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El consejo de administración de Caja España-Duero ha acordado que no revocará la indemnización recibida por el exalcalde de León, Francisco Fernández, por la "extinción" de su contrato con la entidad, tras aceptar la validez de "contundentes informes jurídicos" que garantizan su legalidad.

Fuentes del consejo han señalado que a la reunión no ha asistido Fernández, que es vocal del consejo y que dimitió como candidato al Congreso y portavoz socialista en el Ayuntamiento de la ciudad por las críticas que suscitó el cobro de la indemnización, que ronda los 550.000 euros.

Las mismas fuentes han recalcado que los informes jurídicos presentados por la dirección han puesto de manifiesto la pertinencia de la cantidad y su "absoluta legalidad", por lo que el debate ha sido "muy rápido" y "equilibrado".

Concretamente, la indemnización responde a un acuerdo alcanzado entre la dirección y Fernández para extinguir su contrato como empleado de la entidad, cuya cuantía se estableció que fuera "similar" a la que obtendría un prejubilado de la caja, por lo que no se circunscribe al expediente de regulación de empleo de la fusión de Caja España y Caja Duero, como el exalcalde sostuvo en un principio.

La media de las indemnizaciones por prejubilación que concede la caja se sitúa aproximadamente en 362.000 euros.

Miguel Ángel Calama, el que fuera ejecutivo de Banesto y actual director general de Globalcaja -entidad que aglutinó la fusión de las Cajas Rurales de Ciudad Real, Albacete y Cuenca- ha sido prejubilado por el Consejo Rector de la entidad financiera.

Según ha informado hoy esta entidad, el Consejo Rector de Caja Rural de Ciudad Real ha acordado la prejubilación del actual director general, a quien le han agradecido "la excelente labor llevada a cabo durante estos casi 14 años que ha estado dirigiendo la entidad", periodo en el que la Caja Rural de Ciudad Real se ha situado entre las primeras de su grupo.

Miguel Ángel Calama, que fue fichado por Luis Díaz Zarco, actual presidente de Globalcaja, fue condenado por el Tribunal Supremo a tres meses de prisión y otros tres de inhabilitación por acusación falsa contra unos deudores de Banesto cuando Calama era directivo de este banco.

La sala de lo penal del Supremo rebajó en tres meses la condena inicialmente impuesta por la Audiencia de Barcelona a Calama, al consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáenz, y al abogado Rafael Jiménez de Parga, ya que los magistrados estimaron parcialmente el recurso de los condenados.

El origen de esta causa se remonta a 1994, cuando Banesto presentó una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes el banco reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) por las empresas que representaban, del grupo Harry Walker.

Las cajas de ahorros integrantes en el Sistema Institucional de Protección (SIP ) que lideran Caja Madrid y Bancaja han propuesto a los sindicatos bajar la edad de prejubilación a los 54 años. De hecho, una de las reclamaciones fundamentales de los sindicatos de Caja Madrid, donde es mayoritaria CC.OO., es que toda la reducción de plantilla del SIP, prevista en unas 3.800 personas, se realice mediante prejubilaciones.

Los representantes de los trabajadores aspiran a que la edad de corte se establezca en los 52 años, por lo que ven insuficientes las propuestas de las cajas de ahorros en este aspecto, así como en las compensaciones netas a percibir para los prejubilados.

Concretamente, la dirección de las cajas englobadas en el SIP ofrece una compensación para el trabajador que se prejubile equivalente al 85% de la retribución fija neta, mientras que los sindicatos reclaman el 100%. Además, las cajas han mejorado la oferta económica para los casos de movilidad geográfica que puedan producirse.

Los sindicatos consideran que estas propuestas todavía son "muy insuficientes en todos los aspectos", por lo que aún ven lejos un acercamiento de posiciones entre la dirección de las cajas y los representantes de los trabajadores.

En este sentido, destacan que el documento de las cajas no recoge aspectos fundamentales, como la consolidación de todo el empleo temporal y la necesaria armonización de las condiciones de trabajo en las cajas.

Además, los trabajadores inciden en que los plazos para avanzar en esta negociación se están agotando, por lo que han solicitado un calendario concreto y exigente a la dirección de las cajas que permita alcanzar lo antes posible un acuerdo laboral.

Caixa Galicia y Caixanova han convocado para el lunes a sus respectivos consejos de administración, a los que presentarán el documento económico definitivo de la fusión -tras incorporar las correcciones requeridas por el Banco de España- y la composición del comité de dirección de la nueva entidad.

Los negociadores de ambas entidades continúan los trabajos para cerrar el acuerdo antes del lunes, pues todavía no han logrado un pacto en torno a toda la documentación que deben presentar. En caso de que no lleguen a un acuerdo, las cajas retrasarán las convocatorias de los consejos de administración.

Las cajas gallegas remitieron su borrador para la integración al Banco de España el pasado 14 de junio, tras recibir el visto bueno de los consejos de ambas entidades. Los equipos de Caixa Galicia y Caixanova comenzaron después los trabajos para hacer las correcciones requeridas por el regulador bancario -se pidieron varios cambios, aunque ninguno de ellos afecta a las grandes cifras de la fusión- y para negociar el comité de dirección, el máximo órgano de gobierno de la futura entidad única.

De este modo, las dos entidades crediticias pedirán al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una cifra en torno a los 1.162 millones de euros y, en el proceso de integración, cerrarán en torno a 300 oficinas y prejubilarán a 1.200 trabajadores.

El acuerdo debe ser entregado al Banco de España antes del día 30, cuando expira el plazo para pedir las ayudas del FROB y debe incluir tanto la estructura de ese comité directivo --el número de direcciones, las áreas a las que se refieren-- como los nombres que ocupen los cargos.