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El Banco de España está analizando las medidas que podría aplicar al consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, a raíz de la decisión de la Audiencia de Barcelona de inscribir en el Registro de Penados la condena a tres meses de cárcel e inhabilitación profesional que le impuso el Tribunal Supremo.

En un escrito fechado el pasado 26 de octubre, el director del Departamento de Instituciones Financieras del Banco de España, José María Lamamié, asegura que el organismo "está analizando las medidas que puedan resultar procedentes con arreglo a la normativa aplicable, a la vista de las decisiones adoptadas en relación con la ejecución de la referida sentencia".

La Audiencia Provincial de Barcelona suspendió en septiembre la ejecución de la condena que impuso el Supremo a Sáenz como autor de un delito de denuncia falsa contra unos deudores de Banesto en 1994, pero desestimó su petición de no inscribir los antecedentes penales, lo que podría afectar a su honorabilidad y vulnerar los requisitos que se exigen legalmente para desempeñar un cargo en banca.

El real decreto de 1995 sobre Creación de Bancos y Otras Cuestiones Relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito establece que carecen de la honorabilidad exigida para ejercer la actividad bancaria "quienes tengan antecedentes penales por delitos dolosos" y, entre otros, los "inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección en entidades financieras".

Precisamente, el abogado Iván Hernández, que mantiene varias acciones penales contra el Banco Santander, pidió al Banco de España que destituyera de forma "inmediata" a Sáenz, lo que ha vuelto a reiterar en un escrito presentado la semana pasada ante el organismo regulador.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha informado desfavorablemente sobre el indulto al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, ante la condena a tres meses de arresto e inhabilitación por el delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad, según confirmaron fuentes jurídicas.

La Sala concluye que "no se aprecia la concurrencia de razones de justicia o equidad para la concesión del indulto, por lo que se informa desfavorablemente". Este informe no es preceptivo y será el Gobierno el que tenga la última palabra.
El Supremo enviará ahora su decisión al Ministerio de Justicia que lo remitirá al Consejo de Ministros, el cual tendrá que tomar la decisión final y publicarla en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La petición de indulto, presentada por el propio Sáenz el pasado mes de febrero tras conocer la sentencia condenatoria del Alto Tribunal, cuenta con el informe favorable del Ministerio Fiscal.

El 2 de septiembre de 2011, la Audiencia Provincial de Barcelona suspendió la ejecución de la sentencia que condenó al consejero delegado del Banco Santander, así como a Miguel Ángel Calama, antiguo director de Banesto en Cataluña, y al abogado Rafael Jiménez de Parga.

El tribunal atendió así a la petición formulada por el ejecutivo de la entidad cántabra y de los otros tres condenados, a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de amparo y que el Ministerio de Justicia se pronuncie sobre la petición de indulto.

Sin embargo, la Audiencia Provincial rechazó la solicitud de no inscribir la sentencia condenatoria en el Registro Central de Penados y Rebeldes para evitar que figuren antecedentes penales. Esta decisión dependerá del Banco de España, quien debe determinar "la honorabilidad" del banquero, según el tribunal.

Sáenz llegó a la presidencia de Banesto a principios de 1994, después de que la entidad fuera intervenida en diciembre de 2003 por el Banco de España, y emprendió una estrategia de recuperación de créditos impagados con el objetivo de sanear la entidad.

Miguel Ángel Calama, el que fuera ejecutivo de Banesto y actual director general de Globalcaja -entidad que aglutinó la fusión de las Cajas Rurales de Ciudad Real, Albacete y Cuenca- ha sido prejubilado por el Consejo Rector de la entidad financiera.

Según ha informado hoy esta entidad, el Consejo Rector de Caja Rural de Ciudad Real ha acordado la prejubilación del actual director general, a quien le han agradecido "la excelente labor llevada a cabo durante estos casi 14 años que ha estado dirigiendo la entidad", periodo en el que la Caja Rural de Ciudad Real se ha situado entre las primeras de su grupo.

Miguel Ángel Calama, que fue fichado por Luis Díaz Zarco, actual presidente de Globalcaja, fue condenado por el Tribunal Supremo a tres meses de prisión y otros tres de inhabilitación por acusación falsa contra unos deudores de Banesto cuando Calama era directivo de este banco.

La sala de lo penal del Supremo rebajó en tres meses la condena inicialmente impuesta por la Audiencia de Barcelona a Calama, al consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáenz, y al abogado Rafael Jiménez de Parga, ya que los magistrados estimaron parcialmente el recurso de los condenados.

El origen de esta causa se remonta a 1994, cuando Banesto presentó una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes el banco reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) por las empresas que representaban, del grupo Harry Walker.

La Audiencia de Barcelona ha condenado al ex presidente de Banesto y actual consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, a seis meses de prisión y un día por un delito continuado de acusación y denuncia falsa contra unos deudores de la entidad.

Los hechos se remontan a 1994, cuando Sáenz, entonces presidente de Banesto; Miguel Ángel Calama, ex director regional de Banesto en Cataluña y Baleares, y Rafael Jiménez de Parga, letrado externo del banco, interpusieron una denuncia contra los accionistas del Grupo Harry Walker, Pedro Olabarría, Luis Fernando y José Ignacio Romero García y Modesto González por el impago de una deuda al banco de 600 millones de las antiguas pesetas, unos 3,6 millones de euros.

La sentencia no obliga a ninguno de los condenados a ingresar en prisión debido a que se trata de una condena inferior a dos años, a que no es una sentencia firme y a que no tenían antecedentes penales. El dictamen se conoce justo cuando se cumplen 16 años de la intervención de Banesto por parte del Banco de España, una operación que siempre denunció Rafael Pérez Escolar, consejero de Banesto en tiempos de Mario Conde. Ahora, su abogado ha pedido al banco central que destituya al consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, después de conocerse la condena. Pérez Escolar fue uno de los impulsores de la querella que ha provocado la condena de Sáenz.

Normalmente, sólo cuando existe una sentencia en firme se entiende que se ha perdido la honorabilidad y el Banco de España obliga a cesar en sus cargos a los directivos bancarios condenados, como ocurrió en el caso de los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer.