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El 95 % de la banca se ha sumado ya al Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios de familias en riesgo de exclusión social en un periodo de al menos dos años, según ha informado el Ministerio de Economía.

Hasta el momento se sabía que los principales bancos, las cajas de ahorro y las cajas rurales se habían adherido a dicho código, pero se desconocía qué porcentaje o qué número de entidades eran y se esperaba a la publicación en los diez primeros días de abril.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto para la protección de deudores hipotecarios sin recursos por una amplia mayoría, ya que la medida ha recibido 201 votos a favor y 109 en contra.

En ese real decreto se incluye el Código de Buenas Prácticas que permite que las familias en situación extrema, es decir con todos sus miembros en paro y con escasos ingresos que se dedican al menos en un 60 % a la cuota hipotecaria, puedan refinanciar el préstamo con el que adquirieron su única vivienda.

La primera condición es que este inmueble no podrá valer más de 200.000 euros en las grandes ciudades ni más de 120.000 euros en los núcleos más pequeños.

Con la refinanciación, las familias tendrán cuatro años en los que sólo abonarán intereses, podrán alargar el plazo de su hipoteca hasta un máximo de 40 años y pagarán un interés de euríbor más 0,25 puntos.

El desahucio de viviendas por impago del inquilino podrá acelerarse a partir de hoy que entra en vigor la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que permite al propietario acogerse al sistema del proceso monitorio -rápido y sencillo- para la reclamación de las rentas y desahucio. Esta norma, incluida en el plan de modernización de la Justicia del ministro Francisco Caamaño, acomete reformas destinadas a simplificar los procesos y acortar los tiempos de respuesta de los tribunales, mediante la eliminación de trámites innecesarios.

Entre otras, modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) al permitir que, una vez presentada la demanda por impago, el secretario judicial dé diez días al inquilino para que abone la cantidad adeudada, abandone la vivienda o presente las alegaciones por las que se opone al pago.

Si transcurrido dicho periodo el demandado no ha realizado ninguna de las opciones, el secretario judicial procederá directamente a dar fecha para el lanzamiento (día en el que se hace efectivo el desalojo del inmueble), previa solicitud del propietario.

Hasta ahora, tras la demanda por impago el Juzgado señalaba la fecha del juicio, en la que se reconocía al propietario el derecho a recuperar su vivienda, así como la fecha del lanzamiento, lo que hacía que los procedimientos se prolongaran durante meses

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado que un propietario de una vivienda de protección oficial (VPO) pueda desahuciar al inquilino por el impago de la renta pactada, cuando ésta sea superior al máximo fijado legalmente para esta clase de inmuebles.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado así el recurso formulado por un inquilino contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que daba la razón a la propietaria porque el inquilino pagaba desde junio de 2003 sólo 450 euros, frente a los 660 euros supuestamente pactados.

La sentencia, en la que ha sido ponente Juan Antonio Xiol Ríos, recuerda que la Disposición Adicional Primera de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 considera nulos los contratos que establezcan rentas superiores a las máximas autorizadas en la normativa administrativa aplicable. Por ello, no considera que pueda prosperar la interpretación de la Audiencia Provincial de Madrid de que la renta estaba pactada y, en consecuencia, el inquilino debía ser desahuciado por el impago de la totalidad.

"No resulta ni ética ni jurídicamente sostenible admitir que existen dos suertes de contratos de arrendamientos", critican el Alto Tribunal, que añade que "no se discute que la renta convenida era superior a la renta legal máxima a la fecha de suscripción del contrato, por lo que, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, esta obligación de pagar una renta superior es nula y obliga a las partes a acomodar la renta a la legislación" de VPO.

De esta manera, los magistrados entienden que "se puede concluir, en definitiva, que el arrendatario haya incumplido con su obligación de pago, por lo que la acción de desahucio por este motivo no puede ser estimada"

Barack Obama estudia prohibir por ley la ejecución de hipotecas impagadas en Estados Unidos hasta que el gobierno haya revisado todas las posibilidades de renegociar el préstamo. Si entra en vigor el proyecto en estudio se podrían detener incluso las ejecuciones que ya están en marcha.

Cuando la burbuja hipotecaria estalló el gobierno Obama empezó a tomar toda clase de medidas para frenar la cascada de desahucios. Una de ellas fue la creación del programa federal para la Modificación de Viviendas Asequibles (HAMP, por sus siglas en inglés). El objetivo de este programa era renegociar aquellos préstamos hipotecarios que, con un poco de ayuda, se podían salvar. A día de hoy ese programa no es obligatorio. La novedad sería obligar a pasar por ahí antes de ejecutar ninguna hipoteca.

Este globo sonda veía la luz el mismo día en que se conocían los datos de una inesperada revisión al alza del crecimiento del PIB estadounidense en el último trimestre: del 5,7 % se pasa a un 5,9, el crecimiento más rápido desde 2003. Aunque eso no quita para que el balance global de 2009 siga siendo muy malo -bajó un 2,4 por ciento, eso es el peor resultado desde 1946- y para que los expertos adviertan de que el leve repunte no se sostendrá si no despega el consumo.