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El Gobierno ha anunciado que pedirá al Banco de España su opinión sobre las retribuciones en las entidades intervenidas o que han recibido ingentes ayudas del Estado, con el fin de evitar que se premie a sus directivos.

En cuanto al conjunto del sector financiero, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que los 50.000 millones que el Ejecutivo ha dicho que deberán aportar a las entidades para hacer frente a los activos del "ladrillo", se basan "ni más ni menos" que en los datos del Banco de España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha argumentado que el Ejecutivo quiere saber si el organismo supervisor cree adecuadas "a las circunstancias actuales" las retribuciones, tanto fijas como variables, de los directivos de las entidades intervenidas o que han recibido ayudas públicas.

Por eso, la vicepresidenta ha informado de que el titular de Economía, Luis de Guindos, pedirá "por carta" al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un informe para conocer la posición del organismo sobre estos sueldos.

Esta petición llega una semana después de que la práctica totalidad de los directivos de Bankia, Banca Cívica, BMN, Caja España-Duero, CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Unnim hicieran públicas sus retribuciones.

Según el informe que elabore el Banco de España, el Gobierno ha prometido que adoptará "medidas" para que "no se premie a los directivos de entidades intervenidas o que han necesitado apoyo público" para continuar con su actividad.

En algunas de esas entidades los directivos han recibido ya indemnizaciones millonarias o tienen suculentos planes de pensiones o cláusulas de blindajes.

Las agencias de calificación de riesgos, ajenas a las críticas que desatan sus anuncios, continúan con su inexorable labor. En el caso de Moody's, tocó golpear a las entidades francesas. La agencia de calificación rebajó un escalón la calificación a largo plazo de los bancos franceses Société Générale, BNP Paribas y Crédit Agricole. Moody's atribuyó la decisión al "deterioro significativo" de las condiciones de liquidez y a las mayores "presiones" de financiación que tendrán que afrontar como consecuencia de la crisis de la deuda soberana europea.

En concreto, Moody's ha recortado la calificación a largo plazo de Crédit Agricole y BNP Paribas hasta el nivel Aa3, todavía dentro de los niveles de calidad superior, mientras que en el caso de Société Générale la rebaja llevada a cabo por la agencia ha situado su nota en el nivel A1, pasando así de calidad superior a calidad buena. En todos los casos, el recorte ha sido de un escalón. La rebaja de la calificación a los tres pesos pesados de la banca francesa pone fin al proceso de revisión de calificaciones que Moody's inició a mediados de junio.

En el caso de la agencia Fitch, considera que la decisión del BCE de ofrecer préstamos con vencimiento de hasta tres años a las entidades europeas puede contribuir a desbloquear el mercado interbancario, aunque advierte de que la efectividad de la medida dependerá del número de bancos que participen en las subastas, ya que algunas entidades podrían renunciar a tomar parte por si ello fuera considerado como una muestra de debilidad.

Las entidades han captado menos recursos, ya que en abril los nuevos depósitos descendieron en 7.000 millones de euros si se compara con abril del pasado año, y en 2.200 millones de euros en comparación con marzo de este año, según los últimos datos publicados por el Banco de España

En lo que va de 2011, el importe más alto se alcanzó en marzo, con casi 38.000 millones de euros en nuevos depósitos. No obstante, desde mediados de 2010 los recursos que las entidades son capaces de captar del mercado quedan muy lejos de los niveles que se registraban a comienzos de 2010, cuando se situaban en torno a los 45.000 millones de euros.

La entidades tendrán que echarle imaginación a sus campañas comerciales a partir del próximo mes de julio si desean seguir captando nuevos clientes, ante la entrada en vigor de la prohibición para elevar por encima de unos límites la remuneración de los depósitos.

En concreto, la remuneración no debe exceder en más de 150 puntos básicos el Euríbor a tres meses para productos con un plazo igual o inferior a tres meses, y en más de 150 puntos básicos el Euríbor a seis meses si lo son por plazo superior a tres meses e inferior a un año. En caso de depósitos de plazo igual o superior a un año, el tipo de interés no puede esceder en mas de 100 puntos básicos el Euríbor a doce meses

El Consejo de Ministros ha acordado declarar urgente la tramitación parlamentaria en el Senado del proyecto de Ley por la que se modifica la legislación sobre obligaciones de información de los intermediarios financieros, que refuerza el control del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre los instrumentos de inversión, para permitir adelantar su entrada en vigor.

La norma, que ha sido aprobada esta misma semana por el Congreso, modifica la Ley de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley del Mercado de Valores y la legislación sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.

Con esta norma se inicia el proceso de trasposición de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, que habrá de ser completado posteriormente con desarrollos reglamentarios mediante Real Decreto y Circulares del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La agencia de medición de riesgos Standard and Poor's (S&P) elogia la reestructuración de las cajas, pero considera preocupante que algunas de las entidades "más débiles" se hayan unido en grupos que podrían necesitar más recursos para cumplir con las nuevas exigencias de capital.

En un informe S&P considera que algunas de las integraciones de cajas "no son el resultado de la mejor combinación posible", sino, más bien, de ciertos intereses políticos. Por eso lamenta que entidades fuertes como Ibercaja o la Kutxa se hayan mantenido al margen de la reordenación, así como que las instituciones "más sólidas" no estén liderando los esfuerzos de consolidación.

S&P cree "razonable" el cálculo del Gobierno de que las necesidades de capital del sistema financiero no superarán los 20.000 millones, aunque da por descontado que el Estado tendrá que entrar en el capital de varias entidades. Para el resto de ellas, augura que probablemente se pueda dar una mayor consolidación en la que participarían bancos nacionales y extranjeros.

En este sentido, el informe de S&P pone de manifiesto que dado el calendario del proceso aprobado por el Gobierno, algunas entidades no reunirán el capital necesario para elevar los requisitos exigidos, por lo que tendrá que intervenir el Estado mediante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En este sentido, la agencia estima que un máximo de 11 entidades (incluidas aquellas que ya han pedido ayuda al FROB) necesitarán capital adicional para satisfacer los nuevos requerimientos de capital.

Aunque la agencia reconoce los beneficios que podría tener a corto plazo la entrada del Estado en las entidades, advierte de que si éste se convierte en accionista "se podrían introducir distorsiones en la dinámica del mercado que podrían ser negativos para el sistema financiero español". Añadió que será "difícil" para algunas entidades cumplir con las nuevas exigencias de capital, algo que será particularmente evidente en el caso de aquellos grupos que están todavía en la etapa inicial de su integración.

La banca abarata a los comercios el coste de aceptar pagos con tarjeta. Tanto Servired, como 4B y Euro 6000 han reducido los cargos que aplican a las tiendas al comenzar el presente ejercicio. Sus rebajas se han producido a pesar de haber expirado el acuerdo suscrito por las entidades financieras y las organizaciones de la distribución para un descenso progresivo de las tarifas entre 2006 y 2010.

La financiación de los pagos con tarjeta se basa en un sistema donde intervienen cuatro partes: la entidad emisora del plástico, la entidad dueña del lector, el comercio que efectúa la venta y el cliente.

El banco emisor de una tarjeta aplica a la entidad propietaria de un datáfono una comisión por cada transacción que lee dicho aparato. Este cargo, denominado tasa de intercambio, es trasladado posteriormente al comercio que ha contratado el terminal punto de venta (TPV) a través de la llamada tasa de descuento. Y el comerciante contempla a su vez lo que le cuesta aceptar pagos con tarjeta en los precios de los productos que ofrece.

Tradicionalmente, el comercio ha considerado elevadas la porción de sus ventas que se llevan las entidades financieras por gestionar los pagos electrónicos. Sus roces con la banca llevaron al Ministerio de Industria a mediar entre las partes de forma que alcanzasen un acuerdo sobre una reducción paulatina de las tasas de intercambio. Aquel pacto estuvo en vigor entre 2006 y 2010, pero finalizado el pasado ejercicio no se renovó por indicaciones de la Comisión Nacional de Competencia (CNC).

A pesar de no haber pautas preestablecidas, todos los esquemas nacionales de tarjetas rebajaron el pasado enero sus tasas intrasistema. Es decir, el dinero que cobran si, por ejemplo, un plástico de Servired pasa por un lector de la misma compañía. En base a la media de estas tarifas intrasistema fija luego el Banco de España las tasas intersistemas. Es decir, lo que cuesta que una tarjeta de emitida por una entidad Euro 6000 se utilice en un TPV de un banco o caja de 4B o Servired.

Banco Sabadell cerró el año pasado con un nivel de solvencia en los fondos propios de máxima calidad (core capital) del 8,20%, lo que supuso un crecimiento de 54 puntos básicos. El capital básico (Tier 1) se situó en el 9,36% (+26 puntos).

El presidente de la entidad, José Oliu, destacó que estas ratios están calculadas en base a las exigencias de Basilea II, pero que "esto no variará mucho este año con las siguientes normas de Basilea III porque nuestro banco tiene pocas participaciones en sociedades del grupo, lo que supone que consume poco capital".

Además, Oliu indicó que la valoración realizada de los activos inmobiliarios (un 30% por debajo del valor de mercado) "es una garantía" adicional para cumplir con las nuevas exigencias de capital. A esto hay que sumar "una holgada posición de liquidez", con una gestión "hiperconservadora" para no recurrir al Banco Central Europeo (BCE), "tal y como se ha hecho en 2010". Los activos líquidos de disponibilidad inmediata de la entidad alcanzan los 12.675 millones de euros, más otros 10.386 millones "descontables mañana".

A pesar de esta aventajada posición, Banco Sabadell destinó 968,1 millones (+15,6%) a dotaciones para insolvencias y provisiones, lo que lastró los resultados, que cayeron un 27,3%, hasta los 380 millones. Las provisiones genéricas disponibles para futuras contingencias alcanzan los 315 millones. El nivel de morosidad fue del 5,01% en 2010 y "sigue por debajo del total del sistema financiero", remarcó el consejero delegado, Jaime Guardiola. La cobertura del 56,59% aumenta hasta el 112,47% con garantías hipotecarias.

Oliu pronosticó que el margen de intereses mejorará conforme remita la guerra de pasivo entre entidades. Esta línea se redujo un 8,8% el año pasado, al igual que el resto de márgenes que también cayeron. Banco Sabadell, que ayer aprobó proponer un dividendo complementario de 0,06 euros por acción, contabilizó un aumento de clientes particulares del 56%, superando los 2,1 millones de usuarios. En el segmento de empresas el incremento fue del 61%. El banco impulsará este año el plan de crecimiento CREA, que terminará en 2013 y que prevé captar un millón de clientes nuevos y aumentos del crédito anual del 5% y del 10% en recursos de clientes.

Bancos y cajas de ahorros españoles afrontan en 2011 vencimientos de deuda de 97.506 millones de euros, lo que supone un 20% por debajo de los 121.359 millones que tiene el Estado en letras y bonos, según datos de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Concretamente, los bancos tendrán que devolver un total de 51.353 millones de euros a lo largo del próximo ejercicio, algo más que las cajas de ahorros (46.153 millones).

El Santander encabeza el ranking de obligaciones de pago en 2011, con 27.480 millones, seguido por BBVA (18.297 millones), el Sistema Institucional de Protección (SIP) que lidera Caja Madrid (10.580 millones), La Caixa (8.500 millones), Popular (4.480 millones) y Banesto (3.850 millones).

También vence la deuda de Sabadell (3.640 millones), NovaCaixaGalicia (2.600 millones), Caixa Catalunya (1.840 millones), el SIP de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (1.800 millones), Bankinter (1.445 millones) y Banca Cívica (1.126 millones).

No obstante, estos importes sólo son el nominal de la colocación de deuda, sin incluir los intereses aparejados, que en el caso de los dos mayores bancos españoles, Santander y BBVA, se elevan en 2011 a 5.443 y 2.647 millones de euros, respectivamente, según los datos de mercado más recientes.

Los expertos coinciden en que el pago de vencimientos no será el principal reto que aguarda a las entidades financieras, sino el previsible encarecimiento de las emisiones futuras de deuda a raíz de la posible rebaja de las calificaciones tanto del rating soberano de España como de las entidades.

Los datos que maneja el Banco de España fijan la mitad de los vencimientos de deuda a medio y largo plazo de las entidades financieras españolas a partir del año 2013, mientras que otro 20% corresponde a las de 2012, y un 15% a las del próximo ejercicio.

La Asociación Española de Banca (AEB) explica que la grave crisis de la deuda soberana en la eurozona ha contagiado a la economía española y "se ha traducido en una desafortunada elevación de las primas de riesgo y de los costes de financiación de las entidades". Según la patronal que preside Miguel Martín, los inversores reaccionan de forma exagerada a la incertidumbre y al posible contagio de la crisis de la deuda soberana en la zona euro, por lo que es necesario profundizar en la reforma laboral y la consolidación fiscal para restaurar la credibilidad de España y del sistema financiero.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy viernes un proyecto de ley sobre los requisitos de solvencia que deben cumplir los intermediarios y las entidades financieras, que afecta a los coeficientes de inversión, los recursos propios y las obligaciones de información.

El proyecto aprobado adapta una directiva de la Unión Europea que en septiembre de 2009 pretendía atajar la crisis financiera, al tiempo que impulsaba la cooperación entre supervisores europeos.

Según la referencia del Consejo de Ministros, dicha directiva es la primera de un conjunto de reformas emprendidas por la UE tras la crisis financiera y atendiendo a criterios expuestos en las cumbre del G-20 y en el Comité de Supervisores Financieros de Basilea.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo que este proyecto de ley obedece a la necesidad de abordar una regulación más estricta del sistema financiero.

Entre las novedades del nuevo marco legislativo destaca la imposibilidad de que entidades de crédito y empresas de inversión inviertan en activos procedentes de titulizaciones, a no ser que el emisor se quede con parte de dichos activos y evalúe sus riesgos.
De este modo, se evita que el riesgo recaiga únicamente en la entidad financiera o empresa de servicios de inversión que adquiere los títulos. Además, el proyecto de ley refuerza la dimensión europea de los supervisores nacionales de modo que trabajen de manera coordinada y tengan en consideración "los efectos de sus decisiones en la estabilidad financiera de otros Estados miembros y en la convergencia a nivel comunitario de sus prácticas supervisoras".
El Banco de España deberá coordinarse con otros supervisores y reguladores europeos en condiciones "normales o urgentes", así como intercambiar información con el Banco Central Europeo y advertir sobre "situaciones que pudieran poner en peligro el sistema financiero de otros Estados miembros". Se establece también la creación de colegios de supervisores por parte del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las entidades financieras podrán elaborar sus campañas publicitarias siguiendo una serie de criterios elaborados por el Banco de España sin necesidad de una autorización previa por parte del mismo, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El organismo supervisor era hasta ahora el encargado de autorizar el desarrollo comercial de los productos de las entidades, pero tras la entrada en vigor de la nueva circular, que recoge una orden del 11 de junio, las entidades podrán seguir una serie de principios para la elaboración de sus campañas, derogándose así el anterior régimen de autorización previa.

La orden del 11 de junio sustituye dicho régimen por un sistema de control de la publicidad basado en dos elementos, uno preventivo, a través de la elaboración por parte del Banco de España de los criterios de la publicidad financiera, y otro que permita la corrección de eventuales conductas inadecuadas.

Los criterios elaborados por el Banco de España instan a las entidades a promover "la claridad, objetividad y el carácter no engañoso" de los mensajes publicitarios, así como la exigencia de unos procedimientos y controles internos que tiendan a favorecer dicha exigencia. De este modo, el organismo que dirige Miguel Angel Fernández Ordóñez supervisará la campaña una vez haya sido elaborada siguiendo tales requisitos y podrá exigir a las entidades la corrección de eventuales conductas inadecuadas, así como el cese o la rectificación de la publicidad que no cumpla las previsiones contempladas.

La nueva circular también insta a las entidades a adherirse a algún organismo de autorregulación de la actividad publicitaria debidamente homologado.

Asimismo, la nueva norma, que entrará en vigor el próximo 11 de diciembre, también contempla que las entidades conserven y anoten toda la documentación correspondiente a cada campaña publicitaria en un registro, que deberá estar a disposición del Banco de España.