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Uno de cada dos hogares españoles tiene deudas pendientes derivadas de la adquisición de la vivienda principal, otras propiedades inmobiliarias, inversiones y reformas en el hogar, así como por la compra de vehículos y de otros bienes y servicios. Así lo constata el Banco de España en un artículo de su último boletín económico en el que, a partir de diversas encuestas financieras, analiza la situación patrimonial de las familias de España, Italia y Estados Unidos.

Mientras que el 50% de los hogares españoles tienen deudas pendientes (el 35,7% de ellos por la compra de vivienda y el 23,3% por la de vehículos), en Estados Unidos este porcentaje se eleva al 77% (el 50% por compra de vivienda, el 63% por compra de vehículos y el 18,3% por la educación) y en Italia baja hasta el 27,8% del total (12,6% por compra de vivienda y 18,5% por compra de vehículos).

La proporción de familias endeudadas en Estados Unidos es muy superior a la registrada en España e Italia para todos los niveles de renta. Así, en Estados Unidos los porcentajes oscilan desde el 52% para los hogares con menos recursos hasta el 90% para los de mayor renta, mientras que para España y para Italia los valores extremos varían entre el 17% y el 68% y entre el 18% y el 37%, respectivamente.

La deuda contraída por las familias españolas representa el 10% del valor total de sus activos, frente al 5% de Italia y el 15% de Estados Unidos. La contribución más importante al endeudamiento de las familias en los tres países procede de la financiación de las inversiones en activos inmobiliarios o financieros. En concreto, para España alcanza el 90% del valor total de las deudas, por encima del valor de Estados Unidos (84%) e Italia (74%).

El análisis de la institución que presidente Miguel Ángel Fernández Ordóñez pone de manifiesto que España es el país de los tres analizados donde se registran los valores más elevados en el volumen de hogares que son propietarios de su vivienda principal y de otros activos inmobiliarios, lo que resulta “especialmente relevante” para los hogares con menos recursos, según apunta el Banco de España.

Este incremento se debió especialmente al tirón de los préstamos al consumo, que aumentaron un 2,3% en tasa intermensual, hasta los 212.531 millones de euros.

La deuda de las familias volvió a crecer en junio respecto al mes anterior después de medio año de caídas, hasta situarse en los 886.963 millones de euros, un 0,1% más que en mayo, según datos del Banco de España. Este incremento se debió especialmente al tirón de los préstamos al consumo, que aumentaron un 2,3% en tasa intermensual, hasta los 212.531 millones de euros. Por su parte, los créditos hipotecarios volvieron a descender un escalón más y se dejaron un 0,5% respecto al mes anterior, situándose en los 671.042 millones de euros.

Con todo, la deuda de las familias descendió un 1,9% interanual en junio, continuando con la tendencia de descensos iniciada el pasado mes de enero. En este caso, también fueron los créditos al consumo los que decidieron la evolución de la deuda, ya que descendieron un 4,3%, que se sumaron a la caída del 1,1% de los créditos hipotecarios.

Por su parte, la deuda de las empresas volvió a descender tanto en tasa intermensual (-0,8%) como interanual (-0,6%), hasta situarse en los 1,2 billones de euros, de los que 870.711 millones corresponden a préstamos de entidades de crédito residentes y préstamos titulizados fuera de balance.

La Comisión Europea ha presentado un proyecto para que empresas y particulares puedan cobrar más fácilmente las pequeñas deudas de otros países de la Unión Europea, que normalmente quedan sin pagar y que suman unos 600 millones de euros anuales.

Para reducir el total de impagos, el Ejecutivo europeo quiere establecer una orden europea de preservación de cuentas que permita a los acreedores congelar la cantidad debida en la cuenta del deudor hasta que un juez dictamine si se tiene que efectuar o no el pago.

Según ha explicado la Comisión Europea en un comunicado, algunos acreedores no cobran sus deudas porque los morosos cambian el dinero a una nueva cuenta en otro país.

Para conseguir que se bloquee una parte de los fondos de una cuenta, los acreedores deberán obtener una orden pública de acuerdo con las leyes nacionales o utilizar uno de las procedimientos simplificados comunitarios.

Además, el acreedor podrá bloquear la cantidad en la cuenta, pero en ningún caso cobrarla antes de que se demuestre que, efectivamente, existe una deuda.

Un millón de pequeñas y medianas empresas europeas tienen problemas para recuperar deudas de otros países de la Unión Europea a causa de las diferentes regulaciones estatales o de los costes adicionales en tiempo y recursos que supone reclamarlas.

"Las compañías pierden un 2,6% de su facturación al año por malas deudas" en Europa, ha declarado la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding.

"Las empresas necesitan una solución simple para que el dinero se quede donde está hasta que un tribunal haya tomado una decisión sobre el pago de los fondos", ha añadido la comisaria.

La propuesta de Bruselas no sustituirá los instrumentos ya existentes en los veintisiete estados miembros, sino que servirá como alternativa para los casos transfronterizos.

La Agencia Negociadora de Productos Bancarios ha pedido al Gobierno que concrete las medidas que va a llevar a cabo para apoyar a las personas con problemas financieros que pueden perder su vivienda.

En un comunicado, la Agencia Negociadora destacó que el pasado lunes envió una carta a la ministra de Economía, Elena Salgado, en la que le recordaba las declaraciones del presidente del Ejecutivo, Jose Luis Rodríguez Zapatero, que aseguraba que estaba estudiando medidas para las familias que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas.

En la misiva, el presidente de la citada agencia, Luis Javaloyes, subrayaba, entre otras cosas, que una eventual recuperación económica no permitirá una resolución inmediata de los problemas financieros de familias abocadas al riesgo de verse sometidas al embargo de su vivienda.

Asimismo, se ponía a disposición de Salgado por la experiencia en la materia de la Agencia Negociadora, "después de haber conseguido evitar cientos de embargos por procesos de agrupamiento de deudas".

El titular del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona ha condonado las deudas de un matrimonio de jubilados insolvente que se declaró en concurso fortuito en diciembre de 2007 y que, tras vender su vivienda, no consiguió cubrir todas sus deudas.

En el auto, el juez ordena la conclusión del procedimiento concursal y explica que, después de vender su vivienda, el matrimonio consiguió satisfacer la totalidad del crédito con privilegio especial, todo el crédito contra la masa y el 45,9% del crédito ordinario.

La pareja, Gabriel M.S. y María del Carmen M.G. -ambos pensionistas con unos ingresos mensuales de 908,87 euros- vieron durante tres años intervenido todo su patrimonio y la única vía única que han tenido para saldar la deuda ha sido su vivienda.

El juez considera que Gabriel M.S. y María del Carmen M.G. son deudores de buena fe, accidentales, que se han visto abocados a una situación no deseada de insolvencia definitiva y cree que "no pueden ser penalizados ni con la conversión del concurso en un purgatorio ni en un continuo retornar", por lo que ha tomado la decisión de dar las deudas por saldadas.

Asegura que la decisión obedece al objetivo de "dar una salida razonable a las situaciones de sobreendeudamiento de particulares de buena fe habilitando mecanismos que permitan conceder a estos deudores una segunda oportunidad que no les aboque a una situación de exclusión social".

Como ningún acreedor se opuso a esta decisión la sentencia es firme, sin perjuicio de que el concurso pueda reabrirse en caso de que aparezcan nuevos bienes o los deudores "vinieran a mejor fortuna".

La agencia de calificación de riesgos Fitch ha rebajado un escalón la calificación de la solvencia de Caja Madrid para atender al pago de su deuda, debido al deterioro de su cartera de créditos, por su elevada tasa de morosidad y por el volumen de inmuebles adjudicados por el impago de deudas. Así, la compañía ha colocado el rating a largo plazo en A, frente al A+ que mantenía anteriormente, un nivel que no obstante sigue siendo el sexto mejor de los 22 que maneja Fitch.

La agencia, que ha puesto en perspectiva negativa la calificación, lo que podría conllevar una nueva bajada, justifica su decisión porque los préstamos dudosos y los que han conllevado la adjudicación de activos por impago suponían el 6,2% al cierre de 2009.

Además, considera que los ratios de solvencia de la entidad presidida por Rodrigo Rato están "relativamente ajustados" para dicho nivel de riesgo.
La entidad financiera, que está en vías de constituir la mayor alianza de cajas de España, junto a Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caja Insular de Canarias y Caixa Laietana, confía en una mejora a medio plazo de sus calificaciones ya que "es la única de las grandes que ha reducido la tasa de morosidad", que se situaba en el 5,43% a finales de marzo.

También destaca la rápida venta de inmuebles que se ha adjudicado, ya que en los primeros cinco meses del año ha enajenado 1.237 inmuebles, el 600% más que en el mismo período del año anterior.

La agencia anglosajona, que ha tomado la decisión de rebajar la calificación de Caja Madrid justo antes de que se publiquen las pruebas de solvencia del sistema financiero europeo, también rebajó la semana pasada la nota del Banco Popular -en este caso dos peldaños-, hasta situarla en A.

El 37% de los hipotecados retrasó el pago de la hipoteca al menos una vez en el último año, según los datos del Observatorio de la Financiación Familiar de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios. Y es que las empresas especializadas en reagrupación de deudas están haciendo su agosto con la crisis financiera. Según aseguran desde esta empresa, "las operaciones de agrupación de deudas están siendo la verdadera tabla de salvación para miles de familias españolas", que cifra en el 50% el aumento de la demanda de estas operaciones en el último año.

De hecho, según sus datos, dos terceras partes de los encuestados tienen intención de hacer una agrupación de deudas. Hace cuatro años este tipo de operaciones eran conocidas sólo por el 1% de las personas y familias con hipoteca, porcentaje que ahora se eleva al 72%.

Asimismo, el 73% de los entrevistados declaran tener comprometidos más del 40% de sus ingresos en pagos financieros, ocho puntos porcentuales menos que hace un año, consecuencia de la bajada de tipos de interés.
Por otro lado, tres de cada cuatro entrevistados se mostraron a favor de que se cree una figura con homologación administrativa que actúe como mediador financiero ante bancos y cajas de ahorros, al estilo de lo que realizarían los llamados facilitadores de crédito.

Los encuestados confían más en incentivos al alivio de su situación financiera (como el impulso de los mediadores financieros) que en las ayudas públicas al sistema financiero, considera la Agencia Negociadora ya que ha descendido desde más del 70% a menos del 40% el número de encuestados que piensa que las sumas de dinero que el Gobierno inyectó en la banca pueden repercutirle en forma de más financiación o en mejora de las condiciones ya existentes.

El mercado inmobiliario español, otrora motor del crecimiento económico diferencial de España, sufre en estos momentos la mayor crisis de las últimas décadas. Con varias grandes inmobiliarias en proceso concursal y otras con problemas para refinanciar cuantiosos créditos, el mercado empieza a dar síntomas de recuperación, aunque los expertos ven más descensos de precios y márgenes.

Las empresas promotoras españolas adeudan a las entidades de crédito 323.982 millones de euros, según datos facilitados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE), una cantidad que los bancos y cajas no tienen capacidad para asumir, por lo que la viabilidad de este sector está en juego y pone también en peligro al sector financiero, según opinión de la mencionada Asociación

De hecho, durante su intervención en el XXVIII Coloquio Nacional de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), el presidente de la AHE explicó que la dificultad de las inmobiliarias para afrontar los 15.000 millones de intereses asociados a su deuda está generando un proceso de refinanciaciones complicado, en el que resulta cada vez más difícil aceptar como dación en pago unos activos cuyo valor sigue cayendo.

“La presión del crédito hipotecario es muy fuerte, afectando a la viabilidad de las entidades” por lo que se propone “salvar” y dar viabilidad al sector inmobiliario, pero siempre que éste asuma el compromiso de cumplir con la deuda adquirida y sin pretender hacer “borrón y cuenta nueva”.

A juicio del presidente de la AHE, el futuro del sector inmobiliario pasa por empresas solventes y con capital, que no dependan tanto de las entidades financieras, pero también requiere poner en valor un activo tan “altamente improductivo” como es el suelo y que constituye la base de muchas de estas empresas. Esta tarea requiere un diálogo en el que, además de empresas y entidades financieras, tiene que estar implicado el Gobierno, el Banco de España y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

No todo son malas noticias, también hay algún dato que deja margen a la esperanza, por ejemplo que las deudas contraídas por las familias y empresas españolas se redujeron, respectivamente, el 0,3 y el 0,2 por ciento en noviembre frente a un año antes. Es decir, que son ya dos meses consecutivos lo que el endeudamiento desciende, según los datos facilitados por el Banco de España.

Así, la deuda que las familias españolas mantenían con las entidades financieras españolas en noviembre se situó en 908.272 millones de euros, un nivel similar al de junio del pasado año. De esos la mayor parte, 677.227 millones, correspondió a créditos para la adquisición de vivienda, que ha caído el 0,1 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Por lo que respecta a las empresas, su deuda se elevaba en noviembre a 1,3 billones de euros (1.313.952 millones), el 0,2 por ciento menos que un año antes.

En conjunto, la deuda de los sectores residentes en España -excluidas las administraciones públicas-, es decir, familias y empresas, alcanzaba en noviembre los 2,2 billones de euros, lo que supone más del doble del Producto Interior Bruto (PIB) español. Pese a este descenso, la deuda que las familias y empresas españolas mantienen con las entidades de crédito superaba a finales del pasado año en cerca del 40 por ciento a lo que tienen ahorrado.

En cuanto a las empresas, las deudas que mantenían con bancos y cajas en enero de 2009 fueron el 6,8 por ciento mayores que las de un año antes, pero fue sobre todo a partir de junio del pasado año cuando comenzó el descenso, que provocó la primera tasa negativa en octubre.

La morosidad de los bancos y de las cajas de ahorros en España se elevará a unos 85.000 millones de euros al cierre del ejercicio 2009, según se desprende de estudio de la agencia de recobros Gesif. La crisis económica y financiera ha tenido un fuerte impacto sobre la recuperación de impagados, que se ha vuelto más difícil en el último año y medio, y acarreará un aumento de la morosidad para estas entidades de 3.900 millones de euros hasta que acabe el año.

Según precisa esta agencia, el descenso de los recobros para importes y antigüedades similares afecta más a los deudores extranjeros que a los españoles por su mayor movilidad y dificultad de localización. Así el descenso de los cobros para titulares españoles es de entre el 15% y el 25%, mientras que para los extranjeros se eleva al 30%.

Según los datos de esta agencia de recobro, los bancos incrementarán su morosidad hasta alcanzar al menos 36.400 millones de euros antes de 2010, mientras que las cajas de ahorros lograrán rebajar su morosidad por debajo de 40.000 millones de euros. La agencia destaca que estas previsiones casan con las de un descenso de la concesión de crédito tanto por parte de bancos como de cajas de ahorros, lo que puede llevar a registrar tasas de variación negativas, "algo que no ha acontecido en la última década".

No obstante, Gesif precisa que sus previsiones no incluyen los efectos de la nueva regulación de provisiones sobre inmuebles recientemente anunciada por el Banco de España y que desincentivará a las entidades financieras a mantenerlos en sus balances. Hay que recordar que el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez prevé elevar del 10% al 20% del valor de tasación las provisiones con que se debe contar cuando haya transcurrido un año desde que se aceptó un inmueble como pago de una deuda.