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El Servicio de Estudios del BBVA considera que el ajuste fiscal llevado a cabo por España se está haciendo de una manera "traumática" por sus consecuencias sobre la inversión y el empleo, en lugar de producirse "de manera ordenada y virtuosa".

En su último 'Observatorio Económico' sobre las necesidades y fuentes de financiación de la economía española, BBVA indica que, dentro de este proceso de ajuste del gasto, la disminución de la inversión nacional está teniendo "efectos negativos" en términos de destrucción de empleo, debido a que la reducción de la deuda se está haciendo "de forma perniciosa" para el crecimiento y la creación de empleo.

Además, advierte de que todo ello se está produciendo en un contexto de ‘credit-crunch’ que puede intensificarse aún más, tal y como amenazan las tensiones financieras actuales y las elevadas primas de riesgo. En estas circunstancias, añade, resulta “particularmente preocupante” la financiación de los vencimientos de la deuda exterior española previstos para 2012, de hasta 414.000 millones de euros, así como las nuevas necesidades netas de financiación (27.500 millones de euros).

Por todo ello, BBVA apuesta por sentar las bases para llevar a cabo el proceso de reducción de deuda de forma más ordenada, en un contexto de crecimiento y con mercados de financiación a largo plazos abiertos. Para ello, dice que es necesario recuperar la confianza de los mercados en la economía española y, en este sentido, aboga por sanear “de forma completa, definitiva y rápida” los balances bancarios, “minimizando totalmente el coste para los contribuyentes”.

Unicaja ha lanzado al mercado desde comienzos de este mes su nueva campaña de planes de pensiones que, según comunicado de la entidad, aúna tanto ventajas inmediatas, con incentivos para nuevas aportaciones y bonificaciones de hasta el 3% por traspasos externos, como ventajas futuras derivadas de la inversión, el ahorro y la previsión por la contratación de los planes de pensiones.

Entre las incorporaciones de la nueva campaña destaca el novedoso Planificador, una nueva herramienta de simulación que ofrece al cliente una programación de ahorro para garantizar el nivel de renta en la jubilación. Además, dentro de esta campaña, Unicaja ofrece, como en años anteriores, un préstamo al 0% y sin comisiones para realizar aportaciones extraordinarias a los planes, y establece bonificaciones de hasta el 3% por traspasos recibidos desde otras entidades.

Entre los nuevos productos de la campaña de 2011, se encuentra el Uniplan Protección 2016 II, un plan de pensiones de renta fija, garantizado y a largo plazo que ofrece una rentabilidad asegurada del 13,11% a Julio de 2016 y una bonificación del 5% sobre las aportaciones extraordinarias y traspasos realizados hasta el 30 de Noviembre.

Así, la nueva campaña de pensiones de Unicaja ofrece el novedoso servicio añadido del Planificador de ahorro que permite ajustar las aportaciones de los clientes a sus necesidades para garantizar el mantenimiento de su capacidad adquisitiva en el futuro. Este servicio se une al Optimizador fiscal, una herramienta que facilita, de forma orientativa, la inversión que mejora fiscalmente la declaración de la renta del cliente.

En cuanto al préstamo, es a un año de hasta 6.000 euros al 0% de interés y sin comisiones para facilitar las aportaciones extraordinarias a los planes de pensiones. Y además, la entidad financiera establece bonificaciones de hasta el 3% por traspasos recibidos desde otras entidades con un importe mínimo de 6.000 euros y realizados antes de fin de año.

El Gobierno italiano decidió retirar de su último plan de ajuste presupuestario para el próximo bienio el llamado "impuesto de solidaridad", que preveía gravar con un 5 % adicional las rentas anuales que superaran los 90.000 euros y con un 10 % las que sobrepasaran los 150.000 euros.

La decisión fue adoptada en la reunión que mantuvieron el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y su aliado en el Gobierno, el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, pocas horas antes de que se cerrara el plazo para la presentación de enmiendas al texto, aprobado en Consejo de Ministros el 12 de agosto.

En un comunicado emitido tras la reunión se informa de que el "impuesto de solidaridad" será sustituido por "nuevas medidas fiscales que tendrán como objetivo eliminar los abusos en los registros de propiedad y en la inscripción del patrimonio a nombre de terceros para eludir el pago de impuestos, así como la reducción de ventajas fiscales a las sociedades cooperativas".

La abolición de esta "contribución solidaria", que sí se mantendría para los parlamentarios, fue una de las medidas defendidas por Berlusconi, que en los últimos días se mostró contrario al gravamen.

Asimismo, durante el encuentro se acordó reducir el impacto del plan de ajuste previsto inicialmente para ayuntamientos, provincias y regiones y que en el texto aprobado por el Consejo de Ministros se cifraba en cerca de 9.500 millones de euros entre 2012 y 2013.

Se prevé, además, la concesión a los entes territoriales de mayores poderes y responsabilidad a la hora de combatir la evasión fiscal y se verán beneficiados de los ingresos adicionales que resulten de esas actuaciones.

La Comisión Europea ha pedido a España que reduzca las cotizaciones sociales de los trabajadores para disminuir los costes salariales, y que compense la reducción de ingresos con aumentos del IVA y de los impuestos sobre la energía.

El Ejecutivo comunitario ha reclamado además al Gobierno aprobar la reforma de la negociación colectiva y modificar las cláusulas de revisión salarial "para garantizar que el crecimiento de los salarios refleje mejor la evolución de la productividad, así como las condiciones a nivel local y de la empresa".

Bruselas pide también a España que evalúe el impacto de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2010 y que, si los resultados son negativos, haga más reformas en el mercado de trabajo para reducir la temporalidad y mejorar el acceso de los jóvenes.

En materia de consolidación fiscal, la Comisión recomienda a España que adopte más medidas de ajuste en 2011 y 2012 si las previsiones económicas del Gobierno no se cumplen para garantizar que se respeten los objetivos de déficit. Bruselas vaticina que la economía española crecerá este año sólo un 0,8% y un 1,5% en 2012, frente al 1,3% y el 2,3% que espera el Gobierno.

España debe también "garantizar que se cumplan los objetivos de déficit en todos los niveles de gobierno, aplicando estrictamente los mecanismos de control del déficit y de la deuda para las comunidades autónomas". El Ejecutivo comunitario reclama también que se adopte tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas una regla que limite el aumento del gasto por debajo del crecimiento del PIB.

La secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, ha celebrado el "cambio de tendencia" que a su juicio supone la "importante moderación" en la caída de concesiones de hipotecas en el año 2010, del 7,4 %, en comparación con 2009, cuando la bajada fue del 21,9 %.

"Sin caer en triunfalismos y desde la debida prudencia a la que siempre obliga un proceso que es cambiante y que está vivo, celebro que en 2010 se haya roto una tendencia que arrastrábamos desde hacía dos años", ha señalado Corredor en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

El mayor descenso en la concesión de hipotecas se produjo en 2008, cuando el número de hipotecas cayó un 32,5 %, hasta 835.056 nuevos préstamos.

La exministra, cuyas competencias quedaron incluidas en el departamento de Fomento, ha recalcado que aún "podemos asistir todavía a algunos meses de indefinición del mercado, pues los cambios en la fiscalidad de la vivienda pueden haber alterado el proceso de toma de decisiones".

Sobre el cambio fiscal que comenzó en enero, el portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, Pablo Matos, ha desatacado que su partido no opina que las rentas superiores a los 24.000 euros anuales sean suficientes para renunciar a las ayudas a la compra, por lo que recuperarán las deducciones en el momento en que vuelvan al gobierno.

Corredor ha indicado que el objetivo del Ejecutivo "no es volver a la situación de los años de excesiva expansión inmobiliaria, sino redimensionar el sector residencial manteniendo su importante aportación al PIB y al empleo en términos razonables y equilibrados".

La presentación del libro de Guillermo de la Dehesa La primera gran crisis financiera del siglo XXI ha servido para reunir en público a cuatro ex ministros de Economía -Pedro Solbes, Rodrigo Rato, Carlos Solchaga y Miguel Boyer-, quienes discreparon sobre la conveniencia de mantener los estímulos fiscales para combatir la crisis o empezar a retirarlos, al tiempo que comentaron la necesidad de introducir algunas reformas económicas.

Solbes, que fue ministro con José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe Gonzalez, comentó que la "crisis no va a llegar más lejos" y que los rescates bancarios habían sido "inevitables". Rodrigo Rato, por su parte, consideró que el estímulo fiscal que se está haciendo en España es "muy considerable", porque el déficit alcanza el 10 ó 12 por ciento del PIB, por lo que comentó que habrá que pensar en nuevas medidas y en aplicar reformas de los mercados. A este respecto, Rato se mostró convencido de que los gobiernos que hacen reformas "pueden ganar elecciones", pero, agregó que las reformas hay que ejecutarlas en la primera mitad de la legislatura "y ya sabemos donde estamos".

Por su parte, Solchaga demandó para contribuir a salir de la crisis la aplicación de una reforma laboral y una mejora en el sistema de negociación colectiva, y sugirió dejar para un futuro cercano, cuando "vayamos saliendo de la crisis" la introducción de otras reformas. Solchaga, que fue ministro con Felipe González, abogó por mantener los estímulos fiscales porque existen más riesgos si se abandona, pero criticó con dureza el sistema de contratación laboral español, que genera más paro cuando decrece la producción, y el sistema de prestación por desempleo, "demasiado generoso y caro de mantener".

Otro antiguo ministro de Felipe González, Miguel Boyer, apostó por mantener los estímulos fiscales en estos momentos de debilidad de los gobiernos porque se lo sugerían sus "espíritus animales" y propuso retrasar la aplicación de reformas para otros momentos.