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Las Cortes de Castilla y León han aprobado un cambio en la Ley de Cajas que tiene como objetivo habilitar al director general de Caja Duero, Lucas Hernández, como dirigente de la entidad que surja de la posible fusión de Caja Duero y Caja España.

Los encargados de defender esta modificación de la Ley de Cajas de Castilla y León han sido los procuradores Raúl de la Hoz (PP) y Emilio Melero (PSOE), quienes han coincidido en la necesidad de aprobar esta modificación para acomodar la legislación a lo aprobado en los consejos de administración de las propias entidades financieras.

Ambas formaciones han pactado una modificación que tiene su origen en el acuerdo de los dirigentes de Caja Duero y Caja España, quienes ven a Lucas Hernández como la persona adecuada para dirigir la futura entidad.

Sin embargo, la normativa vigente hasta ahora preveía que los dirigentes de las cajas de ahorros de Castilla y León debían dejar sus cargos al cumplir los 65 años, algo que Hernández va a hacer el próximo mes de junio.

Con el cambio, los directivos de las cajas de ahorro podrán permanecer en el cargo hasta los 70 años, con lo que Lucas Hernández y otros dirigentes actuales de cajas de la Comunidad tendrán un margen de al menos otros 5 años para desempeñarlo.

El conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, asegura que ni el presidente de la CAM, Modesto Crespo, ni el de Bancaja, José Luis Olivas, le han trasladado que estén "avanzados en un proceso de fusión, absorción o integración con ninguna caja o cuáles eran los criterios de la misma". Camps se pronunció de esta manera en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en relación a la posibilidad de una fusión entre CAM y Bancaja y su opinión sobre los "movimientos" alrededor de estas entidades.

Camps recordó que el Gobierno valenciano tiene competencias que en un proceso de estos "tiene que ejercer", ya que "la autorización a una fusión de cajas de dentro o de fuera de la Comunitat la tiene que dar la Generalitat y nuestra ley de cajas determina una serie de procedimientos ligadas a esa misma autorización".

En este sentido, recordó que entre las competencias del Consell no está la de contemplar "la solvencia empresarial o la viabilidad o no de una posible fusión", ya que eso corresponde al Banco de España; entidad que "tampoco nos ha trasladado" que le hayan comunicado "ninguna operación", con alguna caja valenciana. Por lo tanto, "ni vía Banco de España ni vía cajas valencianas se nos ha trasladado formalmente que se hubiera llegado a un punto en el que se pudiera dar por hecho una fusión, una absorción o una integración", dijo.

En esta línea, preguntado por si el Consell ha mantenido contacto con el responsable de Caja Madrid, Rodrigo Rato, el conseller dijo que desde hace dos meses que no ha hablado con el presidente de la entidad financiera madrileña.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, han pedido investigar si existen pruebas de que el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, aprobó que la entidad financiara los recursos judiciales presentados por el Ayuntamiento de Madrid contra la Ley autonómica de Cajas, después de que el diario El Mundo publicara una información según la cual el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se sirvió del dinero de Caja Madrid para plantear una batalla política por el control de la entidad financiera contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha afirmado que "la finalidad de la Caja no era de ninguna manera mantener a Blesa en la Presidencia transcurridos 13 años". Asimismo, ha insistido en que es necesario comprobar si hay pruebas sobre los hechos dado que, utilizar los fondos de Caja Madrid para fines distintos a los de la propia entidad sería un asunto "muy grave".

Por su parte, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, ha considerado que habrá que investigar y observar responsabilidades para verificar si se ha utilizado dinero de los ciudadanos para financiar los recursos judiciales presentados por el Ayuntamiento de Madrid.”Si se ha utilizado dinero de los ciudadanos, porque el dinero de Caja Madrid es dinero de los ciudadanos, para una cosa de éstas, evidentemente habrá que investigar y observar responsabilidades".

Según el mencionado diario, el ex presidente de Caja Madrid financió el pasado año los recursos judiciales presentados por el Ayuntamiento de Madrid contra la Ley de Cajas impulsada por Aguirre. Y es que el Ayuntamiento necesitaba apoyo para contar con los mejores abogados en el gran proceso legal necesario para desmontar la nueva Ley de Aguirre y que no fuera aplicada a las elecciones en la caja de 2009.

Y es que Gallardón y Blesa tenían intereses coincidentes. El alcalde quería evitar que la nueva normativa de la caja recortara de 70 a 24 el número de representantes del Ayuntamiento en la asamblea de la entidad y Blesa quería frenar a toda costa la nueva normativa, porque, en su opinión, perjudicaba sus posibilidades de reelección.

El próximo martes, 16 de febrero, se iniciarán, con una reunión en Madrid, las negociaciones sobre la Ley de Cajas gallega, contra la cual el Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad esta semana. La reunión ha sido convocada para el mismo día que la que se celebrará entre el Gobierno central y el gallego centrada en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), instrumento contra el cual la Xunta tiene preparado un recurso por si no llegan a un acuerdo.

La Abogacía del Estado argumenta en el texto registrado ante el TC que dos de los artículos de la Ley autonómica, vulneran competencias en materia de solvencia y naturaleza de las cajas (el que se refiere al déficit patrimonial y la autorización de la Xunta para participar en un SIP), y los restantes no respetan lo dispuesto en la norma estatal sobre los órganos de representación. No obstante, la Xunta replica que la normativa gallega es "similar e idéntica" a otras leyes autonómicas de cajas que no fueron recurridas, como la catalana, la andaluza o la vasca. Asimismo, defiende la constitucionalidad de todos los puntos de la normativa gallega.

La Xunta se ha quejado de que el Gobierno central presentase recurso contra la ley gallega sin haberla escuchado, máxime cuando disponía de un plazo de tres meses, hasta el seis de abril, para formalizarlo. No obstante, el proceso de aplicación de la ley gallega, que prevé la renovación del 75% de las asambleas de las cajas gallegas en un plazo de dos meses, antes del 6 de marzo, ya está en marcha desde su entrada en vigor a principios de enero y los representantes del Parlamento ya fueron elegidos en el pleno de este martes.

Si Gobierno central y el gallego no llegan a un acuerdo, la suspensión de la ley podría dificultar en la práctica la fusión de las cajas gallegas que defiende la Xunta y a la cual se opone Caixanova, porque el proceso de renovación de los órganos de gobierno de ambas entidades podría quedar suspendido durante cinco meses y el plazo para recurrir al FROB finaliza el 30 de junio.

El Ejecutivo no tiene inconveniente en que las cajas de ahorros de Galicia se fusionen, pero insistió en que se debe hacer respetando las competencias del Banco de España. Asimismo, al día siguiente juzgó que la Ley de Cajas de Galicia es una "expresión evidente" de "interferencia política" en la actividad de las entidades.

Los consejos de administración de Unicaja y CajaSur han analizado por separado el proyecto de estatutos y reglamento y la estructura de la gestión de la fusión entre ambas entidades, tras lo cual indicaron que "la aprobación de los dos documentos ha quedado planteada para una reunión a celebrar en los primeros días de enero".

Según ambas entidades, la estructura para la gestión del proceso de integración se articulará a través del Comité de Gestión del proceso de fusión, aunque la nota difundida por Unicaja apunta además la figura de un Coordinador General para la fusión. En sendos comunicados, las entidades financieras señalaron que el análisis de estos documentos que constituyen "partes esenciales" del proceso de fusión entre Unicaja y CajaSur se produce después de que quedara aprobado el Plan de Negocio por los consejos de las dos Cajas el pasado día 1 y teniendo en cuenta que las dos entidades mantienen un protocolo de intenciones de fusión desde el pasado mes de agosto.

Además, señalaron que el Plan está sustentado en la idea principal de crear un proyecto "viable que fortalezca el desarrollo económico y social del entorno geográfico, así como en el principio de unidad y autonomía empresarial".

El desarrollo del proceso de fusión entre Unicaja y Cajasur, que cuenta con la necesaria adaptación de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, tiene que pasar también por la aprobación del proyecto de fusión por los Consejos de Administración de las dos cajas, dentro de la necesaria aprobación general de los órganos de gobierno de ambas entidades.