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El Gobierno británico presentará un plan para financiar préstamos bancarios a pequeños negocios por valor de 20.000 millones de libras (unos 23.000 millones de euros) con la finalidad de impulsar el crecimiento económico.

El ministro de Finanzas, George Osborne, detallará los pormenores de ese programa gubernamental de "alivio crediticio" en un discurso que pronunciará el martes ante el Parlamento, donde presentará los presupuestos generales, informan los medios británicos.

El objetivo es ayudar a las pequeñas y medianas empresas, y tratar de evitar que la economía británica vuelva a entrar en recesión.

Según el plan, el Ejecutivo de David Cameron proporcionará una garantía a los bancos y esas instituciones estarán obligadas a fijar tipos de interés baratos en los créditos a las pequeñas y medianas empresas.

Esto implicará que una empresa que actualmente obtendría un crédito de 5 millones de libras con un tipo de interés del 5 % podrá asumir un préstamo con un tipo del 4 %, ahorrándose 50.000 libras al año en pagos de intereses.

El Ejecutivo de coalición confía en poner en marcha ese proyecto antes del comienzo del 2012 y previsiblemente estará operativo durante los próximos dos años.

El Consejo de Ministros ha aprobado conceder el indulto al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, por la condena a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad, según fuentes conocedoras de la decisión.

El Gobierno en funciones tras el 20-N, a petición del Ministerio de Justicia, ha decidido otorgar el indulto a Sáenz, por lo que le exime de la condena de cárcel e inhabilitación impuesta por el Supremo. El indulto contaba con el informe favorable del Ministerio Fiscal.

De esta forma, el consejero delegado del Santander seguirá cumpliendo los requisitos de “honorabilidad” que exige el Banco de España para los ejecutivos del sector financiero, recogidos en el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre Creación de Bancos y Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito.

El portavoz del Gobierno no ha querido dar explicaciones sobre el porqué de la decisión. “Se informa de las decisiones del Consejo de Ministros, no de las deliberaciones”, ha comentado. En todo caso, el Ministerio de Justifica remitirá un informe con la argumentación jurídica que ha sustentado el indulto, según Blanco. Por otra parte, ha quitado importancia a la fecha en la que se ha tomado esta decisión: “Se ha hecho en el momento en que el Ministerio de Justicia, que es el que tiene la potestad de plantear los indultos, lo ha hecho”.

El Consejo de Ministros ha tomado esta decisión tras el informe no vinculante del Tribunal Supremo de finales de octubre, donde este organismo se mostró desfavorable al indulto al no apreciar “razones de justicia o equidad” para ello.

La Asociación Española de Banca (AEB) ha advertido hoy al próximo Gobierno de que "no tendrá ni cien días" de gracia de los mercados para explicar su política económica y las medidas que pretende llevar a cabo para resolver los desequilibrios de la economía española. Por eso el presidente de la AEB, Miguel Martín, ha pedido al partido que gane las próximas elecciones del 20 de noviembre que exponga un programa “creíble” y “haga los deberes” necesarios desde el primer momento, ya que de lo contrario, “se los van a hacer”.

Según ha explicado Martín en un acto organizado por el Foro Europa de Nueva Economía, se podrá restaurar la confianza de los mercados en España, a lo que contribuirá también un avance en la reestructuración financiera.

El presidente de la AEB ha explicado que surgen dudas sobre la capacidad de la entidades para afrontar sus activos inmobiliarios y la mejor forma de disiparlas es concluir con la consolidación financiera, ya que por ahora es un proceso “inacabado e insuficiente” que contagia a todo el sector.

Además, ha considerado que entidades controladas por el Estado como Unnim, CatalunyaCaixa y NovaGalicia están en el “limbo” y no se sabe quién las gestiona ni qué objetivos tienen.

Pero para Martín la solución no es crear un “banco malo” o como propone el PP otra fórmula para sanear “íntegramente” los balances, sino que bastará con cerrar la reestructuración para tener entidades “rentables y potentes”, capaces de asumir las dificultades de los próximos 15 años.

El presidente de la AEB ha asegurado que la banca española no tendrá problemas siempre que sus entidades sean rentables, por ello ha considerado que “bienvenido sea el dinero público” si se emplea con este fin.

De hecho, ante la posibilidad de que el Banco de Valencia recurra al Estado para mejorar su solvencia, Martín ha dicho que no hay ningún problema con ello y ha bromeado al decir que, por ese motivo, no se echará a la entidad de la asociación.

El Servicio de Estudios del Banco Santander considera "improbable" que el Gobierno sea capaz de reducir el déficit público al 6% este año, tal y como se ha comprometido con Bruselas como parte del plan para reducir el salgo negativo al 3% en el año 2013.

En un documento consultado por Europa Press, la entidad presidida por Emilio Botín afirma que el menor crecimiento empeorará la evolución de los ingresos, lo que influirá en el ajuste a pesar de los planes de recorte de algunas comunidades y las medidas de racionalización del gasto.

A su parecer, las mejoras en la reducción de las necesidades de financiación de las administraciones públicas "se han detenido" en el segundo trimestre del año, mientras que el sector público "apenas ha avanzado en la reducción del déficit" en la primera parte del año.

Así, ve "improbable" que el Gobierno sea capaz de reducir el déficit al 6%, igual que otros organismos y servicios de estudios, como el de BBVA o la Fundación de Cajas de Ahorro, que ya han avisado al Ejecutivo de que no podrá cumplir sus planes en materia de consolidación fiscal.

Sin embargo, el Ejecutivo sigue apelando a la necesidad de cumplir lo pactado y asegura que la reducción al 6% es un objetivo irrenunciable, aunque, de momento, sigue descartando la posibilidad de poner en marcha nuevas medidas de consolidación fiscal.

De hecho, el Gobierno sigue manteniendo que reducirá el déficit al 6% este año, que lo rebajará al 4,4% el año que viene y que logrará cerrar el año 2013 con un déficit del 3%, tal y como exige Bruselas.

Además, la pasada semana la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró que el Estado contará con 4.000 millones extra este año para asegurar el cumplimiento del déficit: 2.000 millones de la subasta del espectro y 2.000 millones porque el pago de intereses de la deuda será menor al previsto.

El Gobierno podría decidir una subida del IVA antes de las elecciones generales del 20 de noviembre si la situación económica lo demandara aunque no es una opción que esté ahora encima de la mesa.

Así lo publica 'Expansion.com' este viernes. "No es algo que tenga ahora encima de la mesa, pero no descarto una subida del IVA antes de las elecciones generales", ha asegurado Jesús Gascón, director general de Tributos al diario.

Así, Gascón ha explicado que la forma de hacerlo, si la situación económica o Bruselas lo requieren, sería vía Real Decreto-ley, que saldría de Consejo de Ministros y que aprobaría la Comisión Permanente del Congreso.

De hecho, la Comisión Europea recomendó a España el pasado junio que subiera el IVA y bajara las cotizaciones sociales. Y, según publicó 'Expansión' el pasado 2 de septiembre, diversas grandes compañías habían advertido a sus proveedores de que se prepara un incremento del tipo general del impuesto al 20% y ya trabajaban con este escenario. Los malos datos de recaudación registrados han dado alas a los temores de las empresas.

El Ministerio de Industria congelará la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) de la luz en octubre, a pesar de la subida registrada en la subasta de electricidad de ayer entre comercializadoras.

La última subasta de electricidad entre los comercializadores encargados de suministrar la luz de la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) se cerró ayer con un encarecimiento del 9% para el término de base y de un 13% para el término de energía. El resultado supone una presión del 5,9% sobre la tarifa de la que disfrutan cerca de 24 millones de consumidores. Pero el Ministerio de Industria ha decidio congelar la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) de la luz para octubre.

La decisión del Gobierno parte de la voluntad política de Industria y supone aplicar una bajada de los peajes eléctricos en octubre que compensen el incremento en el coste de la energía. Cada una de estas dos variables tiene un peso cercano al 50% en la fórmula de revisión trimestral.

A pesar de la bajada de los costes regulados del sistema, las fuentes aseguran que la medida no supondrá una acumulación de deuda eléctrica ni un incremento adicional del déficit de tarifa. El viernes se publicará la orden ministerial con los detalles que permiten diferir estos costes.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha pedido al Gobierno que intervenga cuanto antes cualquier otra entidad financiera que necesite inyección de dinero público, porque cuanto más tarde en hacerlo, más dinero costará al ciudadano.

Rajoy se ha expresado en estos términos durante la conferencia que ha impartido en uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.

En un discurso muy orientado a lo que serán sus pilares de gestión si gana las próximas elecciones, ha dedicado unos minutos a la intervención, la semana pasada, de la alicantina Caja de Ahorros del Mediterráneo, que recibirá unos 5.800 millones de euros de dinero público para, entre otros objetivos, recapitalizarse.

Sobre ello ha dicho, primero, que se acaba lo más pronto posible la reestructuración del sistema financiero, principalmente porque lo hecho hasta ahora se ha hecho "tarde, mal y a rastras".

"Es urgente que vuelva el crédito de los bancos a las familias y a las empresas y que los balances de los bancos reflejen la realidad de sus activos y sus pasivos", ha dicho.

Desde que el proceso de reestructuración se puso en marcha se han intervenido tres entidades: Caja Castilla La Mancha, Cajasur y ahora la CAM

La agencia de calificación crediticia Moody's ha advertido de que si las comunidades autónomas no dan nuevos pasos para lograr una "mejora sostenible" en sus posiciones fiscales y reducen sus déficits, podrían enfrentarse a rebajas en sus calificaciones, según recoge en un comunicado.

La agencia cree que varios gobiernos regionales españoles es probable que superen el objetivo de déficit del 1,3% del PIB marcado para 2011, debido principalmente, entre otras razones, al "excesivo optimismo" de las previsiones de ingresos en los presupuestos.

Asimismo, este incumplimiento del objetivo de déficit también estará motivado por las dificultades a las que se enfrentan para controlar el rígido gasto en sanidad y educación y a la falta de voluntad de algunas regiones para adoptar medidas de consolidación fiscal antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011.

Por ello, Moody's considera que si las autonomías no adoptan nuevas medidas el déficit global de las comunidades se desviará un 0,75% adicional del PIB respecto a la estimación inicial del 1,3%.

Asimismo, señala que el retraso en los pagos en el sector de la sanidad, un problema que viene desde hace tiempo, y la necesidad de aliviar las tensiones de liquidez en el entorno actual de financiación se han traducido en un incremento de las cantidades a pagar en muchas regiones, algo negativo desde un punto de vista crediticio.

Como el año pasado, Moody's espera que las autonomías que califica sigan dividiéndose en dos grupos. Por un lado, aquellas con un rating 'A', como Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, que ya se desviaron del objetivo de déficit el pasado año y que probablemente vuelvan a enfrentarse a dificultades significativas a la hora de controlar la trayectoria de su déficit en 2011.

Por otra parte, estarían aquellas con calificación 'Aa', como Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco, que cumplieron con los objetivos de déficit el pasado año, o registraron sólo una ligera desviación, y que se encuentra en una posición "razonable" para alcanzar las estimaciones previstas para este ejercicio.

El Ejecutivo, los sindicatos y la patronal han llegado a un principio de acuerdo en el ámbito del diálogo social, según ha informado el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

"En la madrugada de hoy (por el jueves) las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, las confederaciones sindicales CCOO y UGT, y el Gobierno han concretado los contenidos de un principio de acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones, determinadas políticas activas de empleo y los criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva", señala el Ministerio en un comunicado.

El texto añade que "en los próximos días, continuarán las negociaciones sobre el resto de las políticas de empleo, política industrial, política energética, política de ciencia e innovación así como otras relevantes cuestiones de índole laboral". "Asimismo", concluye el documento, "en la mesa general de la función pública se negociarán asuntos relativos a ese ámbito: clases pasivas, estatuto del empleado público, y evaluación de los acuerdos vigentes".

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ya había avanzado el pasado mes de diciembre que sería el 28 de enero cuando su Gabinete aprobaría la reforma de las pensiones, y el Ejecutivo había mantenido esa fecha pese a que no se lograra un acuerdo con los agentes sociales. La reforma de las pensiones recoge la posibilidad de jubilarse con 65 años y cobrar el cien por cien de la pensión si se han cotizado 38 años y medio, frente a los 35 actuales.

Incluye, además, el alargamiento de la edad legal de jubilación a los 67 años, con 37 de cotización para percibir la pensión máxima y la posibilidad de jubilarse anticipadamente con 63 años (ahora se exigen 61) pero aplicando coeficientes reductores a la pensión que variarían en función de los años cotizados por el trabajador.

El Gobierno entrará como accionista en el capital de las cajas de ahorros y de los bancos que incumplan los nuevos requisitos mínimos de capital que se impondrán las entidades financieras españolas, que tendrán de plazo hasta septiembre de 2011 para lograr en el mercado los fondos necesarios.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, anunció que las nuevas exigencias buscan "restaurar la confianza eliminando cualquier duda que pudiera haber en el mercado sobre la solidez" del sistema financiero y "garantizar la canalización del crédito hacia nuestra economía, familias, y empresas".

El Ejecutivo obligará a las entidades financieras a tener un mínimo de capital básico del 8 % de los activos ponderados por riesgo, que será superior para las entidades que no cotizan y que no tienen una presencia significativa de inversores privados, como ocurre en las cajas de ahorro.

De este modo, el Gobierno adelantará para las entidades financieras españolas los requisitos de capital que establece la nueva normativa bancaria Basilea III, de obligado cumplimiento en 2013.