicos el Euríbor a tres meses para productos con un plazo igual o inferior a tres meses, y en más de 150 puntos básicos el Euríbor a seis meses si lo son por plazo superior a tres meses e inferior a un año. En caso de depósitos de plazo igual o superior a un año, el tipo de interés no puede esceder en mas de 100 puntos básicos el Euríbor a doce meses

Caja Navarra cerró el ejercicio 2010 con un volumen de 11.970,9 millones de euros en los recursos administrados minoristas, lo que supone un crecimiento del 2,80% respecto al año anterior y un excelente comportamiento frente a la media del sector financiero español, que aumentó apenas un 0,3%.

Entre los recursos administrados minoristas destacan los incluidos dentro de balance, depósitos y cuentas a la vista, principalmente, que se situaron en 8.430 millones de euros tras experimentar un incremento del 7% frente al 0,5% registrado por la media del sector.

La tendencia de crecimiento de Caja Navarra también continúa en 2011, ya que en el primer trimestre los recursos minoristas han aumentado un 0,99% respecto al trimestre anterior llevando el volumen administrado hasta los 12.089 millones de euros.

Estos datos revelan un crecimiento interanual (de marzo de de 2010 a marzo de 2011) del 3,77%, con un comportamiento especialmente positivo en los recursos de balance, que han experimentado un crecimiento del 7,52% en los últimos doce meses.

Por otro lado, Caja Navarra ha registrado también un incremento destacable en los recursos administrados minoristas fuera de balance en 2010. Entre éstos, cabe subrayar el comportamiento de los fondos de inversión, con un importe de 2.036 millones de euros, que representan una cuota de mercado del 1,50% frente al 1,36% registrado un año antes. Este avance es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, por tamaño, Caja Navarra representa en torno al 0,7% del sector financiero español, por lo que la cuota de mercado en fondos de inversión es el doble de la que le correspondería.

El Servicio de Estudios de BBVA calcula que el sistema financiero español necesita una inyección de capital de entre 13.000 y 17.000 millones de euros para que las entidades alcancen un capital básico (‘core capital’) del 8%, porcentaje que podría ser superior en algunos casos.

Así lo indicado en la presentación del informe “La situación de España” el economista jefe para España de BBVA Research Rafael Doméneq, quien ha considerado que estas necesidades de financiación a las que da lugar el plan de reforzamiento del sistema financiero “son asumibles”. No obstante, el experto ha indicado que una parte del sistema podría necesitar financiación adicional en el futuro, por una cuantía limitada, ya que este cálculo se ha hecho con la información disponible hasta el 31 de diciembre de 2010.

Con esta aportación de capital, que según BBVA “preferiblemente debería ser privado” el sistema financiero quedaría en su conjunto con un capital básico (‘core capital’ o porcentaje de capital y reservas del que se puede disponer inmediatamente frente a las deudas de la entidad financiera por sus operaciones.) del 9%, “muy por encima de los sistemas bancarios de otros países europeos. De hecho, la simulación de este capital básico en 2011 y 2012 muestra que solo un reducido número de entidades estaría por debajo del 6%.

Eso si, el cálculo de BBVA se ha hecho con criterios muy diferentes a los de otros analistas, cuya media cifra las necesidades en unos 60.000 millones de euros. Y está acotado temporalmente utilizando la información disponible a 31 de diciembre de 2010. De este modo, las estimaciones de analistas difieren en distintas hipótesis como el horizonte temporal, las pérdidas esperadas por carteras, el beneficio antes de provisiones o el capital básico minimo, por ejemplo. De ahí que puede haber una diferencia tan ostensible entre los cálculos del banco y los del resto de expertos.

A juicio de BBVA Research, los nuevos requisitos de capital propuestos por el Gobierno -que imponen un capital básico mínimo del 8%- “van en la dirección correcta” y entre sus ventajas destaca el diseño de una hoja de ruta clara para la capitalización y el apoyo a la entrada de capital privado en las entidades financieras. La recapitalización inmediata mediante la entrada de capital privado, en este sentido, aumentaría la credibilidad frente a los mercados internacionales.

El vicepresidente del Grupo Santander, Matías Rodríguez Inciarte, se mostró confiado en que los inversores privados estarán interesados en entrar en el capital de las cajas de ahorro, con lo que estas entidades podrán alcanzar así los nuevos recursos de capital que anunció el Gobierno.

Rodríguez Inciate hizo esta consideración durante su intervención en la jornada "La banca tras la reestructuración: Desafíos y oportunidades en un nuevo escenario", organizada por el IE Business School y PwC, en la que destacó que el sector financiero español ha demostrado a lo largo de la historia "que bien gestionado es rentable, y por lo tanto es de potencial interés para cualquier inversor".

En este sentido, y preguntado por la nueva norma que anunció esta semana el Ejecutivo y que prevé que el Estado entrará como accionista en las cajas de ahorros y bancos que no logren recursos suficientes en el mercado antes de otoño, el vicepresidente del Grupo Santander manifestó que los inversores estarán interesados.

Aseguró que hay que dar a conocer este potencial de rentabilidad a los inversores y llevar a cabo su reestructuración, un proceso de consolidación que según dijo, ya se ha hecho en las cajas, "pero puede que se tenga que hacer más".

Señaló como necesario hacer un mayor ejercicio de transparencia sobre los activos de estas entidades. El vicepresidente del Banco Santander también puso de manifiesto que las ayudas públicas que ha recibido el sector financiero español han sido limitadas, por lo que cualquier cifra que se añada "es perfectamente asumible".

Banco Popular y Credit Mutuel han obtenido todas las autorizaciones pertinentes para desarrollar su plataforma bancaria, que cuenta con 123 sucursales en España, según ha informado el banco que preside Ángel Ron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Se han culminado todos los requisitos regulatorios previos para la conclusión exitosa de la operación", dice el banco español en alusión a la alianza estratégica sellada entre ambas entidades.

Banco Popular y Credit Mutuel firmaron una alianza a largo plazo para prestar servicios conjuntos a sus clientes en sus principales mercados estratégicos (Francia, Alemania, España y Portugal), que contará con un 'core capital' del 13%, unos préstamos de 2.000 millones de euros y unos 1.700 millones en recursos de clientes.

Además, en virtud de este acuerdo, Crédit Mutuel pasará a ser accionista de referencia de Banco Popular, con una participación del 5%, que tomará una vez concluida la transacción y obtenidas las autorizaciones pertinentes.

La plataforma tratará de aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presenten en el mercado ibérico, mediante la participación en el proceso de reorganización y consolidación actualmente en marcha en el sector financiero español. A cambio de su participación en la nueva entidad, Crédit Mutuel invertirá 312 millones de euros, lo que sitúa el valor del banco de nueva creación en 625 millones de euros. Los recursos propios serán de 258 millones de euros.

Santander está buscando nuevas fórmulas para hacer caja y entre ellas están los planes de sacar a bolsa el 20% de su negocio en Reino Unido, una operación que podría reportar a la entidad 3.580 millones de euros (3.000 millones de libras), según informa el rotativo Financial Times.

La operación podría concretarse en otoño y los fondos recaudados servirían para que la entidad se reforzase financieramente de cara a hacerse con las sucursales de Royal Bank of Scotland puestas a la venta tras el rescate de este banco, y continuar así con su proceso de expansión. En este sentido, FT asegura que la entidad cántabra planea colocar en bolsa el 20% de su negocio en Reino Unido, que ha ido creciendo poco a poco con las compras de Abbey, Alliance & Leicester y un parte del banco de Bradford & Bingley.

La operación, en todo caso, aún está por decidir y dependerá de si hay mejoras o no en el ritmo de recuperación económica. La opción no será nueva para el banco que preside Emilio Botín, pues el año pasado ya puso en el mercado su filial brasileña, en una OPV por la que obtuvo cerca de 7.000 millones de dólares. El pasado mes de junio, Santander confirmó una oferta de 2.180 millones de euros para hacerse con las 318 sucursales que Royal Bank of Scotland puso a la venta a finales del año pasado en Reino Unido. Según la propia entidad, esta operación encaja estratégicamente en los planes de integración de Santander.

Hay que recordar que Bruselas exigió a RBS la venta de estas oficinas como una condición indispensable para que la entidad escocesa recibiera ayuda financiera en 2008 por parte del gobierno, evitando así su colapso.

Podría parecer otra cosa, pero según una información de Europa Press, el Gobierno no teme que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Xunta de Galicia contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y los que prevén presentar las comunidades de Madrid, Cataluña y Extremadura obstaculicen la reordenación financiera en España ni las fusiones entre cajas de ahorros.

El rechazo de estas comunidades autónomas al instrumento ideado por el Gobierno para apoyar la viabilidad de las entidades financieras con problemas de liquidez, financiación, deterioro de activos o morosidad, entre otros, radica en que consideran que el FROB invade sus competencias. No obstante, el Ministerio de Economía y Hacienda sostiene que todos los informes de que dispone avalan el respeto del FROB a la Constitución, mientras que dichas autonomías estiman que supone una injerencia a sus competencias, sobre todo a la hora de decidir sobre las uniones y fusiones de cajas de ahorros.

La mediación llevada a cabo desde hace meses por el Ministerio de Política Territorial que dirige Manuel Cháves con estas comunidades autónomas no ha dado fruto, tal y como pone de manifiesto su intención de recurrir el FROB ante el Constitucional.

Si el Tribunal Constitucional admitiese a trámite algún recurso de los que se presenten contra el FROB, éste instrumento no quedaría paralizado. Sólo los recursos de inconstitucionalidad que presenta el Gobierno tienen la potestad de impugnar las normas dictadas por las comunidades autónomas, como ha sucedido con la ley de cajas gallega. La impugnación produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, han pedido investigar si existen pruebas de que el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, aprobó que la entidad financiara los recursos judiciales presentados por el Ayuntamiento de Madrid contra la Ley autonómica de Cajas, después de que el diario El Mundo publicara una información según la cual el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se sirvió del dinero de Caja Madrid para plantear una batalla política por el control de la entidad financiera contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha afirmado que "la finalidad de la Caja no era de ninguna manera mantener a Blesa en la Presidencia transcurridos 13 años". Asimismo, ha insistido en que es necesario comprobar si hay pruebas sobre los hechos dado que, utilizar los fondos de Caja Madrid para fines distintos a los de la propia entidad sería un asunto "muy grave".

Por su parte, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, ha considerado que habrá que investigar y observar responsabilidades para verificar si se ha utilizado dinero de los ciudadanos para financiar los recursos judiciales presentados por el Ayuntamiento de Madrid.”Si se ha utilizado dinero de los ciudadanos, porque el dinero de Caja Madrid es dinero de los ciudadanos, para una cosa de éstas, evidentemente habrá que investigar y observar responsabilidades".

Según el mencionado diario, el ex presidente de Caja Madrid financió el pasado año los recursos judiciales presentados por el Ayuntamiento de Madrid contra la Ley de Cajas impulsada por Aguirre. Y es que el Ayuntamiento necesitaba apoyo para contar con los mejores abogados en el gran proceso legal necesario para desmontar la nueva Ley de Aguirre y que no fuera aplicada a las elecciones en la caja de 2009.

Y es que Gallardón y Blesa tenían intereses coincidentes. El alcalde quería evitar que la nueva normativa de la caja recortara de 70 a 24 el número de representantes del Ayuntamiento en la asamblea de la entidad y Blesa quería frenar a toda costa la nueva normativa, porque, en su opinión, perjudicaba sus posibilidades de reelección.