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La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) considera que el Gobierno se ha precipitado al aprobar "un mal plan" contra el empleo sumergido, según un comunicado de la organización.

Para ATA, el Ejecutivo ha aprobado "un plan de corto alcance sin el consenso de los agentes sociales y sin consultar a las asociaciones representativas de trabajadores autónomos".

Según el presidente de la federación de autónomos, Lorenzo Amor, "tanta premura en aprobar un plan sin consenso de tan poca envergadura choca con la demora del acuerdo de negociación colectiva".

Además, Amor ha señalado que esta acción por parte del Gobierno "parece más una tentativa de edulcorar los aterradores datos del paro con la promesa de aflorar unos pocos empleos que una voluntad real de atacar de raíz el problema de la economía sumergida".

De esta forma, desde ATA lamentan que el Ejecutivo "dé una vez más la espalda a los autónomos en el plan contra la economía sumergida" y añaden que si se hubiese consultado a las organizaciones representativas de trabajadores autónomos, se habrían incluido medidas "realmente eficaces contra esta lacra y la competencia desleal que supone para muchos trabajadores por cuenta propia".

Pese a ello, la federación confía en que el texto pueda ser modificado y se incluyan nuevas medidas que "incidan tanto en aflorar la economía sumergida como en el trabajo no declarado".

La economía sumergida en España supone en torno al 17% del PIB y emplea a cuatro millones de personas. Al menos así lo pone de manifiesto un estudio de los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez publicado en el último 'Cuadernos de Información Económica' de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

Los autores del estudio, que han realizado los cálculos teniendo en cuenta tres metodologías diferentes, concluyen que entre 1998 y 2008 la economía sumergida en España alcanzó alrededor del 17%.

En cuanto al efecto en el empleo, estiman que ha crecido exponecialmente desde 1980, pasando de alrededor de 1,4 millones a más de cuatro millones al final de la muestra.

Los autores explican que esta cifra no implica que exista una cifra equivalente de personas que realizan su actividad laboral al margen de la economía oficial, ya que puede ocurrir que algunas de ellas trabajen tanto en el ámbito de la economía sumergida como oficial.

Oficialmente, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en España existen 4,69 millones de desempleados.

En los últimos 20 años (1980-2008), el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, pero la economía sumergida, en el mismo periodo, se ha multiplicado por cuatro. "Esto pone de manifiesto que economía sumergida y bonanza económica son perfectamente compatibles", indica el estudio.

A la vista de estos datos, Funcas destaca que la economía sumergida alcanza "niveles preocupantes" en algunas economías como España por sus efectos sobre la equidad, eficiencia y competencia. "Parece existir un amplio consenso en que la economía española está entre ellas, pero también en la dificultad de aportar datos que gocen de una cierta precisión", subraya.

El Gobierno anunciará esta semana nuevas medidas para estimular la creación de empleo, según ha adelantado el ministro de Trabajo, días después de que los datos mostraran tasas de desempleo en cotas máximas desde hace más de 13 años. "Éste es el momento de darles a los empresarios mejores posibilidades de contratación, una reducción de costes razonable cuando contratan en este momento", dijo Valeriano Gómez durante una entrevista con la Cadena SER.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) dijo el viernes pasado que la tasa de desocupación subió hasta el 20,33 por ciento en el cuarto trimestre de 2010, más del doble que la media de la Unión Europea y la más alta de la región.

Casi 3 millones de personas han perdido sus empleos desde que estalló la burbuja inmobiliaria en 2008, muchos por la disminución del sector de la construcción y por un sector servicios en apuros. El programa también ayudaría a regular hasta 150.000 empleos de la economía sumergida, afirmó el ministro.

Según algunas estimaciones, la economía sumergida en España está valorada en unos 200.000 millones de euros, lo que supone un 20 por ciento de la economía. Las finanzas españolas están bajo un intenso escrutinio por parte de los inversores, que están preocupados por si el alto desempleo y el estancamiento del crecimiento obligarán al Gobierno a solicitar un préstamo al estilo de Irlanda a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional.

"El Ejecutivo español espera reducir el desempleo y convertir un país dependiente de la construcción en una economía del siglo XXI basada en el conocimiento. Harán falta más que deseos y discursos si España quiere evitar ser el enfermo de Europa", afirma Irwin Stelzer, director de estudios de política económica del Hudson Institute, en un artículo publicado hoy en el diario estadounidense The Wall Street Journal. Este asesor empresarial recuerda que la caída mundial de los precios de la vivienda ha afectado a España de una manera más pronunciada que a otros países europeos.

Así, apunta que la inversión en construcción ha caído por octavo trimestre consecutivo, al tiempo que el desempleo, que alcanza el 19,3% y "va camino" del 20%, "parece muy difícil que baje, por diversas razones". Entre ellas, Stelzer destaca que la tasa de paro en España ha estado entre el 16% y el 23% durante muchos años (1984-1998), y no ha bajado del 9% en los últimos 30 años, mientras que"el generoso sistema de beneficios sociales, que durante dos años paga entre el 80% y el 90% del último sueldo, hace que los desempleados no estén dispuestos a aceptar casi ningún trabajo". Una visión bastante similar a otro artículo recientemente publicado en nuestro país.

A ello se suma el fenómeno de la "economía sumergida", que "ofrece ingresos a mucha gente que también recibe beneficios sociales" y que, según los datos recabados por Stelzer, supone entre el 20% y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB). Otro factor que lastra la salud económica del país es, según Stelzer, la "sombría situación fiscal", ya que la caída de los ingresos se ha juntado con un plan de estímulo de 8.000 millones de euros para elevar el déficit público hasta el 10% del PIB, desde el 3,8% de 2008. En su opinión, "a menos que Zapatero se sobreponga a la oposición que han mostrado los sindicatos que le apoyan respecto a una reforma laboral, los continuos crecimientos de los costes laborales situarán un crecimiento sólido lejos de su alcance".

La OCDE prevé que la economía española se contraerá un 0,3% en 2010, mientras que la de la zona del euro crecerá un 2,5%, algo que, sin embargo, "no ha perjudicado al entusiasmo de los inversores por las compañías españolas". "Ello se debe probablemente al éxito de las compañías españolas en compensar la caída nacional con la expansión internacional", según Stelzer, que cita expresamente a BBVA, Telefónica, Repsol, Inditex (Zara), Iberdrola Renovables y Banco Santander.