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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que en las próximas semanas se aprobarán nuevas medidas de protección para las personas sujetas a procedimientos de ejecución hipotecaria por la imposibilidad de atender a sus compromisos.

Durante su discurso sobre el Estado de la Nación, el líder del Ejecutivo ha afirmado que estas medidas de protección "serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias". Zapatero sostuvo que el Gobierno es consciente de la coyuntura "especialmente difícil" a la que se enfrentan las familias que pierden su vivienda y siguen debiendo dinero al banco porque su valor no es suficiente para cubrir lo que resta de hipoteca.

En este sentido, aclaró que por ello en abril de 2010 se aumentó la cantidad mínima de ingresos de las familias que no puede ser embargada. "Pero vamos a hacer un nuevo esfuerzo en este sentido", enfatizó el presidente del Gobierno en el Congreso.

Zapatero subrayó que se va a completar el proceso de reformas con nuevas iniciativas que responden a compromisos ya asumidos y que, entre otras cosas, supondrán una nueva regulación del silencio administrativo para convertirlo en positivo en un buen número de procedimientos.

Asimismo, se incluirán medidas de protección para los sometidos a ejecución hipotecaria, normas para incrementar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, y nuevas medidas a favor de los emprendedores y para aliviar la morosidad que padecen, especialmente, pymes y autónomos ante las entidades locales.

Los grandes empresarios españoles disiparon sus dudas iniciales sobre la reunión con el presidente del Gobierno al constatar que el encuentro fue "muy útil" y todas las partes coincidieron en la urgencia de las reformas pendientes ante los ataques de los inversores a España. El encuentro fue tan provechoso que incluso el presidente del BBVA, Francisco González, reconoció esta circunstancia, después de una intervención inicial muy crítica con la labor del Gobierno en cuanto a la contención presupuestaria y a la insuficiencia de las medidas adoptadas.

Con mayor o menor dureza, todos los asistentes expusieron a José Luis Rodríguez Zapatero la necesidad de avanzar de forma rápida en las reformas y le pidieron que actúe con determinación para impulsar los cambios, como fue el caso del presidente del Santander, Emilio Botín.

El primer banquero de España, que hizo un llamamiento a la necesidad de que todos rememos en "la misma dirección", fue uno de los que más dejó entrever el respaldo de los empresarios a acciones contundentes que frenen la sin razón de los mercados, que a su juicio no tienen en cuenta los puntos fuertes del país.

El primero en participar tras Zapatero fue el presidente de La Caixa y de la patronal de las cajas de ahorros, Isidre Fainé, que aseguró que estas entidades terminarán el año sin pérdidas, al tiempo que defendió su esfuerzo para reestructurarse. En su opinión, las fusiones se han podido retrasar no por culpa de las cajas, sino por la lentitud de los parlamentos autonómicos en adaptarse a la nueva normativa, aunque se comprometió a que todos los procesos estén cerrados el próximo 24 de diciembre.

El presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, también instó al Ejecutivo a proceder de forma inmediata en los capítulos pendientes y a no relajarse en los próximos meses, ya que a su juicio vale más actuar en exceso que por defecto para combatir el problema de credibilidad de España ante los mercados. Entre las reformas propuestas, Rato no olvidó la necesidad de que se modifique la legislación urbanística, que no invita a seguir construyendo.

El presidente de FCC, Baldomero Falcones, y el presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, escenificaron el descontento del sector constructor con la falta de medidas del Ejecutivo, que en su opinión debe ayudar con más inversión en infraestructuras o con beneficios fiscales.

La que se ha armado. Si llevamos semanas esperando que el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, compareciera públicamente para explicar si las entidades financieras conceden/quieren/pueden/deben dar créditos e hipotecas, resulta que cuando ha aparecido ha sido para sembrar una gran polémica entorno a la necesidad de plantear la flexibilización del despido en España, léase, su abaratamiento.

El responsable del banco de bancos se ha apuntado a las tesis de la patronal de que hay que despedir más barato para recortar puestos de trabajo más fácilmente. Un posicionamiento que le ha debido saber muy amargo a quien le eligió para este cargo público, el propio presidente del Gobierno. Tanto ha sido así que Zapatero ha tenido que desautorizarle públicamente, asegurando que no se debe seguir por ese camino, a riesgo de acabar con nuestro estado de bienestar. En opinión del presidente, lo que crea empleo es la actividad y una sociedad en la que sus trabajadores tienen derechos y unos salarios mejores es una sociedad más competitiva, y ello crea riqueza.

Ahora bien, el que ha sido realmente claro con Fernández Ordoñez ha sido el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que le ha recomendado que antes de hacer análisis parciales y recomendar "recetas a los demás", reflexiones primero sobre el papel que ha jugado el sector financiero en el modelo económico. ¿Ha sido suficientemente claro?

Mañana La Moncloa volverá a recibir a los primeros espadas de los principales bancos y cajas españolas. Al anunciar hace dos semanas el encuentro, José Luis Rodríguez Zapatero explicó que era necesario porque la banca está siendo "demasiado cauta" con el crédito. Ya se han reunido dos veces antes esta legislatura, ¿a la tercera irá la vencida? No es por ser pesimista, pero parece difícil, muy difícil.

El presidente del Gobierno sigue intentando convencer a nuestros banqueros más insignes y poderosos para que se restablezca la actividad crediticia que tanto necesita la economía, máxime cuando ya hace meses que se pusieron en marcha las primeras medidas de apoyo al sistema financiero y ya va siendo hora de que den sus frutos.

Zapatero lo va a intentar, pero el secretario de Estado de Economía, David Vegara, ya ha advertido que no se puede obligar a las entidades a dar préstamos y que lo único que se puede hacer es conocer y tener información directa de las entidades sobre la situación actual y tratar de lograr la máxima colaboración y cooperación de la banca para que entre todos se pueda restaurar la actividad crediticia. ¿Para cuando?