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La Comisión Europea (CE) ha dado luz verde a la prórroga hasta finales de año de las medidas españolas de recapitalización del sector bancario, conocidas como FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que había sido solicitada por España. Bruselas ha considerado que la prórroga hasta el 31 de diciembre se ajusta a las orientaciones comunitarias sobre medidas de apoyo a los bancos durante la crisis financiera.

Con la prorroga el gobierno español quiere asegurar la cobertura de cualquier necesidad de capitalización que se observe, independientemente de los resultados de las pruebas de resistencia a las han sido sometidas 91 entidades financieras europeas, entre ellas 27 cajas y bancos españoles y cuyos datos se conocerán este mismo viernes.

La CE recibió formalmente la petición de extensión el pasado 15 de julio, después de que el 30 de junio expirase el primer esquema, aprobado el 28 de enero.

En el mismo conjunto de decisiones de ayudas de Estado, Bruselas ha aprobado también la prolongación de los esquemas de garantía y de recapitalización bancarias de Portugal, igualmente hasta el 31 de diciembre.

La extensión de estas medidas a la banca portuguesa exige a los bancos pagar mayores primas por las garantías otorgadas por el Estado, medidas que la CE ha adoptado “para alentar a los bancos a autofinanciarse sin ayudas públicas ni limitaciones a la competencia”.

Bruselas ha extendido la mayoría de esquemas de apoyo a la banca (garantías, recapitalización, liquidez u otras medidas) establecidos durante los últimos dos años para asegurar la estabilidad financiera, cuando los estados miembros lo han solicitado previa justificación.

El Banco de España ha adjudicado la intervenida CajaSur a la vasca BBK, que se ha impuesto a la malagueña Unicaja que aparecía como la otra gran favorita para hacerse con la entidad cordobesa.

Según una nota remitida por CajaSur a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la oferta económica de BBK consiste en solicitar, “para una cartera predeterminada de activos de CajaSur” un esquema de protección de forma que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) asumirá pérdidas derivadas de la misma durante un plazo de cinco años por importe de 392 millones de euros.

Este importe se prestará a un tipo de interés preestablecido del euríbor a un año más cincuenta puntos básicos. Según la nota, el FROB considera que la oferta de la BBK “asegura la utilización más eficiente de los recursos públicos”.

La decisión de adjudicar CajaSur a la BBK se ha tomado después de que el Consejo Rector del FROB se reuniera para analizar la información de las distintas ofertas presentadas por media docena de entidades para hacerse con la entidad cordobesa, que fue intervenida por el supervisor el pasado 22 de mayo.

Ante propuestas similares, ha sido el plan de viabilidad que diseñó BBK para la caja cordobesa y que fuese la que menos dinero pedía al FROB en la operación la que hizo inclinarse al balanza hacia la caja vasca. El ajuste de plantillas que se produciría tras la unión con BBK también será menor que el que figuraba en otros proyectos.

Además de BBK, Unicaja, Sabadell, BBVA y Cajasol eran otras entidades que presentaron ofertas para hacerse con Cajasur.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha anunciado que en los próximos días pedirá "por precaución" a la Comisión Europea una prórroga de la autorización al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que venció el 30 de junio, para cubrir posibles necesidades de capital que se detecten en las pruebas de estrés a los bancos y las cajas españolas que se publicarán el próximo 23 de julio. En todo caso, Salgado destacó que el Fondo, que está dotado con 99.000 millones de euros, es "muy sobrante" para atender las necesidades de financiación de las entidades españolas que, a su juicio, "no serán demasiado importantes".

Este anuncio se da a conocer el mismo día en que los ministros de Economía de la UE han perfilado cómo se van a publicarse estas pruebas de estrés sobre los bancos para lograr su objetivo de recuperar la confianza en la economía comunitaria. Las pruebas cubrirán 91 entidades europeas, entre las que se incluyen 8 bancos españoles y 19 cajas de ahorro, un tercio del total.

Dado que el Ejecutivo comunitario ha pedido a los estados miembros que se preparen para asistir a las entidades con problemas, “como medida de precaución, pediremos en los próximos días a la Comisión Europea que extienda la utilización del FROB al menos en un tiempo razonable en la eventualidad de que pudiera resultar alguna necesidad adicional, que estimamos que en todo caso no sería demasiado importante, después de los stress tests", anunció Salgado al término del Ecofin. La solicitud se presentará antes del 23 de julio y el Gobierno espera que la aprobación de Bruselas sea "inmediata".

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), con el objetivo de "fortalecer el sistema financiero". La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que el Ejecutivo espera aprobar esta norma "con el máximo consenso", tanto con los partidos como con las comunidades autónomas.

Con la reforma, los políticos electos ya no podrán formar parte de los órganos de dirección aunque su salida tendrá un periodo de transición, no obstante los representantes de las comunidades autónomas seguirán presentes en una comisión de obra social sin influencia sobre la actividad financiera.

La reforma permite que las cajas puedan emitir cuotas participativas, valores similares a las acciones, con derechos políticos que no podrán superar el 50% del patrimonio de las cajas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha explicado que la reforma es la segunda fase de la reestructuración del sector, cuyo primer estadio ha sido la concentración de las entidades en las que el FROB -fondo de ayuda para las fusiones- ha destinado 11.200 millones. A esa cifra habrá que añadir los 1.300 millones del Fondo de Garantía de Depósitos y 2.500 millones en garantías para el rescate de CCM y la cantidad que se acabe aportando para el saneamiento de Cajasur, intervenida por el Banco de España.

El texto también refuerza los requisitos de profesionalidad de los órganos de gobierno a través de exigencias especiales de cualificación y experiencia para al menos la mitad de los miembros del consejo de administración.

La fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa -todavía sin nombre comercial conjunto- y Unnim, entidad que integra a Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu, han empezado a operar hoy día 1 de julio y lo han hecho "con normalidad". Se trata de las primeras entidades fusionadas que entran en funcionamiento en España tras un proceso de reestructuración que dejará el mapa de 45 cajas en 19.

La primera entidad, con el nombre social de Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, la nueva entidad, que ha solicitado 1.250 millones al FROB, será la cuarta caja de ahorros por volumen de activos consolidados (81.020 millones de euros), créditos a clientes (62.088 millones), recursos de clientes gestionados (70.009 millones).

Contará con una red de 1.215 oficinas y 8.000 empleados en toda España, tras realizar un recorte de 395 sucursales y 1.300 empleados pactado con los sindicatos. Está organizada en diez direcciones territoriales, y los nuevos órganos de gobierno deberán aprobar próximamente, entre otros puntos, el nombre comercial conjunto.

Por su parte, Unnim tiene unos activos de casi 30.000 millones de euros y ha pedido 380 millones al FROB. En un plazo de dos años prevé contar con 2.900 empleados, tras reducir plantilla en 530 personas mediante prejubilaciones a partir de 55 años, y con 612 sucursales tras el cierre de 150, un 20% del total (respecto a las 760 de enero de 2009).

Actualmente, Unnim cuenta con 726 oficinas repartidas en cinco direcciones territoriales --Vallès, Barcelona, Catalunya Centro y Norte, Expansión y Banca Privada-- y con un millón de clientes. Las sucursales se reparten por 32 comarcas catalanas, así como Madrid (30 oficinas), Comunidad Valenciana (10), Zaragoza (3) y Sevilla (1).

Los consejos de administración de Caixa Galicia y Caixanova han aprobado en sus respectivas reuniones el documento definitivo del plan de integración y el comité de dirección, que estará compuesto por 12 miembros (seis de cada entidad) y confirma a José Luis Pego -actual director general de Caixanova- en el mismo cargo en la futura caja.

Asimismo, el consejo de administración estará integrado por 22 vocales (20 más los dos copresidentes) y el primer turno para ejercer las funciones de presidencia recaerá en Caixanova (desempeñará las labores el actual presidente, Julio Fernández Gayoso), aunque el acuerdo no da a conocer aún los nombres de los consejeros.

El paso definitivo para la fusión de las dos cajas gallegas se producirá a finales de septiembre, según manifestó el actual presidente de Caixa Galicia, Mauro Varela, tras asistir al consejo de administración. En ese momento se convocarán las asambleas constitutivas y la nueva caja comenzará a operar como una sola.

Caixa Galicia y Caixanova, que comunicaron la decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), informaron también del contenido a la Xunta, como supervisora del proceso, y al Banco de España, al que presentarán formalmente la documentación mañana. En el documento de integración aprobado se hicieron los ajustes requeridos por el regulador bancario, después de que las entidades presentasen el pasado 14 de abril el borrador del mismo.

Las principales magnitudes se mantienen con respecto a ese documento y las ayudas que Caixa Galicia y Caixanova solicitan del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ascienden a 1.162 millones de euros, el 2% de los activos ponderados por riesgo de las dos entidades.

La Asamblea General de Sa Nostra ha aprobado por unanimidad el protocolo de actuación para llevar a cabo su integración en un Sistema Institución de Protección (SIP) junto con Caixa Penedés, Caixa Murcia y Caja Granada, garantizando que este proceso, que culminará en septiembre, cuando se ratifique de forma definitiva la fusión fría, no supondrá la pérdida de ningún empleo en Baleares, gracias al plan de prejubilaciones que pondrá en marcha la entidad en un plazo de tres años.

Así lo anunciaron en rueda de prensa el presidente y el director general de Sa Nostra, Fernando Alzamora y Pau Dols, quienes remarcaron que esta fusión tampoco supondrá la desaparición de las oficinas que la principal caja de Baleares tiene en el archipiélago, dado que no se producirá ningún tipo de duplicidad de red con las entidades firmantes, puesto que ninguna de ellas tiene presencia en Baleares.

No obstante, en los próximos meses la sociedad central del SIP, ubicada en Madrid, decidirá la integración de determinados servicios, lo que podría afectar a las doce oficinas que Sa Nostra controla en Madrid (de las 57 con las que cuenta el grupo), que pasarán a formar parte de la sociedad central, mientras que por otro lado está pendiente de decidirse el futuro de las dos oficinas con las que Sa Nostra cuenta en Cataluña y las ocho en la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta que en estas dos comunidades ya operan Caixa Penedès y Caixa Murcia.

Dols reveló que el grupo, en el que Sa Nostra cuenta con una participación del 14 por ciento, ya ha realizado la solicitud formal al Banco de España para obtener 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Caixa Galicia y Caixanova han convocado para el lunes a sus respectivos consejos de administración, a los que presentarán el documento económico definitivo de la fusión -tras incorporar las correcciones requeridas por el Banco de España- y la composición del comité de dirección de la nueva entidad.

Los negociadores de ambas entidades continúan los trabajos para cerrar el acuerdo antes del lunes, pues todavía no han logrado un pacto en torno a toda la documentación que deben presentar. En caso de que no lleguen a un acuerdo, las cajas retrasarán las convocatorias de los consejos de administración.

Las cajas gallegas remitieron su borrador para la integración al Banco de España el pasado 14 de junio, tras recibir el visto bueno de los consejos de ambas entidades. Los equipos de Caixa Galicia y Caixanova comenzaron después los trabajos para hacer las correcciones requeridas por el regulador bancario -se pidieron varios cambios, aunque ninguno de ellos afecta a las grandes cifras de la fusión- y para negociar el comité de dirección, el máximo órgano de gobierno de la futura entidad única.

De este modo, las dos entidades crediticias pedirán al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una cifra en torno a los 1.162 millones de euros y, en el proceso de integración, cerrarán en torno a 300 oficinas y prejubilarán a 1.200 trabajadores.

El acuerdo debe ser entregado al Banco de España antes del día 30, cuando expira el plazo para pedir las ayudas del FROB y debe incluir tanto la estructura de ese comité directivo --el número de direcciones, las áreas a las que se refieren-- como los nombres que ocupen los cargos.

Los consejos de administración del Banco Sabadell y del Banco Guipuzcoano han sellado hoy la primera fusión de la banca mediana en el actual marco de reestructuración financiera en España. La fusión supone incorporar el Banco Guipuzcoano al Grupo Banco Sabadell, una operación que el banco catalán abonará a través de un intercambio de acciones, con una OPA, y por la que los accionistas del banco vasco entrarán con dos puestos en el consejo de administración del Sabadell.

El canje que se ofrecerá a los accionistas de Banco Guipuzcoano son cinco títulos de Banco Sabadell y otras cinco obligaciones necesariamente convertibles con vencimiento a tres años por cada ocho acciones ordinarias, del banco vasco. Además, por las acciones preferentes sin derecho a voto del Banco Guipuzcoano recibirán una acción ordinaria adicional, según consta en la información difundida por el banco catalán.

Esta fusión no pedirá ayudas al Fondo para Reestructuración y Reordenación Bancaria (FROB), como también ha hecho La Caixa al anunciar la fusión por absorción con Caixa Girona.

La fusión con el Banco Guipuzcoano culminaría dieciséis años de políticas continuadas de compras o fusiones en las que un pequeño banco con sede en Sabadell (Barcelona) ha acabado por convertirse en el cuarto grupo bancario español, tras la incorporación del banco guipuzcoano, con unos activos de 94.000 millones de euros.

El consejo del Banco Guipuzcoano ha valorado la integración de ambas entidades, con la que se "anticipan a un futuro sectorial incierto, en el que el tamaño de las entidades financieras será fundamental".Por su parte, para el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, el Banco Guipuzcoano "es una entidad idónea para integrarse" en su grupo por "su parecido enfoque comercial y porque consolida la implantación del grupo Banco Sabadell en el norte de España".

El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, no descarta que el Gobierno español solicite a la Comisión Europea "en los próximos días" una prórroga del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuyo objetivo es facilitar las fusiones de cajas de ahorros con ayudas públicas y cuya autorización expira el próximo 30 de junio. "Hasta ahora no hemos recibido ninguna petición formal de las autoridades españolas, pero puede que suceda en los próximos días", dijo Almunia en rueda de prensa.

También confirmó que el Ejecutivo comunitario prorrogará el plan español de ayudas a los bancos, que también vence el día 30 de este mes. "En los próximos días vamos a autorizar la prolongación del programa español de avales y garantías, igual que lo hemos hecho hoy con dos programas (el de Alemania y Hungría)", explicó al ser preguntado por la disposición de la Comisión para ampliar el plan español.

"En los próximos días va a haber decisiones en relación con programas de avales y garantías, pero también en algún caso de recapitalización, que vencen a 30 de junio y cuyos países han pedido la prolongación", explicó.

Almunia recordó además que la autorización de prórroga a los planes "incorpora una corrección del precio de las garantías para las entidades con ratings más bajos, para corregir las distorsiones que se habían producido".