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Más de un centenar de clientes de Caja Mediterráneo (CAM) con cuotas participativas y participaciones preferentes se ha dirigido a la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) al creer que la entidad no les ofreció información adecuada sobre estos productos al contratarlos.

Con motivo del Día Mundial del Ahorro ADICAE ha instalado un punto informativo junto a la sede de CAM en Alicante para aclarar dudas a los usuarios sobre este tipo de productos financieros, que desde la asociación califican de "tóxicos".

Uno de los abogados de ADICAE, Daniel Fernández, ha relatado que en los últimos días han recibido una media de entre 10 y 15 personas, cifra que cree que crecerá "exponencialmente", con el común denominador de que tienen miedo a no poder recuperar sus ahorros después de adquirir este tipo de productos financieros pensando que se trataba de depósitos a plazo fijo y "seguros".

"La mayoría no recibió información antes y ahora no saben qué es lo que hacer puesto que, aunque den la orden de venta, se ven atrapados", ha comentado.

Ha proseguido que desde ADICAE les recomiendan que recopilen la publicidad que conserven de los productos para ver "qué es lo que se puede exigir y para probar si se ha incumplido con la normativa".

Además de la caída en la Bolsa del valor de las cuotas participativas (acciones sin derechos políticos), Fernández ha señalado que existe "incertidumbre" sobre el dinero depositado por los clientes en las participaciones preferentes (deuda de la caja), ya que teme que el banco que se haga con CAM (intervenida por el Banco de España el 22 de julio) renegocie la compra con los titulares pero "a la baja

Banco CAM pagará mañana el cupón de una emisión de 850 millones de euros de participaciones preferentes que vendió hace dos años, según anunció en un hecho relevante remitido a la CNMV. Supondrá un desembolso de unos 15,6 millones de euros, pues el tipo de interés vigente de la emisión asciende al 7,35%.

El anuncio de la entidad de unas pérdidas de 1.136 millones en el primer semestre de este año, junto a la decisión de suspender el pago de una emisión de deuda subordinada y de la amortización de las cuotas participativas, habían levantado algunas dudas sobre si CAM, intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio, cumpliría con este compromiso.

El FROB ya había autorizado el pago de cupón de preferentes el 15 de agosto, correspondiente a emisiones de 2011 y 2002. Queda por desvelar si remunerará el cupón previsto para el 29 de diciembre de este año, aunque los expertos consideran que lo más probable es que sí lo pague, siguiendo la tesis que el Banco de España ha marcado en las dos fechas anteriores para el pago de intereses.

Lo que no está tan claro es qué ocurrirá con los cupones futuros. Estas participaciones no pagarán remuneración en caso de que el emisor haya registrado pérdidas en el ejercicio anterior. Y si la entidad se encuentra en un caso "extremo" de insuficiencia patrimonial podrían amortizarse por debajo del precio de venta.

En total, CAM tiene 1.398 millones de euros en participaciones preferentes, emitidas en 2001, 2002, 2005 y 2009. Solo 88,5 millones fueron vendidos entre inversores institucionales, el resto fue a parar de pequeños inversores, principalmente clientes de la caja de ahorros.

Las cuotas participativas de la CAM se han disparado este lunes un 13,74%, hasta situar el precio de sus títulos en 1,49 euros, tras desplomarse en dos días más de un 60%.

Los inversores han aprovechado la caída del precio de las cuotas para tomar posiciones. La caja se desplomó un 50% el jueves y un 23% el viernes, tras anunciarse la suspensión de su amortización a 4,77 euros por título. Este precio supone multiplicar por más de dos el valor medio de los últimos días.

Los inversores confían en que la amortización finalmente se lleve a cabo y ven en la CAM una oportunidad de inversión, aseguran expertos cosultados por Europa Press. El administrador de la caja decidió suspender la asamblea prevista para el día 16 de septiembre, que debía aprobar la amortización, hasta que se concrete el futuro de la entidad.

La intervención de la caja el pasado 22 de julio ha dejado en el aire su futuro, ya que,si sigue el mismo esquema que en las anteriores intervenciones, será adquirida por alguna otra entidad. Sin embargo, hasta que se aclare su futuro, su administrador ha optado por paralizar la amortización de los títulos, aprobada por el consejo de administración un día antes de su intervención. Desde que la entidad salió a cotizar en 2008 el descenso se sitúa en el 74%

Las cuotas participativas de la intervenida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que perdieron en la jornada de ayer jueves la mitad de su precio tras conocerse que la entidad ha suspendido su amortización anticipada, se venden a precio de saldo en el mercado.

Las cuotas participativas son similares a las acciones, pero no tienen derechos políticos, lo que hizo que esta caja las emitiese para capitalizarse en julio de 2008. Entonces su valor era de 5,84 euros.

El desplome se ha producido después de que los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suspendiesen la orden de la antigua cúpula de la caja, dirigida hasta julio por María Dolores Amorós, de recomprar los títulos a un precio que no se correspondía con el de mercado: el 21 de julio, antes de la intervención del Banco de España, la dirección de la caja decidió pagar 4,77 por participación, un 40% más de lo que valían.

La práctica totalidad de los perjudicados son pequeños ahorradores a los que la CAM ofreció sus cuotas participativas a través de la red comercial.

En la primera operación realizada al amparo de la reforma de la Ley de Cajas, el grupo Banca Cívica -que agrupa a las cajas de Navarra, Canarias y Burgos- ha suscrito un acuerdo de intenciones con el fondo estadounidense JC Flowers (JCF), que pretende suscribir un activo convertible en acciones por valor de 450 millones de euros, operación permitida dentro de la reciente reforma de la mencionada normativa.

"La entrada de JC Flowers en el capital de Banca Cívica refrenda la vocación del grupo de acudir a los mercados privados de capital y le permitirá impulsar sus planes de crecimiento nacional e internacional", dijo la entidad.

Los títulos que pretende emitir Banca Cívica, con un interés inicial del 7,5 por ciento, computarán como recursos propios básicos (Tier 1). Su conversión está ligada a la admisión en un mercado secundario oficial de las acciones de Banca Cívica y JCF deberá ejercitar la conversión antes de cumplirse dos años desde la salida a cotización.

"La deuda se remunerará un 0,25 por ciento por debajo del precio del FROB", destacó Banca Cívica, que añadió que la carta de intenciones incluye mecanismos de permanencia en el accionariado de la entidad a medio plazo por parte del fondo.

JCF gestiona inversiones por valor de 10.000 millones de dólares. En la nota facilitada por la entidad, se cita al presidente del fondo estadounidense destacando el proyecto de Banca Cívica "es uno de los de mayor solidez y potencial de crecimiento nacional e internacional dentro de la banca española". Banca Cívica inauguró recientemente una oficina en el mercado norteamericano, donde espera empezar a operar como entidad financiera en 2011.

El acuerdo está sujeto a due diligence, autorizaciones regulatorias y de los consejos de administración.

El director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José Antonio Olavarrieta, ha asegurado que la nueva ley de cajas preservará el modelo de estas entidades y las fortalecerá, al permitirles capitalizarse.

En su opinión, esta nueva normativa cumple “prácticamente” con todo lo que había pedido la patronal de las cajas e insistió en que se trata de una norma muy flexible y “totalmente voluntaria”. Esto significa, según Olavarrieta, que la caja que no tenga problemas de solvencia y de liquidez podrán seguir como está, y que las que necesiten capital podrán emitir cuotas participativas -similares a las acciones- sin voto, como están ahora, aunque también habrá otras que quieran más capital y emitan cuotas con voto para hacerlas más atractivas.

Olavarrieta insistió en la importancia de que esta norma permita a las cajas conseguir capital en el mercado, algo básico en un momento de crisis como el actual, con la consiguiente reducción de los ingresos, que coincide con un exigente calendario de provisiones, pero dejó claro, como ya hiciera la semana pasada, que “a 30 de junio todas las cajas están en beneficios y lo van a estar a 30 de septiembre”.

En cuanto a las pruebas de solvencia de bancos y cajas que se publican el viernes, a Olavarrieta le sorprendería “mucho” que apareciera “cualquier problema” en las entidades españolas, debido al celo y el rigor con que ha actuado siempre el Banco de España.

Las entidades financieras españolas necesitan entre 30.000 y 50.000 millones de euros para recapitalizarse, según un estudio presentado por la consultora PriceWaterhouseCoopers y el Instituto de Empresa. Y es que "hay un exceso de capacidad significativo en el sector bancario, que se estima próximo al 30 por ciento, y el sector necesita una recapitalización, con apoyo público, que podría oscilar, en un primer momento, entre 30.000 y 50.000 millones de euros", según el informe.

La consultora y el Instituto de Empresa destacan en este trabajo que el sector bancario español se enfrenta a importantes retos en cuanto a su rentabilidad, liquidez y solvencia, que se derivan del crecimiento de la morosidad, el estrechamiento de los márgenes, la caída de la actividad y el acceso a la financiación.

En un momento en el que las cajas están consumiendo sus recursos propios de capital para hacer frente a la creciente morosidad y la depreciación de activos se ha evidenciado la ineficiencia de las actuales cuotas participativas como instrumentos para captar capital en los mercados, aseguran. En este escenario, el Instituto de Empresa y la consultora proponen que las cajas emitan cuotas participativas por ley y que además tengan derechos políticos.

Una postura similar fue defendida hace pocos días por Comisiones Obreras, que también aceptó que los nuevos instrumentos de capital de las cajas sean más eficaces y otorguen derechos políticos siempre que los sectores actuales mantengan la mayoría en su capital.

Hay que recordar que las actuales cuotas son instrumentos de capital que tienen derechos económicos pero no otorgan derechos políticos. Entre otros inconvenientes, las cuotas tienen establecido un límite del 5 por ciento para eventuales los tenedores de las mismas y es que a diferencia de los bancos, las cajas no pueden acudir al mercado a realizar ampliaciones de capital para fortalecer sus recursos propios.

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, acudió a la primera reunión del Gobierno con los partidos para buscar acuerdos económicos con un centenar de propuestas para hacer frente a la crisis y buscar una salida progresista ante la actual coyuntura económica. Muchas de esas propuestas se refirieren al sector financiero y alguna ha sorprendido a más de uno.

Entre las medidas que propone figura el "desarrollar con carácter de urgencia una normal básica sobre Banca Pública que suponga el despliegue operativo directo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), integre a las instituciones que puedan ser nacionalizadas, y regule el papel y representación de los participaciones públicas en instituciones financieras".

Asimismo, plantea una reforma de la Ley de Cajas, de acuerdo, entre otros criterios, con el de "mantenimiento de la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro", ya que consideran que "ninguna caja podrá ser propiedad de ninguna institución o empresa privada".

Asimismo, propone la desvinculación de cualquier derecho político sobre las cuotas participativas en el caso de las Cajas de Ahorro. A juicio de Izquierda Unida, se debe producir un "fortalecimiento de la supervisión del Banco de España sobre las Cajas de Ahorro, extendiéndola al requisito de informe previo favorable a toda operación que supere el millón de euros".

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha apremiado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para inyectar liquidez de forma "urgente" a las entidades que, por problemas de viabilidad, tienen "vedado" el acceso a la financiación del supervisor. El gobernador ha subrayado el papel que juega el FROB porque "esta vez" -en alusión a la actual crisis- las cajas de ahorros "no han sido inmunes a las dificultades".

Fernández Ordóñez ha recordado que el fondo es un instrumento que asegura medidas de naturaleza "excepcional" y que garantiza un proceso de reestructuración rápida en aquellos casos en los que una determinada entidad sea incapaz de encontrar una solución privada a sus problemas de viabilidad. Entre esas medidas, Fernández Ordóñez ha destacado la posibilidad de que cuente con derechos de voto en los órganos de gobierno de una caja de ahorros mediante la adquisición de cuotas participativas (valores similares a las acciones de los bancos pero que tradicionalmente no tenía derechos políticos).

Las declaraciones de Fernández Ordóñez se producen un día después de que el Banco de España pidiera al presidente de CajaSur, Santiago Gómez Sierra, que solventara los obstáculos para propiciar la fusión con Unicaja antes del próximo martes. A pesar de ello, Fernández Ordóñez ha elogiado de nuevo la fortaleza del sistema financiero español y ha recordado que aquí la crisis no ha afectado a las entidades grandes, sino a las de "menor tamaño". Por eso, aunque el Banco de España disponía de mecanismos de actuación que en el pasado demostraron ser "útiles y efectivos", había algunos elementos que distinguían la crisis actual de episodios anteriores, lo que aconsejó el diseño de un nuevo instrumento mejor adaptado a estas nuevas exigencias.
Fernández Ordóñez ve "imprescindible" que se acometan reformas estructurales "ambiciosas" que deben ser bien articuladas y creíbles y para ello "sería deseable obtener el mayor consenso posible". Entre las medidas que propone, el gobernador ha citado una reforma laboral que corrija "bastantes" aspectos "de las instituciones que actualmente lo regulan" y llama a "innovar en las modalidades de contratación", así como a modificar la negociación colectiva. Fernández Ordóñez está tan convencido de la eficacia que tendrían las nuevas medidas que no duda de que "si se hacen reformas laborales importantes, con poco crecimiento puede haber más empleo".

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de las cajas aportará 1.300 millones para facilitar la compra de Caja Castilla-La Mancha (CCM) por Cajastur. La idea es que el FGD adquiera unos 900 millones de euros de cuotas participativas -títulos similares a acciones pero sin derechos políticos- que emitirá CCM para reforzar su capital. Al mismo tiempo, el FGD suscribirá una nueva emisión de participaciones preferentes de la entidad castellano manchega por importe de 400 millones de euros.

Pese a la suscripción de estas nuevas emisiones, el FGD no invertirá dinero nuevo en el capital de CCM, pues previamente se habrá amortizado una colocación de participaciones preferentes de 1.300 millones de euros efectuada por la caja antes del verano y que estaba en poder del Fondo.

Precisamente la participación del FGD y la integración parcial de CCM en el banco Liberta, filial de Cajastur, han sido claves para que el Banco de España escogiera a la caja asturiana para esta operación ya que era "la mejor opción, la menos onerosa, sin cargo alguno al contribuyente". Según el supervisor, el proyecto de la entidad asturiana es el que "mejor cumple los criterios de solidez y racionalidad económica y financiera", además de que respeta el objetivo de no suponer un coste para el erario público. En la misma línea se expresó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, quien también consideró que con la unión de ambas entidades "todos salimos ganando".

La caja asturiana propuso en su oferta la "integración parcial" de CCM en el grupo Cajastur, a través de la cesión de los activos y pasivos de la entidad castellanomanchega en el Banco Liberta. Dicho banco, propiedad de la caja asturiana, fue creado en 1999 y pasará a tener su sede en Castilla-La Mancha y a estar participado en un 25% por CCM, que seguirá existiendo pero no con actividad bancaria. De esa forma, se mantendrían en CCM las participaciones empresariales -incluido el 25% del Banco Liberta- además de la gestión de la obra social.