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BBVA se toma al fin su revancha con Italia. El exgobernador del banco central italiano ha sido condenado a tres años y medios de cárcel por bloquear la OPA del banco español sobre la Banca Nazionale del Lavoro (BNL), que finalmente acabó en manos de BNP Paribas.

Fazio ha sido condenado a 3 años y 6 meses de cárcel por su implicación en un pacto encubierto que se opuso a la opa que lanzó en 2005 BBVA por BNL y en favor de la aseguradora Unipol.

Los jueces de la primera sección penal del Tribunal de Milán que ha juzgado el caso han dictaminado el pago de 15 millones de euros al BBVA, a la espera de que se defina el monto total del resarcimiento por un Tribunal Civil, informaron medios de comunicación italianos. Junto a Fazio, el tribunal milanés también condenó a 3 años y 10 meses de cárcel al expresidente de la aseguradora Unipol Giovanni Consorte.

Asimismo, ambos fueron sancionados con el pago de una multa de 1.300.000 euros, mientras que Unipol ha sido condenado con una multa de 720.000 euros.

El juzgado acogió así parcialmente las penas de cárcel solicitadas por la Fiscalía, pues mientras esta pidió una condena de 3 años y medio para Fazio, en el caso de Consorte habían reclamado 4 años y 7 meses de reclusión.

Tras conocerse el veredicto, Giovanni Maria Dedola, abogado de Consorte, señaló que se trata de una "sentencia inexplicable" y anunció su intención de apelar el dictamen, mientras los letrados de Fazio tildaron la condena de "injustificada".

La Comisión Europea ultima un drástico endurecimiento del régimen sancionador en el sector financiero que podría exponer a los ejecutivos a multas equivalentes al 10% de su salario anual y a las entidades a multas de hasta el 10% de su facturación anual.

Bruselas ya criticó a finales del año pasado las divergencias en los mecanismos de castigo que existen en los 27 países de la Unión y abogó por una armonización de mínimos para que todas las autoridades nacionales puedan imponer sanciones "efectivas, proporcionadas y disuasorias".

Las nuevas multas se aplicarán en primer lugar a las entidades que no proporcionen a los reguladores la información exacta sobre su situación financiera (reservas de capital, ratio de solvencia, endeudamiento, etc.)".

En esos casos, según la citada agencia, la legislación comunitaria establecerá una sanción mínima equivalente al 10% de la facturación de la entidad o de 5.000 euros en el caso de los ejecutivos responsables de la falta.

En la actualidad, algunos países prevén sanciones ilimitadas (como es el caso de Reino Unido o Dinamarca) mientras que otros castigan las mismas faltas con multas de menos de 150.000 euros.

En España, según un estudio reciente de la Comisión, las multas suelen calcularse en base a los fondos de la entidad castigada (hasta el 5%) o de los beneficios obtenidos con una práctica inadecuada.