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La Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionan a Grecia para que reduzca los salarios y las ventajas sociales tanto en el sector público como en el privado, aseguró este miércoles el ministro de Finanzas griego, Evangelos Venizelos.

"La Troika pone en la mesa pertinentemente las reformas estructurales y medidas que abren el mercado" a la competencia, declaró el ministro a la radio Real FM, al confirmar la misión de control de las cuentas griegas iniciada el lunes por la delegación tripartita del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI.

Entre las reformas prioritarias, según el ministro, cabe destacar "el establecimiento de una escala salarial en el sector público, el mercado de trabajo, la apertura de oficios a la competencia, el cierre y la reestructuración de organismos públicos".

Bajo la presión de los acreedores, Grecia está regulando estos sectores, aunque la Troika, según la prensa, se ha quejado del retraso del país a la hora de llevar a cabo las reformas votadas.

El trío de funcionarios de alto rango reclamó la generalización en el sector privado de los acuerdos de empresas para las negociaciones salariales, en detrimento de los acuerdos sectoriales.

Esto permitiría a las empresas regularizar los recortes salariales que ya aplican sobre bases individuales y eventualmente realizar otros nuevos, para poder calibrar a qué punto el país puede hacer bajar los costes de producción desde el estallido de la crisis de la deuda pública.

La Comisión Europea ha presentado un proyecto para que empresas y particulares puedan cobrar más fácilmente las pequeñas deudas de otros países de la Unión Europea, que normalmente quedan sin pagar y que suman unos 600 millones de euros anuales.

Para reducir el total de impagos, el Ejecutivo europeo quiere establecer una orden europea de preservación de cuentas que permita a los acreedores congelar la cantidad debida en la cuenta del deudor hasta que un juez dictamine si se tiene que efectuar o no el pago.

Según ha explicado la Comisión Europea en un comunicado, algunos acreedores no cobran sus deudas porque los morosos cambian el dinero a una nueva cuenta en otro país.

Para conseguir que se bloquee una parte de los fondos de una cuenta, los acreedores deberán obtener una orden pública de acuerdo con las leyes nacionales o utilizar uno de las procedimientos simplificados comunitarios.

Además, el acreedor podrá bloquear la cantidad en la cuenta, pero en ningún caso cobrarla antes de que se demuestre que, efectivamente, existe una deuda.

Un millón de pequeñas y medianas empresas europeas tienen problemas para recuperar deudas de otros países de la Unión Europea a causa de las diferentes regulaciones estatales o de los costes adicionales en tiempo y recursos que supone reclamarlas.

"Las compañías pierden un 2,6% de su facturación al año por malas deudas" en Europa, ha declarado la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding.

"Las empresas necesitan una solución simple para que el dinero se quede donde está hasta que un tribunal haya tomado una decisión sobre el pago de los fondos", ha añadido la comisaria.

La propuesta de Bruselas no sustituirá los instrumentos ya existentes en los veintisiete estados miembros, sino que servirá como alternativa para los casos transfronterizos.

La agencia de calificación crediticia Moody's no descarta una nueva rebaja de los 'ratings' de los países periféricos de la zona euro pese a las últimas medidas adoptadas por el Consejo Europeo, debido a la falta de "transferencias fiscales", a la posibilidad "confirmada" de que se produzca una reestructuración de deuda en la eurozona u otro tipo de 'default' y a las previsiones de que el entorno de financiación siga siendo "complicado".

En un comentario especial sobre las nuevas medidas adoptadas por los líderes de la Unión Europea (UE) el pasado viernes, Moody's señala que estas propuestas muestran el "compromiso continuado" de la Unión a la hora de ayudar a los países con problemas de la zona euro y cree que si se implementan de forma correcta, tendrá consecuencias "positivas" durante un tiempo para muchos de sus miembros.

Sin embargo, cree que la ausencia de un mecanismo de transferencia fiscal y las condiciones en las que la posiblemente se prestará la ayuda podrían tener un impacto negativo en los acreedores privados. Además, subraya que aún persiste un "incierto perfil de solvencia", en diferentes grados, en los países que afrontan mayores dificultades.

Asimismo, señala que la resolución de los problemas de competitividad y fiscales que atraviesa la zona euro y la necesidad de reequilibrar y reestructurar las economías periféricas son "retos a medio plazo" que deben hacerse en un contexto de bajo crecimiento económico y una deuda pendiente "significativa".

Además, el actual apoyo está basado en un "consenso político frágil" que se ha desarrollado en un proceso "impredecible", por lo que espera que las dificultades de financiación para muchos países de la eurozona continúen. Por ello, cree que si el coste de endeudamiento continúa aumentando y la rentabilidad de la deuda prevista a medio plazo empeora, "podrían justificar nuevas rebajas" de la calificación.

Por otro parte, la agencia añade que si un país recurre a la reestructuración de su deuda o es "muy probable" que lo haga, se le asignará previsiblemente una calificación por debajo de 'Caa1', en el parte inferior de la calidad crediticia en 'grado de especulación', dependiendo de las expectativas de recuperación de su inversión para los acreedores después del 'default'.

Su Casita, la mayor financiera hipotecaria no bancaria de México, participada en un 40% por Caja Madrid, informó el viernes de que celebrará una asamblea de accionistas para presentar una "propuesta de reestructuración de pasivos", debido a que podría caer en concurso mercantil.

De hecho el lunes se reunirá con los tenedores de 12 emisiones de bonos no garantizados, con los que Su Casita tiene obligaciones por unos 6.000 millones de pesos (476,1 millones de dólares). Asimismo, Hipotecaria Su Casita (HSC) pedirá a ese grupo de accionistas refinanciar algunas amortizaciones programadas para este año.

La compañía requiere que en la asamblea participen los tenedores de títulos que representen al menos el 75% de cada emisión de bonos para poder así continuar con el proceso de reestructura.

La firma también ha iniciado una negociación con sus acreedores garantizados, los cuales representan el 76% de las deudas de la compañía, para reestructurar sus adeudos y también reprogramar ciertas amortizaciones.

Caja Madrid entró en el accionariado de Su Casita en noviembre de 2004, cuando adquirió por 45 millones de euros (unos 61,9 millones de dólares) el 25% de la sociedad, porcentaje que elevó hasta el 40% en abril de 2006 por otros 45 millones de euros, consolidándose como primer accionista. En marzo, Caja Madrid anunció que deseaba vender su participación en Su Casita a partir de mayo, lo que finalmente no hizo.