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El PP llevará al Pleno del Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que plantea volver a elevar hasta los 35 años el límite de edad de los arrendatarios de inmuebles que permite aplicar al arrendador la reducción del 100% de los rendimientos del capital inmobiliario a efectos de su tributación en el IRPF.

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz 'popular' Soraya Sáenz de Santamaría ha justificado la propuesta ante las dificultades de emancipación que encuentran los jóvenes por la precariedad de su empleo y la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios que la escalada del euríbor acerca a niveles de 700 u 800 euros mensuales.

En la exposición de motivos de la iniciativa, los 'populares' recuerdan que los Presupuestos Generales del Estado para 2011 reducen a 30 años este umbral. Si la edad del inquilino supera este umbral, que el PP quiere elevar en 5 años, el rendimiento neto calculado para el IRPF se reducirá en un 60%.

La iniciativa precisa además que el arrendatario deberá comunicar anualmente al arrendador, en la "forma que reglamentariamente se determine", el cumplimiento de los requisitos para permitir esta deducción. Cuando haya varios inquilinos, la deducción se aplicará sobre la parte del rendimiento neto que proporcionalmente les corresponda.

El PP justifica esta propuesta porque la "brusca caída" de la recaudación es un "problema estructural" que no se puede combatir con "medidas propagandísticas" destinadas a ocultar los "importantes recortes en el gasto social" y las "subidas adicionales" de impuestos que recaerán sobre las rentas medias.

Esta iniciativa complementa otras presentadas por el PP en materia del vivienda en los últimos días, entre las que destaca la recuperación de la deducción fiscal por inversión en adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual para todos los contribuyentes, después de que el Gobierno la mantuviera sólo para las bases imponibles inferiores a 24.107,20 euros anuales.

El Gobierno ha establecido en el 2,1% del PIB el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas en 2014, desde el 3% previsto para el 2013.

Este objetivo consta en los Programas de Estabilidad y Reformas que el Consejo de Ministros ha aprobado para su remisión a Bruselas, que de aquí a junio responderá con orientaciones, opiniones y recomendaciones para la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Gobierno mantiene el objetivo de consolidación presupuestaria para reducir el déficit público hasta el 3% del PIB en 2013 y lo extiende al año 2014, para el que se fija un objetivo de déficit del 2,1%. Tras registrar un déficit del 9,2% en 2010 -frente al 9,3% previsto incialmente), el Ejecutivo pronostica un déficit para las Administraciones Públicas de un 6% del PIB este año y de un 4,4% en 2012.

El grueso del ajuste fiscal se realizará por el lado del gasto público, que en 2010-2014 perderá 5,2 puntos de PIB. Los ingresos también contribuirán al ajuste al elevar su peso en el PIB en 1,9 puntos porcentuales.

Tanto la previsión de ingresos como la de gastos de las proyecciones presupuestarias que constan en el Programa de Estabilidad 2011-214 se han hecho en función de las reformas ya acometidas, por lo que no implican subidas de impuestos o recortes adicionales, según fuentes gubernamentales.

La deuda de las administraciones públicas se elevará a 733.428 millones de euros en 2011, casí el doble que a inicios de la crisis, en 2007, y 94.661 millones más que en 2010.

Según la notificación realizada por el Gobierno a la Comisión Europea en el marco del procedimiento de déficit excesivo, el porcentaje de deuda pública respecto a los 1,08 billones de Producto Interior Bruto (PIB) será del 67,2%, punto y medio porcentual menos que el 68,7% previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La administración central suma 531.871 millones de euros de endeudamiento, lo que equivale el 83,2% de la deuda total y al 48,7% del PIB. Las comunidades autónomas añaden otros 115.455 millones de euros (10,5% del PIB), mientras que la de las corporaciones locales se situó en los 35.442 millones (3,2%). No obstante, las cuentas se vieron en parte compensadas con el saldo positivo de la Seguridad Social de 44.001 millones de euros.

La deuda pública superó por primera vez en 2010 el límite establecido en el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, del 60%. Entonces, sólo fue por una décima, pero en 2011 este incumplimiento se cifrará en 7,2 puntos porcentuales.

En el caso del déficit público, el Gobierno estima que se situará en los 65.613 millones de euros este año, el 6% del PIB, con lo que se mantiene en su previsión de que se cumpla el objetivo marcado por Bruselas en la senda de reducir el saldo negativo de las cuentas públicas al 3% en 2013

La Unión Europea (UE) supervisará a partir de 2011 las estrategias presupuestarias de sus estados miembros antes de que las cuentas sean aprobadas en cada país con la puesta en marcha del llamado "semestre europeo", que entra en vigor el 1 de enero.

Esta iniciativa, ideada para mejorar la coordinación económica entre los Veintisiete, llega después de que la Unión viese este año como tenía que acudir al rescate de países como Grecia o Irlanda, con déficit públicos disparados.

Con el "semestre europeo", los gobiernos tendrán que remitir a Bruselas sus cuentas meses antes de su aprobación, para que éstas sean analizadas por la Comisión Europea y por el Consejo, que podrán dar consejos a cada país.

El ciclo comenzará cada año en el mes de marzo, cuando en base a un informe del Ejecutivo comunitario, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión identificarán los principales desafíos económicos de cada socio. De ahí saldrán una serie de "consejos estratégicos" sobre las políticas presupuestarias de cada país.

Los estados miembros tendrán el mes de abril para revisar sus estrategias presupuestarias a medio plazo y, al mismo tiempo, redactar programas nacionales de reformas que expongan las acciones que tomarán en áreas como el empleo o la inclusión social. En junio y julio el Consejo Europeo y los ministros de los Veintisiete harán sus últimas recomendaciones de cara a las cuentas del año siguiente, antes de que se cierre su tramitación en cada país.

Ante la polémica creada en un principio, la UE ha insistido siempre en que el "semestre europeo" no debilitará el papel de los parlamentos nacionales en materia presupuestaria.

Este modelo es una de las primeras iniciativas surgidas del grupo de trabajo liderado por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para tratar de reforzar la gobernanza económica en Europa.

La secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, ha avanzado que "en breve" elevará al Consejo de Ministros para su aprobación el Real Decreto de recortes en materia de vivienda, que persigue contribuir a la reducción del déficit con un ahorro de 1.234 millones de euros hasta 2012. En su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado, Corredor ha indicado que el decreto ha incorporado "muchas alegaciones" durante el periodo de consultas abierto con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales.

El decreto de recortes supone una reprogramación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, y un ahorro de 1.234 millones de euros, de los que 750 millones corresponden a la eliminación de la ayuda directa a la compra de viviendas protegidas. El decreto incluye además la rebaja en el entorno del 40% de las subvenciones para la promoción de estas viviendas en alquiler, la eliminación de la ayuda a los promotores para la urbanización o adquisición de suelo, la eliminación desde 2010 de la Reserva de Eficacia -que permitía a las comunidades autónomas financiar la superación de los objetivos de ayudas pactados con el Estado- y la compensación de pagos de los fondos transferidos a las regiones.

Corredor ha recalcado que estos recortes son "coherentes" con la línea de austeridad de los Presupuestos para 2011 y además servirán para enfocar aún más el gasto en las dos prioridades de las políticas de vivienda: el alquiler y la rehabilitación. En este punto, la secretaria de Estado de Vivienda ha recordado que los datos de ejecución de las diferentes líneas de ayuda evidencian cuáles son las prioridades de gasto. Así, la demanda de ayudas para inquilinos superó el 250% de lo previsto, según las cifras de ejecución de 2009, frente a las correspondientes a la compra, que no superaron el 66%.

El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 se enfrentarán como mínimo a tres enmiendas a la totalidad en su primer tramite parlamentario, al pedir su devolución el PP, CiU e IU.

No obstante, todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, criticaron la falta de credibilidad de las cuentas públicas para el próximo año y coincidieron en que no reactivarán la recuperación económica ni el empleo.

El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, dijo que 'son los peores de la democracia española' y auguró que traerán 'más crisis y paro', al tiempo que criticó que el 'único' gasto que aumente en el Presupuesto sea el destinado a pagar los intereses de la deuda pública.

Según Montoro las cuentas no incluyen una 'auténtica austeridad' sino que 'hacen hueco a los intereses de la carga de la deuda pública' y lamentó que se reduzca de forma 'brutal y dramática' el gasto en inversión pública y el de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, justificó su enmienda a la totalidad porque además de que no responden al 'gran reto' que es la creación de ocupación tampoco cumple con la inversión que debería hacer el Estado en Cataluña.

Explicó que lo establecido en el Estatuto Autonómico de esta comunidad es que la inversión dirigida a Cataluña sea del 18,9% en 2011 y señaló que sólo se contempla el 15,2%, al tiempo que criticó que este año vaya a recibir un 26% menos de lo presupuestado inicialmente para 2010.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, también anunció que su partido, que forma grupo parlamentario con ICV y ERC, pedirá la devolución de los Presupuestos porque 'no son los que necesita la sociedad y han sido impuestos' por la Unión Europea y los mercados.

Si no hay sorpresa de última hora, el Pleno del Congreso de los Diputados dará mañana martes, 22 de diciembre, luz verde definitiva a los Presupuestos Generales del Estado para 2010, los primeros elaborados por Elena Salgado como vicepresidenta económica del Gobierno. Durante la tramitación, el PSOE ha aceptado más de 300 enmiendas, cien de ellas en el Senado, pactadas con todos los grupos de la oposición y valoradas en 467 millones de euros. A esta cantidad se suman otros 450 millones en créditos financieros para las concesionarias, acordados con PP y CiU.

Por primera vez en tres años, los socialistas lograron superar en la Cámara Alta la amenaza del veto a las cuentas gracias a acuerdos de última hora con ERC, ICV y BNG, lo que permitió introducir más de centenar de enmiendas a las cuentas del Ejecutivo, con un importe global de 47 millones de euros, que ratificará el Pleno del Congreso.

Durante el trámite inicial en el Congreso, el PSOE llegó a un acuerdo con los grupos de la izquierda parlamentaria --ERC, IU, ICV y BNG-- para la reforma de la Ley Beckham, que regula la tributación por IRPF de los futbolistas extranjeros, así como para el mantenimiento de la deducción a los 400 euros para las rentas bajas y la renovación del Plan 2000E en 2010, con una dotación de 100 millones.

En total, los Presupuestos salieron del Congreso tras pactar más de 200 modificaciones con PP, CiU, ERC, IU-ICV, BNG, Na-Bai y UPN valoradas en más de 220 millones de euros, que se suman a los 200 millones que pactaron con el PNV (145 millones) y Coalición Canaria (55 millones) para salvar el trámite de las enmiendas de totalidad.

El Pleno del Congreso ha aprobado el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2010, con lo que las cuentas salvan un nuevo trámite a la espera de su aprobación definitiva. Ahora el texto se remitirá al Senado, que comenzará su tramitación la próxima semana. Si la Cámara Alta no introduce enmiendas ni los veta, los Presupuestos quedarán definitivamente aprobados, si por el contrario se aprueban modificaciones o se veta el proyecto (lo más probable), éste habrá de volver al Congreso, que podrá ratificar o rechazar las enmiendas y, en su caso, levantar el veto. En cualquier caso, los Presupuestos deberán aprobarse antes del 31 de diciembre, para que entren en vigor el próximo 1 de enero.

El gasto no financiero del Estado en 2010 será más de 500 millones de euros superior a cuando el 29 de septiembre el proyecto de ley llegó a la Cámara Baja para comenzar su periplo parlamentario. Tras ser rechazadas las seis enmiendas a la totalidad, presentadas por PP, CiU, ERC, IU-ICV, BNG y UPyD el pasado 21 de octubre, el trámite parlamentario dio paso a la presentación de enmiendas parciales.

De las más de 3.000 enmiendas presentadas, sólo 170 han salido adelante, en su mayoría transaccionadas por el grupo socialista -que había presentado 350 enmiendas parciales- con el resto de los partidos. El grupo vasco ha sido uno de los más favorecidos en sus iniciativas, ya que junto al "blindaje" del Concierto vasco, los seis diputados del PNV han logrado otros 85 millones de euros adicionales de inversión en su comunidad. Por su parte, CC ha logrado 40 millones, que se suman a la puesta en marcha y desarrollo del Programa Estratégico de Canarias. Y también, el último acercamiento a los dos diputados gallegos del BNG ha servido para que lleguen a Galicia 29 millones más en inversiones.

CiU, por su parte, acordó con el PSOE diecisiete nuevas enmiendas a los Presupuestos, por un importe de 3,75 millones de euros, para mejorar la inversión prevista inicialmente en Cataluña, a las que hay que añadir las 51 ya aprobadas en la comisión de Presupuestos que sumaban 22 millones. Esto, sin embargo, no sirvió para evitar que el portavoz catalán, Josep Sánchez Llibre, reiterara que los Presupuestos del próximo año "son malos a rabiar" y asegurara que se trata de "los peores que se han presentado en toda la reciente democracia".

El ahorro familiar bruto ha experimentado un crecimiento del 41,5% entre 2000 y 2008, según se desprende de un estudio elaborado por la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). La bajada del consumo ante la crisis económico ha propiciado esta notable subida durante el último año. Aunque el ahorro total aún no se ha recuperado, las tasas de familias y empresas han permitido una importante reducción del endeudamiento. El problema ahora se sitúa sobre el desequilibrio público.

En los últimos cuatro trimestres, hasta el segundo de 2009, la tasa de ahorro ascendió al 17,5% de la renta disponible, 6,5 puntos más que en los cuatro trimestres precedentes. Las previsiones para 2009 apuntan a un nuevo aumento del ahorro privado en otros 5,3 puntos y un descenso del público en 5,6. Sin embargo, las subidas impositivas contempladas por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado provocarán un trasvase de recursos hacia el sector público, reduciendo el ahorro del sector privado y moderando el deterioro del público. La subida de impuestos, por tanto, repercutirá directamente en un descenso de la tasa de ahorro familiar. En 2010 se espera "una cierta recuperación del consumo" ya que crecería ligeramente por encima de la renta, dando lugar a una pequeña caída del ahorro.

La estructura geográfica del ahorro se concentra, aparte de en Madrid, en el triángulo formado por la costa vasca y el límite francés, con la costa mediterránea . Álava es la única provincia que supera en 2008 los 10.000 euros de ahorro bruto por habitante, seguida de Madrid, Tarragona, Castellón y Guipúzcoa.

Por otra parte, Funcas señala que España ha venido liderando el modelo que incentivaba a los hogares a invertir "en ladrillo", generando la consabida burbuja inmobiliaria tanto de precios como de cantidades construidas. Ahora, una vez pinchada ésta, se ha desinflado también la preferencia de los hogares por "el ladrillo". Esta tendencia ha provocado un repunte del ahorro financiero, a la vez que el "efecto riqueza" se ha transformado en "efecto pobreza", recortando el consumo y los ingresos tributarios bastante más allá de lo que podía sugerir la simple evolución de la renta.

Las ayudas directas a la compra de automóviles contarán el próximo año con un presupuesto de 100 millones de euros, según una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pactada entre el PSOE e IU-ICV. De esta forma, los incentivos para la adquisición de automóviles dispondrán del mismo presupuesto asignado inicialmente al Plan 2000E, y que se agotó en cinco meses, período comprendido desde la entrada en vigor del programa el pasado 18 de mayo hasta finales de agosto. Aun así, en el seno de estas formaciones se admite que los 100 millones son insuficientes para el conjunto del ejercicio, si bien confían en que la crisis del sector haya remitido a partir del segundo semestre del año.

Otras formaciones, como el PP y CiU, han presentado enmiendas en la línea de mantener el Plan 2000E, con lo que previsiblemente se adherirán a este acuerdo.

No obstante, una vez acordado el presupuesto, aún debe concretarse la forma en que se articularán las ayudas para la adquisición de automóviles, una iniciativa que ha propiciado la recuperación de las matriculaciones en los últimos dos meses.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció el pasado 24 de octubre la prórroga del Plan 2000E hasta final del presente ejercicio en las condiciones actuales y confirmó que las ayudas directas a la adquisición de automóviles se mantendrán durante el próximo ejercicio. Sebastián explicó que esta prórroga del plan de ayudas directas a la compra de automóviles hasta final de 2009 cuenta con una dotación presupuestaria de 40 millones de euros y permitirá financiar la compra de 80.000 vehículos en las condiciones actuales