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El vicesecretario de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de CEOE, Alberto Nadal, cree que el sistema público de pensiones sólo será viable si se rebajan las prestaciones o se buscan nuevas fórmulas de financiación, además de las cotizaciones a la Seguridad Social.

De la misma opinión es la presidenta de la patronal aseguradora (Unespa), Pilar González de Frutos, quien es partidaria de rebajar el gasto en prestaciones ya que cree que el margen que tiene el Gobierno para aumentar los ingresos es muy limitado en el momento actual.

Ha sido durante la jornada El debate sobre la viabilidad del Sistema Público organizada por 'El Economista', que ha reunido a representantes empresariales, sindicales y políticos.

Nadal ha defendido la necesidad de rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social para reducir la carga que soportan los empresarios y ayudar a generar empleo, así como la importancia de buscar otras fuentes de financiación para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. En este sentido, ha propuesto que se compense la bajada de las cotizaciones con ingresos procedentes de impuestos como el IVA o el IRPF.

Sin embargo, el secretario de Seguridad Social y Previsión Social de CCOO, Carlos Bravo, ha considerado que rebajar las cotizaciones y financiar el sistema público con impuestos que pagan los ciudadanos supondría aumentar de nuevo el beneficio empresarial a costa del esfuerzo de todos.

Por su parte, el portavoz de CiU en el Pacto de Toledo, Carles Campuzano, ha destacado que el sistema público de pensiones es un "colchón" para amortiguar las consecuencias sociales de la crisis y que el discurso sobre el sistema público basado en el "tremendismo" no ayuda, sino que dificulta las reformas.

El gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, estimó que la transferencia de los fondos de pensiones de la banca al Estado puede tener un impacto negativo en los resultados de las entidades financieras lusas de hasta 2.000 millones de euros.

El Gobierno conservador portugués aprobó en diciembre la transferencia a la Seguridad Social lusa de 6.000 millones de euros procedentes de los fondos de pensiones del sector bancario para situar el déficit público de Portugal en torno al 4 %, 5,8 puntos menos que en 2010 (9,8 %). Costa afirmó que el impacto negativo dependerá, no obstante, del método de contabilidad escogido por los bancos.

"En un caso, afecta más a los resultados, y en otro más al capital (de los bancos), pero en cualquier caso el impacto de la transferencia se reflejará en los capitales propios en el final de 2011", adujo el gobernador.

Los bancos lusos vivieron un aciago 2011 debido a la dificultad de financiación por el deterioro de la economía, y los principales bancos del país registraron una brusca contracción de sus beneficios en los primeros seis meses, cuando ganaron 479,6 millones de euros, un 46,5 % menos que en el mismo periodo de 2010.

La ley que establece la transferencia de los 6.000 millones de euros de fondos de pensiones a la Seguridad Social fue recientemente promulgada por el presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, aunque con reservas.

La presidencia lusa consideró que la transferencia es un método "extraordinario de reducir el déficit presupuestario", pero que "no contribuye" a la viabilidad de las finanzas públicas, pues, a pesar de registrarse como ingreso, en el futuro será una operación "onerosa".

El presidente de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y el director general de la caja, Manuel Troyano, dimitieron de sus cargos a petición del consejo de administración, después de que éste "tuviera conocimiento" de que ambos directivos y otros dos ex altos cargos contaban con un plan de pensiones de más de 20 millones de euros.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el consejo de administración de Caixa Penedès, pidió la dimisión de Pagès y Troyano tras "haber tenido conocimiento de una información publicada en los medios de comunicación y después de comprobar su veracidad".

La nota hace referencia a una información publicada ayer en "La Vanguardia" en la que se indicaba que Pagès y Troyano, junto a otros dos directivos que ya no trabajan en Caixa Penedès, contaban con un plan de pensiones depositado en otra entidad por un importe global superior a los 20 millones de euros. Los otros dos altos cargos beneficiados por el plan de pensiones son el ex director general Joan Caellas y el ex director de recursos humanos Jaume Jorba.

Caixa Penedès, ahora integrada en el Banco Mare Nostrum (BMN), habría recibido junto a sus actuales socios ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para su saneamiento por importe de 916 millones de euros.

El consejo de administración de la caja instó a la dimisión de sus dos máximos directivos tras expresar su "desaprobación al contenido, método de instrumentación, falta de transparencia, excepcionalidad y desproporción de los paquetes de carácter remuneratorio y de previsión social de cuatro altos directivo que están o han estado vinculados con la entidad hasta fechas muy recientes".

El Banco de España ha decidido finalmente despedir a la que fuera directora de la CAM, María Dolores Amorós, después de que fuera apartada de su cargo el pasado agosto y permaneciera como empleada de la misma. Amorós, en calidad de su cargo como directora general de la caja de ahorros se asignó una renta vitalicia de cerca de 370.000 euros y falseó las cuentas, según informa el diario El Mundo en su edición de este miércoles.

El despido disciplinario de la directiva es inminente por buscar el beneficio propio (se fijó una pensión vitalicia de 369.497 euros anuales para cobrar tras su jubilación), falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente en la caja de ahorros que fue intervenida el pasado mes de julio por el Banco de España. Basó su gestión en un crecimiento por encima de lo razonable, según los actuales administradores de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Además, está acusada de realizar una presentación engañosa de los resultados de la entidad de ahorros y para ocultar la debilidad financiera de la misma firmó unas cuentas que no se correspondían con la realidad. La CAM fue intervenida y está bajo la lupa de tres administradores.

El despido de María Dolores Amorós, que sigue en la entidad como una empleada cobrando un sueldo, se producirá sin perjuicio de las responsabilidades que le puedan corresponder en otros ámbitos más allá del laboral por incumplimiento grave de su contrato de alta dirección.

Al mismo tiempo, el Banco de España analiza la actuación de Roberto López Abad, ex director general de la CAM hasta noviembre de 2010. También López Abad continuó en la caja alicantina tras abandonar el cargo de directivo y tenía un contacto muy estrecho con Amorós. Abad que finalmente se acogió a un plan de prejubilaciones recibió una indemnización de 3,8 millones de euros.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha descartado que España deba encargar una auditoría externa del sistema financiero español para restablecer la confianza de los mercados, tal y como había propuesto un responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una rueda de prensa tras las reuniones del FMI y el Banco Mundial, Salgado ha asegurado que debería bastar con las pruebas de resistencia que realizó el Banco España y con la exposición al ladrillo que publicaron las propias entidades financieras.

Salgado salía así al paso de las declaraciones realizadas por el director para Europa del FMI, Antonio Borges, que apostó por auditores externos que examinaran el sistema financiero español, como ya se hizo en su día con Irlanda.

Además, la vicepresidenta económica ha asegurado que, en cualquier caso, no sería el Gobierno el que tendría que hacer una recomendación de este tipo, al tiempo que ha recordado que el FMI ha valorado positivamente las últimas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno español.

En cuanto a la reforma del sistema de pensiones, Salgado la ha considerado muy "ambiciosa" y ha recordado que España es el único país de la zona euro que ha podido modificar el sistema con el acuerdo de los agentes sociales.

Además, Salgado ha asegurado este sábado desde Washington que el Gobierno central "no puede estar más en desacuerdo" con la intención de la Generalitat de no cumplir con el objetivo de déficit. Tras una reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, ha desmentido que el Ejecutivo español haya aceptado las cifras de déficit que el Govern ha previsto para 2011.

Un grupo de expertos reunidos por el Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones ha reclamado una reforma fiscal íntegra para España que mejore el tratamiento del ahorro para la jubilación para equipararlo al de otros países más avanzados en la materia.

José Antonio Herce, socio director de Analistas Financieros Internacionales y miembro del foro de expertos del Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones, ha reclamado una fiscalidad diferente para cada tipo de ahorro “y el ahorro a largo plazo debe tener el mejor tratamiento posible”. Desde su punto de vista, los incentivos actuales a este tipo de ahorro en España son insuficientes.

Desde este foro de expertos, en el que figuran economistas de renombre como Guillermo de la Dehesa o Juan José Dolado, aseguran que la proporción de ahorro en planes de pensiones privados de los españoles es muy pequeña con respecto a otros países de nuestro entorno. “El ahorro a largo plazo en nuestro país se ha canalizado a través del ladrillo, pero este tipo de inversión no puede suplir las necesidades de la jubilación, puesto que se trata de un instrumento ilíquido”, asegura el doctor en economía César Molinas.

La ventaja principal de estos productos radica en la reducción de la base imponible del IRPF, mediante las aportaciones que se realicen de forma frecuente (actualmente, el límite de reducción para los menores de 52 años es de 8.000 euros y crece en 1.250 euros adicionales por cada año de edad superior).

Sin embargo, César Molinas asegura que la principal diferencia con respecto a otros países de nuestro entorno radica en la tributación en el momento de rescatar el fondo de pensiones. Actualmente, el dinero que se percibe de esta manera tributa como renta del trabajo dentro de la base imponible general, al tipo marginal (hasta el 45%, según la legislación estatal).

Molinas destaca la diferencia de esta tributación con la del Reino Unido, donde el 30% del capital ahorrado en fondos de pensiones se puede rescatar con una fiscalidad del 0%.

Hasta el próximo 31 de agosto, la CAM pone sobre la mesa un lector electrónico de libros E-Book, una Wii con accesorios y juego, una Tablet BQ 8,4", una Televisión LED o una Nintendo XL+ Brain Training a cambio de nuevas nóminas por importe mínimo de 800 euros mensuales.

El regalo es a elegir en función de las preferencias o necesidades, pero es requisito indispensable la domiciliación de dos recibos básicos.

La domiciliación de pensiones de un mínimo mensual de 400 euros o la contratación de la Cuenta Autónomos también da derecho a estos regalos. Además, tanto los nuevos como los actuales perceptores podrán mejorar el nivel de los regalos con aportación de recursos.

Entre las ventajas de llevar la nómina a la CAM destacan la exención de comisiones en los principales servicios financieros, un seguro gratuito de accidentes y anticipos de nómina. En cuento a las pensiones, se ofrecen descuentos en servicios y establecimientos de salud, así como la posibilidad de financiar tratamientos médicos.

El Ejecutivo, los sindicatos y la patronal han llegado a un principio de acuerdo en el ámbito del diálogo social, según ha informado el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

"En la madrugada de hoy (por el jueves) las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, las confederaciones sindicales CCOO y UGT, y el Gobierno han concretado los contenidos de un principio de acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones, determinadas políticas activas de empleo y los criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva", señala el Ministerio en un comunicado.

El texto añade que "en los próximos días, continuarán las negociaciones sobre el resto de las políticas de empleo, política industrial, política energética, política de ciencia e innovación así como otras relevantes cuestiones de índole laboral". "Asimismo", concluye el documento, "en la mesa general de la función pública se negociarán asuntos relativos a ese ámbito: clases pasivas, estatuto del empleado público, y evaluación de los acuerdos vigentes".

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ya había avanzado el pasado mes de diciembre que sería el 28 de enero cuando su Gabinete aprobaría la reforma de las pensiones, y el Ejecutivo había mantenido esa fecha pese a que no se lograra un acuerdo con los agentes sociales. La reforma de las pensiones recoge la posibilidad de jubilarse con 65 años y cobrar el cien por cien de la pensión si se han cotizado 38 años y medio, frente a los 35 actuales.

Incluye, además, el alargamiento de la edad legal de jubilación a los 67 años, con 37 de cotización para percibir la pensión máxima y la posibilidad de jubilarse anticipadamente con 63 años (ahora se exigen 61) pero aplicando coeficientes reductores a la pensión que variarían en función de los años cotizados por el trabajador.

Uno de cada 3 españoles (el 36%) no cuenta con ningún tipo de ahorro para hacer frente a emergencias y sólo un 18% tiene ahorrada una cantidad suficiente para financiar sus gastos durante un año. Estos datos proceden de un estudio internacional realizado por el Grupo ING entre más de 5.000 consumidores diez países: España, EE UU, México, Holanda, Rumanía, Polonia, Bélgica, La India, Corea y Japón.

El estudio realizado revela que los estadounidenses son los ciudadanos que menos ahorran para el futuro ya que la mitad (48%) no cuenta con un fondo de emergencia, seguidos de cerca por los mejicanos (46%). En lo que a los europeos se refiere, sólo los rumanos (42%) son menos previsores que los españoles, que se sitúan cerca de los belgas (34%) y bastante por debajo de los holandeses (27%).

Por otro lado, menos de la mitad de los españoles (el 44%) ahorra para la jubilación, a pesar de lo cual, el 56% de está convencido de que disfrutará de un nivel de vida superior al de sus padres cuando se retire. Los productos preferidos por los españoles para preparar la jubilación son los seguros de vida, elegidos por el 44% y los planes de pensiones (36%).

Los españoles son unos de los mejores "pagadores", pues 80% asegura que paga sus facturas a tiempo, un porcentaje que sólo superan los japoneses (81%), mientras que los mejicanos se sitúan como los peores "pagadores", con un 63% que declara hacer frente a sus facturas a tiempo. En cuanto a la organización cotidiana de sus finanzas personales, el 64% de los españoles dispone de un presupuesto doméstico mensual, que la inmensa mayoría controla a través de los extractos bancarios y sólo el 30% mediante algún programa específico en su ordenador personal.

Por su parte, la asignatura pendiente de los españoles es la de analizar varias opciones a la hora de contratar un producto o realizar una operación, ya que sólo el 44% de afirman hacerlo, según el informe de ING.

En cuanto a consejos, el que mayoritariamente darían los encuestados a amigos y familiares en temas financieros, con una coincidencia del 80% de los participantes, es: "No te gastes el dinero que no tienes". Casi la totalidad de los españoles (92%) desea mejorar sus conocimientos financieros, pero el 25% no sabe por dónde empezar, el 23% prefiere dejarlo para más adelante y un 19% no sabe dónde encontrar ayuda.

Según este estudio, que mide el grado de conocimiento financiero de los encuestados, el 69% de los españoles tienen una noción financiera 'suficiente', un 21% tendría un nivel 'bueno', un 3% un nivel 'sobresaliente y sólo un 6% tienen un nivel 'insuficiente'. Tomando sólo como indicadores los niveles bueno y sobresaliente, España ocuparía la sexta posición de los 10 países encuestados, superado por los países asiáticos y EE UU.

La Comisión del Pacto de Toledo ha dado luz verde a las recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones con el aval del PP, aunque sin unanimidad por el rechazo de los grupos minoritarios de la izquierda IU-ICV-ERC y BNG. En concreto, el texto ha contado con el aval de 36 votos a favor, dos en contra correspondientes a las minorías de izquierdas y ninguna abstención.

El texto definitivo pone en un aprieto al Gobierno al incluir entre las 21 recomendaciones el desacuerdo explícito a un eventual incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años y la 'censura' a la congelación de las pensiones del próximo año, con la exigencia al Ejecutivo de que no vuelva a aprobar una medida similar "sin la consulta y el debate" previó del Pacto de Toledo.

Ahora bien, la ambigüedad de las recomendaciones deja 'manos libres' al Gobierno para retrasar la jubilación y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones más allá de los 15 años que se toman de referencia en la actualidad. Durante el debate, la mayoría de los grupos han reprochado al Gobierno la celeridad imprimida para calmar la presión de los mercados y acabar legislando en contra de estas recomendaciones.

Tras algo más de dos horas de Comisión, los grupos parlamentarios debatirán las recomendaciones en Pleno, previsiblemente el 25 de enero, sólo tres días antes del Consejo de Ministros que espera aprobar el proyecto de ley del nuevo sistema público de pensiones.

Pr otra parte, el Consejo Confederal de CC OO decidirá el 11 de enero si convoca una huelga general en contra de la reforma del sistema de pensiones, a la espera del resultado que puedan dar los contactos y conversaciones que se produzcan en los próximos días con el Gobierno.

Además, el Consejo de Ministros el aprobará mañana la revalorización de las pensiones mínimas, las de clases pasivas y las no contributivas, fijará el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2011, y regulará las agencias de colocación, según fuentes del Gobierno