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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha propuesto como nuevos miembros del consejo de gobierno de la Reserva Federal estadounidense (Fed) a Jerome H. Powell, un exalto cargo de la administración de George W. Bush, y a Jeremy C. Stein, profesor de económicas en la Universidad de Harvard, según informó la Casa Blanca en un comunicado.

Obama se mostró agradecido de que ambos hayan aceptado servir a su país "en este momento tan importante de la economía". "Sus distinguidos antecedentes y su experiencia, junto con su impresionante conocimiento de la política económica y monetaria, hace que estén totalmente cualificados para desempeñar estos papeles tan importantes", añadió.

Powell, abogado y banquero de inversión, fue socio desde 1997 hasta 2005 de The Carlyle Group y, posteriormente, ocupó el cargo de subsecretario de Finanzas del Tesoro estadounidense en la administración de Bush, con responsabilidad en materias como la política de las instituciones financieras o el mercado de deuda del Tesoro.

Por su parte, Stein es desde el año 2000 profesor de económicas en la Universidad de Harvard University y entre febrero y julio de 2009 ejerció de asesor del Secretario del Tesoro y del Consejo Económico Nacional de la administración Obama.

Una nueva tormenta política se aproxima al Congreso de Estados Unidos tras la incapacidad del comité encargado de reducir el abultado déficit, lo que sumerge al país en una nueva temporada de inestabilidad económica.

La crónica del fracaso anunciado se certificó con un escueto comunicado de los dos copresidentes del llamado 'supercomité', la senadora demócrata, Patty Murray y el representante republicano Jeb Hensarling, en el que reconocían su fracaso.

"Pese a nuestra incapacidad para superar las significativas diferencias, culminamos este proceso unidos en nuestra creencia de que la crisis fiscal del país debe ser encarada y que no podemos dejarla para que sea solucionada por la siguiente generación", indicaron.

El debate pasa ahora al Congreso, que se encuentra dividido con los republicanos liderando la Cámara de Representantes y los demócratas el Senado, y que deberá lograr lo que el 'supercomité' no consiguió: un plan de recortes consensuado de 1,2 billones de dólares en los próximos diez años.
De no conseguirse, entrarán en vigor en 2013 los temidos recortes automáticos por el mismo monto, 1,2 billones, previstos en caso de fracaso por parte del 'supercomité' y que afectarán tanto a defensa como programas sociales, las respectivas "vacas sagradas" de republicanos y demócratas.

El presidente estadounidense Barack Obama presentó este jueves ante el Congreso un plan de lucha contra el desempleo que costaría unos 447.000 millones de dólares, más de la mitad de ellos en reducción de impuestos.

El plan prevé una reducción a la mitad de la actual tasa de impuesto sobre las cotizaciones patronales y de los trabajadores para 2012, según detalles del plan avanzados por la Casa Blanca.

Eso representaría un recorte de ingresos para el Estado de 240.000 millones de dólares, además de 5.000 millones en extensión de prolongación de ayudas.

El plan propone luego 140.000 millones de dólares en medidas de promoción de empleos, básicamente con la recontratación de profesores y de personal de servicios de socorro (policías y bomberos).

Esa parte de la propuesta incluye además la creación de un banco de obras públicas, la modernización de escuelas y transporte.

El tercer capítulo del plan propone prolongar las ayudas a los desempleados y fondos para programas de reconversión profesional, todo ello por un monto de 62.000 millones de dólares.

El presidente de EEUU, Barack Obama, también anunció, al presentar su plan de creación de empleo, que el próximo 19 de septiembre planteará también una propuesta "más ambiciosa" para el recorte del déficit y la deuda pública.

La reforma del sistema de supervisión y regulación bancaria y financiera que estudia el Congreso de Estados Unidos encara “una resistencia enorme” de los bancos, ha afirmado el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, en una entrevista.

Uno de los problemas que se discute en las negociaciones en el Congreso es la necesidad de tener en cuenta el tamaño de los bancos, ya que muchos expertos consideraron en 2008 que algunas de las instituciones eran demasiado grandes como para permitir su colapso, porque el derrumbe arrastraría a todo el sistema financiero. Y es que actualmente los seis bancos más grandes del país tienen activos equivalentes a más del 60 por ciento del producto interior bruto de Estados Unidos.

“Necesitamos limitar el tamaño de los bancos y cuánto riesgo pueden correr en sus operaciones”, dijo Geithner. “Pero también debemos asegurarnos de que, si en el futuro, cometen errores y se ponen otra vez al borde del abismo, podremos liquidarlos o fragmentarlos de manera eficiente sin que los contribuyentes deban pagar impuestos para salvarlos”, añadió.

La entrevista fue difundida horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidiera a los ejecutivos de Wall Street que se pongan de su parte y apoyen la reforma financiera que debate el Senado y que busca aumentar la transparencia y confianza en el sector para evitar futuras crisis.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama intenta convencer a altos directivos de Wall Street para que apoyen la reforma del sistema financiero, que es "de sentido común" y abandonen sus "feroces esfuerzos" por bloquearla, ya que no sólo vela por el interés del sector, sino por el de todo el país.

"Estoy hoy aquí para instaros que os unáis a nosotros, en lugar de luchar contra nosotros en este esfuerzo. Estoy aquí porque creo que estas reformas no sólo son en el mejor interés del país sino también de nuestro sector financiero”, ha dicho ante una audiencia de unas setecientas personas en el corazón de Manhattan, entre las que estaban ejecutivos de Wall Street. Obama quiso hacer un detallado desglose de los objetivos de la reforma que pretende impulsar sobre el marco que regula el sistema financiero, cuya crisis fue la antesala de una dura recesión económica en este país.

Explicó que se trata de un conjunto de reformas que pondrán fin a "los rescates por parte de los contribuyentes, sacarán a la luz pública las transacciones financieras complejas, protegerán a los consumidores y otorgarán más poder sobre el sistema financiero a los accionistas". El presidente apostó por dejar de lado las diferencias ideológicas para atacar "de raíz los problemas que causaron la inestabilidad del sector financiero".

"Siempre ha habido una tensión entre el deseo de permitir que los mercados funciones sin interferencias y la absoluta necesidad de imponer reglas que eviten caer a nuestros mercados. Equilibrar esa tensión es lo que ha permitido a nuestro país sobrevivir en un mundo en constante cambio", añadió Obama.

Según el mandatario, "nuestro sistema sólo funciona y los mercados sólo son libres cuando existen garantías básicas que previenen el abuso y el exceso, y que aseguran que es más rentable jugar de acuerdo a las reglas que engañar al sistema. Eso y nada más es lo que quiere conseguir la reforma".
"Os apremio a uniros a mí, a todos aquellos que quieren aprobar estas medidas llenas de sentido común. Y os apremio a ello no sólo por el interés de vuestro sector, sino por los intereses de nuestro país", remató el presidente estadounidense.

El líder de la oposición conservadora británica, David Cameron, es partidario de aplicar un nuevo impuesto a la banca si gana las próximas elecciones, previstas para el 6 de mayo. Según Cameron, se necesita un impuesto como el anunciado por el presidente estadounidense Barack Obama para garantizarles a los contribuyentes que recuperarán todo el dinero público invertido en los rescates bancarios.

“Hemos acometido el mayor rescate bancario del mundo, y no podemos seguir como si nada”, dijo Cameron, quien agregó que “en EEUU, el presidente que se devolverá a los contribuyentes hasta el último céntimo invertido” en salvar a los bancos, aunque es consciente de que su plan “no será muy popular en toda la City, pero es algo necesario”.

De hecho, el Senado de Estados Unidos acaba de admitir a trámite la reforma del sector financiero, una medida que el presidente Barak Obama siempre ha defendido como necesaria para "asegurar que el contribuyente estadounidense nunca vuelva a pagar la irresponsabilidad" de las principales entidades financieras del país. La reforma que será sometida a votación por la Cámara el próximo mes de abril.

El presidente norteamericano se comprometió a luchar por endurecer la normativa e instó a los legisladores a que se abstengan de intentar echar por tierra la reforma.

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha propuesto la creación de un impuesto especial a la banca para recuperar en la próxima década los 117.000 millones de dólares perdidos en el programa de rescate financiero (TARP) creado durante el gobierno de Georges W. Bush.

La propuesta, que necesita la aprobación del Congreso, consiste en un impuesto del 0,15% sobre los balances de las firmas con más de 50.000 millones de dólares en activos. Según la Administración Obama, unas 35 entidades serán estadounidenses y entre 10 y 15 serán filiales en el país de empresas extranjeras. La vigencia mínima del impuesto será de 10 años, en los que recaudará 90.000 millones de dólares, aunque podrá ser prorrogado hasta completar todas las pérdidas.

Obama asegura que este futuro gravamen no será "un castigo", sino un sistema para impedir nuevos "abusos" de la banca y el camino para recuperar "cada centavo" gastado por los contribuyentes. La tarifa será aplicada a todas las firmas financieras, incluidas aquellas que devolvieron las ayudas y las que no recibieron un centavo, porque se beneficiaron de la estabilidad financiera generada por el plan de rescate.

En octubre de 2008 el gobierno de Estados Unidos asignó unos 700.000 millones de dólares para impedir el colapso del sistema financiero. Sin embargo, el plan se ha transformado en una medida controvertida conforme los bancos han empezado a pagar las bonificaciones a sus ejecutivos y los dividendos a sus accionistas, mientras el desempleo se mantiene elevado y la economía sólo muestra indicios de reactivación.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha unido al grupo de dirigentes que animan a la banca a hacer el trabajo para que el fueron creados. Obama les ha hecho saber que tienen la obligación de ayudar a la recuperación de la economía del país después de que el Gobierno les haya sacado de una crisis que fue generada "básicamente por ellos mismos". Además les ha recordado que la "ayuda extraordinaria" percibida a través de sus impuestos para salvar a los bancos durante la última crisis y "ahora que se han recuperado, esperamos un compromiso extraordinario por su parte para reconstruir nuestra economía" ¿Y cómo se hace eso? Concediendo los créditos que las entidades se resisten a prestar. Así, ha pedido a los ejecutivos de las entidades financieras que ayuden al pequeño y mediano empresario, principal víctima de la crisis, que no está recibiendo el soporte necesario por parte de estas instituciones.

Esta “lectura de la cartilla” llega en un momento en el que muchos bancos están procediendo a devolver las ayudas recibidas. El último Citigroup que ha llegado a un acuerdo con las autoridades reguladoras estadounidenses para devolver 20.000 millones de dólares (13.700 millones de euros) al Tesoro, lo que permitirá a la entidad abandonar el programa de rescate diseñado para garantizar los activos de los bancos y conocido como Troubled Asset Relief Program (TARP).

Citigroup es el único entre los grandes que todavía no había alcanzado un acuerdo para salir de este paraguas, anuncio que ha aprovechado para difundir sus cálculos sobre el beneficio que la participación del Estado le ha reportado a los contribuyentes, unos 3.100 millones de dólares (2.100 millones de euros) en intereses y dividendos.

Una buena noticia. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, amplía las medidas de estímulo económico con inversiones en infraestructura y exenciones tributarias, al haber costado menos de lo previsto el programa de rescate financiero. Obama pretende así "acelerar la creación de empleo" con parte de los 200.000 millones de dólares que se ahorrarán en el mencionado programa destinado a entidades financieras.

Y es que "la ayuda a los bancos, que se pensó que costaría a los contribuyentes miles de millones de dólares, está en camino de generar en realidad miles de millones de dólares en beneficios" para el erario público, declaró el presidente estadounidense.

El programa fue lanzado por la administración de su predecesor, George W. Bush, para evitar el colapso del sistema financiero tras la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers. No obstante, la estabilización de los mercados los últimos meses ha hecho que muchos de los grandes bancos hayan devuelto dinero al Estado con intereses y que el coste del programa se haya reducido.

Entre las medidas anunciadas por Obama también destacan rebajas de impuestos para las pequeñas empresas y un nuevo incentivo fiscal para promover las contrataciones, con el objetivo de reducir el índice de desempleo, ahora situado en el 10 por ciento. También ofrecerá exenciones tributarias a los propietarios de viviendas que inviertan en aislar sus casas y en aparatos que consuman menos energía.

Si Barak Obama lo dice, habrá que creérselo. El popular presidente de Estados Unidos cree que puede haber comenzado el "principio del fin" de la recesión económica. Obama ha asegurado que "hemos detenido la caída en picado" de la economía, los mercados suben y la pérdida de empleo se ha reducido a la mitad que hace seis meses, cuando llegó al poder.

Por supuesto esta previsión se refiere a su país, pero igual que cuando Wall Street se resfría, el mundo estornuda, también podría ser cierto que cuando la economía estadounidense sonríe, Europa suelta una carcajada. O por lo menos eso nos gustaría creer.

En su intervención, Obama ha enumerado los pasos dados en los primeros meses de su mandato para atajar la crisis económica, sin los cuales, asegura, es posible que la recesión se hubiera transformado en una "depresión". Entre esas medidas está que en febrero se aprobó un plan de estímulo económico valorado en 787.000 millones para proyectos de infraestructura y también se tomaron medidas para rescatar el sistema financiero y para ayudar al sector inmobiliario. Admite que estas intervenciones han costado dinero al contribuyente y ha elevado el déficit presupuestario, pero ha sido necesario para detener el deterioro de la economía.