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La Obra Social de La Caixa ha presentado el proyecto 'Alquiler Solidario', un programa que permitirá que 3.000 familias puedan acceder a una vivienda nueva por un coste de entre 85 y 150 euros mensuales, con el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y los gastos comunitarios incluidos.

Como respuesta a la situación de crisis actual, La Obra Social de La Caixa ofrecerá 25 millones de euros para “facilitar que miles de personas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales puedan vivir dignamente pese haber perdido el empleo”, ha explicado en rueda de prensa el director general de la fundación, Jaume Lanaspa.

El programa ‘Alquiler Solidario’ proporcionará pisos de 50 a 100 metros cuadrados con un precio de mercado de entre 170 y 300 euros al mes -IBI y gastos comunitarios incluidos- y La Obra Social subvencionará la mitad, por lo que finalmente los arrendatarios pagaran entre 85 y 150 euros mensuales.

Además, para facilitar la entrada a la vivienda, el programa sólo pedirá a los arrendatarios una fianza correspondiente a un mes de alquiler, cuando en el mercado convencional se reclaman tres meses.

Los interesados pueden solicitar una vivienda desde este jueves a través de Internet, aunque de momento sólo en Tarragona y Sevilla, pues el resto de ciudades españolas se pondrán a disposición a partir del próximo mes de diciembre.

“Aún estamos arreglando algunos pisos para dejarlos impecables, ya que algunos aún no estaban ni acabados”, ha explicado el consejero delegado de Vivienda Asequible de la Obra Social de La Caixa, Jaume Cabré.

Más de un millón de arrendamientos de viviendas no están declarados a Hacienda, lo que representa un 55,4% del total, según el "Informe sobre alquileres sumergidos en España" de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El informe -elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda- revela que más de dos tercios de los arrendamientos no declarados se concentran en Cataluña, Andalucía, y Madrid, mientras que La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos defraudan.

El estudio cifra en un mínimo de 3.000 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables que no se han llevado a la base imponible del IRPF. A juicio de este colectivo, el Plan de Prevención del Fraude "se estancó en 2008 sin resultados medianamente aceptables".

Así, si bien se contabilizaron 130.345 nuevos declarantes de viviendas alquiladas, el número de arrendamientos sumergidos se incrementó en 209.159 en comparación con el año anterior. Además, el volumen de dinero defraudado aumentó en 473,2 millones de euros, es decir, un 19,3%, hasta los 2.926 millones.

Los Técnicos de Hacienda admiten que la reforma fiscal aprobada a finales de 2006 permitió que en 2007 afloraran casi 90.000 alquileres sumergidos, con una ligera reducción del fraude, que pasó del 57,1% al 54%. Sin embargo, entre 2007 y 2008 los "alquileres negros" aumentaron en más de 1,3 puntos porcentuales (del 54% al 55,4%).