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La Unión Europea (UE) supervisará a partir de 2011 las estrategias presupuestarias de sus estados miembros antes de que las cuentas sean aprobadas en cada país con la puesta en marcha del llamado "semestre europeo", que entra en vigor el 1 de enero.

Esta iniciativa, ideada para mejorar la coordinación económica entre los Veintisiete, llega después de que la Unión viese este año como tenía que acudir al rescate de países como Grecia o Irlanda, con déficit públicos disparados.

Con el "semestre europeo", los gobiernos tendrán que remitir a Bruselas sus cuentas meses antes de su aprobación, para que éstas sean analizadas por la Comisión Europea y por el Consejo, que podrán dar consejos a cada país.

El ciclo comenzará cada año en el mes de marzo, cuando en base a un informe del Ejecutivo comunitario, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión identificarán los principales desafíos económicos de cada socio. De ahí saldrán una serie de "consejos estratégicos" sobre las políticas presupuestarias de cada país.

Los estados miembros tendrán el mes de abril para revisar sus estrategias presupuestarias a medio plazo y, al mismo tiempo, redactar programas nacionales de reformas que expongan las acciones que tomarán en áreas como el empleo o la inclusión social. En junio y julio el Consejo Europeo y los ministros de los Veintisiete harán sus últimas recomendaciones de cara a las cuentas del año siguiente, antes de que se cierre su tramitación en cada país.

Ante la polémica creada en un principio, la UE ha insistido siempre en que el "semestre europeo" no debilitará el papel de los parlamentos nacionales en materia presupuestaria.

Este modelo es una de las primeras iniciativas surgidas del grupo de trabajo liderado por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para tratar de reforzar la gobernanza económica en Europa.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha anunciado que los presupuestos que está elaborando el Ejecutivo prevé que el gasto de los ministerios para 2011 se sitúe en los niveles de los elaborados para 2006, para seguir en la senda de austeridad que han impuesto los mercados. Las cuentas públicas más austeras de la democracia obligarán a los ministerios a reducir hasta un 16% de sus gastos de media, algo más de lo anunciado inicialmente. La única excepción de los recortes será la partida relativa a investigación y desarrollo.

La responsable económica del Gobierno ha insistido en que se pretende buscar el consenso de los grupos políticos para sacar la ley de Presupuestos, "que va a ser la expresión de nuestro programa de austeridad". La prioridad, "aunque relativa", ha dicho, es que en el contexto de reducción del gasto que va a afectar a todos los ministerios, "las políticas de investigación y desarrollo tengan el suficiente reconocimiento". La comisión no ha abordado las posibles subidas fiscales para rentas altas, que en caso de producirse, Salgado ha anunciado que tendrán un efecto muy limitado.

Para los próximos meses el Gobierno espera poner en marcha la reforma de las pensiones, que incluirá la ampliación del cálculo para determinar el monto de la pensión de 15 a 20 años.

Además, el Gobierno comenzará a emitir títulos para financiar el déficit de tarifa eléctrico a partir de septiembre. El déficit de tarifa (diferencia entre los costes regulados del sistema eléctrico y los ingresos que se obtienen por el recibo de la luz) alcanzó 2.256 millones de euros en el primer semestre, mientras que el Gobierno pretende no superar los 3.000 millones en el conjunto de 2010. Salgado anunció esta decisión dentro de las medidas de política energética que tiene pendientes el Ejecutivo y que citó entre las prioridades para el inicio del curso político.