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Los inspectores internacionales que analizan en Atenas las políticas de austeridad del Gobierno están insistiendo en su exigencia de que se reduzca la plantilla de trabajadores públicos como una de las medidas para lograr los objetivos de reducción del déficit.

Tras la reanudación de los contactos, paralizados desde el 2 de septiembre, varios medios griegos se refieren hoy a la petición por parte de los representantes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, en el adelgazamiento de la enorme Administración griega.

Según el periódico "Eznos" y varias cadenas de televisión, la "troika" exige a Grecia que despida de inmediato a un 3 por ciento del total de 900.000 funcionarios públicos, lo que permitiría ahorrar unos 1.500 millones de euros hasta 2012.

El primer ministro griego, Yorgos Papandréu, ha convocado al Consejo de Ministros este domingo para analizar el proyecto de poner a 30.000 funcionarios en la "reserva" durante un año, un periodo durante el que cobrarían un 60 por ciento de su salario y tras el que serían despedidos, a no ser de que se les pueda recolocar.

Ese proyecto del Gobierno se ha topado con dificultades legales y constitucionales, aparte de la oposición de los sindicatos y de buena parte de la clase política.

El compromiso ante la UE y el FMI es de reducir en un 30 por ciento la plantilla de funcionarios hasta 2015.

Además, los inspectores internacionales tampoco están contentos con la falta de respuesta de parte de las 151 empresas y organismo públicos a los que el Gobierno ha solicitado una lista con el 10 por ciento de los empleados que consideren sobran.

El trabajo de los inspectores se está viendo dificultado por las protestas laborales que se suceden en Atenas cada día. Ayer no pudo celebrarse una reunión prevista en el Ministerio de Finanzas, ya que grupos de funcionarios bloqueaban la entrada, y tuvo que trasladarse a las oficinas del primer ministro.

reformas discutirá hoy el primer ministro Yorgos Papandréu en la reunión que mantendrá en París con el presidente francés, Nicolas Sarkozy.

Los inspectores también analizarán los presupuestos estatales para 2012, que serán tramitados por el Parlamento a partir del lunes y que se espera sean votados a finales de octubre.

El objetivo primario es reducir el déficit este año hasta el 7,5 por ciento, desde el 10,5 por ciento del año pasado, y seguir recortándolo hasta llegar al 3 por ciento en 2014.

Del informe final de la "troika" dependerá que se le entreguen a Grecia los 8.000 millones de euros del sexto tramo del rescate aprobado en 2010, una decisión que se espera sea tomada el 13 de octubre en una reunión extraordinaria del Eurogrupo.

El nuevo gobierno conservador de Portugal sigue el ejemplo francés y ha decidido aumentar los impuestos a los más ricos un 2,5%.

Los contribuyentes afectados serán aquellos cuyas rentas estén situadas en el tramo más elevado del IRS (similar al IRPF español), es decir, los que ganen al año más de 150.000 euros y que actualmente pagan un 46,5% de impuestos. Así lo ha anunciado esta tarde en rueda de prensa el ministro de Finanzas luso, Vítor Gaspar, en la presentación del Documento de Estrategia Presupuestaria hasta 2014.

Además, el ejecutivo del socialdemócrata Pedro Passos Coelho ha decidido aumentar un 3% los impuestos a las empresas con beneficios superiores a 1,5 millones de euros al año.

El objetivo del Gobierno es lograr que el déficit público luso se sitúe en el ambicioso 0,5% en 2015.

Para ello, se ha presentado este documento de contención, que va en la línea de las exigencias del programa de ayuda externa de 78.000 millones de euros negociado con la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ejecutivo socialdemócrata no solo se ha propuesto hacer los deberes de casa, sino que además pretende subir nota.

Para ello, según avanza el 'Diário Económico', los socialdemócratas consideran subir del 1% exigido por las instituciones internacionales al 2% la reducción anual de los funcionarios públicos de la Administración Central, lo que supone unos 10.000 trabajadores estatales menos al año.

Los técnicos de Hacienda (Gestha) aseguran que el Estado podría obtener hasta 3.637 millones de euros adicionales recuperando el Impuesto de Patrimonio para aquellos contribuyentes con un patrimonio individual neto superior a los 1,5 millones de euros y aumentando en 5 puntos el tipo impositivo de 1.976 sociedades que contabilizan más de 90 millones de beneficios.

Asimismo, los técnicos de Hacienda plantearon eliminar las ventajas fiscales de las que gozan los extranjeros residentes en España con ingresos de 600.000 euros anuales y actuar sobre las rentas altas mediante la inclusión de dos nuevos tramos en la tarifa del IRPF, de modo que a partir de los 100.000 euros de ingresos netos anuales se suba el tipo marginal en tres puntos hasta el 46% y, a partir de 300.000 euros, hasta el 50%.

Por otro lado, el colectivo explicó que el recorte de retribuciones de los empleados públicos sólo se aplica de forma progresiva al salario base y la antigüedad, mientras que se reducen de forma lineal los complementos fijos, que son los que diferencian realmente el sueldo de los funcionarios.

En otro orden de cosas, los técnicos de Hacienda lamentan que el Gobierno haya preferido aprobar un drástico recorte antes que hacer cumplir la ley para mejorar los ingresos de las Administraciones Públicas. Así, alertan del importante volumen de economía sumergida existente en nuestro país, como, a su juicio, sugiere el hecho de que mientras 16 millones de trabajadores y pensionistas declaran una media de 18.400 euros anuales, las actividades empresariales y profesionales apenas declaran los 13.525 euros en estimación directa, y los autónomos en módulos apenas llegan a los 11.567 euros.