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El desahucio de viviendas por impago del inquilino podrá acelerarse a partir de hoy que entra en vigor la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que permite al propietario acogerse al sistema del proceso monitorio -rápido y sencillo- para la reclamación de las rentas y desahucio. Esta norma, incluida en el plan de modernización de la Justicia del ministro Francisco Caamaño, acomete reformas destinadas a simplificar los procesos y acortar los tiempos de respuesta de los tribunales, mediante la eliminación de trámites innecesarios.

Entre otras, modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) al permitir que, una vez presentada la demanda por impago, el secretario judicial dé diez días al inquilino para que abone la cantidad adeudada, abandone la vivienda o presente las alegaciones por las que se opone al pago.

Si transcurrido dicho periodo el demandado no ha realizado ninguna de las opciones, el secretario judicial procederá directamente a dar fecha para el lanzamiento (día en el que se hace efectivo el desalojo del inmueble), previa solicitud del propietario.

Hasta ahora, tras la demanda por impago el Juzgado señalaba la fecha del juicio, en la que se reconocía al propietario el derecho a recuperar su vivienda, así como la fecha del lanzamiento, lo que hacía que los procedimientos se prolongaran durante meses

El PSOE y el PP han sumado fuerzas en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar una proposición de ley de IU-ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades a aceptar que, con la entrega de la vivienda, sea suficiente para cancelar el préstamo.

Ambas formaciones aseguraron que la iniciativa, que también demandaba el reconocimiento del derecho subjetivo y "judicialmente exigible" de todos los ciudadanos a una vivienda, vulneraba las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, un argumento que también esgrimieron CiU y PNV para justificar su abstención.

La iniciativa, derrotada por 320 votos en contra, ocho a favor y nueve abstenciones, contemplaba también la "prohibición de cláusulas abusivas" en los contratos, como la imposición de intereses "moratorios" superiores a los "remuneratorios", los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario.

En este sentido, Adicae denunció ayer que miles de consumidores están pagando en su hipoteca un tipo de interés un 250% superior al que correspondería legalmente a causa de las cláusulas suelo de los créditos a la vivienda, según informó en un comunicado.

La asociación explicó que la documentación de los contratos ha puesto de manifiesto que muchas entidades fijaron cláusulas suelo del 5%, por lo que los hipotecados no se han beneficiado de la bajada del euríbor y están pagando tipos de interés muy elevados. Hasta en un 50% de los casos ese suelo está fijado en niveles superiores al 3,5%, asegura esta asociación.

El director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José Antonio Olavarrieta, ha asegurado que la nueva ley de cajas preservará el modelo de estas entidades y las fortalecerá, al permitirles capitalizarse.

En su opinión, esta nueva normativa cumple “prácticamente” con todo lo que había pedido la patronal de las cajas e insistió en que se trata de una norma muy flexible y “totalmente voluntaria”. Esto significa, según Olavarrieta, que la caja que no tenga problemas de solvencia y de liquidez podrán seguir como está, y que las que necesiten capital podrán emitir cuotas participativas -similares a las acciones- sin voto, como están ahora, aunque también habrá otras que quieran más capital y emitan cuotas con voto para hacerlas más atractivas.

Olavarrieta insistió en la importancia de que esta norma permita a las cajas conseguir capital en el mercado, algo básico en un momento de crisis como el actual, con la consiguiente reducción de los ingresos, que coincide con un exigente calendario de provisiones, pero dejó claro, como ya hiciera la semana pasada, que “a 30 de junio todas las cajas están en beneficios y lo van a estar a 30 de septiembre”.

En cuanto a las pruebas de solvencia de bancos y cajas que se publican el viernes, a Olavarrieta le sorprendería “mucho” que apareciera “cualquier problema” en las entidades españolas, debido al celo y el rigor con que ha actuado siempre el Banco de España.

Las Cortes de Castilla y León han aprobado un cambio en la Ley de Cajas que tiene como objetivo habilitar al director general de Caja Duero, Lucas Hernández, como dirigente de la entidad que surja de la posible fusión de Caja Duero y Caja España.

Los encargados de defender esta modificación de la Ley de Cajas de Castilla y León han sido los procuradores Raúl de la Hoz (PP) y Emilio Melero (PSOE), quienes han coincidido en la necesidad de aprobar esta modificación para acomodar la legislación a lo aprobado en los consejos de administración de las propias entidades financieras.

Ambas formaciones han pactado una modificación que tiene su origen en el acuerdo de los dirigentes de Caja Duero y Caja España, quienes ven a Lucas Hernández como la persona adecuada para dirigir la futura entidad.

Sin embargo, la normativa vigente hasta ahora preveía que los dirigentes de las cajas de ahorros de Castilla y León debían dejar sus cargos al cumplir los 65 años, algo que Hernández va a hacer el próximo mes de junio.

Con el cambio, los directivos de las cajas de ahorro podrán permanecer en el cargo hasta los 70 años, con lo que Lucas Hernández y otros dirigentes actuales de cajas de la Comunidad tendrán un margen de al menos otros 5 años para desempeñarlo.

El conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, asegura que ni el presidente de la CAM, Modesto Crespo, ni el de Bancaja, José Luis Olivas, le han trasladado que estén "avanzados en un proceso de fusión, absorción o integración con ninguna caja o cuáles eran los criterios de la misma". Camps se pronunció de esta manera en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en relación a la posibilidad de una fusión entre CAM y Bancaja y su opinión sobre los "movimientos" alrededor de estas entidades.

Camps recordó que el Gobierno valenciano tiene competencias que en un proceso de estos "tiene que ejercer", ya que "la autorización a una fusión de cajas de dentro o de fuera de la Comunitat la tiene que dar la Generalitat y nuestra ley de cajas determina una serie de procedimientos ligadas a esa misma autorización".

En este sentido, recordó que entre las competencias del Consell no está la de contemplar "la solvencia empresarial o la viabilidad o no de una posible fusión", ya que eso corresponde al Banco de España; entidad que "tampoco nos ha trasladado" que le hayan comunicado "ninguna operación", con alguna caja valenciana. Por lo tanto, "ni vía Banco de España ni vía cajas valencianas se nos ha trasladado formalmente que se hubiera llegado a un punto en el que se pudiera dar por hecho una fusión, una absorción o una integración", dijo.

En esta línea, preguntado por si el Consell ha mantenido contacto con el responsable de Caja Madrid, Rodrigo Rato, el conseller dijo que desde hace dos meses que no ha hablado con el presidente de la entidad financiera madrileña.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, han pedido investigar si existen pruebas de que el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, aprobó que la entidad financiara los recursos judiciales presentados por el Ayuntamiento de Madrid contra la Ley autonómica de Cajas, después de que el diario El Mundo publicara una información según la cual el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se sirvió del dinero de Caja Madrid para plantear una batalla política por el control de la entidad financiera contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha afirmado que "la finalidad de la Caja no era de ninguna manera mantener a Blesa en la Presidencia transcurridos 13 años". Asimismo, ha insistido en que es necesario comprobar si hay pruebas sobre los hechos dado que, utilizar los fondos de Caja Madrid para fines distintos a los de la propia entidad sería un asunto "muy grave".

Por su parte, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, ha considerado que habrá que investigar y observar responsabilidades para verificar si se ha utilizado dinero de los ciudadanos para financiar los recursos judiciales presentados por el Ayuntamiento de Madrid.”Si se ha utilizado dinero de los ciudadanos, porque el dinero de Caja Madrid es dinero de los ciudadanos, para una cosa de éstas, evidentemente habrá que investigar y observar responsabilidades".

Según el mencionado diario, el ex presidente de Caja Madrid financió el pasado año los recursos judiciales presentados por el Ayuntamiento de Madrid contra la Ley de Cajas impulsada por Aguirre. Y es que el Ayuntamiento necesitaba apoyo para contar con los mejores abogados en el gran proceso legal necesario para desmontar la nueva Ley de Aguirre y que no fuera aplicada a las elecciones en la caja de 2009.

Y es que Gallardón y Blesa tenían intereses coincidentes. El alcalde quería evitar que la nueva normativa de la caja recortara de 70 a 24 el número de representantes del Ayuntamiento en la asamblea de la entidad y Blesa quería frenar a toda costa la nueva normativa, porque, en su opinión, perjudicaba sus posibilidades de reelección.

El próximo martes, 16 de febrero, se iniciarán, con una reunión en Madrid, las negociaciones sobre la Ley de Cajas gallega, contra la cual el Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad esta semana. La reunión ha sido convocada para el mismo día que la que se celebrará entre el Gobierno central y el gallego centrada en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), instrumento contra el cual la Xunta tiene preparado un recurso por si no llegan a un acuerdo.

La Abogacía del Estado argumenta en el texto registrado ante el TC que dos de los artículos de la Ley autonómica, vulneran competencias en materia de solvencia y naturaleza de las cajas (el que se refiere al déficit patrimonial y la autorización de la Xunta para participar en un SIP), y los restantes no respetan lo dispuesto en la norma estatal sobre los órganos de representación. No obstante, la Xunta replica que la normativa gallega es "similar e idéntica" a otras leyes autonómicas de cajas que no fueron recurridas, como la catalana, la andaluza o la vasca. Asimismo, defiende la constitucionalidad de todos los puntos de la normativa gallega.

La Xunta se ha quejado de que el Gobierno central presentase recurso contra la ley gallega sin haberla escuchado, máxime cuando disponía de un plazo de tres meses, hasta el seis de abril, para formalizarlo. No obstante, el proceso de aplicación de la ley gallega, que prevé la renovación del 75% de las asambleas de las cajas gallegas en un plazo de dos meses, antes del 6 de marzo, ya está en marcha desde su entrada en vigor a principios de enero y los representantes del Parlamento ya fueron elegidos en el pleno de este martes.

Si Gobierno central y el gallego no llegan a un acuerdo, la suspensión de la ley podría dificultar en la práctica la fusión de las cajas gallegas que defiende la Xunta y a la cual se opone Caixanova, porque el proceso de renovación de los órganos de gobierno de ambas entidades podría quedar suspendido durante cinco meses y el plazo para recurrir al FROB finaliza el 30 de junio.

El Ejecutivo no tiene inconveniente en que las cajas de ahorros de Galicia se fusionen, pero insistió en que se debe hacer respetando las competencias del Banco de España. Asimismo, al día siguiente juzgó que la Ley de Cajas de Galicia es una "expresión evidente" de "interferencia política" en la actividad de las entidades.

Los consejos de administración de Unicaja y CajaSur han analizado por separado el proyecto de estatutos y reglamento y la estructura de la gestión de la fusión entre ambas entidades, tras lo cual indicaron que "la aprobación de los dos documentos ha quedado planteada para una reunión a celebrar en los primeros días de enero".

Según ambas entidades, la estructura para la gestión del proceso de integración se articulará a través del Comité de Gestión del proceso de fusión, aunque la nota difundida por Unicaja apunta además la figura de un Coordinador General para la fusión. En sendos comunicados, las entidades financieras señalaron que el análisis de estos documentos que constituyen "partes esenciales" del proceso de fusión entre Unicaja y CajaSur se produce después de que quedara aprobado el Plan de Negocio por los consejos de las dos Cajas el pasado día 1 y teniendo en cuenta que las dos entidades mantienen un protocolo de intenciones de fusión desde el pasado mes de agosto.

Además, señalaron que el Plan está sustentado en la idea principal de crear un proyecto "viable que fortalezca el desarrollo económico y social del entorno geográfico, así como en el principio de unidad y autonomía empresarial".

El desarrollo del proceso de fusión entre Unicaja y Cajasur, que cuenta con la necesaria adaptación de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, tiene que pasar también por la aprobación del proyecto de fusión por los Consejos de Administración de las dos cajas, dentro de la necesaria aprobación general de los órganos de gobierno de ambas entidades.

Ya hay fecha. Tras meses y meses de avances y retrocesos, peleas y negociaciones, empieza la cuenta atrás para la llegada de Rodrigo Rato a la presidencia de Caja Madrid. El consejo de administración del grupo ha fijado la convocatoria de la asamblea general que renovará el máximo órgano de gobierno la entidad el próximo 28 de enero.

Caja Madrid debió haber renovado los integrantes de su máximo órgano de gobierno a finales de 2008, pero una serie de desencuentros en el seno del Partido Popular (PP), a los que se terminaron sumando otras fuerzas políticas, han dilatado el proceso. La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), encabezada por Esperanza Aguirre, llevó a cabo a finales del pasado año una reforma de la ley de cajas regional que diluía el peso en la asamblea de la caja de otros organismos públicos como el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Alberto Ruiz-Gallardón.

Esta pieza legislativa fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España, que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Ante este movimiento, la Caja modificó algunos puntos de la ley. Con todo, la norma continuó desagradando a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, así como a la dirección madrileña del sindicato CC OO. De fondo se mantenía la pugna por ver quién sustituiría a Miguel Blesa.

El presidente de Caja Madrid se había acercado a las posiciones del regidor madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, frente a Esperanza Aguirre, que promovía como candidato a liderar la caja a Ignacio González, vicepresidente en la Comunidad. La disputa se dirimió el pasado octubre, a raíz de la intervención de Mariano Rajoy. El líder del PP impuso como candidato para la caja a Rodrigo Rato.

Lograda la paz en el PP, Rodrigo Rato se ha dedicado a negociar el reparto del consejo con las demás fuerzas presentes en la caja (PSOE, sindicatos e impositores).

Por una vez y esperemos que sirva de precedente, los portavoces de los grupos parlamentarios de CiU, ERC, PSOE y PP han coincidido en algo, en señalar la necesidad de impulsar una reforma de la ley de morosidad como la propuesta admitida a trámite por el Congreso de los Diputados en junio, que contempla una reducción en los plazos máximos de pago de 60 días para la empresa privada y de 30 días para las administraciones públicas.

Josep Sánchez Llibre, portavoz económico de Convergencia i Unió (partido que ha presentado la proposición), ha manifestado su satisfacción por "intentar liderar" una lucha contra la morosidad que de aplicarse finalmente "evitaría el cierre de negocio de miles de autónomos", al tiempo que ha confiado en que en las próximas dos o tres semanas se pueda debatirse esta ley para su aprobación. El portavoz del PSOE, Felix Larrosa, ha incidido en la necesidad de una ley de morosidad "práctica y contundente", que se muestre "absolutamente eficaz". Sin embargo, el socialista ha matizado que la iniciativa de la formación catalana "se puede mejorar".

Por su parte el diputado del Partido Popular, Ramón Aguirre, ha afirmado que su partido apoyará "de forma cerrada y sin fisuras" la propuesta realizada por CiU, aunque ya ha adelantado que realizará enmiendas a algunos aspectos de la iniciativa como la creación del Observatorio Estatal de la Morosidad, al considerar que el momento económico actual "no es el adecuado" para la constitución de esta institución.

En sentido similar se ha mostrado el secretario general de ERC, Joan Ridao, quien ha calificado de "inoperante e ineficaz" la ley de morosidad actual y ha tildado de "absolutamente imprescindible fijar los plazos de pago".