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Kutxabank ha obtenido un beneficio de 50,3 millones, un 43,4% menos que en el mismo periodo de hace un año (comparado con los resultados de las tres cajas vascas que forman el nuevo banco) tras destinar a provisiones para riesgos generales 44,3 millones de euros.

Según ha informado en una nota Kutxabank, en este primer trimestre -primero de su actividad propia tras fundarse el banco en enero- se han incorporado los gastos de la integración de las tres cajas vascas y se ha recogido el impacto "íntegro" que tendrá en sus cuentas la indemnización de 222 millones que Euskaltel (de la que el banco vasco tiene el 69% de las acciones) tendrá que pagar a Orange.

Las provisiones de 44,3 millones de este trimestre son para riesgos generales y deterioro de activos financieros, ya que Kutxabank ya cumplía en el momento de su nacimiento con las nuevas exigencias del Gobierno sobre saneamientos de activos inmobiliarios.

Ahora, Kutxabank tiene provisiones para el 64% del suelo de su cartera, el 54% de la promoción en marcha y el 37% de los activos problemáticos del sector promotor y constructor, además de una cobertura adicional del 7% sobre los riesgos en situación normal.

El resultado de explotación de Kutxabank ha sido de 87,9 millones, un 10,3% menos, y el margen bruto ha bajado un 9%, hasta los 352,2 millones, debido a la menor actividad financiera y a haber tenido que doblar la aportación al Fondo de Garantía de Depósitos, que financia la reestructuración bancaria española. El margen de intereses ha crecido un 5,2%, hasta los 228,3 millones, y el margen de clientes, que incluye también las comisiones y el negocio asegurador, ha aumentado un 4,9% en los tres primeros meses de este año.

El vicepresidente primero de la CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, ha asegurado que con la "rigidez" que presenta actualmente el mercado laboral español las empresas "no contratan con 45 días de indemnización por despido".

En declaraciones a Telemadrid, Fernández insistió en su propuesta de un contrato único con una indemnización de 20 días por año, con un máximo de doce meses, y de "otra serie de contrataciones para jóvenes", que no concretó.

Según dijo, el contrato único que persiguen los empresarios es "un gran contrato", por lo que instó a los sindicatos a "reconsiderarlo". "Es absurdo tener cuarenta y tantos contratos", añadió para apostillar que "es necesario modernizarse, aunque esto no vaya a crear empleo de la noche a la mañana".

Por otro lado, pese a que los sindicatos se han mostrado contrarios a esta reforma de los contratos, el vicepresidente primero de la CEOE ha asegurado que entre las partes "hay predisposición para llegar a un acuerdo", dentro de las negociaciones que mantienen para dejar encarrilada antes del 7 de enero la reforma laboral que el Gobierno quiere tener aprobada en el primer trimestre.

"Estamos de acuerdo en unos puntos que son básicos, la negociación colectiva y la contratación. Veo el acuerdo mucho más cerca que lo veía hace dos meses", sentenció.

El exdirector general de Caja Cantabria Javier Eraso recibirá alrededor de 1,2 millones de euros en concepto de indemnización tras abandonar su cargo. Esta indemnización es la que establece el contrato firmado por Eraso en febrero de 2000, cuando se hizo cargo de la caja cántabra, y, en cualquier caso, no se trata de una cifra fruto de una negociación.

"Es un contrato de alta dirección, normal y corriente, en el que se pactó una cuantía. Al igual que en los contratos laborales (las indemnizaciones) se corresponden con tantos días por año trabajado, en el caso de los puestos de dirección general se corresponde con dinero. Es un finiquito", explican fuentes financieras, que apuntan a que la salida de Eraso no es una dimisión, sino una rescisión del contrato.

Sobre si es Caja Cantabria o, por el contrario, Liberbank -integrada por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria- quien debe hacerse cargo de esa indemnización, las mismas fuentes apuntan a que el pago es una cuestión que corresponde a la caja cántabra. "Si mañana dimite el director general de Cajastur el problema es de Cajastur, no de Liberbank", opinan fuentes del sector.

Por otra parte, Javier Eraso también abandona su puesto como director del banco de empresas de Liberbank, aunque esta salida no está vinculada -en principio- a su marcha de Caja Cantabria. "Podría seguir como director del banco de empresas, pero no ha sido así", indican las fuentes.

Por su parte, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que la salida de Javier Eraso de la entidad cántabra es una cuestión ajena al Gobierno y que tiene que ser Liberbank, como entidad privada, quien tome las "acciones adecuadas en beneficio de los intereses del Banco".

Diego ha calificado de "envidiable" los aproximadamente 1,2 millones de euros de indemnización y ha añadido: "son contratos que se formularon en su momento y que aunque puedan parecer exagerados, están registrados".

El consejo de administración de Caja España-Duero ha acordado que no revocará la indemnización recibida por el exalcalde de León, Francisco Fernández, por la "extinción" de su contrato con la entidad, tras aceptar la validez de "contundentes informes jurídicos" que garantizan su legalidad.

Fuentes del consejo han señalado que a la reunión no ha asistido Fernández, que es vocal del consejo y que dimitió como candidato al Congreso y portavoz socialista en el Ayuntamiento de la ciudad por las críticas que suscitó el cobro de la indemnización, que ronda los 550.000 euros.

Las mismas fuentes han recalcado que los informes jurídicos presentados por la dirección han puesto de manifiesto la pertinencia de la cantidad y su "absoluta legalidad", por lo que el debate ha sido "muy rápido" y "equilibrado".

Concretamente, la indemnización responde a un acuerdo alcanzado entre la dirección y Fernández para extinguir su contrato como empleado de la entidad, cuya cuantía se estableció que fuera "similar" a la que obtendría un prejubilado de la caja, por lo que no se circunscribe al expediente de regulación de empleo de la fusión de Caja España y Caja Duero, como el exalcalde sostuvo en un principio.

La media de las indemnizaciones por prejubilación que concede la caja se sitúa aproximadamente en 362.000 euros.

La presidenta del PP de León, Isabel Carrasco, ha pedido al Banco de España que intervenga ante la indemnización de 520.000 euros concedida por Caja España-Duero al exalcalde socialista de León Francisco Fernández.

Tras la sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de León, Carrasco ha pedido a la entidad financiera que explique "con luz y taquígrafos" si la indemnización de 520.000 euros por prejubilación concedida al exalcalde y secretario provincial socialista, Francisco Fernández, "es o no legal" porque, a su juicio, es al menos "inmoral" y "sonroja a cualquier ciudadano".

Según la presidenta del PP, los directivos de Caja España-Duero deberían "dar la cara" y explicar si esta indemnización queda dentro de la legalidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "que en su día se cerró con un corte en un ciudadano", en referencia al exalcalde, y si es lícito que Fernández "estando en excedencia especial" de la caja haya solicitado la prejubilación.

A juicio de la presidenta del PP leonés y ex vicepresidenta de Caja España, esta indemnización parte de la "situación privilegiada que en su día le proporcionó -a Fernández- el señor Javier Ajenjo", exdirector adjunto de la entidad.

Carrasco, como consejera de Caja España-Duero, ha señalado que espera que los sindicatos pidan explicaciones en el consejo de administración de la entidad previsto para el próximo jueves.

El presidente de NCG Banco, José María Castellano, ha afirmado hoy que espera que, por el bien de la entidad, de sus empleados y clientes, "cunda el ejemplo" de Javier García de Paredes, el exdirectivo que ha renunciado a la mayor parte de su indemnización.

Castellano confía, por tanto, en que el resto de exdirectivos que han recibido indemnizaciones millonarias, que superan los 30 millones de euros, "también renuncien a una gran parte de las cantidades recibidas".

NCG Banco ha anunciado en un comunicado tras celebrar su consejo en A Coruña que negocia acuerdos para la renuncia de exdirectivos de las cajas gallegas a las indemnizaciones millonarias que han recibido al abandonar la entidad.

El consejo de administración de NCG Banco ha sido informado de la renuncia voluntaria del exdirector general adjunto Javier García de Paredes a la mayor parte de su indemnización, así como de que se mantienen abiertas conversaciones para lograr acuerdos similares con el resto de exdirectivos de Novacaixagalicia.

El presidente de la Fundación Novacaixagalicia-Claudio San Martín, José Luis Méndez, que supuestamente recibió una indemnización de 16,5 millones, ha comunicado a NCG Banco que su proceso de jubilación se ajustó a la normativa legal y a las reglas de buen gobierno corporativo.

Informó además de que en el momento de su jubilación, en septiembre de 2010, renunció de manera voluntaria a las indemnizaciones inherentes a su contrato de alta dirección.

Ante la nueva situación por la creación de NCG Banco, Méndez ha puesto a disposición de su presidente, José María Castellano, los puestos de representación que ocupa en las sociedades participadas por el banco.

La entidad ha informado de que Castellano ha explicado hoy al consejo que García de Paredes ha acordado volver a reducir la cuantía total que se establecía en su contrato tras su salida del banco, lo que supone una renuncia al cobro de la mayor parte de su finiquito.

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia dictada por un juzgado de Primera Instancia de Cartagena contra Bankinter, que ha sido condenado a pagar 58.000 euros a una clienta por no informarle sobre los riesgos de una inversión en participaciones del Banco de Islandia.

El juzgado de Cartagena, condenó al banco demandado a devolver dicha suma, importe de la inversión hecha por la clienta, a la que habrá que descontar "lo que ésta haya percibido en concepto de rentabilidad de los valores objeto del contrato".

La Audiencia Provincial, que ha desestimado el recurso presentado por Bankinter, señala que esta entidad bancaria no facilitó a la compradora del producto financiero toda la información exigida por la legislación vigente.

Un portavoz de la entidad financiera explicó a Efe que se trata de una resolución "puntual", que afirma que el cliente debería haber sido informado de la posibilidad de perder su inversión si el emisor quebraba, cuando ésta "no es la opinión mayoritaria" de los juzgados, que consideran que la posibilidad de una quiebra es un riesgo inherente a cualquier inversión.

En cualquier caso, el tribunal subraya que "la entidad financiera que intermedia o interviene profesionalmente en la adquisición por parte de un cliente de un determinado producto financiero tiene la esencial obligación de informarle, previamente, y con el suficiente detalle, de las características del mismo, con el fin de que pueda adoptar su decisión inversora con suficiente conocimiento de causa".

Añade que "esta obligación de informar debe cubrir, de forma especial, los riesgos concretos que lleva consigo la referida inversión, sin que el banco pueda proceder a un cumplimiento meramente formal de esa obligación por la vía de realizar una somera descripción del producto en la que simplemente se resalten las rentabilidades y se difuminen los riesgos".

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Joaquín Hervás, dice que el contrato "no indicaba, de forma expresa, la posibilidad de que el cliente perdiese, total o parcialmente, el capital invertido, limitándose a hacer referencia a unos ratings de la emisión que, por su carácter técnico, sólo pueden ser adecuadamente interpretados por inversores profesionales u otras personas con una elevada cultura financiera".

Al margen de esta sentencia, Bankinter recuerda que cuenta con varias resoluciones judiciales a su favor en relación con la comercialización de productos de bancos islandeses, de las cuales, dos son firmes porque el propio cliente ha decidido no recurrir.

Los islandeses tendrán la última palabra en la batalla que mantiene enfrentado a su país con Reino Unido y Holanda, ya que votarán en referéndum la forma en que Reikiavik tiene que indemnizar a los ahorradores de dichos países que perdieron sus inversiones tras la quiebra del banco Icesave.

La consulta pública es la opción que queda, tras el fracaso de las negociaciones entre las partes para llegar a un acuerdo sobre el pago.A principios de semana, Islandia ya rechazó en el Parlamento una oferta del Reino Unido y de Holanda que proponían la devolución de los 3.800 millones de euros pendientes a un interés fijo del 2,75%, con un tipo variable en el periodo final. Los negociadores islandeses, por su parte, apuestan por una devolución libre de intereses pero en un plazo menor al previsto.

Ambas propuestas distan del acuerdo inicial, que preveía una devolución en 15 años al 5,5%. Sin embargo, éste no pudo llevarse a la práctica porque el presidente del país, Olafur Ragnar Grimsson, se negó a firmar la ley que lo permitía y que había sido aprobada previamente por el Parlamento, el pasado 30 de diciembre.

Esta decisión del jefe de Estado llevó a la primera ministra, Jóhanna Sigurdardóttir, a convocar un referendo sobre la ley, en la que será la primera consulta popular de la historia del país. Las últimas encuestas dan la victoria al No.

El Reino Unido y Holanda, a través de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), han bloqueado el pago de los nuevos plazos de la ayuda internacional concedida hace un año en préstamos a Islandia por un total de 6.000 millones de dólares (unos 4.420 millones de euros), a la espera de que se resuelva el "caso Icesave".

Ese bloqueo ha puesto también en peligro el proceso de negociación para el ingreso de Islandia en la UE, solicitado formalmente hace medio año por las autoridades del país.

Todo un gesto. El consejo de administración de BBVA ha decidido congelar tanto las aportaciones al plan de pensiones como el salario de su presidente, Francisco González, que percibió un salario total de 5,32 millones de euros en 2009, un 0,5 menos que el año anterior.

Por tanto, no habrá más aportaciones a la pensión de González, que se queda en “sólo” 79 millones de euros, según consta en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de la convocatoria de la junta general de accionistas del 12 de marzo.

La decisión se produce después de la polémica generada por la salida del banco de José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado, quien se embolsó al dejar el banco la nada despreciable cifra de 50 millones de euros de pensión.

En el caso del actual presidente, tras la aportación de siete millones de euros en 2009 (inferior en un 30% a la de 2008) el banco ya no hará más aportaciones, dado que el 19 de octubre del pasado año González ya cumplió 65 años. No obstante, el dinero lo recibirá cuando deje el cargo.

Asimismo, el banco ha decidido eliminar las indemnizaciones por cese para los consejeros ejecutivos, los denominados blindajes, lo que le propiciaría un ahorro teórico de 178 millones de euros. De este modo, González se queda sin los 93,70 millones a que tenía derecho si la entidad decidía prescindir sin causa justificada de sus servicios.
El BBVA considera que estas medidas son acordes con las nuevas exigencias internacionales en materia de retribuciones al sector financiero.

Ángel Cano Fernández es el nuevo consejero delegado de BBVA en sustitución de José Ignacio Goirigolzarri, según ha acordado el consejo de administración del grupo, que ha comunicado su decisión a la CNMV. Un cambio que ha pillado por sorpresa a muchos y que se ha interpretado como que Goirigolzarri habría tomado la decisión de dimitir después de que el consejo de administración decidiera proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas que Francisco González, presidente del banco, renueve su mandato. No hay que olvidar que el propio González había señalado a su mano derecha como su sucesor.

El nuevo consejero delegado de BBVA era hasta ahora director de recursos y medios del grupo, por lo que se encargaba de la gestión de recursos humanos, las infraestructuras y la tecnología, así como de la ejecución de los planes de transformación del grupo, según el comunicado hecho público por el segundo banco español.

El consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, de 55 años, dejará el cargo por jubilación anticipada, con una pensión respaldada por los 52,49 millones que tiene dotados el segundo banco español para garantizarle esa prestación. Según informaron fuentes de la entidad financiera, Goirigolzarri no cobrará ningún tipo de indemnización por cese, ya que abandona el banco "de mutuo acuerdo".

En cualquier caso, a partir de ahora cobrará "menos" que su sueldo en el banco, donde en 2008 percibió 4,6 millones de euros entre cantidades fijas y variables.