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Las autoridades reguladoras de Estados Unidos cerraron dos bancos en los estados de Nebraska y Utah, con lo que ya son 87 los declarados en bancarrota, en lo que va de año.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, en inglés) informó en un comunicado de los cierres de Mid City Bank, con sede en Omaha (Nebraska) y de SunFirst Bank, localizado en Saint George, (Utah).

El primero tenía 106,1 millones de dólares en activos y 105,5 millones en depósitos, que serán asumidos por el banco Purdum State, basado en la localidad de Purdum también en Nebraska.

El segundo poseía 253 millones en depósitos, que serán asumidos en su totalidad por el banco Cache Valley de la localidad de Logan, y 288 millones en activos, de los cuales esa misma entidad asumirá 177,3 millones.

Además, la FDIC y Cache Valley Bank acordaron compartir el peso de las pérdidas de 128,9 millones de dólares en los activos de SunFirst Bank

Pese a estas últimas bancarrotas, el número de cierres ha bajado este año considerablemente con respecto a 2010, que el 1 de noviembre de ese año ya había registrado 143 quiebras. En total, las autoridades reguladoras de EE.UU. cerraron un total de 157 bancos en 2010, el mayor número en un año desde la crisis de ahorro de 20 años atrás.

En un informe difundido en agosto, la FDIC reveló que el número de bancos con problemas en EE.UU. bajó por primera vez desde 2006 en el segundo trimestre de este año, un periodo en el que también disminuyó la cifra de entidades quebradas.

Los bancos con problemas pasaron de 888 entre enero y marzo a 865 de abril a junio, un trimestre en el que quebraron 22 entidades, frente a las 18 del anterior.

El secretario del Tesoro de EEUU, Timothy Geither, ha urgido a los líderes europeos a que detengan "la amenaza de una cascada de quiebras bancarias" y a que actúen junto con el Banco Central Europeo (BCE) para demostrar un "compromiso inequívoco".

La amenaza de una cascada de quiebras bancarias y riesgos catastróficos debe ser sacada de la mesa, ya que de otro modo socavará los esfuerzos europeos y globales", afirmó Geithner en su intervención en el Comité Financiero y Monetario del FMI.

Para Geithner, las tensiones financieras y de deuda soberana en Europa son "los principales riesgos" que enfrenta ahora la economía mundial.

El secretario del Tesoro de EEUU, que participó la pasada semana como invitado en la reunión de los ministros de Economía de la Eurozona (Ecofin), aseguró que las acciones tomadas en los últimos meses en Europa han sido "importantes".

"Pero son necesarias más medidas para expandir la capacidad de estos compromisos y crear un cortafuegos contra mayores contagios", explicó.

Geithner aconsejó el trabajo conjunto del BCE y los gobiernos europeos para asegurar "financiación asequible" de gobiernos y bancos para "recuperar la confianza".

"Las decisiones acerca de cómo encarar de manera concluyente los problemas de la zona euro no pueden esperar a que la crisis se haga más severa", agregó.

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, ha tenido que salir en defensa de los bancos españoles durante su comparecencia en el Parlamento Europeo. El parlamentario independiente austriaco Hans-Peter Martin ha puesto en duda la fiabilidad de los datos del sector financiero español y le ha preguntado por la posibilidad de que el Santander y el BBVA quiebren. "No creo de ninguna manera que la premisa de trabajo que usted tiene sobre los bancos españoles sea adecuada, por lo que yo sé", ha respondido.

Trichet tampoco ha querido valorar las declaraciones del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, en las que aseguraba que hay dudas en los mercados sobre España, y ha insistido en que "para todos los países sin excepción", incluyendo a Alemania, las "reformas estructurales que eleven el potencial de crecimiento son muy importantes".

"No creo que la estabilidad financiera de la zona pueda ser puesta en entredicho de manera grave; ahora es un problema, pero no de forma grave", afirmó en una comparecencia ante la comisión de asuntos económicos y monetarios del Parlamento Europeo. Respecto a la posibilidad de ejercer medidas adicionales, Trichet señaló que "nosotros tenemos una política monetaria, que tiene por objeto garantizar la estabilidad de precios, y las medidas no-estándar están ahí para permitir, cuando sea necesario, un mejor funcionamiento cuando los mercados están obstaculizados".

La Cámara alta alemana ha aprobado imponer una tasa a la banca del país, para crear un fondo de reservas que sirva para hacer frente futuras crisis. La nueva tasa que deberán abonar todos los institutos financieros, con excepción de algunos bancos de fomento y el banco de pensiones agrícolas, posibilitará la creación de un fondo de hasta 70.000 millones de euros para hacer frente a eventuales riesgos de quiebra.

La ley incluye igualmente un nuevo proceso de insolvencia bancaria a fin de facilitar y agilizar el saneamiento de aquellas entidades que se vean sumergidas en dificultades financieras.

El Bundesrat, al igual que el Bundestag -la Cámara baja- hace un mes, aprobó limitar a 500.000 euros el salario anual de los empleados de aquellos institutos que necesiten de apoyo estatal para su saneamiento. En aquellos bancos en los que el Estado participe con un 75 por ciento o más de su capital no se abonará bonificación alguna a sus empleados.

Los analistas estiman que este proyecto de ley se convertirá en un instrumento de garantía para el mundo bancario, que hasta el momento confiaba en que los estados nunca les dejarían caer en la bancarrota por su propia seguridad.

La cuantía de la tasa dependerá del volumen de negocio de las entidades así como de las ramificaciones que el banco tenga a través de las redes financieras. Según el Gobierno, el fondo contará con unos ingresos anuales de 1.300 millones de euros. Sólo en 2006, el año antes de la crisis, las entidades bancarias sumaron unos beneficios de 1.300 millones de euros.

La mayor parte de las aportaciones vendrá de grandes entidades como Deutsche Bank o el Commerzbank.

La Comisión Europea propondrá el próximo miércoles 26 de mayo crear una red armonizada de fondos nacionales de todos los Estados miembros. Estos fondos se utilizarán para sufragar la liquidación ordenada de bancos quebrados para evitar que sean los contribuyentes los que asuman los costes.

La creación de esta tasa bancaria ya fue reclamada el pasado mes de marzo por el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, para facilitar la gestión de quiebras y evitar la inestabilidad en el sistema financiero. Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, pidió cautela a la hora de implantar este nuevo mecanismo para no poner en riesgo la recuperación.

El Ejecutivo comunitario defenderá que los Estados miembros adopten un enfoque común a la hora de crear estos fondos de resolución nacionales para evitar distorsiones de competencia y mejorar la capacidad de gestión de crisis transfronterizas. La tasa bancaria será examinada por los ministros de Economía de la UE en su reunión de junio y también por los líderes del G-20 en la cumbre que se celebrará en junio en Toronto.

"El objetivo es garantizar que las instituciones financieras sean las primeras en contribuir a los costes de futuras crisis", dijo el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, en un discurso reciente. "La prevención resulta menos cara que la reparación", resaltó. Barnier aclaró además que "en ningún caso se trata de crear un seguro para los bancos".

El Instituto de Finanzas Internacionales, que agrupa a los principales bancos del mundo, ha rechazado la propuesta del FMI de imponer dos gravámenes al sector financiero para pagar por futuros rescates y desincentivar la toma de riesgo. El director gerente del Instituto, Charles Dallara, expresó la oposición de la asociación en una carta enviada al G-20, de donde salió la idea original.

“Cualquier obligación financiera adicional impuesta al sector bancario no debe socavar su capacidad para proporcionar crédito para sostener la recuperación, particularmente en un momento en el que incorpora nuevos requisitos sobre su nivel de reservas y liquidez” asegura el Instituto.

El FMI propuso un impuesto que inicialmente pagarían todas las entidades financieras por igual y que posteriormente variaría según el nivel de riesgo asumido por cada una. Los ingresos se acumularían en un fondo para costear futuros rescates de la banca o entrarían como ingresos corrientes a las arcas públicas. El segundo impuesto gravaría los sueldos y bonificaciones que pagan las entidades financieras, así como sus beneficios.

Dallara señaló que, a su juicio, la existencia de un fondo para pagar por futuros rescates haría más difícil que los gobiernos dejaran quebrar a los bancos, lo que es necesario para mantener la disciplina del mercado. El director gerente del Instituto afirmó que en lugar de los impuestos, los gobiernos deben acordar un sistema internacional para desmantelar grandes entidades financieras.

El Fondo apoya la creación de un mecanismo de ese tipo, pero propuso combinarlo con los nuevos impuestos. El organismo deberá presentar un informe final al respecto en la cumbre presidencial del G-20 en junio próximo, después de la falta de consenso sobre el tema en el encuentro ministerial del Grupo, llevada a cabo el viernes.

Estados Unidos, Francia y Reino Unido están a favor de la idea, mientras que Brasil y Canadá se han manifestado en contra.

La ministra francesa de Economía y Finanzas, Christine Lagarde, ha señalado que su Gobierno estudia poner un impuesto a los bancos cuya recaudación se utilizaría en caso de quiebra de una entidad financiera.

Lagarde se ha declarado a favor del "principio" de ese tipo de tasa, pero "no necesariamente" como el caso de Alemania, cuyo Gobierno ha decidido que debería alimentar un fondo de alrededor de 1.000 millones de euros al año.

En Francia se barajan dos posibilidades: un fondo de garantía para intervenir en caso de bancarrota o la dedicación de la recaudación al presupuesto del Estado dado que son estos "los que están obligados" a acudir a salvar las entidades financieras en dificultad. La ministra ha indicado que "es una idea en la que trabajamos en Francia desde hace varios meses" y sobre la que se ha discutido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al que se ha pedido que haga "propuestas".

En concreto, añadió, el FMI debe dar a conocer una serie de recomendaciones que permitan "recuperar el dinero público que se ha empleado para ayudar a los bancos y a las otras entidades financieras durante la crisis".

Hay que recordar que el presidente estadounidense, Barack Obama, anunció el pasado 14 de enero un impuesto a medio centenar de grandes bancos para recuperar hasta 117.000 millones de dólares.

Francia, por su parte, de común acuerdo con el Reino Unido ha establecido una tasa que grava las primas de los operadores de mercados y los grandes directivos bancarios (sin carácter indefinido) que inicialmente debía financiar el fondo de garantía de depósitos, pero que al final irá a la financiación de pequeñas y medianas empresas.

El eterno enfrentamiento entre cajas y bancos tiene pinta de no ir a menos. Lo último ha sido que el presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, ha arremetido duramente contra el comportamiento de las cajas en la crisis financiera.

Martín ha afirmado que "no es aceptable" que las cajas digan que no se han reestructurado porque no estaban los instrumentos, en referencia al FROB -el fondo estatal de ayuda- o porque las autoridades autonómicas ponen trabas. Para Martín las cajas "no pueden limitarse a pedir dinero publico". Los fondos públicos han de ser "para el sistema en su conjunto no para problemas particulares que se confunden con intereses particulares de las personas y los territorios".

Respecto a las ayudas en España, Martín destaca que las cajas se han llevado el 74% de las inyecciones de liquidez, el 82% de los avales y el 100% de los apoyos del fondo de garantía.

Al mismo tiempo, el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, y el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, han coincidido en exigir que se cierre lo antes posible la reestructuración del sistema financiero, que afecta sobre todo a las cajas. Tanto Sáenz como Ron han asegurado que no se debe permitir que sigan operando entidades "débiles", ni salvar a ninguna que no sea sometida a una profunda transformación.

Para Sáenz, el objetivo prioritario es que el sistema financiero español sea "fuerte, saneado y creíble", y capaz de financiar el crecimiento de la economía real, por lo que, entre otras cosas, "no nos podemos permitir el lujo" de mantener redes de oficinas tan extensas como las que hay, ni tampoco dejar que los mercados internacionales "duden de la solvencia de nuestro sistema".

Sáenz ha pedido también que se permitan las "quiebras ordenadas" de entidades sin necesidad de emplear dinero público.

El número de bancos estadounidenses incluidos en la lista confidencial de instituciones con problemas elaborada por la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC) alcanzaba al cierre del cuarto trimestre de 2009 las 702 entidades, un 27% más que las 552 inscritas a fecha de 30 de septiembre, lo que supone su nivel más elevado desde 1993.

Asimismo, los activos de las entidades en problemas a finales del mes de diciembre alcanzaron los 402.800 millones de dólares (298.200 millones de euros), un 16,4% mas que los 345.900 millones de dólares (256.000 millones de euros) del tercer trimestre de 2009. Un total de 45 instituciones quebraron durante el cuarto trimestre de 2009, situando el número de quiebras en el conjunto del año en 140, el mayor nivel anual desde 1992.

En esta línea, la institución federal informó de que el fondo de garantía de depósitos registró un descenso de 12.700 millones de dólares (9.400 millones de euros) en el cuarto trimestre, lo que provocó un saldo negativo del balance del supervisor de 20.900 millones de dólares (15.400 millones de euros), frente a los "número rojos2 de 8.200 millones de dólares (6.000 millones de euros) del tercer trimestre, cuando registró déficit por primera vez desde 1992.

Por ello, se había establecido un aporte adicional de 44.000 millones de dólares (32.500 millones de euros) para cubrir las esperadas pérdidas, lo que deja las reservas en 23.100 millones de dólares (17.100 millones de euros).

El presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín Fernández, califica de "gran error y gran camelo" que los grandes bancos no puedan caer y destaca que lo importante es evitar que las quiebras de las entidades financieras no contagien al mercado, así como minimizar los costes para el sector. Martín ha explicado que lo importante es que si quiebran, lo hagan "sin contagiar y sin que cueste dinero al sector" por lo que se mostró a favor de aumentar las dotaciones de capital de los bancos y cajas de ahorros siempre que "éstas sean proporcionadas al riesgo de poder caerse" y apuntó que lo primero que hay que conseguir es que las entidades "no se caigan varias veces y sigan con su actividad".

Para evitar el contagio y mantener el mínimo coste de las quiebras de las entidades financieras, Martín consideró que la competencia recae en los organismos supervisores, dada su capacidad de "anticiparse y mantener la competencia".

El presidente de la AEB defiende que las ayudas gubernamentales a las entidades con dificultades "eran necesarias para evitar la caída del sistema" pero alerta de los "graves problemas de competencia generados", sobre todo entre los países de la Unión Europea (UE), por lo que defendió "fuertes programas de reestructuración" de las entidades rescatadas.

Por otra parte, Martín alerta de que las ayudas fiscales provocan la "fragmentación" del sistema financiero único de la UE, al haberse aplicado "diferentes medidas" en cada uno de los países. "Se espera que el Gobierno mantenga la solvencia y la estabilidad, porque si no estaríamos cayendo en un fraccionamiento del mercado", apunta. Martín destaca que el "punto clave" para las entidades financieras radica en que si se aumentan los requisitos del capital mínimo exigible "va a haber menos dinero disponible para la concesión de créditos", lo que supone un "impacto muy fuerte para un sistema financiero que se ha hundido".