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La Comisión Europea propondrá el próximo miércoles 26 de mayo crear una red armonizada de fondos nacionales de todos los Estados miembros. Estos fondos se utilizarán para sufragar la liquidación ordenada de bancos quebrados para evitar que sean los contribuyentes los que asuman los costes.

La creación de esta tasa bancaria ya fue reclamada el pasado mes de marzo por el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, para facilitar la gestión de quiebras y evitar la inestabilidad en el sistema financiero. Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, pidió cautela a la hora de implantar este nuevo mecanismo para no poner en riesgo la recuperación.

El Ejecutivo comunitario defenderá que los Estados miembros adopten un enfoque común a la hora de crear estos fondos de resolución nacionales para evitar distorsiones de competencia y mejorar la capacidad de gestión de crisis transfronterizas. La tasa bancaria será examinada por los ministros de Economía de la UE en su reunión de junio y también por los líderes del G-20 en la cumbre que se celebrará en junio en Toronto.

"El objetivo es garantizar que las instituciones financieras sean las primeras en contribuir a los costes de futuras crisis", dijo el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, en un discurso reciente. "La prevención resulta menos cara que la reparación", resaltó. Barnier aclaró además que "en ningún caso se trata de crear un seguro para los bancos".

El Instituto de Finanzas Internacionales, que agrupa a los principales bancos del mundo, ha rechazado la propuesta del FMI de imponer dos gravámenes al sector financiero para pagar por futuros rescates y desincentivar la toma de riesgo. El director gerente del Instituto, Charles Dallara, expresó la oposición de la asociación en una carta enviada al G-20, de donde salió la idea original.

“Cualquier obligación financiera adicional impuesta al sector bancario no debe socavar su capacidad para proporcionar crédito para sostener la recuperación, particularmente en un momento en el que incorpora nuevos requisitos sobre su nivel de reservas y liquidez” asegura el Instituto.

El FMI propuso un impuesto que inicialmente pagarían todas las entidades financieras por igual y que posteriormente variaría según el nivel de riesgo asumido por cada una. Los ingresos se acumularían en un fondo para costear futuros rescates de la banca o entrarían como ingresos corrientes a las arcas públicas. El segundo impuesto gravaría los sueldos y bonificaciones que pagan las entidades financieras, así como sus beneficios.

Dallara señaló que, a su juicio, la existencia de un fondo para pagar por futuros rescates haría más difícil que los gobiernos dejaran quebrar a los bancos, lo que es necesario para mantener la disciplina del mercado. El director gerente del Instituto afirmó que en lugar de los impuestos, los gobiernos deben acordar un sistema internacional para desmantelar grandes entidades financieras.

El Fondo apoya la creación de un mecanismo de ese tipo, pero propuso combinarlo con los nuevos impuestos. El organismo deberá presentar un informe final al respecto en la cumbre presidencial del G-20 en junio próximo, después de la falta de consenso sobre el tema en el encuentro ministerial del Grupo, llevada a cabo el viernes.

Estados Unidos, Francia y Reino Unido están a favor de la idea, mientras que Brasil y Canadá se han manifestado en contra.

La ministra francesa de Economía y Finanzas, Christine Lagarde, ha señalado que su Gobierno estudia poner un impuesto a los bancos cuya recaudación se utilizaría en caso de quiebra de una entidad financiera.

Lagarde se ha declarado a favor del "principio" de ese tipo de tasa, pero "no necesariamente" como el caso de Alemania, cuyo Gobierno ha decidido que debería alimentar un fondo de alrededor de 1.000 millones de euros al año.

En Francia se barajan dos posibilidades: un fondo de garantía para intervenir en caso de bancarrota o la dedicación de la recaudación al presupuesto del Estado dado que son estos "los que están obligados" a acudir a salvar las entidades financieras en dificultad. La ministra ha indicado que "es una idea en la que trabajamos en Francia desde hace varios meses" y sobre la que se ha discutido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al que se ha pedido que haga "propuestas".

En concreto, añadió, el FMI debe dar a conocer una serie de recomendaciones que permitan "recuperar el dinero público que se ha empleado para ayudar a los bancos y a las otras entidades financieras durante la crisis".

Hay que recordar que el presidente estadounidense, Barack Obama, anunció el pasado 14 de enero un impuesto a medio centenar de grandes bancos para recuperar hasta 117.000 millones de dólares.

Francia, por su parte, de común acuerdo con el Reino Unido ha establecido una tasa que grava las primas de los operadores de mercados y los grandes directivos bancarios (sin carácter indefinido) que inicialmente debía financiar el fondo de garantía de depósitos, pero que al final irá a la financiación de pequeñas y medianas empresas.

El eterno enfrentamiento entre cajas y bancos tiene pinta de no ir a menos. Lo último ha sido que el presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, ha arremetido duramente contra el comportamiento de las cajas en la crisis financiera.

Martín ha afirmado que "no es aceptable" que las cajas digan que no se han reestructurado porque no estaban los instrumentos, en referencia al FROB -el fondo estatal de ayuda- o porque las autoridades autonómicas ponen trabas. Para Martín las cajas "no pueden limitarse a pedir dinero publico". Los fondos públicos han de ser "para el sistema en su conjunto no para problemas particulares que se confunden con intereses particulares de las personas y los territorios".

Respecto a las ayudas en España, Martín destaca que las cajas se han llevado el 74% de las inyecciones de liquidez, el 82% de los avales y el 100% de los apoyos del fondo de garantía.

Al mismo tiempo, el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, y el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, han coincidido en exigir que se cierre lo antes posible la reestructuración del sistema financiero, que afecta sobre todo a las cajas. Tanto Sáenz como Ron han asegurado que no se debe permitir que sigan operando entidades "débiles", ni salvar a ninguna que no sea sometida a una profunda transformación.

Para Sáenz, el objetivo prioritario es que el sistema financiero español sea "fuerte, saneado y creíble", y capaz de financiar el crecimiento de la economía real, por lo que, entre otras cosas, "no nos podemos permitir el lujo" de mantener redes de oficinas tan extensas como las que hay, ni tampoco dejar que los mercados internacionales "duden de la solvencia de nuestro sistema".

Sáenz ha pedido también que se permitan las "quiebras ordenadas" de entidades sin necesidad de emplear dinero público.

El número de bancos estadounidenses incluidos en la lista confidencial de instituciones con problemas elaborada por la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC) alcanzaba al cierre del cuarto trimestre de 2009 las 702 entidades, un 27% más que las 552 inscritas a fecha de 30 de septiembre, lo que supone su nivel más elevado desde 1993.

Asimismo, los activos de las entidades en problemas a finales del mes de diciembre alcanzaron los 402.800 millones de dólares (298.200 millones de euros), un 16,4% mas que los 345.900 millones de dólares (256.000 millones de euros) del tercer trimestre de 2009. Un total de 45 instituciones quebraron durante el cuarto trimestre de 2009, situando el número de quiebras en el conjunto del año en 140, el mayor nivel anual desde 1992.

En esta línea, la institución federal informó de que el fondo de garantía de depósitos registró un descenso de 12.700 millones de dólares (9.400 millones de euros) en el cuarto trimestre, lo que provocó un saldo negativo del balance del supervisor de 20.900 millones de dólares (15.400 millones de euros), frente a los "número rojos2 de 8.200 millones de dólares (6.000 millones de euros) del tercer trimestre, cuando registró déficit por primera vez desde 1992.

Por ello, se había establecido un aporte adicional de 44.000 millones de dólares (32.500 millones de euros) para cubrir las esperadas pérdidas, lo que deja las reservas en 23.100 millones de dólares (17.100 millones de euros).

El presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín Fernández, califica de "gran error y gran camelo" que los grandes bancos no puedan caer y destaca que lo importante es evitar que las quiebras de las entidades financieras no contagien al mercado, así como minimizar los costes para el sector. Martín ha explicado que lo importante es que si quiebran, lo hagan "sin contagiar y sin que cueste dinero al sector" por lo que se mostró a favor de aumentar las dotaciones de capital de los bancos y cajas de ahorros siempre que "éstas sean proporcionadas al riesgo de poder caerse" y apuntó que lo primero que hay que conseguir es que las entidades "no se caigan varias veces y sigan con su actividad".

Para evitar el contagio y mantener el mínimo coste de las quiebras de las entidades financieras, Martín consideró que la competencia recae en los organismos supervisores, dada su capacidad de "anticiparse y mantener la competencia".

El presidente de la AEB defiende que las ayudas gubernamentales a las entidades con dificultades "eran necesarias para evitar la caída del sistema" pero alerta de los "graves problemas de competencia generados", sobre todo entre los países de la Unión Europea (UE), por lo que defendió "fuertes programas de reestructuración" de las entidades rescatadas.

Por otra parte, Martín alerta de que las ayudas fiscales provocan la "fragmentación" del sistema financiero único de la UE, al haberse aplicado "diferentes medidas" en cada uno de los países. "Se espera que el Gobierno mantenga la solvencia y la estabilidad, porque si no estaríamos cayendo en un fraccionamiento del mercado", apunta. Martín destaca que el "punto clave" para las entidades financieras radica en que si se aumentan los requisitos del capital mínimo exigible "va a haber menos dinero disponible para la concesión de créditos", lo que supone un "impacto muy fuerte para un sistema financiero que se ha hundido".

Parece que es el mensaje que está de moda. Después de que desde la Asociación Española de Banca (AEB) su presidente pidiera a las autoridades que dejaran quebrar a las sociedades, ahora el presidente de Deutsche Bank en España, Antonio Rodríguez-Pina, cree que no todas las entidades financieras tienen que ser rescatadas por el Estado y ha indicado que “hay que castigar a los banqueros que han hecho mal su trabajo”, aunque preservando la salud del sistema financiero, “porque no tiene sentido atacar a todos”.

Rodríguez-Pina cree que existen indicadores que sugieren que algunas cajas han sido peor gestionadas que los bancos, aunque también ha destacado su particular estructura, a veces muy vinculada a los gobierno locales y autonómicos. Además, ha recordado que los bancos nacionales han afrontado la crisis desde una posición de fortaleza y solvencia, ya que ninguno ha necesitado ayudas y éstas sólo se han dado en Caja Castilla La Mancha. Por eso, ha descartado el riesgo de colapso en un sistema al que ha calificado de “fuerte y rentable”.

Sin embargo, ha puntualizado que las entidades financieras españolas compiten en condiciones de “fuerza asimétrica” respecto a los bancos que han sido ayudados por el Estado. A este respecto, el ejecutivo ha recordado que quienes no han recibido ayudas a nivel europeo querrían ver alguna legislación para que no exista competencia desleal y ha apuntado que Bruselas va a someter a estas entidades a una vigilancia “muy estrecha”, por lo que estos bancos tendrán que pagar algún precio. En este sentido, Rodríguez-Pina ha insistido en que es previsible que haya entidades que necesiten integrarse para mejorar su gestión, “pero a cambio se les va a exigir planes de negocio que demuestren un cambio”. Y este será el primer paso para la reestructuración y las fusiones y concentraciones en el sistema bancario, que el ejecutivo cree que se darán mayoritariamente entre pequeñas y medianas entidades.

Además, Rodríguez-Pina se ha mostrado abierto a estudiar operaciones de compra de otras entidades si es que se plantea, pero analizando muy atentamente los precios de venta, aunque ha revelado que actualmente Deutsche Bank no tiene previsto hacer movimientos en este sentido. “Si hubiera un entidad con problemas y pensamos que podemos gestionarla bien pero no tenemos la seguridad de comprar”, ha puntualizado el directivo.

Va a cuenta gotas, pero la sangría de bancos en quiebra de Estados Unidos no se acaba. El pasado viernes se sumaron otras siete entidades, que elevan a 106 las firmas quebradas e intervenidas en 2009, 131 desde el inicio de la crisis.

Es la primera vez desde 1992 que se supera el centenar de quiebras bancarias en un año. Y el fondo de garantía de depósitos estadounidense (FDIC), que protege los depósitos en 8.195 entidades, ya advierte de que la sangría continuará hasta 2011. Para entonces, los expertos en el sector financiero sugieren que la crisis se llevará por delante a 1.100 bancos.´

Las primeras intervenciones de la FDIC empezaron en el verano de 2007. Entonces eran las entidades más expuestas al colapso del mercado hipotecario. Pero el problema real empezó en 2008, cuando las restricciones en el crédito entre entidades aceleraron el proceso. Ahora la puntilla la ponen el paro (9,8% de la población activa), los recortes en los sueldos y la contracción inmobiliaria.

Si se materializan las quiebras que augura el sector, el número de entidades bancarias en Estados Unidos se reducirá casi un 15%. Estos bancos, al ser pequeños, representan el 7% de los activos. Estas entidades, conocidas como communities banks, son importantes para la economía de las pequeñas localidades.La lista de instituciones "problemáticas" de la FDIC superó en el segundo trimestre las 400 entidades. El 13% acaba quebrando.
Pero la situación no es tan dramática como en la Gran Depresión, cuando 9.100 bancos quebraron entre 1931 y 1934. Entonces, el sector quedó reducido en un tercio. En la crisis de finales de los años ochenta desaparecieron 818 bancos.