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Novagalicia Banco ha elaborado un plan de reducción de gastos de explotación cifrado en 50 millones de euros en costes de personal para mejorar su eficiencia, que también incluye el cierre de 110 sucursales. Fuentes de la entidad financiera han informado hoy de que este objetivo se ha presentado esta mañana a los representantes sindicales con la intención de alcanzar "el mayor grado de consenso posible".

En el curso de la negociación, el banco anuncia estudiará medidas de ahorro por la vía de la reducción de plantilla así como de disminuciones salariales progresivas, con mayor impacto en las retribuciones más elevadas.

Por medio de un comunicado, la entidad informa de que las medidas de ajuste que afectan a la plantilla se concentran esencialmente en el redimensionamiento de los servicios centrales y en los empleados afectados por el proceso de optimización.

Los servicios centrales de Novagalicia que están concentrados en sus sedes de Vigo, A Coruña y, en menor medida, en Madrid, se adecuarán al tamaño medio del resto del sector financiero.

Para ello, la entidad calcula que deberán tener una dimensión no superior a los 1.325 profesionales. La entidad también anuncia que la red comercial se redimensionará desde sus 332 sucursales actuales hasta alcanzar un tamaño de 222 oficinas (disminución de 110 sucursales), lo que considera que le permitirá "operar en todas las provincias y en las principales ciudades españolas con una mejor estructura de costes".

La Comisión Europea ha propuesto reducir un 5% la plantilla de 55.000 personas de todas las categorías que trabajan en la actualidad en las diferentes instituciones europeas, es decir, unos 2.750 puestos menos, aumentar su jornada laboral de las actuales 37,5 horas semanales de media hasta las 40 horas y retrasar la edad de jubilación de su personal de los actuales 63 a 65 años de aquí a 2020 con el objetivo de lograr 1.000 millones de euros en ahorro de personal.

La Comisión Europea también propone crear una nueva cláusula de excepción para permitir que las instituciones europeas puedan encarar mejor una crisis económica como la actual y complementar esta cláusula con la introducción de un nuevo gravamen de solidaridad del 5,5%, que sería aplicable a partir del 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020, tanto a los salarios como a las pensiones.Con el objetivo de ahorrar costes a largo plazo, la Comisión también ha propuesto un cambio en el método de cálculo para ajustar salarios y pensiones. Bruselas propone en este sentido que el poder adquisitivo del personal comunitario se calcule a partir de la cesta de la compra nacional media de diez países en lugar de los ocho actuales y ajustar el coste de vivir en Bruselas a partir del índice de inflación nacional de Bélgica y Luxemburgo y no como hasta ahora con el índice internacional de Bruselas.

La Comisión Europea también propone aumentar la edad mínima para la jubilación anticipada con reducción prevista de su pensión de los actuales 55 a 58 años, el mismo aumento para el personal que mantiene su pensión completa aunque se limitará a la mitad de las personas que ahora se benefician de este segundo régimen, unas 80 personas en la actualidad, según han informado fuentes del Ejecutivo comunitario. También quiere aumentar la edad de jubilación de los actuales 63 a 65 años y propondrá incentivos para que el personal encuentre atractivo prolongar su periodo activo hasta los 67 años.

El consejo de administración de Caja Madrid decidió recortar una media del 22% la retribución variable con cargo a 2010 que cobrarán cerca de cien directivos de la entidad con una actividad más ligada a la evolución de los resultados de la institución financiera. Y es que la semana pasada el consejo de administración optó por aplicar una reducción mayor que la del resto de la plantilla en la retribución variable de los que tienen más responsabilidades, entre ellos su presidente, Rodrigo Rato.

Caja Madrid destaca que es la primera vez que su consejo de administración modifica los baremos para determinar la parte variable de la retribución de sus directivos y los adapta a su responsabilidad ejecutiva. La decisión fue tomada "voluntariamente" por el consejo de administración.

Desde Caja Madrid justifican que la medida se adoptó por "razones de ejemplaridad y coherencia con la política de contención de gastos sin menoscabo del reconocimiento del esfuerzo del trabajo realizado por los afectados".

La decisión se suma a las últimas tomadas por la entidad, que en septiembre decidió reducir un 5 % las dietas de los miembros de la Asamblea general, el consejo de administración o las distintas comisiones; y recientemente suprimió el incentivo a largo plazo para la alta dirección durante el periodo 2004-2007, cuando la caja estaba presidida por Miguel Blesa.

Por otro lado, el consejo de administración no modificó la retribución variable del resto de empleados de Caja Madrid que, no obstante, fue de media un 19 % inferior a la de 2009, por la menor consecución de objetivos.

La elevación de 65 a 67 años de la edad de jubilación debe tener una "prioridad alta" en la reforma de las pensiones en España, que además debe incorporar otras medidas para contener el gasto. Además, esa reforma debe, a largo plazo, vincular los derechos de pensión a la evolución de la esperanza de vida, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un informe dedicado a España. El cálculo de esos derechos de pensión debe tener en cuenta, además, toda la vida laboral de los beneficiarios y no sólo una parte.

Los autores del informe advierten de que "España afronta un dramático incremento" del gasto público a causa del envejecimiento de su población entre 2030 y 2060 en un contexto en que su sistema de pensiones es más generoso que el de otros países en relación con las contribuciones de los cotizantes.

Por otro lado, la reforma del mercado laboral en España supone la "piedra angular" en el proceso de reequilibrio de la economía española, ya que permitirá mejorar su competitividad, según apunta la OCDE, que insta a reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales, para lo que propone adoptar un modelo de contrato único.

"La reforma sería más efectiva si estos dos tipos de contrato convergen, lo que podría lograrse con la introducción de un contrato único con indemnización creciente, que podría incluso llegar a reemplazar al sistema actual", recomienda la institución en la última edición de su encuesta económica sobre España.

Asimismo, la organización internacional afirma que si estas medidas fracasan a la hora de facilitar significativamente a las empresas la consideración de "procedente" de los despidos, entonces serán necesarios nuevos progresos en este sentido, así como para reducir la duración de los trámites judiciales.

Tras el “tijeretazo” del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a meter presión a España y pide que acometa medidas económicas "urgentes y decisivas" para hacer frente a una "débil y frágil recuperación". "La economía española necesita reformas de amplio calado y exhaustivas", señala el fondo en las conclusiones iniciales de su última visita a España, como parte de la revisión anual que la entidad hace de la economía del país.

"Los desafios son importantes", ya que España tiene "un mercado laboral disfuncional, una burbuja inmobiliaria que se desinfla, un elevado déficit fiscal, un endeudamiento exterior y del sector privado fuerte, un crecimiento de la productividad anémica, una baja competitividad y un sector bancario con señales de debilidad". Entre las medidas está una reforma "radical" del mercado laboral, consolidación fiscal y la reestructuración del sistema bancario.

El organimo que dirige Dominique Strauss-Kahn destaca que la economía española necesita reformas amplias y de largo alcance, que favorezcan el crecimiento, aunque reconoce que las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno son "ambiciosas" y refuerzan la consolidación fiscal.

Así, el Fondo "respalda plenamente" el paquete de medidas adoptado por el Gobierno, incluyendo el recorte aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros, que fortalece "significativamente" el planeado ajuste fiscal y mejora la credibilidad por la asunción de medidas concretas y audaces, como el recorte de salarios en el sector público.