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Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, su homólogo de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y el presidente de la CEOE, Juan Rosell, se volverán a reunir mañana miércoles en uno de los últimos intentos para reconducir la reforma de la negociación colectiva, después del endurecimiento de las postura de la patronal, y así evitar que se acabe aprobando por decreto.

"Vamos a ir a hablar sobre temas en los que estamos en desacuerdo, los que nos separan, y de cómo se desarrolle la reunión dependerán nuevos encuentros", explicaron a Europa Press fuentes próximas a la negociación.

El Gobierno confiaba en que los agentes sociales limaran asperezas para salvar un acuerdo sobre convenios, pues ya se habían comprometido a redactar las reforma. Pero tras la última reunión de este lunes, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ya ha empezado a admitir que las conversaciones pueden derivar en un "fracaso final". "Mañana va a ser un día importante", afirman las mismas fuentes.

Ante un eventual fracaso de los contactos bilaterales, el ministro ha dejado claro que el Ejecutivo está dispuesto a legislar como muy tarde el próximo 10 de junio.

Después de intercambiar propuestas durante más de tres meses y superar en al menos dos ocasiones los plazos otorgados por el Gobierno, los sindicatos y los empresarios parecen desconfiar y no tienen claro un acuerdo. "Esto pinta mal", aseguraba el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.

Ferrer se mostró pesimista de cara a un pacto, al considerar que la CEOE había cedido a las pretensiones de la patronal madrileña, CEIM, y asegurar que "ha vuelto al principio" con peticiones de más discrecionalidad para el empresario en materias de flexibilidad interna, descuelgues generales en los convenios, eliminación de la ultractividad o la exclusión en los mismos de los directivos.

Pero las posiciones "inasumibles" de CEOE no se pusieron encima de la mesa hasta un "cuarto de hora" antes de sellar el acuerdo, según ha desvelado Toxo, quien llegó a decir que los agentes estuvieron "a punto" de llamar a Gómez para concretar la reforma.

El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que creará una comisión asesora de competitividad y reformará la ley de estabilidad presupuestaria para controlar el gasto de la Administración General del Estado en base al crecimiento del PIB nominal a largo plazo.

Estas son dos de las nueve medidas con las que España quiere cumplir el pacto del euro aprobado en Bruselas y que Zapatero ha presentado al concluir la cumbre europea, con el objetivo de "reforzar la respuesta a la crisis económica y fortalecer las bases de nuestra economía cara al futuro".

La mayoría de las medidas del plan ya están en marcha, previstas o anunciadas, como la reforma de la negociación colectiva, que el Gobierno espera plasmar en un proyecto de ley antes de que termine abril; o un "plan contra el empleo irregular", que se aplicará desde junio hasta diciembre de 2012 para hacer aflorar economía sumergida.

El paquete de iniciativas está estructurado en cuatro grandes bloques: competitividad, crecimiento de empleo, sostenibilidad de las finanzas públicas y estabilidad financiera.
Los países reunidos durante los últimos dos días, ha explicado el presidente, han hecho "un esfuerzo importante para que haya acuerdo" y se han impuesto la "tarea del fortalecimiento de las normas y reglas de Europa" para combatir las consecuencias de la peor crisis de las últimas décadas. Por otro lado, han mostrado su confianza en que Portugal "garantice su propia estabilidad".
Las nueve medidas que ha enumerado Zapatero se pondrán en marcha sin recortes ni subida de impuestos y tienen, entre otros, el objetivo de hacer aflorar la economía sumergida. Además, pretenden controlar el déficit de forma obligatoria y con el acuerdo de las comunidades autónomas, así como reducir la deuda en todas las instituciones del Estado

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha afirmado que la vinculación entre salarios y productividad debe ser el "fundamento" de la reforma de la negociación colectiva sobre la que están dialogando la patronal y los sindicatos.

En declaraciones a Onda Cero, Salgado incidió en que esto ya está sucediendo en los últimos años, en los que los salarios se están moderando, y añadió que no todos los convenios tienen como referencia la inflación y sí tienen en cuenta la productividad.

En este sentido, señaló que es la propia empresa, al ser más productiva o tener más beneficios, la que sabe si tiene capacidad para pagar mejor a sus trabajadores, un aspecto por el que abogó que se lleve a efecto "con carácter general".

Por ello, defendió que se incremente la flexibilidad en cada empresa, "que es la que conoce su situación económica", y subrayó que para competir con otra compañía es necesario tener mayor flexibilidad, tanto en el ámbito salarial como en el de los horarios. Salgado aseguró que hay que ponerse de acuerdo en cómo se arbitran estas ideas y que no se trata de suprimir los convenios colectivos, sino de adaptarlos.

Asimismo, la ministra de Economía afirmó que en el caso de que el BCE suba los tipos de interés, España lo podría absorber sin dificultades, si bien admitió que dependería del nivel del aumento. En su opinión, habría alguna complicación más, pero "muy en el corto plazo".

La reunión al más alto nivel convocada hoy lunes entre Gobierno, patronal y sindicatos para fijar la reforma laboral ha terminado sin acuerdo, pero los contactos proseguirán durante unos días más ya que "todavía hay margen" para alcanzar un pacto, según han adelantado las tres partes que participan en las negociaciones en un escueto comunicado conjunto hecho público.

El Ejecutivo había instado a las partes a alcanzar un consenso antes de junio, con lo que la de hoy era la última posibilidad para acercar posturas. Sin embargo, los contactos se retomarán a lo largo de la semana para agotar todas las posibilidades de un acuerdo antes de que el Gobierno decida imponer su propio proyecto. Precisamente la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha afirmado que si no hay reforma tras cuatro meses oficiales -y casi dos años extraoficiales- de negociación, el Ejecutivo pondrá en marcha los cambios "antes de terminar este mes de junio".

"Se ha constatado que persisten las diferencias entre las partes en torno a algunos de los aspectos de las relaciones de trabajo que vienen siendo tratados en la mesa de diálogo social", destaca la nota. Sin embargo, añaden que pese a la divergencia de opiniones, "todavía hay "margen para llegar a un acuerdo".

El comunicado no especifica cuándo volverán a reunirse, ni a qué nivel se seguirá negociando, es decir si el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y los máximos líderes empresariales y sindicatos seguirán llevando las conversaciones como ha tenido lugar en la cita de hoy. No obstante, sean quienes sean los responsables de seguir adelante con los contactos, Salgado ha advertido de que "si no hay resultados", el Gobierno pondrá en marcha la reforma del mercado de trabajo "en muy corto plazo". Además, ha defendido que el Ejecutivo "está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias" por muy impopulares que resulten.

Caja Duero y Caja Españahan roto las negociaciones que se estaban manteniendo para fusionar las dos entidades castellanoleonesas de ahorro. Al parecer, la imposibilidad de llegar a un acuerdo respecto al reparto de poder en la futura entidad ha sido la principal causa de las diferencias entre amabas. Es decir, ni Caja Duero ni Caja España han podido pactar dónde se ubicará la sede social ni la sede ejecutiva, ya que no ha habido unanimidad.
Desde Caja Duero se ha asegurado, a través de un comunicado, que la ruptura se produce por “persistir las divergencias sobre la gestión y operatividad de la futura entidad”.

Era la tercera reunión que han mantenido los diez negociadores, cuatro por Caja España y seis por Caja Duero y sólo hubo acuerdo para constituir la mesa negociadora. Y es que, desde un primer momento, la entidad salmantina ha pretendido que en esta capital se queden los servicios centrales de la futura caja, en los que se incluiría el departamento informático, que aglutina a un centenar de trabajadores, además de la Obra Social. Mientras, Caja Duero permitiría que se fueran a León el área de presidencia de la futura caja, la secretaría, la asamblea, además de departamentos que están en Madrid, como la sede de las empresas participadas o riesgos.

En esa segunda reunión, los representantes de Caja España se negaron a este planteamiento y pospusieron su respuesta a la siguiente reunión. En ella, que ha tenido lugar en la tarde del lunes, Caja Duero ha mantenido su propuesta de mantener en Salamanca la sede ejecutiva, mientras que Caja España ha pretendido tener en León “la sede social, una dirección general adjunta y compartir la sede ejecutiva”, lo que ha llevado a romper las negociaciones.

Hoy martes los presidentes y los directores generales de ambas entidades se reunen con responsables del Banco de España y de la Junta de Castilla y León, a propuesta de la entidad con sede en Salamanca, para dar a conocer los motivos de esta ruptura.