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El Tribunal Supremo ha declarado nulas siete cláusulas que hasta ahora figuraban en numerosas pólizas de seguros, como exigir la entrega del contrato original para dar una indemnización o sistemas de penalizaciones desproporcionadas por el retiro de un seguro de vida.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió en 2005 ante los Juzgados de lo Mercantil la nulidad de diversas cláusulas "presentes en millones de contratos" de varias aseguradoras. En 2006, la Audiencia Provincial de Madrid declaró nulas ocho cláusulas. Tras los recursos planteados por OCU y varias compañías del sector, el Supremo no solo ha confirmado la nulidad de siete, sino que "ha extendido la declaración de nulidad en los contratos del resto de aseguradoras del mercado", explica la organización en un comunicado.

Las disposiciones declaradas nulas por el Supremo incluyen el exigir al asegurado que entregue el original y no una copia de su póliza para poder solicitar el pago de la indemnización, "desposeyéndole así de la póliza y dejándole a merced de la compañía". Asimimso, las cláusulas en las que falta de información sobre asuntos esenciales del seguro, como delimitación del riesgo y prestaciones.

En el caso de los seguros de vida se prohibe la omisión del método del cálculo del valor del rescate y de la revalorización del capital, así como la falta de definición del llamado 'interés técnico asegurado'.

En el caso de vehículos, el Supremo exige más transparencia sobre los criterios de la aseguradora para modificar la tarifa de siniestralidad con el sistema bonus-malus, basado en aplicar bonificaciones y penalizaciones según el historial del cliente.

El Supremo también prohíbe que se imponga una penalización por el rescate del seguro de vida por el que el cliente no reciba ninguna renta o incluso pierda parte del capital inicial.

Otra disposición prohibida es que en los seguros de defensa jurídica se exima a la aseguradora "de tener que pagar los gastos de procurador y abogado de su cliente si éste gana el juicio y condenan en costas al contrario".

La última cláusula anulada es que la compañía "se reserve la resolución del contrato por el mero acaecimiento del riesgo cubierto".

Las cláusulas suelo encarecen una hipoteca media hasta 2.000 euros anuales, según ha denunciado la organización de consumidores Facua, que reclama al Gobierno la eliminación de estos topes aplicados al interés que paga el deudor.

Las cláusulas suelo, que impiden a los titulares de hipoteca beneficiarse de las rebajas de los tipos de interés a los que está referenciado el crédito, oscilan desde el 1,25 y al 4,95%, según cálculos de la organización.

Facua demanda al Gobierno que proteja los intereses de los usuarios y "deje de mirar hacia otro lado ante la aplicación de estas cláusulas suelo que están beneficiando de forma abusiva a la banca". En este sentido, valora positivamente la proposición no de ley que registra este lunes el grupo parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso en la que, haciéndose eco de las reivindicaciones y análisis de la asociación, solicita al Gobierno que ponga fin a las cláusulas suelo.

Más de la mitad de las hipotecas analizadas por Facua tienen cláusulas suelo que pueden impedir que el consumidor se beneficie totalmente de las bajadas del Euríbor, indicador al que se referencian en España más del 95% de las hipotecas. La hipoteca con el suelo más alto de las analizadas lo eleva al 4,95%. Si se aplicaran los intereses que figuran en el contrato, el Euríbor (que se situó en el 1,232% en enero) más el 1%, un préstamo de 115.000 euros a 23 años supondría una cuota de 533,11 euros mensuales. Sin embargo, la existencia de la cláusula suelo provoca que la cuota mensual se eleve a 698,69 euros. Así, en un año, el suelo incrementa la cuota en nada menos que 1.986,96 euros.

Ya lo hizo Barack Obama al poco de tomar posesión de su cargo de presidente de Estados Unidos y ahora es el Reino Unido el país que ha decidido poner fin a ciertas prácticas abusivas de las compañías de tarjetas de crédito. El gobierno británico quiere acabar con abusos como el incremento del límite de gasto sin autorización del cliente o el aumento de las tasas de interés sobre la deuda existente. Para ello va a crear el cargo de "abogado del consumidor", que tendrá como tarea principal combatir los abusos de estas empresas.

El Gobierno quiere que las empresas sean más responsables y tengan en cuenta la capacidad crediticia de sus clientes antes de ofrecerles la posibilidad de incrementar su deuda a crédito. El plan estudia también la posibilidad de forzar el incremento de los pagos mensuales para ayudar a los clientes a pagar su deuda con más rapidez y revisar el orden en el que se paga la deuda, de manera que se liquiden primero las obligaciones más costosas.

Según las cifras del Banco de Inglaterra, los residentes en el Reino Unido acumulan una deuda de 233.000 millones de libras (381.000 millones de dólares o 271.000 millones de euros) en tarjetas de crédito, descubiertos y otros préstamos al consumo.