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El Gobierno prevé reducir con "carácter inmediato" el desequilibrio presupuestario de España en más de un punto porcentual del Producto Interior Bruto (PIB) con la aplicación de las medidas de ajuste aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros, ante un déficit público que se situará en el 8% en 2011, dos puntos porcentuales por encima de lo previsto inicialmente.

"Estas primeras medidas, que comportan acciones tanto por el lado de los ingresos públicos como por el lado de los gastos, suponen una reducción de carácter inmediato del desequilibrio presupuestario en más de un punto porcentual del Producto Interior Bruto", según señala el Real-Decreto de medidas publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el Gobierno reducirá gastos en 8.900 millones de euros, al tiempo que prevé recaudar 6.200 millones de euros, como consecuencia de algunos cambios fiscales que incluyen un alza temporal y progresiva del IRPF y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Otras medidas que incluye el Real-Decreto son el incremento de la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, la congelación salarial y el recorte de la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa de reposición.

El Servicio de Estudios del BBVA (BBVA Research) estima que el PIB caerá un 0,2% en el último trimestre del año, lo que eleva las posibilidades de que la economía española vuelva a caer en recesión en el primer trimestre de 2012.

“Los riesgos a la baja se han incrementado y la probabilidad de recesión también ha ido en aumento”, señala BBVA Research en un documento donde asegura que la consolidación de escenarios de menor crecimiento en los próximos trimestres dependerá de las políticas que se implementen a nivel externo e interno.

Según la entidad, es “especialmente preocupante” el grado de persistencia de la destrucción de empleo y su aceleración durante los últimos meses, después de que se agudizara el deterioro del mercado laboral en el tercer trimestre del año.

Además, el gasto en consumo de los hogares sigue sin mostrar mejoría en la última parte del año, mientras que la inversión en vivienda no exhibe signos de mejora tras el ajuste producido a principios de año.

Según BBVA Research, la incertidumbre que rodea a algunos incentivos fiscales, los efectos negativos de la inestabilidad financiera y la debilidad del mercado de trabajo explican la aceleración del deterioro del mercado de la vivienda.

Asimismo, las exportaciones se han desacelerado y existe incertidumbre sobre su comportamiento futuro, ya que la desaceleración podría ser temporal, aunque también han aumentado los riesgos a la baja ante la caída de la confianza y el incremento de la incertidumbre en los mercados financieros.

En materia de consolidación fiscal, la entidad observa un “cambio de tendencia” en la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas en el tercer trimestre del año, aunque cree que no será suficiente para alcanzar el objetivo de déficit a finales de año.

Así, considera que el Estado cumplirá su compromiso y tendrá cierta capacidad para compensar parcialmente potenciales desviaciones en la ejecución de la Seguridad Social y las comunidades, aunque advierte de que sin medidas adicionales no se reducirá el déficit público al 6%, tal y como espera el Gobierno.

Francia y Alemania están de acuerdo en la aplicación de sanciones automáticas contra los países que se desvíen del objetivo de déficit y excedan el 3 % del PIB fijado, declaró hoy lunes en París el presidente galo, Nicolas Sarkozy.

El jefe del Estado galo agregó que él mismo y la canciller alemana, Angela Merkel, presentarán el miércoles una carta al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, con los detalles de la reforma que proponen para los tratados de la Unión Europea (UE).

Sarkozy y Merkel han dicho que prefieren que la reforma se haga incluyendo a los 27 Estados miembros, pero han dejado claro que si algún país plantea problemas, los 17 países de la eurozona avanzarán en solitario, aunque dejando la puerta abierta para que se sumen en el futuro otros Estados miembros.

Francia y Alemania han reiterado que todos los países de la eurozona deberán incluir una "regla de oro" en sus respectivas Constituciones para garantizar el equilibrio presupuestario, como ya ha hecho España. La reforma de los Tratados dará competencias al Tribunal de Justicia de Luxemburgo para revisar si estas reformas son suficientemente estrictas.

El presidente francés y la canciller alemana han reclamado además que se adelante a 2012, en lugar de 2013 como estaba inicialmente previsto, la entrada en funcionamiento del fondo de rescate permanente para países endeudados, que tendrá más flexibilidad para actuar porque no funciona únicamente con garantías sino también con capital desembolsado.

Sarkozy y Merkel han resaltado además que el caso de Grecia es "particular" y único" y que en el futuro sólo se pedirá a la banca que asuma pérdidas sobre los bonos de la eurozona en casos excepcionales.

Grecia tendrá que aplicar nuevas medidas para recaudar 7.000 millones de euros extras entre los años 2013 y 2015 y salvar así el agujero fiscal que el Ministerio de Finanzas ha encontrado durante la revisión del programa de ajuste presupuestario, según recogen hoy los medios locales.

Esos 7.000 millones de euros son mencionados en una modificación del programa de acciones a medio plazo que Atenas negoció la pasada semana con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea, garantes de los préstamos internacionales que mantienen a flote las finanzas griegas.

El documento, presentado en el Parlamento de Atenas, no específica esas medidas, pero indica que es necesario aumentar los recortes de gasto público si el país quiere cumplir su objetivo de reducir el déficit al 1,1 % en el año 2015, desde el 9 % con que se prevé cerrará el presente año.

Si no se aplican esas medidas extraordinarias, el déficit en 2015 quedará por encima del 4 %, según las previsiones corregidas ahora.

Los planes de Grecia también contemplan rebajar el monto de la deuda pública hasta el 125,6 % del PIB, desde el 145,5 % previsto para 2012, una reducción en la que juega un papel indispensable la planeada quita del 50 % de la deuda helena.

Una nueva tormenta política se aproxima al Congreso de Estados Unidos tras la incapacidad del comité encargado de reducir el abultado déficit, lo que sumerge al país en una nueva temporada de inestabilidad económica.

La crónica del fracaso anunciado se certificó con un escueto comunicado de los dos copresidentes del llamado 'supercomité', la senadora demócrata, Patty Murray y el representante republicano Jeb Hensarling, en el que reconocían su fracaso.

"Pese a nuestra incapacidad para superar las significativas diferencias, culminamos este proceso unidos en nuestra creencia de que la crisis fiscal del país debe ser encarada y que no podemos dejarla para que sea solucionada por la siguiente generación", indicaron.

El debate pasa ahora al Congreso, que se encuentra dividido con los republicanos liderando la Cámara de Representantes y los demócratas el Senado, y que deberá lograr lo que el 'supercomité' no consiguió: un plan de recortes consensuado de 1,2 billones de dólares en los próximos diez años.
De no conseguirse, entrarán en vigor en 2013 los temidos recortes automáticos por el mismo monto, 1,2 billones, previstos en caso de fracaso por parte del 'supercomité' y que afectarán tanto a defensa como programas sociales, las respectivas "vacas sagradas" de republicanos y demócratas.

El Servicio de Estudios del BBVA considera que el ajuste fiscal llevado a cabo por España se está haciendo de una manera "traumática" por sus consecuencias sobre la inversión y el empleo, en lugar de producirse "de manera ordenada y virtuosa".

En su último 'Observatorio Económico' sobre las necesidades y fuentes de financiación de la economía española, BBVA indica que, dentro de este proceso de ajuste del gasto, la disminución de la inversión nacional está teniendo "efectos negativos" en términos de destrucción de empleo, debido a que la reducción de la deuda se está haciendo "de forma perniciosa" para el crecimiento y la creación de empleo.

Además, advierte de que todo ello se está produciendo en un contexto de ‘credit-crunch’ que puede intensificarse aún más, tal y como amenazan las tensiones financieras actuales y las elevadas primas de riesgo. En estas circunstancias, añade, resulta “particularmente preocupante” la financiación de los vencimientos de la deuda exterior española previstos para 2012, de hasta 414.000 millones de euros, así como las nuevas necesidades netas de financiación (27.500 millones de euros).

Por todo ello, BBVA apuesta por sentar las bases para llevar a cabo el proceso de reducción de deuda de forma más ordenada, en un contexto de crecimiento y con mercados de financiación a largo plazos abiertos. Para ello, dice que es necesario recuperar la confianza de los mercados en la economía española y, en este sentido, aboga por sanear “de forma completa, definitiva y rápida” los balances bancarios, “minimizando totalmente el coste para los contribuyentes”.

El Servicio de Estudios del Banco Santander considera "improbable" que el Gobierno sea capaz de reducir el déficit público al 6% este año, tal y como se ha comprometido con Bruselas como parte del plan para reducir el salgo negativo al 3% en el año 2013.

En un documento consultado por Europa Press, la entidad presidida por Emilio Botín afirma que el menor crecimiento empeorará la evolución de los ingresos, lo que influirá en el ajuste a pesar de los planes de recorte de algunas comunidades y las medidas de racionalización del gasto.

A su parecer, las mejoras en la reducción de las necesidades de financiación de las administraciones públicas "se han detenido" en el segundo trimestre del año, mientras que el sector público "apenas ha avanzado en la reducción del déficit" en la primera parte del año.

Así, ve "improbable" que el Gobierno sea capaz de reducir el déficit al 6%, igual que otros organismos y servicios de estudios, como el de BBVA o la Fundación de Cajas de Ahorro, que ya han avisado al Ejecutivo de que no podrá cumplir sus planes en materia de consolidación fiscal.

Sin embargo, el Ejecutivo sigue apelando a la necesidad de cumplir lo pactado y asegura que la reducción al 6% es un objetivo irrenunciable, aunque, de momento, sigue descartando la posibilidad de poner en marcha nuevas medidas de consolidación fiscal.

De hecho, el Gobierno sigue manteniendo que reducirá el déficit al 6% este año, que lo rebajará al 4,4% el año que viene y que logrará cerrar el año 2013 con un déficit del 3%, tal y como exige Bruselas.

Además, la pasada semana la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró que el Estado contará con 4.000 millones extra este año para asegurar el cumplimiento del déficit: 2.000 millones de la subasta del espectro y 2.000 millones porque el pago de intereses de la deuda será menor al previsto.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha descartado que España deba encargar una auditoría externa del sistema financiero español para restablecer la confianza de los mercados, tal y como había propuesto un responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una rueda de prensa tras las reuniones del FMI y el Banco Mundial, Salgado ha asegurado que debería bastar con las pruebas de resistencia que realizó el Banco España y con la exposición al ladrillo que publicaron las propias entidades financieras.

Salgado salía así al paso de las declaraciones realizadas por el director para Europa del FMI, Antonio Borges, que apostó por auditores externos que examinaran el sistema financiero español, como ya se hizo en su día con Irlanda.

Además, la vicepresidenta económica ha asegurado que, en cualquier caso, no sería el Gobierno el que tendría que hacer una recomendación de este tipo, al tiempo que ha recordado que el FMI ha valorado positivamente las últimas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno español.

En cuanto a la reforma del sistema de pensiones, Salgado la ha considerado muy "ambiciosa" y ha recordado que España es el único país de la zona euro que ha podido modificar el sistema con el acuerdo de los agentes sociales.

Además, Salgado ha asegurado este sábado desde Washington que el Gobierno central "no puede estar más en desacuerdo" con la intención de la Generalitat de no cumplir con el objetivo de déficit. Tras una reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, ha desmentido que el Ejecutivo español haya aceptado las cifras de déficit que el Govern ha previsto para 2011.

El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, aseguró que Alemania marcha por "buen camino" para cumplir la exigencia constitucional de frenar el endeudamiento del país, que empezará a regir en 2016 cuando el déficit público no podrá superar el 0,35 por ciento del PIB.

"Estamos en el buen camino", dijo Schäuble, durante el último día del debate parlamentario sobre los presupuestos públicos.

Después de registrar 44.000 millones de déficit en 2010 y 30.000 millones en este año, el presupuesto de 2012 contempla un déficit de 27.200 millones de euros y, según el ministro, "el curso de una mesurada reducción del déficit debe continuar".

Schäuble admitió que la coyuntura internacional está en un momento crítico, lo que significa un riesgo para la economía alemana, pero advirtió de que no es conveniente caer en el dramatismo.

"Hay que tener cuidado con el dramatismo. La confianza es el recurso más importante en el desarrollo económico", dijo el ministro.

Los planes presupuestarios para 2012, que el Parlamento deberá aprobar en noviembre, contemplan gastos por 306.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 0,07 por ciento con respecto a 2011, frente a ingresos fiscales por valor de 247.400 millones de euros y otros ingresos de 31.500 millones.

Para los años siguientes, el plan financiero a mediano plazo contempla nuevas reducciones del déficit a 24.900 millones en 2013, 18.700 millones en 2014 y 14.700 millones en 2015.

La meta del plan es lograr cumplir de manera duradera a partir de 2016 con las exigencias del freno a la deuda para, según Schäuble, ayudar a la aceptación de esta figura en el resto de Europa.

"Nuestro cumplimiento de las exigencias del freno a la deuda es una condición elemental para que su aceptación aumente en Europa", dijo el ministro.

El déficit del Estado cayó el 11,8 % en los siete primeros meses del año y sumó 22.764 millones de euros, lo que equivale al 2,09 % del Producto Interior Bruto (PIB), según informó el Ministerio de Economía y Hacienda.

El informe mensual de ejecución presupuestaria destaca que este resultado se debió a unos ingresos de 67.004 millones de euros frente a unos gastos de 89.750 millones.

En términos de caja (que anota los ingresos y pagos realizados en el momento en que se hacen efectivos), el Estado presentó un desequilibrio de 20.610 millones de euros, "sensiblemente inferior" al saldo negativo de 29.681 millones registrado en los siete primeros meses del año pasado.

La nota de prensa de Economía destaca que la cifra de déficit es inferior a la del mes anterior, cuando fue de 24.132 millones, pese a que los ingresos provenientes de impuestos han moderado su ritmo de crecimiento, tal como preveía el Gobierno en este ejercicio.

Así, la recaudación por impuestos directos se elevó hasta julio a 50.760 millones, un 0,2 % menos que en el mismo período del año anterior, mientras que los impuestos indirectos crecieron el 1,9 % y sumó una recaudación de 45.929 millones.

Por IRPF las arcas del Estado acumularon 44.016 millones, el 5,2 % más que hace un año, debido a las menores devoluciones solicitadas del ejercicio 2010, a la eliminación de la devolución anticipada por nacimiento y al incremento de los ingresos correspondientes al primer plazo de la cuota positiva de esa declaración.

El Impuesto de Sociedades ingresó 4.761 millones hasta julio, el 23,8 % menos que en los siete primeros meses de 2010 y el IVA generó 33.101 millones, el 3,8 % más.