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Santader y CatalunyaCaixa han anunciado oficialmente su adhesión al Código de Buenas Prácticas impulsado por el Gobierno para paliar el problema de los embargos hipotecarios.

Varias entidades ya habían comunicado informalmente que se sumarían a la iniciativa del Gobierno, que deja en manos a los bancos la decisión de adherirse. Pero Santander y CatalunyaCaixa han sido los primeros que hacen pública de forma oficial su adhesión, que les compromete a cumplir lo que se establece en el Código durante los próximos dos años.

Las iniciativas previstas en el Código, que se aplica a las familias en situación de exclusión, van desde la refinanciación de las hipotecas hasta la dación en pago, para los casos extremos donde, finalmente, el desahucio es inevitable.

Santander, además, recuerda que mantiene en vigor su moratoria hipotecaria, por la que ofrece una carencia del pago de capital durante tres años, sin modificar las condiciones financieras y permitiendo el alargamiento del plazo, a aquellas familias que hayan visto reducidos sus ingresos o en las que uno de los miembros esté en paro.

El banco asegura que se han beneficiado de esta iniciativa, que lanzó en julio del pasado año, 9.820 familias por un importe total de 1.634 millones de euros.

Por su parte, CatalunyaCaixa recuerda que ha formalizado ya operaciones de flexibilización de cuotas de préstamos hipotecarios a 12.000 familias en 2011. La entidad, que ha sido nacionalizada, afirma que fue la primera que, en 2008, aplicó la dación en pago con la transformación de la hipoteca en un contrato de alquiler. Desde esa fecha, 6.500 familias se han beneficiado de la dación en pago.
El Gobierno ha anunciado que hará público el listado de entidades que se adhieran al Código de Buenas Prácticas y concederá incentivos fiscales a las que incurran en pérdidas por adoptar las medidas allí previstas.

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, se ha mostrado a favor de la "dación en pago" -saldar la deuda con un banco devolviendo la vivienda-, solo en el caso de que la medida sea acatada por una entidad de forma voluntaria.

En un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), Martín ha explicado que la "dación en pago de forma retroactiva" sería una opción "muy dañina para la organización del mercado inmobiliario" y con la que "no podría estar de acuerdo".

Sin embargo, ha manifestado que sí estaría a favor si fuera acatada por las entidades de forma voluntaria, "por razones humanitarias o las que quieran", aunque Martín ha pedido que se distinga entre el plano asistencial y social y el inmobiliario.

"No es lógico que para ayudar a una familia haya que modificar el mercado", ha indicado el presidente de la AEB, quien ha insistido en que el problema social hay que solucionarlo de forma independiente del hipotecario.

Ante la pregunta de si la AEB ha mantenido contacto con el Gobierno acerca de este asunto, Martín ha precisado que tanto los bancos, como el mismo han "hablado de la orientación del mercado hipotecario, pero no de este asunto en concreto".

Por último, ha recordado que mañana el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, comparecerá en el Parlamento, donde puede que "anuncie sus líneas maestras al respecto", ha indicado Miguel Martín

La Fundación Alternativas ha pedido una reforma del sistema hipotecario español que incluya la llamada dación en pago (cancelación de la hipoteca mediante la entrega del inmueble) para las familias en peor situación económica, siempre y cuando se trate de la primera vivienda.

El informe presentado propone asimismo como solución alternativa a la ejecución hipotecaria que la familia pueda permanecer en la vivienda en alquiler, ya que ello supondría no dejar en la calle al ejecutado y permitiría a la entidad bancaria seguir liquidando la deuda a través del arrendamiento.

El autor del estudio, Tomás Gimeno, ha apuntado a cambios necesarios en la Ley Hipotecaria, como que el banco o caja conceda créditos por un máximo de entre el 60 % y el 80 % del valor de la vivienda, por lo que el comprador deberá aportar el 20-40 % restante previamente.

Según Gimeno, esto supondría "un filtro", una garantía de que el comprador puede asumir el pago de la vivienda, si bien ha matizado que esta medida debería ir en paralelo con la potenciación de soluciones alternativas, principalmente el alquiler.

La secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, animó a las entidades financieras a que asuman la parte de responsabilidad que les corresponde con la situación que viven las familias, al tiempo que dio la bienvenida a medidas como la anunciada recientemente por el Banco Santander en torno a las hipotecas.

En una entrevista con Efe, la responsable de Vivienda confió así en que los bancos y cajas sigan el ejemplo del Banco Santander, que esta semana anunció una carencia de tres años en el pago del capital de las hipotecas de sus clientes si pierden el empleo.

Corredor dijo que es positivo que los bancos "empiecen a asumir la responsabilidad que tienen en la situación dramática" de quienes peor lo han pasado, como los jóvenes y las familias más necesitadas, aunque también consideró que podría ser "una estrategia de una entidad financiera y ellos sabrán porqué lo hacen".

"Bienvenidas sean estas iniciativas si favorecen el alivio de las familias" a las que concedieron hipotecas en condiciones "insuperables", reiteró.

Con la salida de la crisis y la finalización de la reestructuración del sistema financiero es ahora "el momento" de exigir a las entidades que "estén a la altura de las circunstancias" y que apoyen con sus medios a las familias, reclamó la secretaria de Estado.

Respecto a otras medidas reclamadas desde la calle como la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria, Corredor manifestó el rechazo del Gobierno a implantar su obligatoriedad como único pago de la hipoteca, ya que no solucionaría el problema.

Las familias insolventes apenas son el 3 % de las hipotecadas y, con esta medida, también perderían su vivienda, al tiempo que se vería perjudicado el 97 % de las familias restantes.

Implantar la obligatoriedad de la dación en pago generaría un encarecimiento de las hipotecas, ya que las entidades financieras darían menos del 80 % del valor de tasación, acortarían su plazo, lo que aumentaría las cuotas a pagar, se encarecerían los tipos de interés y pedirían más garantías, exigencias y seguros adicionales, explicó Corredor.

El presidente de Unnim, Jaume Ribera, se ha mostrado abierto a considerar la dación en pago "en algunos casos" y ha remarcado que el objetivo de la caja no es tener casas vacías, en alusión a los desahucios.

En una entrevista en la cadena de radio Rac1, Ribera ha considerado que no se puede aplicar una solución genérica ni el café para todos en el caso de la dación, y ha abogado por tener mucho cuidado a la hora de legislar.

El presidente de Unnim ha reconocido que el problema de la dación radica en que habrá unas deudas que se dejan de pagar y hay que ver cómo afecta a las entidades financieras.

Sobre el futuro de la entidad y sus necesidades de capital, Ribera ha explicado que la caja está hablando con diferentes instituciones porque pretender continuar siendo una entidad catalana y el interés de cara a futuros socios pasa por entidades que están fuera de Cataluña.

Además, ha insistido en que las necesidades de Unnim para el FROB son muy limitadas y descartado una intervención del Banco de España en su entidad.

En respuesta a la actual situación económica, Bankinter ha lanzado la primera hipoteca del mercado español que rompe con la responsabilidad patrimonial universal

Los titulares de esta nueva hipoteca responderán, en caso de impago, única y exclusivamente con la vivienda hipotecada, esto es, con la dación en pago. Con esta iniciativa, que se lanzará al mercado a partir del miércoles, Bankinter rompe con la habitual exigencia del mercado hipotecario español, que obliga a los titulares de un préstamo con garantía hipotecaria a responder con todos sus bienes y derechos por la deuda garantizada con una hipoteca.

La nueva hipoteca, que será comercializada con el nombre de "Hipoteca sin más", estará destinada exclusivamente a la compra de la vivienda habitual, en un rango entre 30.000 y 600.000 euros, y con su importe se podrá financiar hasta un 80 por ciento del valor de tasación. A ella podrá optar cualquier persona física con residencia en España.

"Lo podemos hacer porque tenemos una escuela de riesgos muy estricta que nos convence de que nuestros clientes van a ser capaces de devolvernos los préstamos", explica María Paramés, directora de Personas y Comunicación Corporativa de Bankinter.

El producto tendrá un plazo de amortización de hasta 40 años dependiendo del valor de la vivienda y si el cliente es menor de 35 años. Si se sobrepasa esa edad, el plazo es de 35 años. Las condiciones económicas requeridas son similares a las de otros productos hipotecarios, y se exige la contratación de sendos seguros del hogar y de vida y de una cuenta nómina o profesional.

El diferencial variará en función del cliente y la venta cruzada que se contrate con la entidad. Para el primer año, el interés fijado es del 4%, y a partir de entonces, el Euribor más un precio personalizado. La comisión de apertura es del 0,5% y las compensaciones por desistimiento son el 0% por amortización parcial y del 0,5% por amortización total o subrogación durante los primeros cinco años y del 0,25% el resto.

PSOE, PP y CiU pactaron este jueves aumentar desde el actual 50 % el porcentaje de valoración de los inmuebles embargados que se quedan las entidades financieras cuando no se subastan, y también apoyaron la medida anunciada por el Gobierno de elevar la cantidad de sueldo no embargable por impago hipotecario.

Los afectados por embargo podrán así cancelar una mayor cantidad de su deuda con el banco una vez que se eleve el porcentaje “vergonzante” establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en palabras del diputado que anunció el acuerdo, Pere Macias (CiU), en el pleno en el que se votan las resoluciones consecuencia del debate sobre el estado de la nación.

El texto pide también acelerar la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que complementen las presenciales con pujas a través de internet “con el objetivo de aumentar el número potencial de licitadores, y por tanto las posibilidades de que la subasta no quede desierta”.

No obstante, no contempla la posibilidad de que la entrega de la vivienda sirva para saldar una deuda hipotecaria en su totalidad, la llamada “dación en pago”, como proponían CiU (a través de incentivos fiscales), IU-ICV-ERC y BNG.

La enmienda transaccional consecuencia del debate sobre el estado de la nación también insta al Gobierno a supervisar las condiciones para la concesión de créditos para evitar cláusulas abusivas, como las cláusulas suelo, que marca el interés mínimo que debe pagar el hipotecado incluso si el euribor se sitúa por debajo.

El presidente de BBVA, Francisco González, ha advertido de que "no es posible modificar con efectos retroactivos los sistemas de ejecución bajo los que se concedieron los créditos hipotecarios" sin "perjudicar aún más" la confianza en la economía española. Asimismo, indicó que tampoco se debe "cuestionar de forma retroactiva" cláusulas avaladas por el ordenamiento jurídico, respaldadas por el supervisor financiero" y en línea con las prácticas "de cualquier país desarrollado en el mundo".

Al hilo del debate suscitado sobre la regulación hipotecaria, que ha motivado incluso la creación de una subcomisión en el Congreso de los Diputados, González ha remarcado que "un inversor internacional no entiende por qué es abusivo, como se ha dicho en España, prestar a un coste mínimo del 3% en España, cuando la media del coste de hipotecas en Europa está en el 3,6%", lo que es inferior al coste de financiación del Estado. "Esto significa que se está trabajando a pérdida", ha incidido.

A su juicio, si se pretende que las siguientes generaciones sigan disfrutando de financiación adecuada a un "coste muy, muy competitivo", hay que mantener este "principio de seguridad jurídica". Pese a que son momentos difíciles para "muchos españoles", González ha remarcado que hay que tener claro lo que sucede cuando se cambia un sistema "en contra de cómo funciona el mundo mundial".

Así lo ha defendido al recibir el premio Gumersindo de Ázcárate que otorga el Colegio de Registradores de la Propiedad, en una edición que coincide con el 150 aniversario de la Ley Hipotecaria, remarcando que el precio de las hipotecas a más de 10 años es el más barato de toda la Unión Europea gracias la seguridad jurídica y de la altísima competencia del sector financiero en España, por lo que los legisladores tendrán que ser "especialmente cuidadosos".

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, ha expresado su rechazo frontal a que el crédito hipotecario pueda saldarse con la entrega de la vivienda tal y como sucede en EEUU, y ha asegurado que el sistema español por el que el beneficiario del crédito responde con su patrimonio "ha funcionado muy bien", no como el estadounidense.

Durante la presentación de los resultados anuales de la banca, Martín se declaró "profundamente sorprendido" de la magnitud del debate respecto a si la vivienda debe saldar el pago de la hipoteca porque consistiría en importar un modelo "que ha originado la crisis financiera mundial".

Martín recalcó que el sistema hipotecario español ha permitido que el 85% de los españoles tengan vivienda en propiedad y se mostró totalmente contrario a comprometer la existencia de un mercado que ha funcionado bien hasta el momento.

El portavoz de la banca reconoció la existencia de casos lamentables de personas que no pueden hacer frente a su hipoteca, "una deplorable situación humana que hay que atender", pero reivindicó la validez del modelo español frente a la dación en pago.