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La asamblea general extraordinaria de Caja Rural de Canarias ha aprobado la incorporación de la entidad al grupo cooperativo Cajamar por 2.897 votos a favor, 40 en contra y 36 abstenciones. Así lo ha indicado en una nota de prensa Caja Rural de Canarias, que es la séptima entidad que se integra en el grupo Cajamar.

Caja Rural de Canarias aportará al grupo cooperativo Cajamar un volumen de negocio de 2.214 millones de euros, activos por importe de 1.264 millones de euros, 69 oficinas, 322 empleados y más de 100.000 clientes.

El grupo cooperativo Cajamar, integrado por Cajamar Caja Rural, Caja Rural de Casinos, Caixa Albalat, Caixapetrer, Caixa Turís, Caja Rural Castellón y al que han completado su fusión Caja Rural de Baleares y Caja Campo, es el primer grupo de cooperativas de crédito de España.

Sus activos ascienden a 38.000 millones de euros y cuenta con más de 1.000 oficinas, 5.694 empleados, 2,5 millones de clientes y 795.798 socios.
El nuevo grupo está abierto a la participación de más entidades, por lo que no se descarta que en un futuro puedan incorporarse al mismo otras cajas rurales españolas.

Caja Rural de Canarias, que cuenta con más de 23.000 socios -18.697 son personas físicas y 4.349 empresas e instituciones-, mantendrá su independencia, su sede social y servicios centrales, sus órganos sociales de gobierno y dirección, su red de oficinas y empleados en esta integración que se hace bajo la fórmula del sistema institucional de protección

El presidente de CajaGranada, Antonio Jara, ha admitido la responsabilidad de las cajas en la crisis económica con actitudes que ha tildado de "poco edificantes", y ha precisado que las cajas "lo han hecho mal, pero no peor" que otros operadores financieros, en referencia a los bancos. El presidente de la entidad granadina ha reconocido estos extremos durante su comparecencia en el Parlamento andaluz, donde ha sostenido que las entidades ahorradoras tienen "su parte de responsabilidad" en la crisis económica que sufre el país.

"Hemos de convenir que la actuación de estas entidades ha sido poco edificante en general y tiene mucho de censurable. Las cajas han hecho las cosas mal, pero no las han hecho peor que otros operadores del sistema económico y financiero", ha admitido.

Antonio Jara ha indicado que la imagen de las cajas ha sufrido un "tan notable como inmerecido acoso" en los últimos tiempos y que el "daño reputacional causado a estas entidades resulta desproporcionado", entidades -ha recalcado- que ha sido capaces de asumir compromisos de adaptación a circunstancias difíciles.

Además, ha defendido que las cajas hayan ofrecido "valiosas" soluciones para combatir la exclusión social y financiera de la población, su "insobornable lealtad" al territorio y la "potente" obra social. "Entidades que han resuelto tan graves problemas no pueden ser hoy el único problema por mucho que determinados sectores lo focalicen en ellas", ha lamentado.

Respecto al decreto de la Junta que reforma la ley de cajas de ahorro de Andalucía, ha expresado su percepción positiva en líneas generales en aspectos como la profesionalización de los órganos o la paridad.

Sin embargo, ha lamentado que CajaGranada, inmersa en un Sistema Integral de Protección (SIP) con varias entidades mediterráneas, está teniendo que someterse tanto al marco jurídico estatal como a los requerimientos "compulsivos" del Banco de España.

Ha criticado que el decreto ley de la Junta exija adaptar los órganos de gobierno "solo" a CajaGranada, una singularidad "claramente disfuncional", ha comentado.

El presidente de la entidad granadina ha sido también muy crítico con la "excesiva" legislación estatal (4 decretos en poco más de un año), normas de las que ha dicho que son "fragmentarias y escasamente sistemáticas y aceleradas" para un modelo financiero (por cajas) históricamente acreditado al que le "provoca un cierto riesgo".

Compareció además Lázaro Cepas, secretario general de Cajasol, que alabó los distintos aspectos novedosos de la reforma de la Junta como la profesionalización de los consejos de administración. "Los mercados ven con preocupación la presencia de cargos electos en los consejos de administración, por lo que es positiva la incompatibilidad incluida en la norma", ha considerado.

Igualmente, destacó la regulación de las fusiones a través de SIP, en la que se encuentra Cajasol integrado en Banco Cívica.

A la cita parlamentaria no asistieron ni el presidente de Unicaja, Braulio Medel, ni representantes de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorro (FACA), presidida también por Medel, que han optado por enviar sus consideraciones por escrito.

La reordenación del sector financiero español alumbrará un nuevo SIP. Ipar Kutxa, cooperativa de crédito vasca, y Bankoa, entidad financiera controlada por Crédit Agricole, han sellado un acuerdo de intenciones para poner en marcha un sistema interinstitucional de protección que supondrá la creación de un nuevo banco con unos activos de 5.300 millones.

Esta operación, de la que el Banco de España tiene conocimiento desde hace dos meses, supondrá integrar en una única entidad dos balances sólidos, activos solventes y con un core capital del orden del 11%, según las entidades. El acuerdo, sellado a finales de la semana pasada por la cúpula de ambas sociedades financieras, deberá pasar el filtro de sus respectivos consejos de administración. En el caso de Ipar Kutxa se tendrá que aprobarse con el voto de, al menos, dos tercios de los miembros de su máximo órgano de gobierno, tal y como fija el código de gobierno corporativo. Posteriormente, y al tratarse de una cooperativa de crédito, deberá ser refrendado por el 67% de sus socios, que suman en total 6.000.

La mayoría del accionariado del SIP a crear estará en manos de Ipar Kutxa. Los plazos con los que están trabajando es que el nuevo banco, si la asamblea de la cooperativa de crédito da luz verde al acuerdo, reciba en el plazo de entre dos y tres meses los activos que segregarán Bankoa e Ipar Kutxa y empezar a operar antes de final de año.

Ipar Kutxa, bajo la denominación de Caja Rural Vasca, ya intentó en 1997 hacerse con el control de Bankoa, propiedad entonces de inversores privados, mediante una opa. A la puja acudió Crédit Agricole, a través de su filial Caisse Régionale Pyrénées Gascogne, cooperativa de crédito al igual que Iparkutxa. Actualmente, Crédit Agricole controla el 99,64% del capital de Bankoa.

Ipar Kutxa cerró el pasado año con un beneficio neto de 13,4 millones de euros, un activo de 3.566 millones, 405 empleados y una red de 91 oficinas repartidas fundamentalmente en Vizcaya y Álava. Su core capital superaba a finales de 2010 el 12%. Por su parte, Bankoa consiguió el pasado año un beneficio neto de 7,3 millones de euros, con 43 oficinas y 272 trabajadores. Su activo total alcanzó los 1.731 millones y su core capital rebasó el 10%. Su zona de influencia se localiza, principalmente en Guipúzcoa, y en pequeñas zonas de Madrid y Levante

El grupo que une a Cajastur y las cajas de Cantabria y Extremadura reducirá su plantilla un 17%, lo que significa que 1.227 empleados abandonarán sus puestos.

De esos 1.227 empleados, algo más de 1.000 se irán a través de prejubilaciones a las que pueden acogerse voluntariamente los trabajadores mayores de 55 años y con las que pueden cobrar entre el 92 y el 95% de su sueldo neto hasta la edad de jubilación.

Así lo acordaron los sindicatos y las tres cajas, que tras la ruptura del Banco Base que les unía con la Caja del Mediterráneo (CAM), tenían que actualizar el acuerdo laboral firmado a finales de 2010.

Entonces, el grupo calculó que la reducción de plantilla afectaba a 2.200 empleados, pero ahora, sin incluir en el proyecto a la caja alicantina, la cifra queda reducida ahora a 1.227 trabajadores.

Fuentes sindicales apuntan que es un poco superior a la prevista inicialmente para las tres cajas y añaden que la mayor parte de los empleos (unos 500) serán de antiguos trabajadores de Caja Castilla La Mancha (CCM), adquirida por Cajastur.

Para llevar a cabo el ajuste de personal, la "fusión fría" entre Cajastur y las cajas de Cantabria y Extremadura presentará un Expediente de Regulación de Empleo que deberá aprobar la Dirección General de Trabajo.

Las asambleas Cajastur (grupo en el que se integra CCM), Caja Extremadura y Caja Cantabria acordaron el miércoles la constitución e integración en un Sistema Institucional de Protección (SIP), que sustituye a la fracasada alianza de estas mismas entidades con Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

El nuevo grupo económico consolidable, que transferirá todo el negocio financiero de cada caja a un banco, tendrá un ratio de morosidad del 4,2%, frente al 6,96% que tenía la anterior alianza de cajas.

El SIP, que no requerirá ningún tipo de ayuda pública según las cajas, ha establecido como primera vía para su recapitalización la captación de recursos de inversores privados y, como segunda opción, la generación de recursos internos, a través de plusvalías y retención de beneficios, quedando como último recurso, previsto en la normativa, la suscripción de capital por parte del FROB.

El volumen de activos de la entidad será superior a los 53.000 millones, y contará con más de 1.400 oficinas y 6.500 empleados.

A finales del pasado ejercicio, el grupo contaba con un capital principal del 8,4%, contabilizada ya la merma derivada de la provisión del plan de prejubilaciones y los ajustes por pérdida esperada.

El decreto ley que modifica la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía para adaptarla a los cambios introducidos en la legislación estatal por el Real Decreto-Ley 11/2010, aprobado esta semana en Consejo de Gobierno de la Junta, entrará en vigor hoy viernes tras ser publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el jueves.

En dicho decreto ley, se contempla que las cajas de ahorros dispondrán de tres meses para adaptar sus estatutos y reglamentos y, a su vez, la adaptación de la asamblea general y de los demás órganos de las entidades a las normas contenidas en este decreto ley se realizará dentro de los dos meses siguientes al de la aprobación de los estatutos y reglamentos de las cajas, salvo en el caso de las entidades que en la fecha de entrada en vigor del decreto ley se encuentren ene el período transitorio tras un fusión, las cuales llevarán a cabo la adaptación de sus órganos en la renovación parcial que corresponda efectuar tras la finalización del período transitorio.

Esta reforma de la norma reduce la representación pública, refuerza la capitalización y limita las retribuciones de los directivos de las cajas, que no podrán superar en ningún caso el sueldo del presidente de la Junta, mientras que en los bancos no se establece limitación, al no tener competencias la comunidad autónoma.

La nueva norma también refuerza la profesionalización de la gestión al establecer la imposibilidad de simultanear un puesto en los órganos de gobierno de las entidades con un cargo político electo o un alto cargo en la Administración, para lo que se establece un plazo máximo de tres años.

La Junta propondrá a los grupos parlamentarios para que se tramite como proyecto de ley en el Parlamento andaluz, donde espera las aportaciones de los partidos políticos.

El decreto ley andaluz regula las figuras de Sistemas Institucionales de Protección (SIP); el ejercicio indirecto de la actividad de las cajas a través de bancos, y la transformación en fundaciones que gestionen la obra social.

Estos modelos deberán acordarse por una mayoría reforzada, de dos tercios, en asamblea general. En el caso de las dos primeras opciones (SIP y bancos), la autorización corresponde a la Consejería de Economía, siendo los plazos máximos de notificación de la autorización de tres y seis meses, respectivamente, mientras que la tercera será autorizada por el Consejo de Gobierno, en un período máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud.

Además, en el caso de los SIP, la caja presentará trimestralmente ante la Consejería una memoria relativa a las actividades llevadas a cabo para la ejecución del contrato de integración.

Representantes de las cinco cajas de ahorros catalanas comparecerán este miércoles en el Parlamento para informar sobre su situación, en una sesión específica en la comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto, ha informado la Cámara catalana.

La Caixa abrirá la sesión, seguida de Caixa Laietana y Caixa Penedès --que forman parte de SIP con otras cajas españolas que preparan su salida a bolsa-- y finalmente de CatalunyaCaixa y Unnim, que protagonizaron procesos de fusión en 2010 y actualmente buscan vías de recapitalización para cumplir con las exigencias de la nueva normativa financiera española.

También en relación con el sector, el Parlamento tiene pendiente fijar fecha para una comparecencia en la comisión del consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, sobre la nueva normativa financiera estatal y las acciones del Gobierno de Artur Mas para defender el modelo catalán de cajas.

Los nueve grupos de cajas que plantearon al Banco de España la posibilidad de solicitar una inyección del Estado deberán comunicar esta semana al supervisor los detalles de la estrategia que quieren seguir para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia.

La fecha límite para enviar al Banco de España la información ampliada de su estrategia es el próximo jueves 28 de abril, dos semanas después de que el organismo haya aprobado las líneas generales de los planes de viabilidad de todas las entidades con déficit de capital según las nuevas exigencias.

De todas esas entidades, la única entidad que hasta el momento está claro que recibirá una inyección del Estado es Caja Mediterráneo (CAM), que ha solicitado como primera opción de capitalización 2.800 millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Con ese dinero, la caja alicantina espera superar el 10 por ciento de capital respecto a activos de riesgos que se exige a las cajas que no cotizan o no tienen inversores privados significativos.

Pero además de CAM, para llegar al nuevo mínimo de solvencia que el sector bancario español -salvo excepciones puntuales- deberá tener a principios de octubre, NovacaixaGalicia, CatalunyaCaixa, Unnim y Caja España-Duero plantearon también la opción de recibir ayudas del FROB.

Sin embargo, ello no quiere decir que finalmente el Estado de a estas cuatro fusiones de cajas todo el capital que requieren para cumplir con los nuevos criterios de solvencia, ya que, por ejemplo, si Caja España-Duero cierra su unión con Unicaja, ya no requerirá los 463 millones demandados al FROB.

Asimismo, NovacaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Unnim podrían encontrar otras fórmulas para minimizar la toma de una participación de su capital por parte del Estado, o al menos, detallar en esta semana otras vías para tratar de conseguir reforzar su solvencia.

Según los cálculos del Banco de España, la fusión de las cajas gallegas tiene un déficit de capital de 2.622 millones; CatalunyaCaixa, de 1.718 millones; y Unnim, integrada por Caixa Terrasa, Sabadell y Manlleu, de 568 millones de euros. El supervisor explicó recientemente que las cuatro alianzas de cajas bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP) sólo recurrirían a una inyección del Estado en última instancia, si no lograran salir a bolsa o no encontraran un inversor significativo.

Pero el simple hecho de plantear la posibilidad de pedir fondos públicos, les obliga a que antes del próximo jueves presenten más detalles sobre la estrategia que quieren seguir.

El Banco Base -proyecto de unión entre la CAM, Cajastur y las cajas de Extremadura y Cantabria- ha acordado dar por "terminados y sin efectos" los acuerdos de la constitución de la "fusión fría" por la que nació esta entidad, cuya ficha bancaria será comprada por la caja alicantina por unos 12 millones de euros.

En un comunicado a la CNMV se recuerda que las asambleas Generales de tres de estas cajas -todas menos la CAM- decidieron "no autorizar la segregación de sus respectivos negocios financieros" a Banco Base, en los términos previstos en los respectivos proyectos comunes de segregación.

Así, la entidad entiende que "no se cumplen los presupuestos y condiciones necesarias para la puesta en marcha efectiva del sistema institucional de protección (SIP) promovido por las citadas cajas"

Éstas han suscrito un contrato para la liquidación "ordenada y de buena fe" de sus relaciones derivadas del proceso de integración y como accionistas de Banco Base, que incluye la compraventa de la totalidad del capital social de dicha entidad por parte de la CAM.

Esta operación facilita el plan de negocio futuro de la CAM y ha contado con el visto bueno del Banco de España, señalaron fuentes financieras.

El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo (CAM) acordó pedir 2.800 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para cumplir los requisitos mínimos de capital exigidos por el Gobierno, comunicó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La CAM, que se convierte en la entidad que más ayudas públicas ha pedido y que pasará previsiblemente a estar controlada por el Estado, acordó también transferir todo su negocio financiero a un banco para dar entrada en su capital al FROB.

El consejero de la CAM Jesús Navarro señaló, al abandonar la reunión del consejo, que la entidad seguirá "en solitario, con la ayuda del FROB, con el apoyo del Banco de España y con la solvencia que tiene". Navarro aseguró que, con la aportación de dinero público, la CAM superará la barrera del 10% de capital básico (capital de máxima calidad) que exige el Ejecutivo.

La caja alicantina también destacó que la aportación le permitirá superar las pruebas de solvencia a las que se someterá toda la banca europea el próximo verano. No obstante, la entidad dejó la puerta abierta en el comunicado a una alianza con otras entidades "que aporten las adecuadas sinergias y compartan con la CAM la filosofía de transparencia que exigen los mercados".