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La agencia de calificación crediticia Moody's ha advertido de que si las comunidades autónomas no dan nuevos pasos para lograr una "mejora sostenible" en sus posiciones fiscales y reducen sus déficits, podrían enfrentarse a rebajas en sus calificaciones, según recoge en un comunicado.

La agencia cree que varios gobiernos regionales españoles es probable que superen el objetivo de déficit del 1,3% del PIB marcado para 2011, debido principalmente, entre otras razones, al "excesivo optimismo" de las previsiones de ingresos en los presupuestos.

Asimismo, este incumplimiento del objetivo de déficit también estará motivado por las dificultades a las que se enfrentan para controlar el rígido gasto en sanidad y educación y a la falta de voluntad de algunas regiones para adoptar medidas de consolidación fiscal antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011.

Por ello, Moody's considera que si las autonomías no adoptan nuevas medidas el déficit global de las comunidades se desviará un 0,75% adicional del PIB respecto a la estimación inicial del 1,3%.

Asimismo, señala que el retraso en los pagos en el sector de la sanidad, un problema que viene desde hace tiempo, y la necesidad de aliviar las tensiones de liquidez en el entorno actual de financiación se han traducido en un incremento de las cantidades a pagar en muchas regiones, algo negativo desde un punto de vista crediticio.

Como el año pasado, Moody's espera que las autonomías que califica sigan dividiéndose en dos grupos. Por un lado, aquellas con un rating 'A', como Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, que ya se desviaron del objetivo de déficit el pasado año y que probablemente vuelvan a enfrentarse a dificultades significativas a la hora de controlar la trayectoria de su déficit en 2011.

Por otra parte, estarían aquellas con calificación 'Aa', como Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco, que cumplieron con los objetivos de déficit el pasado año, o registraron sólo una ligera desviación, y que se encuentra en una posición "razonable" para alcanzar las estimaciones previstas para este ejercicio.

El Ejecutivo, los sindicatos y la patronal han llegado a un principio de acuerdo en el ámbito del diálogo social, según ha informado el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

"En la madrugada de hoy (por el jueves) las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, las confederaciones sindicales CCOO y UGT, y el Gobierno han concretado los contenidos de un principio de acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones, determinadas políticas activas de empleo y los criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva", señala el Ministerio en un comunicado.

El texto añade que "en los próximos días, continuarán las negociaciones sobre el resto de las políticas de empleo, política industrial, política energética, política de ciencia e innovación así como otras relevantes cuestiones de índole laboral". "Asimismo", concluye el documento, "en la mesa general de la función pública se negociarán asuntos relativos a ese ámbito: clases pasivas, estatuto del empleado público, y evaluación de los acuerdos vigentes".

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ya había avanzado el pasado mes de diciembre que sería el 28 de enero cuando su Gabinete aprobaría la reforma de las pensiones, y el Ejecutivo había mantenido esa fecha pese a que no se lograra un acuerdo con los agentes sociales. La reforma de las pensiones recoge la posibilidad de jubilarse con 65 años y cobrar el cien por cien de la pensión si se han cotizado 38 años y medio, frente a los 35 actuales.

Incluye, además, el alargamiento de la edad legal de jubilación a los 67 años, con 37 de cotización para percibir la pensión máxima y la posibilidad de jubilarse anticipadamente con 63 años (ahora se exigen 61) pero aplicando coeficientes reductores a la pensión que variarían en función de los años cotizados por el trabajador.