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En los últimos cinco años se han contabilizado un total de 328.687 ejecuciones hipotecarias, de manera que se han convertido en un sobrepeso en el balance de los bancos, pero también en una lacra social.

Para frenar el fuerte aumento de las ejecuciones hipotecarias, el Gobierno aprobó a principios de mes un Código de Buenas Prácticas Bancarias, cuyo objetivo es reducir el número de desahucios y facilitar a las familias el pago de sus hipotecas.

La Comunidad Autónoma más afectadas por las ejecuciones hipotecarias es Valencia, donde en los últimos cinco años diez de cada 840 habitantes sufrió una ejecución hipotecaria. En Murcia y Canarias, la media mejora ligeramente, hasta diez de cada 840 personas afectadas y diez de cada 1.170 personas, respectivamente.

Las cosas mejoran radicalmente en comunidades como País Vasco, donde tan solo diez de cada 4.470 habitantes, se vio afectado por una ejecución hipotecaria, o en Galicia, donde perjudicó a diez de cada 3.670 habitantes.

Las ejecuciones hipotecarias le han costado a la banca española unos 6.000 millones desde 2007, una cifra que podría aumentar hasta 9.000 millones si se tienen en cuenta todas las partidas que se destinan a gestionar el patrimonio inmobiliario adquirido por vía judicial, según un estudio de Alteba.

La compañía especializada en gestión de activos inmobiliarios subraya que desde 2007 hasta el primer semestre de este año se han producido 350.000 ejecuciones hipotecarias y, como consecuencia, 125.000 familias han perdido su casa y otras 225.000 más están en camino de hacerlo.

Teniendo en cuenta que los costes totales de la recuperación judicial de un inmueble oscilan entre el 15 y el 20% de su valor, las entidades financieras están soportando una media de gastos de 22.000 euros por cada vivienda que recuperan, indica Alteba. Los principales gastos asociados a la adjudicación de los inmuebles son la propia gestión interna, las empresas de recobro contratadas para la recuperación de la cantidad adeudada, los costes judiciales, el mantenimiento de los inmuebles recuperados y su comercialización así como los impuestos.

Para el presidente de Alteba, Rafael Martín, estos procedimientos vienen derivados muchas veces de la falta de conocimientos financieros del deudor o de su incapacidad para negociar con las entidades acreedoras. Por ello, y a tenor de que su desarrollo se dilata en el tiempo y de que sus costes vaticinan "un principio de tormenta", Martín abogó por un cambio de filosofía que se asiente en la premisa de "tener una casa para vivir y no vivir para una casa".

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, sigue adelante con su investigación a los grandes bancos de EEUU por la crisis hipotecaria a pesar de haber sido retirado del comité que lidera las negociaciones que mantienen desde octubre pasado los fiscales con las entidades financieras.

"Las investigaciones puestas en marcha en Nueva York siguen su curso independientemente del resultado de esas negociaciones", indicaron a Efe fuentes cercanas a las pesquisas que lleva a cabo la oficina de Scheneiderman para determinar el papel de los bancos en la citada crisis.

Schneiderman fue excluido la semana pasada del comité de catorce fiscales por el máximo responsable de la Fiscalía en Iowa, Tom Miller, que lidera el grupo que negocia con las entidades, entre las que se encuentran algunos de los pesos pesados de Wall Street, como Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup o Wells Fargo.

Precisamente hoy se conoció que un grupo de 21 congresistas del estado de Nueva York criticó la decisión del fiscal general de Iowa, Tom Miller, de retirar a su homólogo de Nueva York del comité que lidera la negociación sobre las irregularidades cometidas en los embargos hipotecarios que dejaron sin hogar a miles de familias.

En una carta enviada al fiscal Miller, a la que tuvo acceso Efe, los congresistas aseguran estar "profundamente preocupados" por su decisión de "silenciar" la voz de Schneiderman y le preguntan cómo piensa garantizar que los intereses de Nueva York estarán representados durante el resto de las negociaciones.

El fiscal general de Nueva York se ha opuesto en los últimos meses a un posible acuerdo que exima de parte de su responsabilidad a los bancos a cambio del pago de multas de hasta 25.000 millones de dólares, e insiste en llegar "hasta el final" en la investigación sobre sus actividades irregulares.

El Tribunal Constitucional cree que las ejecuciones hipotecarias, que permiten a las entidades financieras o a otros acreedores quedarse con un inmueble tras el impago de la hipoteca, no vulneran los derechos fundamentales de los afectados y por tanto no son inconstitucionales.

En un auto publicado, el Tribunal Constitucional rechaza así estudiar la cuestión de inconstitucionalidad que planteó en septiembre de 2010 el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell, que consideró que estos procesos podían vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y a una vivienda digna porque impiden analizar el posible "carácter abusivo" de las hipotecas.

Los magistrados consideran "notoriamente infundada" la cuestión de inconstitucionalidad porque la actual regulación de las ejecuciones hipotecarias ya fue respaldada por una sentencia del 18 de diciembre de 1981, que consideraba que las limitaciones que tienen los afectados para lograr la suspensión del proceso no son inconstitucionales.

El máximo garante de la Constitución explicó en aquella sentencia que los afectados no quedaban "indefensos" porque podían suspender el proceso con el pago o bien iniciar un procedimiento declarativo, en el que un juez puede dictaminar sobre los hechos controvertidos.

"Porque queda abierta a todos los interesados la vía del juicio declarativo para la defensa de sus derechos, este Tribunal Constitucional ha afirmado que la limitación de controversia y demás peculiaridades de este procedimiento no vulneran el derecho a la defensa", dijeron los magistrados en otra sentencia de junio de 1993 que también citan en el auto publicado.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que en las próximas semanas se aprobarán nuevas medidas de protección para las personas sujetas a procedimientos de ejecución hipotecaria por la imposibilidad de atender a sus compromisos.

Durante su discurso sobre el Estado de la Nación, el líder del Ejecutivo ha afirmado que estas medidas de protección "serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias". Zapatero sostuvo que el Gobierno es consciente de la coyuntura "especialmente difícil" a la que se enfrentan las familias que pierden su vivienda y siguen debiendo dinero al banco porque su valor no es suficiente para cubrir lo que resta de hipoteca.

En este sentido, aclaró que por ello en abril de 2010 se aumentó la cantidad mínima de ingresos de las familias que no puede ser embargada. "Pero vamos a hacer un nuevo esfuerzo en este sentido", enfatizó el presidente del Gobierno en el Congreso.

Zapatero subrayó que se va a completar el proceso de reformas con nuevas iniciativas que responden a compromisos ya asumidos y que, entre otras cosas, supondrán una nueva regulación del silencio administrativo para convertirlo en positivo en un buen número de procedimientos.

Asimismo, se incluirán medidas de protección para los sometidos a ejecución hipotecaria, normas para incrementar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, y nuevas medidas a favor de los emprendedores y para aliviar la morosidad que padecen, especialmente, pymes y autónomos ante las entidades locales.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Ben Bernanke, ha reconocido que la recuperación de la economía del país es "moderada", pero advierte de que no es aún la deseada, principalmente debido al elevado desempleo y a los problemas que persisten en el mercado inmobiliaria.

"La economía en general registra una recuperación moderada, y recientemente hemos visto alguna grata, pero gradual, mejora del mercado laboral. Pero nuestra economía está lejos de donde nos gustaría que estuviera y muchas personas y barrios corren el riesgo de quedarse atrás", aseguró Bernanke en una conferencia celebrada en Arlington (Virgina).

En este sentido, el presidente de la Fed subrayó que, hasta que las familias vulnerables y las comunidades con problemas no hayan recuperado el progreso perdido, la recuperación económica seguirá estando "incompleta".
En concreto, destacó que, pese al descenso de la tasa de paro, el desempleo sigue siendo "bastante alto", especialmente entre las minorías, los jóvenes y las personas con menor nivel educativo. Además, incidió en que el desempleo de larga duración sigue en niveles "históricamente elevados".

Al mismo tiempo, advirtió de que el mercado inmobiliario también está "retrasando la recuperación", como demuestra que las ejecuciones hipotecarias son aún "muy elevadas" y que en el caso de muchos propietarios que las han evitado su deuda hipotecaria es mayor que el valor de su vivienda.

"Obviamente, los problemas en el mercado laboral y el mercado inmobiliario están relacionados. En concreto, los bajos ingresos consecuencia del desempleo están provocando que muchas familias se retrasen en el pago de sus hipotecas", incidió.

Por todo ello, destacó la importancia para la economía del trabajo de los grupos comunitarias, los líderes locales y las empresas, y añadió que la Reserva Federal continuará respaldando estos esfuerzos. "Si trabajamos juntos, creo que podemos encontrar formas efectivas de reparar los daños causados por la crisis en las perspectivas económicas de familias y comunidades", añadió.

Los juzgados españoles recibieron el año pasado 93.622 ejecuciones hipotecarias, una cifra récord que, no obstante, supera en apenas un 0,32 % las 93.319 solicitudes recibidas un año antes, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El aumento es insignificante si se compara con el del año anterior, cuando estos procedimientos aumentaron un 59 % respecto a 2008, aunque la cifra alcanzada el año pasado está cerca de cuadruplicar las 25.943 alcanzadas al inicio de la crisis, en 2007.

Las demandas de ejecución por impago de hipotecas permiten que la entidad financiera u otro acreedor subaste el bien (normalmente una vivienda o un edificio) para recuperar los importes prestados más los intereses.

El primer trimestre de 2010 concluyó con el mayor número de ejecuciones hipotecarias de los últimos años (27.597), aunque en trimestres posteriores la cifra se redujo hasta 24.533 entre abril y junio y a 19.358 entre julio y septiembre, para cerrar el último trimestre del año con 22.134.

Las ejecuciones hipotecarias, que solicitan sobre todo las entidades financieras y que afectan tanto a particulares como a empresas, se incrementaron significativamente en 2007 respecto a la evolución de años anteriores, y alcanzaron 25.943 al cierre de ese ejercicio. Un año después doblaron de sobra esa cifra hasta situarse en 58.686, lo que representa un aumento del 126 %.

El número de ejecuciones hipotecarias aumentó algo más de un 8% en los nueve primeros meses del 2010 debido al agravamiento de la crisis, hasta alcanzar los 71.187 casos, el triple que en todo el año 2007, antes de que empezaran los problemas económicos.

Así se recoge en la información del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) detallada por tribunales de justicia correspondiente a los tres primeros trimestres del año pasado, que constata que sólo tres autonomías -Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía- agrupan casi la mitad de los embargos hipotecarios.

Entre enero y septiembre, los juzgados españoles recibieron 71.187 solicitudes, el 8,06% más que en el mismo periodo del 2009.

Las ejecuciones hipotecarias, que reclaman sobre todo las entidades financieras y que afectan tanto a particulares como a empresas, alcanzaron su máximo nivel en el primer trimestre de 2010, cuando se contabilizaron 27.561 demandas.

Casi una de cada cinco solicitudes de ejecución hipotecaria de las registradas entre enero y septiembre se presentó en la Comunidad Valenciana, que, con 14.086 casos, lidera el ránking autonómico a falta del último trimestre del año.
Le sigue muy de cerca Cataluña, con 14.007; Andalucía, con 13.242, y Madrid, con 8.078. Donde menos embargos hipotecarios se han pedido ha sido en La Rioja (486), Navarra (521) y Cantabria (528). Ya en 2009 se registró una cifra récord de reclamaciones en toda España, con 92.632 en todo el año, un 59% más que en 2008, año en el que la crisis se desató en todo su apogeo y en el que se duplicaron los casos.

Con las demandas de ejecución por impago de hipoteca se permite que las entidades financieras u otros acreedores subasten el bien (normalmente una vivienda o un edificio) para recuperar los importes prestados más los intereses.

El año 2010 pasará a la historia como el año en el que se ha producido un número récord de procesos judiciales para ejecución de inmuebles con garantía hipotecaria, más de 118.000, según datos de la compañía de refinanciación de deudas, Agencia Negociadora de Productos Bancarios.

El director general de la Agencia, Luis Javaloyes, ha resaltado el bloqueo financiero que han sufrido miles de familias por el deterioro de la situación económica y dijo que un 30% de los casos podría haberse evitado mediante fórmulas de refinanciación.

"Las posibilidades de conservar la vivienda o alcanzar un acuerdo extrajudicial con la entidad prestataria crecen exponencialmente con la orientación adecuada" dijo Javaloyes y agregó que las entidades financieras, "preocupadas antes que nada en no deteriorar a corto plazo sus balances no están, en la mayoría de las ocasiones, en disposición de proporcionar" esa orientación.

En este sentido afirmó que el sector de la intermediación financiera ha evitado miles de ejecuciones hipotecarias en España. Señaló que bancos y cajas terminaron por comprender que, en un entorno de morosidad creciente en el que las ejecuciones obligan a incorporar a sus balances decenas de inmuebles cada semana, "una refinanciación es siempre mejor y más rentable tanto para el cliente como para el banco". "Por eso, las entidades financieras se muestran mucho más receptivas a la formalización de operaciones de consolidación de deudas", agregó.

Para Javaloyes es "muy positivo" el interés mostrado por los grupos políticos en instrumentar fórmulas que, sin coste para el erario público, están planteando el Gobierno y los partidos. Entre estas fórmulas citó la extinción de la responsabilidad hipotecaria por la "dación en pago", la posibilidad de subsidiación temporal de tipos de interés, o la promoción de los seguros de protección de pagos.

Bank of America ha reconocido que encontró errores al revisar 102.000 casos de hipotecas, según The Wall Street Journal. El banco estadounidense, que ha puntualizado que muchos de los errores son "menores", ha encontrado hasta la fecha incorrecciones en 10 de cada 25 préstamos concedidos.

La entidad señala que entre los principales problemas figuran la ausencia de firmas y la falta de coincidencia entre la información de la propiedad y el historial de pagos. Sin embargo, el banco asegura que por el momento no han encontrado ejecuciones hipotecarias improcedentes.

Los 50 estados norteamericanos han lanzado una investigación conjunta de la industria hipotecaria tras conocerse que, durante años, numerosos bancos no revisaron la documentación de forma adecuada

El embargo de viviendas en Estados Unidos ha alcanzado niveles récord. En medio de la polémica sobre los procedimientos que han empleado los bancos a la hora de llevar a cabo las ejecuciones hipotecarias, se ha conocido que estos se han hecho con más de 100.000 propiedades durante el pasado mes, lo que constituye la cifra mensual más alta desde que comenzó la crisis de las hipotecas subprime, hace ahora dos años.