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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el régimen de creación de una nueva categoría de proveedores de servicios de pago, las entidades de pago.

El Real Decreto persigue dos objetivos fundamentales: avanzar en la creación de un verdadero mercado común de servicios de pago a través de la armonización de la regulación en los Estados miembros de la Unión Europea y estimular la libre competencia en este mercado.

Así, el texto aprobado disminuye las barreras de entrada existentes en el mercado de los servicios de pago y facilita el acceso a esta actividad, al permitir que cualquier persona jurídica que revista forma societaria mercantil pueda constituirse en entidad de pago. Esta regulación favorece, además, la entrada en este mercado de las Pymes, singularmente importantes en el tejido productivo español, y estimula la capacidad emprendedora, al facilitar el acceso a una nueva actividad económica. Por todo ello, cabe anticipar que la aplicación efectiva de este Real Decreto tenga un efecto positivo sobre el empleo.

En teoría, la reducción de las barreras de entrada y el estímulo a la libre competencia incentivará a las entidades a mejorar la calidad de sus servicios y ajustar sus precios. De esta forma, la competencia será, además, un estímulo clave para la innovación, el progreso tecnológico y la búsqueda de medios más eficientes de prestación de servicios de pago, aumentando la oferta de servicios a disposición de los consumidores.

Poco tiempo después de consensuarse entre los grupos políticos la Ley de Morosidad que fija los plazos para pagar a proveedores, ahora resulta que las empresas españolas están pagando sus facturas cada vez más pronto, según las previsiones elaboradas por Iberinform, del Grupo Crédito y Caución.
Sus datos concluyen que el plazo medio de pago real se reduzca de los 111 días registrados en 2009 a una media de 98 días en 2010.

El director general de Iberinform, Andrés Ohlsson, ha explicado que "la situación económica y los problemas para obtener financiación bancaria han forzado a las empresas a controlar los plazos de pago de sus clientes y a utilizar herramientas de seguimiento que les permitan conocer la evolución de los mismos".

Por sectores de actividad, las empresas pertenecientes al sector construcción y afines, como actividades inmobiliarias y de alquiler, presentaron en 2009 el periodo medio de pago más alto, con 182 días, siendo además el único que presenta tendencia alcista para este año. En el otro extremo se situó el sector del comercio, cuyo periodo medio de pago fue de 59 días en 2009 y sus previsiones para este año apuntan hacia una reducción de los plazos. Por su parte, el sector industrial registró un plazo medio de pago de 96 días en el ejercicio anterior y se prevé un descenso para este año.

Los datos por comunidades autónomas presentaron diferencias, ya que el mayor periodo medio de pago lo registró Madrid, con 128 días. Por detrás y también por encima de la media de 111 días, se situaron Asturias (127), Islas Baleares y Andalucía (126), Canarias (125), Castilla y León (116), País Vasco (114) y Galicia (112). Aragón (99), Cantabria (98), Cataluña (94), Ceuta (91) y Melilla (90) se situaron por debajo de los 100 días.

Las entidades de créditos españolas recibieron durante 2009 unas comisiones que representaron el 25% del margen bruto y constituyeron la segunda fuente generadora de ingresos de su actividad tras los intereses. Así se desprende del Boletín Económico del Banco de España correspondiente a febrero. No obstante, el informe recuerda que un parte importante de las comisiones no se encuentran registradas como tales en la cuenta de resultados, sino que figuran integradas en los ingresos o costes financieros de los instrumentos que las generan, lo que dificulta el conocimiento preciso de su evolución.

Las comisiones con mayor importancia en los últimos cinco años fueron las relacionadas con servicios de pagos, las de comercialización de productos financieros no bancarios, las de operaciones de concesión de financiación, así como las asociadas a riesgos y compromisos contingentes. Por importes, las cantidades medias registraron un ligero incremento, mientras los máximos y los mínimos apenas registraron variaciones durante el periodo, con la excepción de un aumento de ambos en las cuentas corrientes.

El informe destaca una cierta heterogeneidad en la evolución de las tarifas por las diferentes características de los servicios que contribuyen a generar la comisión. En concreto, donde predominaron los factores de riesgo de crédito (avales y compromisos) se produjo un aumento acorde con la reevaluación generalizada del mismo inducida por la crisis. Por el contrario, en aquellos donde el precio dependía más del coste del servicio, tales como los pagos o la comercialización de productos no bancarios, se registraron reducciones en los niveles de las tarifas aplicadas.

La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso se reune hoy martes para examinar la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU, trámite que supondrá la primera oportunidad para que la federación catalana cierre un acuerdo con los socialistas sobre una iniciativa que plantea un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas.

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, calificó en su momento los mencionados plazos como una "vacuna esencial" para acabar con "el enemigo número uno de las pymes".

El texto de CiU elimina la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación, no pudiendo superarse los dos meses en el caso de las operaciones entre empresas. En lo referente a las administraciones públicas, este límite se reducirá a la mitad, si bien con un periodo "transitorio" de adaptación de 45 días durante 2010.

Según Sánchez Llibre, la aplicación de esta ley garantizaría un ahorro de 10.500 millones en concepto de intereses de demora. Esta una es una de las principales reclamaciones que ha transmitido a CiU las patronales empresariales, de pymes y las asociaciones de autónomos como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

Además, la iniciativa pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objeto de incrementar de 30.000 a 50.000 euros la cuantía máxima que permite reclamar judicialmente una deuda por el procedimiento monitorio, y articula un nuevo procedimiento judicial que permite a las empresas "reclamar de forma ágil" a las administraciones públicas el pago de sus obligaciones. Asimismo, incluye bajo esta denominación también a los entes públicos "como Renfe o Adif", a los organismos autonómicos y a las empresas públicas.

También endurecer las sanciones para los deudores que no cumplan los plazos, duplicando el interés mínimo de demora de forma que alcanzaría el 7%, según la tasa incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, y clarifica el concepto de costes de cobro exigible, incluyendo los gastos judiciales y bancarios.

Las entidades bancarias tendrán que informar cada año y "de forma sistemática" a la Administración Tributaria de los movimientos de efectivo o pagos con tarjetas superiores a 3.000 euros que realicen empresarios o profesionales. Así lo establece el Real Decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, con el que se modifican determinadas obligaciones tributarias y de información para "aumentar la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal".

El documento establece que se realizará un seguimiento "más ágil y eficaz" de las disposiciones, pagos y cobros que se realicen en metálico a través de entidades bancarias o de crédito cuando éstos superen los 3.000 euros en su cómputo anual. Aunque la Agencia Tributaria ya podía acceder a esta información si lo requería, con el nuevo Real Decreto se sistematiza esta transferencia de datos. Además, en todas las operaciones referidas a bienes inmuebles los notarios deberán identificar "claramente" las formas de pago empleadas: dinero en metálico, transferencia, domiciliación, cheques u otros instrumentos de giro, tras la modificación del Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado.

Las modificaciones buscan también impulsar las relaciones electrónicas entre la Administración y los ciudadanos, así como simplificar los trámites. En materia de notificaciones tributarias, el Real Decreto introduce un nuevo artículo destinado a adaptar a la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, con el que se regula la posible atribución de una dirección electrónica a entidades y personas físicas.

Crédit Agricole y Equens han firmado un acuerdo exclusivo para explorar la posibilidad de alinear sus plataformas de pagos y convertirse, de esta manera, en el gran proveedor de servicios de pago europeo. Con un volumen combinado de 15.000 millones de transacciones, Equens y Credicam (la subsidiaria de procesamiento y sistemas de pago de Crédit Agricole y las "Caisses Régionales") sería líder del mercado europeo.

Pero que este objetivo se haga realidad depende de tres ideas clave: combinar volúmenes y desarrollar sinergias para reducir los costes de procesamiento de unidades; fomentar las dinámicas de crecimiento desde una posición única como líder europeo, ofreciendo experiencia técnica y comercial y una amplia cobertura regional y compartir experiencia que beneficia al conjunto de la cadena de producto. El objetivo es concluir las negociaciones en 2010.

"Estudiar una asociación con Equens para convertirnos en el principal procesador de pagos y tarjetas paneuropeo nos permitirá combinar experiencia, tecnología, conocimientos profundos y el procesamiento de varios miles de millones de transacciones en beneficio de nuestra red. Esto encaja perfectamente con la estrategia de Crédit Agricole de construir asociaciones industriales con bancos", ha afirmado Jean-Yves Hocher, vicedirector ejecutivo de Crédit Agricole.

Michael Steinbach, presidente de la Junta de Directores de Equens, también ha querido expresar su optimismo ante la posible alianza con Cedicam. "Es un gran paso adelante en nuestra estrategia para convertirnos en el principal procesador paneuropeo", y "nos permitirá seguir incrementando nuestra escala, nuestra cobertura geográfica y la oferta de productos, de modo que beneficiará a nuestros clientes actuales y futuros y a nuestros accionistas, como ABN AMRO, DZ BANK, ICBPI, ING y Rabobank."

Las familias con dificultades para llegar a fin de mes alcanzaron el 60% en 2008, tras incrementarse 3,2 puntos porcentuales desde el 56,8% registrado un año antes, según se desprende de la 'Encuesta de Condiciones de Vida' publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De este modo, las familias en dificultades alcanzaron niveles sólo vistos en los años 2004 y 2006. Además, hay que tener en cuenta que puesto que la encuesta se realizó entre los meses de abril y junio, no recoge la fase más profunda de la recesión, con lo que el porcentaje de hogares con problemas para acabar el mes sería probablemente superior al 60% en la segunda mitad de 2008.

Las familias con mayores problemas para afrontar sus pagos el pasado año fueron las canarias, con un 78,3%, seguidas de las andaluzas (69,9%), murcianas (67,3%), castellano-manchegas (65,9%), extremeñas (64,4%), catalanas (61,4%), cántabras (61,2%) y valencianas (60,6%). Por debajo de la media, los hogares más afectados se localizaron en Galicia (59,6%), Madrid (56,7%), Ceuta y Melilla (54,8%), La Rioja (54,7%), Baleares (53,7%), Castilla y León (51,6%), Asturias (43,3%), País Vasco (41,6%), Aragón (41,1%) y Navarra (37,4%).

Además, el 19,6% de la población española estaba bajo el umbral de pobreza relativa -60% de los ingresos medios- sin considerar la posesión de la vivienda, tasa que se reduce al 15,5% si se considera el valor de alquiler imputado.