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El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, descartó que el Gobierno tenga que comprar a las entidades financieras "paquetes" de viviendas que éstas tienen en su poder debido a los impagos derivados de la crisis.

Durante su intervención en el curso "España 2020: una reflexión analítica con horizontes", recordó que los bancos y las cajas ya han segregado de su actividad esos activos "más comprometidos", especialmente el suelo, del que Gómez dijo que ha tenido un proceso especulativo "más excesivo" que el de las propias viviendas.

Según Gómez, el haberlos segregado es lo que ha posibilitado a las entidades financieras afrontar procesos de recapitalización "sin el lastre de esos activos sobrevalorados". Por ello, el ministro de Trabajo llegó a la conclusión de que el Estado, "al menos en este momento", no puede adquirir viviendas a los bancos.

En su conferencia, volvió a criticar que los bancos, a pesar de las advertencias de sus servicios de estudios, financiaran durante la crisis los excesos inmobiliarios.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que en las próximas semanas se aprobarán nuevas medidas de protección para las personas sujetas a procedimientos de ejecución hipotecaria por la imposibilidad de atender a sus compromisos.

Durante su discurso sobre el Estado de la Nación, el líder del Ejecutivo ha afirmado que estas medidas de protección "serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias". Zapatero sostuvo que el Gobierno es consciente de la coyuntura "especialmente difícil" a la que se enfrentan las familias que pierden su vivienda y siguen debiendo dinero al banco porque su valor no es suficiente para cubrir lo que resta de hipoteca.

En este sentido, aclaró que por ello en abril de 2010 se aumentó la cantidad mínima de ingresos de las familias que no puede ser embargada. "Pero vamos a hacer un nuevo esfuerzo en este sentido", enfatizó el presidente del Gobierno en el Congreso.

Zapatero subrayó que se va a completar el proceso de reformas con nuevas iniciativas que responden a compromisos ya asumidos y que, entre otras cosas, supondrán una nueva regulación del silencio administrativo para convertirlo en positivo en un buen número de procedimientos.

Asimismo, se incluirán medidas de protección para los sometidos a ejecución hipotecaria, normas para incrementar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, y nuevas medidas a favor de los emprendedores y para aliviar la morosidad que padecen, especialmente, pymes y autónomos ante las entidades locales.

El Estado registró hasta abril un déficit de 2.450 millones de euros, cifra que equivale al 0,22 % del PIB y es el 53 % inferior al del mismo periodo del año anterior, según ha informado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado.

Este balance del primer cuatrimestre es consecuencia de unos ingresos no financieros de 44.963 millones y unos gastos de 47.413 millones.

En términos de caja -que computa los ingresos y pagos cuando se efectúan y no cuando se comprometen, como hace la contabilidad nacional-, el Estado registró hasta abril un déficit de 6.143 millones, algo menos de la mitad que los 12.393 millones del mismo periodo de 2010.

En relación con los ingresos no financieros del conjunto de las administraciones públicas, antes de descontar la participación de las administraciones territoriales, los ingresos no financieros totales ascendieron a 68.252 millones de euros, un 4,3 % más que en 2010.

Para Salgado la reducción del déficit del Estado demuestra que la "ligera" recuperación económica y las medidas de consolidación fiscal están surtiendo efecto, por lo que el proceso de consolidación fiscal "está perfectamente encauzado", ha dicho.

Ha asegurado que los datos de los primeros cuatro meses del año "se ajustan a las previsiones" del Gobierno de terminar el 2011 con un déficit de la Administración central del 4,8 % del PIB y del 6 % para el total de las administraciones públicas.

"Estamos haciendo todos los ajustes que el Gobierno había comprometido y vamos en la senda del cumplimiento de los objetivos", ha aseverado tras valorar la "importante" reducción del saldo negativo del Estado.

Los ingresos derivados de impuestos, el 92 % del total, alcanzaron, por su parte, los 62.995 millones de euros, con un crecimiento del 4 %. Dentro de estos ingresos impositivos, los impuestos directos recaudaron 33.006 millones de euros, con un crecimiento del 0,6 % respecto al mismo periodo de 2010.

En cuanto a los indirectos, aportaron 29.989 millones de euros a las arcas públicas, un 7,9 % más, gracias en buena medida a la favorable evolución del IVA, que alcanzó los 22.842 millones, un 11,9 % más que el año anterior.

El capítulo de otros ingresos no financieros reportó hasta el mes de abril 5.257 millones de euros. Por figuras impositivas, el IRPF recaudó durante el primer tercio del año 28.054 millones de euros, un 2,6 % más que en el mismo tramo de 2010.

El Tesoro Público prevé colocar el próximo jueves, día 3 de marzo, entre 3.000 y 4.000 millones de euros en bonos a cinco años, según la información difundida por el organismo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda en su web.

Además, se prevé una reapertura de obligaciones a 15 años con tres años aún de vida, con vencimiento el 30 de julio de 2014 y un cupón del 4,75%.

En esta primera emisión del mes de marzo, el Tesoro tratará de obtener un mejor resultado que en la realizada el pasado 22 de febrero, en la que colocó 2.870,47 millones de euros en letras a tres y seis meses, dentro del objetivo marcado (entre 2.500 y 3.500 millones), pero en la parte baja del rango.

Además, los tipos volvieron a mostrar un comportamiento dispar al repuntar en las letras a tres meses y bajar en el papel a más largo plazo, en un momento en el que el diferencial del bono español a diez años respecto al 'bund' repuntó a 220 puntos básicos tras haberse mantenido unos días en el entorno de los 210 puntos.

Las subastas anteriores habían arrojado resultados positivos a la estela de las últimas reformas impulsadas por el Gobierno en materia de pensiones y políticas activas de empleo, así como por la aceleración en el proceso de recapitalización de las cajas.

La prima de riesgo sigue rondado los 220 euros, pero el compromiso de Qatar de invertir hasta 3.000 millones de euros en España, que incluyen 300 millones de euros que el fondo soberano de inversión QIA inyectará en cajas de ahorros españolas, podrían lanzar una señal positiva a los inversores.

La última subasta de bonos a cinco años tuvo lugar el pasado 3 de febrero y se saldó con la emisión de 1.613,8 millones de euros a un tipo marginal del 4,080%, prácticamente medio punto inferior al de la anterior operación. La demanda alcanzó los 2.891,85 millones de euros.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha anunciado que si el Estado inyecta fondos en una entidad podrá ser accionista de ella "hasta un máximo de cinco años" para garantizar su saneamiento, tal y como había pedido CiU.

En el Congreso de los Diputados, Salgado aclaró que el Estado "no tiene vocación de permanencia" en las entidades que reciban una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pero dejó entrever que tampoco se subastará inmediatamente la entidad.

Así respondía Salgado en una interpelación al diputado de IU-ICV Joan Ridao, quien compartía la opinión del portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, quien dijo que una subasta rápida sólo permitirá que las cajas se acaben vendiendo "a precio de regalo, al mejor postor". A juicio de Ridao, las reformas del sistema financiero llevarán a un "oligopolio en el que los bancos no tendrán competidores y excluirán a sus clientes menos lucrativos", lo que acabará influyendo negativamente en el crédito. "La urgente necesidad de capital pondrá a las cajas en manos de jugadores deseosos de beneficios inmediatos y más rentabilidad", añadió el diputado de ERC.

Además, reprochó a la vicepresidenta segunda la "auténtica discriminación" que es exigir a las cajas un 10 por ciento de capital principal respecto a activos de riesgo, frente al 8 por ciento de los bancos.

Por lo que Salgado insistió en que la distinción no es por tipo de entidades, sino por la presencia o no de inversores privados y la dependencia superior al 20 por ciento de los mercados mayoristas.

En las últimas semanas, se ha interpretado que con la posible entrada del Estado en el capital de las cajas, las autonomías podrían perder su derecho de veto de determinadas operaciones en las que se vean envueltas las entidades regionales bajo su tutela.

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos concluye la primera reunión del año sin novedades. Aunque avanza que la mejora de la economía sigue por buen camino, adelanta que la recuperación sigue siendo insuficiente para reducir la tasa de paro. Por lo tanto, mantiene los tipos de interés en el mismo nivel y el programa de estímulo monetario por importe de 600.000 millones de dólares que puso en marcha en noviembre del año pasado.

El Comité de Mercados Abiertos (FOMC) de la Reserva Federal, que fija el rumbo de la política monetaria y que se ha reunido para analizar la marcha de la economía de Estados Unidos, avanza que la economía mejora camino de la recuperación económica pero que sigue siendo insuficiente para reducir el nivel de paro.

Siguiendo el guión que esperaba el mercado, la Fed mantiene la tasa de interés de referencia por debajo del 0,25%, nivel en el que se sitúa desde noviembre de 2008 y continúa defendiendo su programa de compra de bonos por valor de 600.000 millones de dólares, una iniciativa polémica criticada dentro y fuera de Estados Unidos ante el temor a que debilite el dólar, genere inflación y aliente la especulación en Wall Street.

El comunicado del Comité señala que, desde su reunión anterior, ha detectado indicios de que "el gasto de los hogares se expande a un ritmo moderado, aunque sigue limitado por un mercado laboral débil, el modesto crecimiento de los ingresos, la depreciación del patrimonio de las familias y las dificultades del crédito".

Al mismo tiempo, reconoce que está aumentando el gasto de las empresas en software y equipamiento, aunque su inversión en infraestructuras no residenciales continúa siendo débil. Además, señala que las empresas siguen siendo reacias a aumentar sus plantillas y que la construcción de nuevas viviendas sigue siendo baja.

El presidente del Banco Pastor, José María Arias, ha comparado la crisis con un "tsunami sin precedentes" y ha señalado que sus réplicas "aún van a dar que hablar", tras lo que ha augurado que en la próxima década se van a producir "turbulencias, incertidumbre y caídas de la actividad económica".

Arias, que ha participado en la 1ª Convención Nacional de Directivos organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), ha afirmado que los proyectos que sean solventes sí tendrán acceso al crédito, pero que éste será "más limitado, más caro y más selectivo".

El responsable de Banco Pastor ha indicado que este "tsunami" no ha afectado sólo a las entidades financieras, sino que se ha extendido al resto de la economía y ha hecho que cambien las reglas del juego. Antes "había barra libre de liquidez", pero "en un abrir y cerrar de ojos se ha pasado a la sequía absoluta". "Ahora no se va a poder financiar todo y va a ser imprescindible diferenciar entre proyectos", ha asegurado.

En este contexto, ha aludido a los acuerdos de Basilea III, que hacen mayores exigencias de capital a las entidades financieras y que ese mayor coste de la liquidez "se va a trasladar a los clientes". Al tener que respaldar con "dinero seguro" los proyectos a largo plazo, ha añadido, éstos van a tener "más dificultades" para encontrar apoyos.

Otra de las consecuencias de la crisis será que el mercado "no va a volver a tolerar niveles excesivos de apalancamiento en ningún sector". Por otra parte, Arias ha advertido de que el Estado del Bienestar, tal como se conoce hasta ahora, "será una reliquia completamente del pasado", pues se producirán "profundos cambios socioeconómicos".

El Grupo Santander ha alcanzado un acuerdo para adquirir a HSBC por 4.000 millones de dólares (3.150 millones de euros) una cartera de financiación de vehículos en Estados Unidos cuyo nominal a 30 de junio de 2010 ascendía a 4.300 millones de dólares. La gestión de cobro de la cartera ahora adquirida ya venía siendo realizada por Santander Consumer USA.

Esta operación sólo requerirá financiación interna del Grupo Santander por importe de 342 millones de dólares (268 millones de euros) ya que la operación tiene asociada una línea de financiación específica y parte de la cartera adquirida está titulizada. La compra, cuyo precio definitivo está pendiente de ajustes, está sujeta a notificaciones regulatorias y otras condiciones habituales y se espera que se complete durante el tercer trimestre de 2010.

La operación es semejante a la realizada por el grupo con Citigroup a finales del pasado junio. En aquella ocasión, Santander adquirió a Citigroup una parte de la cartera de financiación de vehículos de CitiFinancial, también en Estados Unidos, con créditos por 2.622 millones. El banco realizó la operación igualmente a través de Santander Consumer USA, su filial de consumo en Estados Unidos, por un precio equivalente al 99% del importe bruto de la cartera.

En virtud de aquel acuerdo, Santander gestionará además el servicio de cobro de una cartera de financiaciones de vehículos que conserva Citi por importe aproximado de unos 5.900 millones de euros.

Ambas operaciones se enmarcan en la estrategia de Santander Consumer de buscar alianzas y operaciones para aumentar su cartera de negocio.

El Santander continúa su crecimiento a través de adquisiciones en Reino Unido y Estados Unidos. Así lo adelanta la prensa británica, que da por hecho que el mayor banco español cerrará en las próximas horas la adquisición de las 318 sucursales del banco Royal Bank of Scotland (RBS) que fueron puestas a la venta en el marco de las condiciones impuestas por Bruselas para autorizar el plan de ayudas públicas recibidas por el banco escocés.

Según el Financial Times, el montante de la operación será inferior a los 2.000 millones de libras (2.410 millones de euros) en los que se habían valorado inicialmente los activos.

El periódico informa también de que el Santander ya habría alcanzado un acuerdo preliminar con HSBC para hacerse por 4.300 millones de dólares (3.250 millones de euros) con su cartera en EEUU de créditos para la compra de automóviles.

Con la compra de las oficinas de RBS, el Santander contará con una red de 1.600 sucursales en Reino Unido, lo que permitirá a la entidad disponer de la cuarta mayor red en el país, tras Lloyds Banking Group, Barclays y RBS, situándose por delante del HSBC, señala el 'Daily Telegraph'.

La construcción de vivienda en Estados Unidos cayó el mes pasado al nivel más bajo desde octubre, mientras la economía sigue débil y la demanda de casas y apartamentos se ha desplomado. No obstante, según los expertos, un factor clave en el declive de junio fue una caída de más del 20% en el volátil mercado de apartamentos y fincas. La construcción de viviendas unifamiliares, la mayor parte del mercado, bajó mucho menos: un 0,7%.

A nivel general, la construcción de vivienda nueva en junio cayó un 5% respecto al mes anterior a una tasa anual ajustada de 549.000 unidades, según el Departamento de Comercio. La cifra de mayo fue revisada a la baja, a 578.000.

Los economistas habían pronosticado que la construcción se reduciría a un ritmo de 580.000 unidades anuales y prevén que los permisos de construcción se hundirán a una tasa de 570.000.

Un dato optimista del informe fue un aumento en las solicitudes de permiso para construcción, que es un indicio de la actividad futura en el sector. Subieron un 2,1% respecto al mes anterior, a una tasa anual de 586.000.

El flojo mercado laboral y la competencia que representan las propiedades embargadas han obligado a los constructores a limitar la obra nueva, especialmente después de que los créditos fiscales, que impulsaron las ventas, expiraron a finales de abril.